Opinión. Gasoducto, (in)dependencia y extractivismo

La obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), que une los 573 kilómetros entre Tratayen (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), fue desarrollada por alrededor de 5.000 trabajadores y trabajadoras en menos de un año. Solo es posible compararla, por su velocidad, con el gasoducto Neuba II, inaugurado en 1988.

Al ampliar la capacidad de transporte, se podrá incrementar la producción de gas proveniente de Vaca Muerta, que viene de batir un nuevo récord en mayo, alcanzando los 57,3 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d). El GPNK, adicionará en lo inmediato capacidad para evacuar otros 11 MMm3/d, y disminuir en esa medida importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que en invierno llegan a los 40 MMm3/d. Se prevé, a su vez, producir más petróleo, ya que en muchos casos ambos hidrocarburos surgen de los mismos pozos. En el caso del crudo, las exportaciones de Vaca Muerta vienen en aumento, y se espera que crezcan aún más tras la reactivación del Oleoducto Trasandino (Otasa).

Tras la inauguración del primer tramo del GPNK, el aumento de las exportaciones de gas será mínimo. Sin embargo, de concretarse el segundo tramo hasta San Jerónimo (Santa Fe), y transportar el hidrocarburo hasta el Gasoducto Norte, se abre la posibilidad (previas obras de reversión) de un fuerte salto en las exportaciones por ducto. Para exportar por barco a gran escala, es condición necesaria una planta de licuefacción de gas con sus respectivos gasoductos, cuya construcción demandaría varios años.

Los cuatro vivos

El “zar de la energía”, Marcelo Mindlin, amigo de todos pero especialmente de Massa, embolsó parte de los US$ 1.800 millones por la construcción de la obra, a través de SACDE, del grupo Pampa Energía. Pampa Energía tendrá a su cargo, también, la operación y mantenimiento del gasoducto, a través de TGS, empresa en la que se asocia con el grupo Sielecki.

Te puede interesar: Habemus Gasoducto: negocio para pocos y dólares para la deuda

Para la construcción y montaje, SACDE se asoció al grupo Techint, que a su vez fue el único proveedor de los caños, por US$ 700 millones, a través de Siat - Tenaris, que a su vez, importó las chapas de acero fabricadas por otra empresa controlada por Techint en Brasil.

Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, del alguna vez “miserable” Paolo Rocca, también se beneficiará, al igual que Pampa Energía, como proveedora del gas que transportará el GPNK. Junto con Pan American Energy (controlada por el grupo Bulgheroni, la inglesa BP y la china Cnooc), acapararán la enorme mayoría de su capacidad de transporte. Todo “entre cuatro vivos”, como dijo alguna vez la vicepresidenta.

Un nuevo umbral para el saqueo

El actual ministro de economía, la vicepresidenta y quien ocupa formalmente el cargo de presidente, realizaron un esfuerzo por construir una épica soberana, independentista, desarrollista y hasta ecológica. Más honesto y menos pretencioso fue Guillermo Michell, la autoridad máxima de la Dirección General de Aduanas: "al FMI le vamos a pagar con los dólares que genere el gasoducto".

Te puede interesar: El consenso extractivista: “zonas de sacrificio” en el altar del FMI y los especuladores

El objetivo de máxima no es garantizar el acceso a la energía para toda la población. La muestra más evidente es que, a metros de donde se extraen hidrocarburos de Vaca Muerta, en la localidad de Añelo, cientos de familias no tienen acceso al gas de red. No diez meses, sino diez años pasaron desde que el pacto con Chevron inauguró el fracking en Vaca Muerta. Y las obras, por montos insignificantes comparados con los del GPNK, no llegan.

El objetivo de máxima es otro: exportar. Pero exportar no es sinónimo de “independencia económica”. Aunque intenten presentar al GPNK como una conquista arrancada al FMI, lo cierto es que el organismo alienta el extractivismo para "generar divisas". Sin ir más lejos, en su revisión de junio de 2022 destacó la necesidad de “facilitar la construcción del gasoducto que conecta las vastas reservas (...) de Vaca Muerta". El Fondo impone y el consenso extractivista acepta que el rol de Argentina sea el de exportador de materias primas, y que al gran capital imperialista se le garanticen los dólares para (su) desarrollo.

Saluden a los dólares, que como vienen se van

El mandato exportador promete dólares para el país. Sin embargo, una serie de medidas tomadas durante los últimos años, desde uno y otro lado de la grieta, apuntan a una mayor disponibilidad de divisas para las petroleras.

Veamos:

• Un mes antes del pacto con Chevron, el gobierno de CFK firmó un decreto a su medida, el 929, creando un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos. El decreto habilitó la exportación de parte de su producción sin pagar un peso y con libre disponibilidad de divisas.

