Entrevista. Gastón Remy: “La historia de Jujuy es de saqueo capitalista y de un pueblo que lo combate”

Desde hace más de dos meses Jujuy se ha revelado como un laboratorio de resistencia a los planes de ajuste y el modelo de país que sostienen todos los partidos del régimen. Invitamos a Gastón Remy, economista y dirigente del PTS, recién electo diputado en Jujuy para conversar sobre la historia y la actualidad económica y social de la provincia.

Un breve recorrido que parte de finales del siglo XIX, cuando la oligarquía provincial se sumó al proyecto “modernizador” de los sectores hegemónicos del país, demostrando que la pampa -el granero del mundo- no fue el único reducto de negocios sobre el que se asentó y desarrolló el capitalismo nacional. Una vez ordenada la economía provincial en función de la producción azucarera, se acelera el proceso de proletarización de la mano de obra indígena campesina y criolla, que necesitó para consolidarse la usurpación de sus tierras y sigue siendo un factor de disputa, “la restitución de las tierras ancestrales, de los territorios, a las comunidades indígenas de Jujuy sigue siendo un derecho negado por los distintos gobiernos de turno”, señala Remy.

Conversamos sobre algunos momentos destacados en los que la provincia acompañó con mayor o menor “éxito” los procesos económicos, de mayor primarización y dependencia del país cuya constante fue el deterioro y empobrecimiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. A propósito de este tema, la reciente rebelión jujeña expuso esta situación. Así lo explica Remy: “El gobierno de Gerardo Morales instaló a fuerza de millones en publicidad que Jujuy es una provincia rica. Más allá de lo limitado de su tan mentado “cambio de la matriz productiva”, ligado a un mayor despliegue del litio y algunos emprendimientos estatales (cannabis medicinal o el Parque Solar Cauchari), lo que se puso en evidencia es que la riqueza generada por el trabajo como aquella que proviene de la misma naturaleza contrasta enormemente con las condiciones de vida de las amplias mayorías que incluso se deterioraron durante los dos mandatos del gobernador Morales como sucedió en todo el país.”

Hacia el final analiza el modelo extractivista, la pelea actual por una salida alternativa en defensa de los intereses populares que están dando en la provincia.

LID: Para comenzar, si hiciéramos un breve recorrido por la historia económica y social de la provincia se destaca en sus inicios como una región vinculada al comercio con el Alto Perú y luego, a comienzos del siglo XX, ligada a la explotación azucarera.

Gastón Remy: Inicialmente fue la región de la Puna (actual Rinconada, Santa Catalina, Cochinoca, Yavi, Susques) la que tuvo en términos económicos y sociales un rol central en el conjunto de la provincia, debido a su ubicación como zona de tránsito hacia el Alto Perú. Un dato en ese sentido es que hacia 1869 vivía aquí el 30% total de la población. Sin embargo, esta situación va a comenzar a alterarse en las décadas finales del siglo XIX, como parte del proyecto que la elite provincial impulsa, junto a otras como las de Salta o Tucumán, de consolidación del Estado y la organización del capitalismo nacional, en sintonía con la “modernización” que desde Buenos Aires promueve la oligarquía porteña.

A partir de entonces, en el caso de Jujuy, comienza el declive de las actividades económicas heredadas del período posterior a la independencia, asociadas a la explotación en haciendas y al tráfico comercial hacia Bolivia abasteciendo esencialmente a la actividad minera (alimentos, vestimenta, animales de carga y carretas como explica la historiadora Viviana Conti) para orientarse hacia el mercado interno bajo amparo del Estado, vía aranceles a la importación, créditos y préstamos y luego con miras al mercado mundial. La actividad económica que domina en este cambio es la industria azucarera, a partir de un pacto entre las oligarquías de Tucumán, Salta y Jujuy con sus pares del Río de La Plata, donde se reparten ciertas actividades económicas y se establecen medidas proteccionistas al sector azucarero que no podía competir con el resto del mundo. Este tipo de medidas aún con el paso del tiempo siguen vigentes, mostrando la continuidad del poder económico de este sector y su fuerte vínculo con el Estado, un ejemplo, es el negocio del biocombustible.

