Epígrafe: Tras años de sufrir el destierro, persecución y violencia, ante una lucha sin tregua en defensa del agua y contra las corporaciones nacionales e internacionales, el gobierno celebra un plan de justicia para el pueblo yaqui.
Miércoles 29 de septiembre de 2021
El pasado 28 de septiembre se celebró en Guaymas, Sonora, la ceremonia de Petición de Perdón al Pueblo Yaqui, donde dirigentes de esta comunidad indígena, firmaron acuerdos con el gobierno federal y las autoridades locales para impulsar un plan de justicia que se planteó desde 2020 por la reparación del daño de la violencia que el Estado ha ejercido sistemáticamente en contra de su comunidad.
Esta violencia se ha mostrado más recientemente con el despojo del agua proveniente del río Yaqui, bajo la construcción del Acueducto Independencia que opera de manera irregular ante los desacuerdos con los pueblos indígenas yaquis.
El plan plantea que se destine un presupuesto de más de 11 mil 600 millones de pesos para la construcción del acueducto yaqui de 158 kilómetros y la creación del distrito de riego 18 para abastecer al pueblo desde el río Yaqui, mismo desde donde parte el Acueducto Independencia; la construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui, un hospital regional y seis unidades médicas rurales.
Lo más destacado es la restitución de más de 20 mil hectáreas de tierra de uso comunal y el acuerdo por el uso de agua del río Yaqui en un 50 % de su capacidad, lo que era un acuerdo firmado desde 1939, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, mismo que fue violado 13 años después con la construcción de la presa El Oviachic.
El Acueducto Independencia sigue en pie
El acuerdo se celebró sin mencionar la lucha que los 8 pueblos han venido enfrentando desde el 2010 en contra de la construcción del Acueducto Independencia, mismo que el gobierno no pretende cancelar pues “sería problemático”, según palabras del presidente López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno ha decidido no tocar los intereses de las grandes fortunas que acaparan el agua y la tierra en contra de los intereses de la población trabajadora e indígena a lo largo del territorio nacional.
Por su parte, Jesús Patricio Varela, representante del pueblo Tórim presentó la propuesta de reforma constitucional apoyada por más de 650 mil firmas de personas indígenas y afromexicanas, para que se replique a nivel nacional un proceso de justicia y reparación del daño a todos los pueblos originarios del país.
El excandidato a la presidencia por el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, recordó que los pueblos yaquis son muchos y mantienen diferencias, lo que podría solucionarse con la intervención del presidente. Pero lejos de ser a través del gobierno la manera en que los pueblos yaquis puedan llegar a acuerdos, como propone Cárdenas, son ellos mismos quienes pueden alcanzar propuestas legítimas que favorezcan realmente a las partes involucradas. El gobierno, por su parte, ha demostrado que sus intereses están en mantener el régimen actual que favorece a las grandes fortunas.
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Invasión por parte del narcotráfico
Otro problema en el que el gobierno se ha involucrado a través del ejército, es en la invasión del territorio Yaqui por parte del narcotráfico, que aprovecha el abandono y la falta de seguridad de la población indígena para usar el territorio como lugar de paso para transportar droga a Estados Unidos.
Aún no se ha logrado esclarecer si ese es el motivo por el que fueron masacradas 5 personas de la comunidad que no participaban en cargos políticos o activistas. Se trata de una escalada de violencia sin precedentes que viene antecedida por el asesinato de los líderes de la tribu Yaqui, defensores del agua y de la tierra: Luis Urbano Domínguez, y Tomás Rojo. Ambos luchaban contra el Acueducto Independencia.
Según información de El País, el pasado lunes 27 de septiembre fueron identificados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ubicados en una fosa común, Fabián Sombra Miranda, Braulio Pérez Sol, Heladio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero. Mientras continúan desaparecidas otras 5 personas que se unen a las decenas de activistas yaquis que han sido asesinados o desaparecidos en la última década, debido a su lucha en defensa de su territorio, en oposición a macroproyectos de minería, gaseoductos y acueductos.
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