• En 2014 se aprobó la Ley 27.007, que fijó en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más. La ley generalizó los beneficios otorgados a Chevron, e incorporó otros nuevos, bajando el piso de inversiones para entrar al régimen de promoción, y reduciendo el plazo para comenzar a exportar sin retenciones.

• Con la llamada “Ley de Solidaridad” de diciembre de 2019, que suspendió la movilidad jubilatoria, se redujeron las retenciones al sector del 12 al 8 %.

• En mayo de 2020, el gobierno estableció mediante el Decreto 488 un nuevo precio sostén del barril criollo, que a su vez eliminó momentáneamente las retenciones a las exportaciones.

• El Decreto 277 de junio de 2022, también conocido como “dólar Vaca Muerta”, estableció un nuevo Régimen de Acceso a Divisas, garantizando dólares baratos para un 30% de la producción incremental del gas y 20% de la producción incremental de petróleo.

• En enero de este año, el gobierno publicó la Resolución 26/2023 de la Secretaría de Energía, aprobando el “procedimiento de solicitud de beneficio de una alícuota del cero por ciento (0%) de derechos de exportación, en el marco del Decreto Nº 929”, y abrió la puerta a las empresas para solicitar la retroactividad del beneficio.

Mientras se inaugura el gasoducto, el proyecto de Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado que envió el ejecutivo al Congreso por encargo de la malaya Petronas, prevé que si el precio FOB (“Free On Board”, es decir puesto a bordo de un transporte marítimo) es igual o menor a 15 USD/MMBTU, los derechos de exportación serán 0%. Con el horizonte de precios que manejan las empresas, esto equivale lisa y llanamente a eliminar las retenciones. Por otra parte, las empresas podrán llevarse sin más el 50% de los dólares de esas exportaciones para destinarlos “al pago de capital e intereses de pasivos comerciales, pasivos financieros con el exterior, y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”.

Todo esto sobre la base de un marco normativo heredado del neoliberalismo, con regalías de las más bajas del mundo, y sin contar los ingentes subsidios establecidos, entre otros, por los distintos regímenes de estímulo a la producción de gas.

Las petroleras mantienen redes de firmas en paraísos fiscales y diseñan mecanismos para retirar sin restricciones los dólares al exterior, algo que ocultaron en su momento las cláusulas secretas del pacto YPF - Chevron. Como explica Gustavo García Zanotti, ambas empresas, tras firmar el pacto, crearon subsidiarias en Uruguay, Bermudas y Delaware, para facilitar el flujo de capitales en una y otra dirección. La empresa del grupo ítalo-argentino conducida por Paolo Rocca también se financió con créditos intrafirma que pasan por Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, España y Uruguay.

El economista de EJES, Marco Koffman, afirma que el déficit del sector energético entre enero de 2020 y agosto de 2022 alcanzó los US$ 13.500 millones, pero solo US$ 6.000 millones se explican por la importación de energía. El resto, se relaciona con los “servicios intercambiados (pagos por propiedad intelectual, por servicios empresariales, entre otros) y con los flujos de capital”. No está demás recordar que muchas petroleras estuvieron entre las 100 empresas que más dólares fugaron en la era Macri, según informó en su momento Horacio Verbitsky.

Entonces, una vez más… ¿Dólares para quién?

Lado “B”

Desde que el pacto con Chevron dio la señal de largada al fracking en 2013, en Neuquén no se cumplió ninguna de las promesas. La pobreza se incrementó, y alcanzó al 38.4% de la población en el segundo semestre de 2022. La crisis habitacional se profundizó y el crecimiento acelerado de la población no fue acompañado por la construcción y ampliación de escuelas, hospitales o centros de salud.

Si las promesas no se cumplieron, sí se demostraron ciertas todas las advertencias. El fracking es una técnica extrema, que consume y contamina hasta 130 millones de litros de agua por pozo. Acumula millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en los basureros petroleros, como lo expusimos en el emblemático caso de Comarsa. Con la llegada de la hidrofractura comenzaron a repetirsecientos de sismos que no dejan vivir en paz a la población de Sauzal Bonito, y ya no existe duda, ni entre la población ni en el ámbito científico, de que son sismos inducidos por el fracking.

Hay récords de los que no hablan las empresas ni el gobierno. Uno de ellos es el de los incidentes ambientales. Como demostramos junto al Observatorio Petrolero Sur, a partir de información conseguida por el diputado del PTS - Frente de Izquierda, Andrés Blanco, la industria hidrocarburífera neuquina registró más de 10.000 incidentes ambientales desde 2015. 5,6 por día durante el año 2021. Entre otros, se trata de derrames de crudo, de agua de producción, de fluidos con concentraciones de hidrocarburos, de lodos, de gasoil, de productos químicos.