Entonces desde aquí las oligarquías se unen con el llamado proyecto de organización nacional…

No solo se unen al proyecto, sino que desde este lugar las oligarquías de estas regiones participan del gobierno y la política económica nacional. No olvidemos que Nicolás Avellaneda o Julio A. Roca, el “héroe de la oligarquía terrateniente” como decía Milcíades Peña, pertenecen a estas familias tradicionales del NOA y bajo sus presidencias alentaron los negocios de estos grupos latifundistas (como los Bárcena, Quintana, Campero, Ovejero, Zerda, entre los más conocidos incluso en la actualidad) que se habían hecho de la propiedad de la tierra, despojando en muchos casos a los pobladores originarios, a partir de prestar sus servicios a la Corona de España. Todo lo contrario al verso del “mérito” liberal. Y un sector de ellos comienzan a especializarse desde 1850 en la explotación de la caña de azúcar, que ya existe próximo al Valle de San Francisco donde se encuentra Ledesma, San Pedro, Valle Grande. Serán los propietarios de las plantaciones los mismos grupos ligados a los ingenios Ledesma, la Esperanza y La Mendieta. En la actividad azucarera la incursión de inversores extranjeros es decisiva para la modernización del sector. Dos financistas franceses, Henrique Wollman y Carlos Delcasse compran el ingenio Ledesma y fundan “Ledesma Sugar Estate and Refining Co. Ltd.” en 1911. Los capitanes ingleses, la familia Leach, también desembarcan en el ingenio La Esperanza asociándose a productores locales en 1883.

En este proyecto para dejar atrás aquel modelo de comercialización mercantil-colonial, fue decisiva la extensión del ferrocarril. El Ferrocarril Central Norte Argentino que en 1876 unía Córdoba con Tucumán sigue hasta el norte, llegando a Salta y San Salvador de Jujuy en 1891, permitió transportar mercaderías a los grandes centros urbanos del país y también traer maquinaria necesaria para que los ingenios azucareros pudieran dar el salto tecnológico para expandir su producción. Es tal la influencia de los dueños de los ingenios que el ferrocarril llega primero a los pueblos ingenios (San Pedro, Libertador Gral. San Martín) y luego a la capital jujeña. Posteriormente en 1908 se finaliza el tramo que conecta a San Salvador de Jujuy con La Quiaca.

De este período son los levantamientos indígenas en la Puna, en defensa de la tierra comunal…

Sí, conocidos como las batallas de Abra de la Cruz (o combate de Cochinoca) en 1874 y de Quera en 1875, congregan descendientes de los Atacamas y otros grupos de la población indigena que vivía en las haciendas, en las zonas altas, sometidos por formas como el arriendo o el peonaje que pagaban con trabajo personal o parte del producto de su trabajo. Pese a la existencia de una Ley provincial de 1835 que les otorgaba territorios como compensación por su participación en las guerras de la independencia. Su levantamiento fue respondido con una represión muy dura. En el caso de la batalla de Quera casi un millar de campesinos indígenas puneños fueron derrotados por el Ejército Nacional tras rebelarse contra la explotación y la opresión de los terratenientes de la región, reclamando la tenencia de las tierras.

Estas derrotas dejaron a la población indígena en una situación de sometimiento, que si en apariencia se presentaba menos condicionada que la previa servidumbre o encomienda colonial; en realidad el monopolio terrateniente de las tierras -apropiadas a los pobladores originarios desde la conquista española- los condenó a condiciones de vida de enorme pobreza, facilitando su disposición como fuerza de trabajo a ser reclutada a partir de la década de 1930, a sumarse a los contingentes estacionales de trabajadores criollos e indígenas, como mano de obra sobreexplotada durante los ciclos de la zafra en los ingenios. El proceso de proletarización de la fuerza de trabajo campesina indígena adoptó en este caso formas muy particulares. Con el auge de los negocios azucareros, la provisión de mano de obra, va a encontrar ciertos límites en las poblaciones campesinas de la Quebrada y Puna, que aún sin acceder en la mayoría de los casos, a la propiedad de la tierra, podían desarrollar cierta producción de autosubsistencia y solo emplearse en forma estacional en los ingenios. Por eso, el reclutamiento tendrá en sus orígenes una concentración en la población indígena del Chaco salteño, un proceso brutal, con intervención del ejército y/o mecanismos similares a la servidumbre, que ha reflejado con aguda sutileza el historiador y novelista, Marcelo Constant.

