Córdoba. Hacemos por Córdoba, Schiaretti y el nuevo robo a los jubilados provinciales

Hacemos por Córdoba se prepara para aprobar en la Unicameral un proyecto de ajuste brutal que avanza sobre el sistema de reparto que administra la Caja de Jubilaciones de Córdoba.

El proyecto lleva a un recorte, mínimo, del 6% en las jubilaciones, a un diferimiento de dos meses en los pagos de los aumentos, a una armonización con la Nación sobre el cálculo de los últimos años de aporte y a una reducción en las pensiones.

En principio, el ajuste va dirigido, principalmente, a bancarios, trabajadores de Epec, Municipales de Córdoba y judiciales, y no estarían incluidos docentes, empleados públicos y del sector salud. Y para amortiguar la bronca, se suben las jubilaciones mínimas a $17mil y a $25mil para quienes perciben un solo beneficio, manteniendo ingresos de miseria.

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Con esta reforma, el gobierno de Schiaretti quiere llevar el ingreso de este sector de jubilados del 73% del bruto (82% sobre el 89%) al 67%, lo que equivale a un recorte del 6%. Además, volvería a impulsar un diferimiento de los pagos de dos meses en relación a los activos, similar al ocurrido en el 2015 con la Ley 10078.
Sumado a esto, el PJ cordobés pretende reformar el cálculo de haber inicial, que actualmente se realiza sobre el promedio de los últimos 4 años de actividad para calcularlo sobre los últimos 10 años, en un claro avance en dirección a la armonización con la Nación.

Y por si fuera poco, los nuevos pensionados también estarán incluidos en el ajuste con un recorte del 30% en el ingreso el primer año y 5% en el segundo, según los montos actuales. La Caja paga hoy el 100% del haber el primer año y el 75% a partir del segundo año, mientras Anses paga 70% desde el inicio.

Un poco de historia

Cubrir el “rojo” de la Caja es uno de los principales problemas fiscales para la Provincia, que hoy se estima en un déficit cercano a 35 mil millones de pesos, del que la Nación sólo cubriría 10 mil millones durante todo el año en curso.

El gobierno de Schiaretti ha expresado en reiteradas oportunidades que pagar la deuda provincial es la prioridad, una deuda cercana a 170.000 millones de pesos, quedando en un segundo plano el cumplimiento de los compromisos con las 105 mil jubilaciones que se pagan mensualmente.

Desde la intervención de la Caja, en 1995, sucesivos gobiernos se encargaron de vaciarla. Tomaron los fondos de los trabajadores para subsidiar a las grandes patronales (agronegocios, automotrices, bancos, grupos inmobiliarios, etc.) y la iglesia hasta desfinanciarla.

El ataque a los jubilados se arrasta desde el decreto 1.777, cuando el exgobernador Ramón Mestre (padre) recortó el 18% en las jubilaciónes y que más tarde, por un fallo de la Corte, la provincia debió restituir hasta cubrir el 82%.

En 2002, el gobierno de De La Sota, con una jugada tramposa a través de las Ley 9075, mientras por un lado impulsaba la jubilación anticipada de 20 mil trabajadores provinciales, por el otro subía la edad jubilatoria en 5 años para mujeres y en 7 años para varones.

En 2008, para complementar este avance, el gobierno de Schiaretti lograría aprobar la recordada ley 9504 contra los trabajadores que logró su aprobación con represión policial y un saldo de 20 heridos y 10 detenidos.

Más tarde, en 2012, llegó la Ley 10078. En ese momento el exgobernador De la Sota dispuso un diferimiento de los aumentos en los haberes de los pasivos. De esta forma, la provincia generó recursos que se volcaron a los empresarios millonarios de Córdoba. Los obtuvieron pisando un semestre la suba en los ingresos a los flacos bolsillos de los jubilados comidos por la inflación.

Schiaretti puso fin a la 10078 con una nueva maniobra de ajuste, la Ley 10333. Dejó sin efecto el diferimiento de aumento a cambio de incorporar un recorte sobre el 82% móvil que pasaría a ser del 73% del sueldo activo bruto.

El déficit de la Caja ha sido para los sucesivos gobiernos provinciales una excusa más para cerrar paritarias a la baja y recortar jubilaciones sin poner en cuestión que el verdadero desfinanciamiento proviene de las consecuencias de la precarización laboral creciente de los últimos 30 años. Una gran cantidad de quienes trabajan para la Provincia no están en relación de dependencia directa con la misma y por lo tanto no aportan a la Caja. Monotributistas, becarios y contratados del Estado nacional en proyectos de educación provincial, personal de maestranza y limpieza tercerizado en diversas dependencias, locación de servicios, personal precarizado en los hospitales y en el banco de Córdoba son algunos de los muchos casos.

Hay que recordar que el kirchnerismo cordobés impulsó la armonización jubilatoria junto al actual gobernador, que no pudo completarse por el enfrentamiento a partir del 2008 por el conflicto con el campo, y que bajó la lista propia en las últimas elecciones, hecho que permitió, en parte, fortalecer los números de Hacemos por Córdoba que le garantizan sacar esta ley en la Legislatura.

Hay que enfrentar el ataque

Este avance contra los trabajadores se viene ejecutando progresivamente desde hace años con la pasividad cómplice de las conducciones sindicales que han dejado pasar los ajustes, con acuerdos salariales a la baja de estatales y docentes y reducción de los aportes personales para equipararlos a la jubilación nacional.

Esto se enmarca en un ataque de conjunto sobre los trabajadores que se da a nivel nacional con despidos, suspensiones y rebajas salariales, y que en Córdoba se viene observando con el ataque a los trabajadores Municipales, los trabajadores del transporte, la baja de los programas PPP y PIP y el recorte a las jubilaciones mayores de $100 mil.

Mientras el gobierno profundiza la armonización de la Ley 9.504 en camino hacia la totalidad del sistema previsional provincial, las conducciones sindicales no han planteado un plan de lucha junto a las bases que esté a la altura del avance antiobrero del gobierno y las patronales.

Es urgente que los sindicatos rompan la alianza con los gobiernos ajustadores y se pongan a la cabeza, todos juntos, para enfrentar este ataque al conjunto del pueblo trabajador hay que lanzar urgente un plan de lucha que empiece por un paro provincial. Que las conducciones sindicales saquen lecciones de la juventud precarizada de los rappis y otros sectores que, aún en cuarentena, salen a luchar.

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