El segundo récord es el de los accidentes laborales. Desde la flexibilización laboral de 2017, son 15 los petroleros que dejaron la vida trabajando, sin contar aquellos que mueren en las rutas camino al trabajo. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el índice de incidencia global de accidentabilidad laboral para el sector minas y canteras de Neuquén, aumentó. Pasó de 50,7‰ en 2021 a 59,6‰ en 2022, es decir, un aumento de 9 puntos.

Todo este desastre avanza avasallando los derechos del pueblo nación mapuche, en algunos casos despojando a las comunidades de sus territorios, dificultando sus actividades tradicionales como la ganadería de subsistencia, y persiguiendo y judicializando a las comunidades, como en el caso del Lof Campo Maripe.

La transición obturada

La apuesta a Vaca Muerta como eje de la política energética, con subsidios y “planes” de los que nadie se queja, bloquea cualquier debate serio sobre la transición energética. Esto ocurre en un contexto de crisis climática y ecológica, existiendo un consenso científico a nivel mundial alrededor de la responsabilidad de los combustibles fósiles en el calentamiento global.

Por recomendación de organismos internacionales, el gobierno habla del gas como “combustible puente” entre fuentes más sucias como el carbón, y las renovables. En realidad, si además de la emisión de dióxido de carbono se suma la emisión de metano asociada a la producción de gas, el puente no lleva a otro destino que a un mayor calentamiento. Lo cierto es que la supuesta “transición” que propone el consenso extractivista, no tiene que ver con desfosilizar la matriz energética argentina, sino con la captación de nuevas fuentes de ganancias para las empresas. Por eso utiliza los mismos mecanismos de saqueo, y orienta la producción a la exportación, como ocurre con el litio.

Si se corriera el lucro de la ecuación, se tornaría completamente irracional seguir apostando al fracking. No es cierto que la ampliación de la frontera de los hidrocarburos sea la única alternativa al déficit energético. Otra forma de sustituir las importaciones de gas es, precisamente, cuestionar la matriz energética, que en Argentina depende en un 85% de combustibles fósiles (55% gas, 29% petróleo y 1% carbón).

Te puede interesar: Vaca Muerta: ilusión, saqueo y transición

La estatización integral de toda la industria energética bajo la gestión de sus trabajadores y trabajadoras, profesionales y expertos de universidades públicas, y comunidades afectadas en los distintos territorios, sería un primer paso para planificar racionalmente una transición energética verdaderamente justa, desde abajo.

Esta medida permitiría decidir democráticamente qué fuentes de generación de energía se utilizarán. La planificación centralizada en una empresa estatal única, y la obtención de financiamiento por medio del no pago de la deuda externa, el quite de subsidios a las petroleras y la nacionalización del sistema bancario, deberá combinarse con la deliberación descentralizada en cada región. Así podría evaluarse la conveniencia, en cada caso, de utilizar distintas fuentes de generación (como la hidroeléctrica, eólica, solar térmica y fotovoltaica, o la biomasa), aprovechando las condiciones climáticas de cada zona, y planificando racionalmente el uso de bienes comunes naturales necesarios para el aprovechamiento de fuentes renovables intermitentes en su generación.

Esa transición desde abajo podría conservar y crear nuevos puestos de trabajo, y estar relacionada con medidas de eficiencia energética (que pueden ser consideradas como una “fuente” de generación más), en los hogares, en el transporte y en las industrias.

En los hogares, la adopción de sistemas solares híbridos de calentamiento de agua, el desarrollo de planes de construcción y mejoramiento de viviendas en los que se incorpore tecnología para el aislamiento térmico, permitiría disminuir drásticamente el consumo de gas.

La estatización del sistema de transporte controlado y planificado por sus trabajadores, trabajadoras y usuarios, podría garantizar un transporte público de pasajeros de calidad y gratuito, reduciendo la movilidad individual y el consumo de combustibles líquidos, y priorizando para el transporte de carga medios como el ferrocarril o las barcazas frente a los camiones.

A su vez, hay que terminar con el derroche y los subsidios energéticos a los grandes capitalistas, imponiendo medidas de eficiencia energética en las industrias. En este terreno, las gestiones obreras como Madygraf y FASINPAT (ex - Zanon), están un paso adelante, y diseñaron planes que combinan el conocimiento de los propios trabajadores y trabajadoras con profesionales solidarios. El control obrero en las industrias, permitiría no solo mejorar la eficiencia energética sino también problematizar qué y para qué se produce.

Hay alternativas al déficit energético, el saqueo y la destrucción del ambiente. Solo que no vendrán de la mano de los mismos que nos trajeron hasta acá.