Y ya durante el peronismo, en un contexto político muy distinto, las expectativas en cambios a favor de los reclamos históricos de los pobladores originarios, dio lugar a una sacrificada movilización, la partida del “Malón de la Paz”, para entregar a Perón una carta solicitando la entrega de títulos de propiedad para los habitantes de la zona. En mayo de 1946 un grupo de pobladores originarios de la Puna jujeña partieron hacia la Ciudad de Buenos Aires en reclamo de títulos de propiedad sobre las tierras que habitaban y cultivaban sus ancestros. En 1949 el gobierno de Perón sancionó por decreto la expropiación de casi 1,9 millón de hectáreas para ser entregadas a los “aborígenes indígenas”, algo que finalmente el Estado no ejecutó. El efecto en los hechos fue el contrario. Según cifras de los Censos Nacionales Agropecuarios, del año 1947 a 1960, las explotaciones de los terratenientes pasaron de 174.000 a 245.000; reduciéndose en contrario las explotaciones en arrendamiento de los pequeños chacareros que disminuyeron de 157.000 a 68.000.

En este campo no hubo grandes cambios, la restitución de las tierras estuvo presente en el rechazo a la Reforma Constitucional…

Desde 1983 en adelante hubo pocos cambios sustanciales, ni a nivel provincial como acaba de demostrarlo Gerardo Morales, ni nacionales como lo muestra el gobierno de Alberto Fernández, quienes han defendido los negocios y ha asegurado todas las garantías a las multinacionales mineras, que saquean los bienes naturales en territorio indígena, como se ha visto con el pueblo wichi en Salta o las comunidades de las Salinas en Jujuy o de Collamboy por la instalación de una minera en plena Puna jujeña, o provocan la expulsión de los pobladores de la Puna y Quebrada a partir de los negocios inmobiliarios y turísticos. La restitución de las tierras ancestrales, de los territorios, a las comunidades indígenas de Jujuy sigue siendo un derecho negado por los distintos gobiernos de turno.

Volviendo a la industria azucarera que domina en la provincia, ¿logra sobrevivir a la crisis del 30 y se reconvierte durante los sesenta?

Esta oligarquía sobrevivió a la gran crisis económica del 30, en realidad fue una de las grandes beneficiadas de la Década infame. No olvidemos nuevamente que el general Uriburu estaba ligado a la industria azucarera salteña e incluso Robustino Patrón Costas pertenece a una de las familias propietaria de los ingenios más importantes de Salta (como el de San Martín del Tabacal) y era el candidato del Partido Conservador en las elecciones de 1944, pero el golpe se produjo antes, en 1943. Ante la crisis del azúcar, Ledesma fue beneficiaria de la política del Onganiato, que como sabemos provocó una importante conflictividad en la provincia de Tucumán, con la liberación del cupo de producción azucarera y a partir de los cierres de decenas de ingenios tucumanos, impuso el precio del azúcar. Ledesma inicia en los sesenta la diversificación de la producción, ampliando el negocio de alcohol, invirtiendo la planta de papel y mecanizando la zafra como forma de bajar el costo laboral y debilitar a la clase trabajadora. Lo que no se alteró fue su control e influencia sobre el poder político de la provincia. Unos años más tarde, ni hablar de su responsabilidad y participación en el golpe militar de 1976. Hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, que tiene como colaboradores a los Blaquier y a esta empresa en primer plano. Hoy Ledesma cuenta con aproximadamente 160.000 hectáreas en Jujuy y participa en la producción de petróleo y gas natural asociada a Repsol y otros grupos.

¿Y en relación a otras empresas o actividades?

Se desarrollaron otras actividades mineras desde fines de la década de 1920, en minería metalífera (plata, plomo y zinc) como es el caso de El Aguilar y posteriormente de mina Pirquitas, a partir de inversiones extranjeras. Otro sector que comienza su despegue es el cultivo del tabaco que ya desde la década de 1940 se practicaba en la zona de los Valles, aunque a partir de los sesenta queda mayormente controlada por empresas extranjeras que dominan el acopio. Otro rubro fue la minería. Un capítulo aparte fue el descubrimiento de mineral de hierro en las Serranías del Zapla, con la creación de Altos Hornos Zapla en Palpalá a finales de esa década dependiendo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que se convirtió en un polo de atracción laboral y de servicios, lo cual significó una diversificación y ampliación de la estructura económica de la provincia.

¿Qué continuidades o rupturas introduce en este plano la dictadura militar?

Durante estos años, la economía provincial sí bien mantuvo niveles de crecimiento y una mayor concentración de empresas como Celulosa Jujuy o se genera entre los ingenios como el de La Esperanza en el rubro azucarero junto a Río Grande beneficiados por la mecanización de la década anterior y el disciplinamiento a la conflictividad gremial y social. Del mismo modo se produjo una ampliación del sector de servicios y el aumento del empleo público como salida al desempleo, y los más altos niveles de pobreza.

También hay una reconfiguración de la distribución poblacional, que producto del desempleo y los cierres se traslada a las zonas de los Valles. Es un período donde se consolida el poder económico de Ledesma que avanza en modernizar su planta de azúcar y papel, mecanizar completamente la cosecha de caña de azúcar. Altos Hornos Zapla finaliza el tren fino de laminación de acero. El grupo Minetti recibe un crédito internacional del BIRF e instala su planta de cemento en Puesto Viejo. Minera El Aguilar se moderniza y continúan obras hídricas que benefician a los productores de tabaco. En síntesis, el golpe militar con el disciplinamiento genocida contra la clase trabajadora y la juventud, logró estabilidad para ampliar y consolidar sus negocios con un fuerte auxilio del Estado. Esta relación del gran empresariado jujeño con el Estado es tan profunda que autores como Humberto Quitana la intentan justificar a partir de la necesidad de compensar, una supuesta menor rentabilidad en la región que la obtenida en la zona núcleo del país.

Entonces, fue durante la década del noventa cuando se produjo el gran cambio del modelo económico y social dominante de la provincia…

Como ocurrió en todo el país, la hegemonía del capital financiero que había comenzado con la dictadura militar se consolida bajo el gobierno de Menem y su programa económico de “modernización” regresiva implicó justamente un retroceso sideral en las condiciones de vida de la clase trabajadora en todo el país. La provincia recibió su cuota con el impacto de los pueblos fantasmas que dejó el cierre del ferrocarril en 1993 y los talleres ubicados en San Salvador y en Volcán, las privatizaciones de la empresa provincial de energía (dando paso al negocio de Ejesa), el Banco de la Provincia de Jujuy, (que facilitó el monopolio de las cuentas sueldo del Estado por parte de la familia Brito dueña del Macro), Altos Hornos Zapla con el cierre de la mina 9 de octubre y el despido de miles de obreros (luego pasó a manos de capitales privados y finalmente a Sergio Taselli, un empresario amigo de los Kirchner), los despidos que implicaron además la privatizaciones de las sedes provinciales de la empresa de teléfonos (Entel), los aeropuertos, entre otras. Hacia finales de la década del 90 los niveles de desempleo se aproximaban al 19,1% y se agudizó tras la salida de la convertibilidad, que en el pico de la crisis del 2001 llegó al 23% de la población en edad laboral.

El golpe a la clase trabajadora fue enorme. En 1980 Jujuy ocupaba el quinto lugar entre las provincias con mayor peso de la población empleada en la industria manufacturera (Carrera, Gómez) y respecto al total de ocupados representaba el 16,6%. En 2001 pasó a representar el 8,5%.

No por casualidad una de las primeras acciones del movimiento de desocupados tuvo a Jujuy como protagonista. Anticipadas por las acciones de General Mosconi y Tartagal en Salta, aquí estas puebladas se conocieron como el Jujeñazo, cuando desocupados de Ledesma en 1997, salen a las rutas, levantando las consignas de “basta de miseria” y “trabajo digno ya” extendiéndose a otras localidades como San Pedro, Alto Comedero, Palpalá, Humahuaca, Perico, La Quiaca, La Mendieta. La política de las direcciones gremiales pusieron un freno a la lucha y sobre esa base los gobiernos desviaron el reclamo otorgando los primeros planes de ayuda social.

Los trabajadores estatales van a marcar la impronta en la lucha de clases contra el inicio del ajuste neoliberal hacia el final del gobierno de Alfonsín y durante los 90´contra el plan de Menem-Cavallo que había declarado a Jujuy como “inviable”.

¿Cómo se ha reconfigurado la economía provincial en la actualidad, alrededor de qué actividades? ¿Quiénes son sus beneficiarios?

Desde el punto de vista productivo, la economía provincial centralmente se sostiene en la agroindustria (azucarera y tabacalera) y la minería, la explosión de la industria del litio y la consolidación de la Quebrada de Humahuaca como destino turístico internacional. Uno de los principales cambios atienden al perfil exportador primario o con algún agregado de valor de los productos generados por la naturaleza. A la vez, que estas actividades están concentradas en unos pocos grupos económicos. Ledesma es el principal exportador de naranjas del país y el segundo productor de papel (cuyo destino es crecientemente exportador). El tabaco que acopian multinacionales extranjeras como Massalin o Alliance One prácticamente se exporta en su totalidad. También hay un nicho de negocios con la exportación de legumbres compartido con Salta que tiene un mayor desarrollo en este rubro. Y en materia de litio, por el precio internacional y los volúmenes crecientes de producción, este mineral ocupa el puesto número uno en el valor de las exportaciones de la provincia. Sin embargo, sólo un tercio aproximadamente tiene un agregado de valor más significativo (carbonato grado batería), el 70% se exporta casi en bruto. Por eso, como te decía se consolidó un proceso de reprimarización del perfil económico de la provincia con fuerte orientación exportadora y en manos de grandes grupos económicos extranjeros y, en menor medida, algunos nacionales.

La actividad minera agravada por la explotación del litio, está atravesada por los debates acerca de su impacto medioambiental y su desenvolvimiento como economía de enclave.

La minería de litio tiene en la provincia y en esta región del país y del continente el primer eslabón de lo que llaman “cadenas globales de valor”. Esto quiere decir que se focaliza la actividad en la producción o extracción del mineral con bajo valor agregado pero con un horizonte de producción que estiman puede durar 30 años. Luego se agotaría el litio existente en los salares.

Por eso, la discusión ambiental por los efectos de las técnicas de extracción de litio por evaporación que consume 5 veces el agua que consume la población de Susques, en una zona desértica como la Puna, tiene que darse también atendiendo el impacto de los volúmenes de producción que se proyectan en el tiempo. Efectivamente el esquema que alientan todas las fuerzas políticas tradicionales (hasta Milei) es hacer de los salares altoandinos una “nueva Potosí”, un saqueo fenomenal que altera sin dudas todo el ecosistema de esos territorios y tendrá también consecuencias sobre la vida de las poblaciones. Es por eso, que en su rechazo a la Reforma de la Constitución las propias comunidades originarias han puesto el grito en el cielo contra lo que se denomina extractivismo. Los intereses en juego son muy grandes. Sales de Jujuy en 2022 ganó casi 500 millones de dólares y su inversión inicial fue de 300 millones. Y este negocio creó oportunidades para los empresarios locales, algunos de ellos directamente a la cabeza de los partidos tradicionales. Ledesma es el principal proveedor de soda ash que es un insumo estratégico para el litio; se suman empresas de transporte para llevar el mineral a los puertos del Pacífico y al personal, constructoras y corralones locales, empresas de servicios de estructuras metálicas, catering, entre otras, por eso, hay una defensa acérrima también desde estos sectores a la Reforma como expresaron en múltiples solicitadas contra los cortes de ruta de las comunidades en nombre de la “libertad de circulación”. Estos ejemplos rompen esa mirada que asocia al NOA con provincias pobres. Un poco la lucha jujeña demostró que es una provincia rica pero las ganancias, o la riqueza social queda en manos de pocos.

La provincia en septiembre de 2022 tenía uno de los ingresos más bajos del país (20° de 24 distritos), la pobreza está por encima de la media nacional [41,8 vs 39,2, 2do sem. 2022] y tiene altos niveles de precarización laboral (46,5% trabaja en negro). Ahora bien, sobre esta realidad de las condiciones de vida de gran parte de la clase trabajadora, a contramano de otros momentos donde se soslayaba la riqueza generada por el trabajo en los ingenios y otras actividades tradicionales -como también la riqueza natural dada la diversidad geográfica-, el gobierno de Morales instaló a fuerza de millones en publicidad que Jujuy es una provincia rica. Más allá de lo limitado de su tan mentado “cambio de la matriz productiva”, ligado a un mayor despliegue del litio y algunos emprendimientos estatales (cannabis medicinal o el Parque Solar Cauchari), lo que se puso en evidencia es que la riqueza generada por el trabajo como aquella que proviene de la misma naturaleza contrasta enormemente con las condiciones de vida de las mayorías que incluso se deterioraron durante los dos mandatos del gobernador Morales como sucedió en todo el país. No es que durante sus gobiernos, podríamos decir, apareció una riqueza que antes no existía; más bien hubo un cambio de relato y también negocios millonarios como el del litio que pusieron a la luz de toda la población esta contradicción enorme.

¿A qué se debe esta desigualdad?

El investigador Giovanni Stumpo en un trabajo a principios de 1990 se refirió a las causas de la pobreza de la provincia y sostuvo que en realidad se trataba de un “modelo de crecimiento para pocos”, y que el principal responsable era el ingenio Ledesma por su peso histórico en la economía y vida política de la región. Sin embargo, este tipo de explicaciones dejan de lado no solo a otros actores económicos de peso (grandes productores de tabaco y acopiadores, mineras), sino que ponen el eje del problema en los grandes actores económicos; cuando en realidad ellos reproducen a escala los mecanismos propios del capitalismo donde la desigualdad en la distribución de la riqueza tiene su origen en la producción misma, y no en el tamaño de los capitales o empresas. Es en el proceso de producción donde la clase capitalista, por ser la propietaria de los medios de producción, puede apropiarse -sin pago- de una parte del valor generado por el trabajo del obrero. De allí proviene su ganancia, en contraposición con el salario. Es por eso que el trabajo asalariado es una forma social basada en la explotación de una mayoría por una minoría. Y además, no se puede pasar por alto cómo se fue conformando la clase capitalista en propietaria. Como vimos antes, fue mediante la expropiación de los territorios de los pueblos originarios durante la conquista española, un proceso que no se detuvo después de las guerras de la independencia; sino que continúa hasta nuestros días bajo distintos mecanismos de mercado y/o bajo la tutela estatal tal como ocurre en la concesión de porciones del territorio a las mineras. Los cateos mineros y solicitudes de mina en la provincia se duplicaron en los últimos tres años (2023-2021) respecto a 2020-2018. Y el rol de la empresa estatal Jemse es testigo, como socia menor en el saqueo del litio y en promover el saqueo del capital extranjero sobre los bienes comunes naturales, solo ingresar a su sitio web te lo confirma.

¿Qué alternativas están planteando para responder a las demandas que surgieron en toda la lucha reciente de Jujuy?

El intenso cuestionamiento a la Reforma por docentes, trabajadores y comunidades originarias puso de relieve que las formas de gobierno cada vez más autoritarias de Morales y sus socios del PJ tienen su costado económico. A diferencia de los gobiernos conservadores de principios del siglo XX, cuando uno de los directivos de Ledesma, Herminio Arrieta, era diputado y senador por Jujuy actuando casi como un gobernador de hecho; el régimen político fue desarrollando un personal que adquirió cierta autonomía de los dueños de la provincia, aunque sin dejar de responder a ellos; pero también esta suerte de modernización tuvo sus límites, dado que se incorporan representantes directos de otras actividades como el tabaco o los servicios de empresas transportistas o constructoras que consiguen suculentos contratos con el Estado o gestionan con mayor facilidad el millonario fondo especial del tabaco, quienes ocupan cargos parlamentarios nacionales o en la Legislatura provincial. Por eso decimos, que los poderosos ocupan los dos lados del mostrador, como funcionarios y empresarios que viven del Estado.

Volviendo a la lucha contra la reforma, por el rol de las direcciones sindicales que apostaron a contener el reclamo y desactivarlo, en forma gradual; no se llegó a un enfrentamiento abierto entre las clases. De esta forma quedan menos expuestos los intereses económicos en juego, y el rol del bipartidismo para administrar esos mismos negocios. Esto hubiese sido posible si entraban en escena trabajadores de los ingenios, transporte, minería, bancarios, entre otros, que se localizan en las actividades de mayor generación de riqueza en la provincia.

No obstante, estos límites del proceso, como te decía se empezó a cuestionar todo el andamiaje institucional y los partidos tradicionales que sostienen una provincia rica con trabajadores pobres que es lo que quiere el poder económico. La alternativa a un proyecto económico que viene a profundizar lo que ellos ya conquistaron en materia de reprimarización de la economía, subordinación al capital financiero y a las multinacionales, mayor extractivismo de los bienes comunes naturales de una provincia que posee además de litio, cobre, plata, plomo, zinc, oro, tierras raras, petróleo, bosques y las tierras fértiles de los valles, todo esto de la mano de bajos salarios y mano de obra cada vez más flexible, no puede ser seguir apostando a reproducir la lógica del capital.

Hay todo un debate histórico/académico sobre la posibilidad de romper el círculo vicioso del subdesarrollo regional apostando a los medianos y pequeños productores y comerciantes, partiendo de los niveles de insuficiencia del desarrollo capitalista en la región (Aramayo sobre Rutledge). Hoy vemos que la alternativa ante un plan extractivista y de mayor ajuste sobre el pueblo solo puede estar en manos de la clase trabajadora aliada a los pueblos originarios, a los sectores populares, y a sectores de pequeños productores, comerciantes que vienen siendo cada vez más desplazados a la pobreza por las políticas económicas del gobierno nacional y provincial. O la clase trabajadora toma el control de la economía o seguiremos profundizando la decadencia social de las mayorías.

¿Qué significa en esta situación que la clase trabajadora tome el control de la economía?

Esto que te digo sería el cómo empezar a dar un giro drástico en cuanto a la resolución de la crisis. Falta luego el qué hacer. Ahí venimos impulsando un conjunto de medidas que son parte de un plan de salida a la crisis para todo el país que permitan reorganizar la economía en función de las necesidades de la clase trabajadora y el pueblo. Entre ellas, te puedo mencionar, en lo inmediato un compromiso de lucha por un salario igual a la canasta familiar, ajustable por inflación, plan de obras públicas para generar trabajo genuino, trabajo con derechos poniendo fin a todas las formas de negreo laboral o precarización, la reducción de la jornada laboral a 6 hs y el reparto de las horas de trabajo comenzando por las grandes empresas, la eliminación de impuestos como el IVA a los productos de primera necesidad y de los ingresos brutos a los pequeños productores y comerciantes (y la suba de los mismos a los grandes empresarios que hoy casi no pagan), la estatización del litio bajo control de comunidades y trabajadores, en igual sentido la estatización del transporte urbano bajo control de trabajadores y usuarios, de igual forma la empresa de distribución de energía eléctrica Ejesa y la creación de una empresa estatal única, controlada por trabajadores, junto con el Parque Solar Cauchari, que produce el 90% de la energía que se consume en la provincia.

Estas medidas más de tipo locales, deben ir acompañadas como te decía de medidas similares en el resto del país y medidas de tipo “macro” respecto a frenar los canales de subordinación al capital financiero poniendo fin al pago de la deuda externa, salir del acuerdo con el FMI, y controlar el flujo de capitales y divisas, a través de la nacionalización de la banca bajo control de trabajadores y el monopolio del comercio exterior, que son medidas también que pueden permitir fortalecer el respaldo con Reservas del peso y empezar a combatir de esta forma el proceso inflacionario. Como te decía, todas estas medidas, tienen que consolidar una reorganización de la economía y la sociedad bajo el control de la clase trabajadora y los sectores populares como parte de la construcción, consciente y desde abajo, del socialismo.