Prohibido olvidar. Historial de Juan Manzur, del Opus Dei a las filas del gobierno nacional

Luego de la designación del gobernador de Tucumán como Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional por indicación de CFK, un sector del peronismo se ha encomendado a la tarea de presentar al paladín de los antiderechos como un funcionario que “entendió” al movimiento de mujeres, tildando las críticas a Manzur como opiniones “palermitanas”, en un intento de empezar a borrar el nefasto historial de Juan Manzur, de manera de encubrir el marcado giro a la derecha que la coalición gobernante encara tras la derrota electoral de septiembre.

Comencemos diciendo que Manzur ocupa cargos ejecutivos en la provincia desde 2003, pasando de ministro de Salud de José Alperovich a vicegobernador electo en 2007, para luego emigrar a la cartera nacional de Salud del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Tan temprano como en 2006, Manzur va a ser denunciado por falsificar las estadísticas de mortalidad infantil en la provincia del "caso barbarita", la niña que le puso rostro a los estragos de la crisis económica.

Tres años después será apuntado por la federación médica, Feprosa, por manipular nuevamente las estadísticas de desnutrición infantil en la provincia. “El diagnóstico de desnutrición en todos sus grados ha sido literalmente prohibido por resolución del Ministerio de Salud de la Nación, y reemplazado por la de bajo peso”, consigna la denuncia que estimaba la desnutrición infantil era seis veces mayor que la oficialmente reconocida.

De su paso por el ministerio de Salud también datan denuncias por defraudación al Estado en licitaciones con sobreprecios y direccionadas a determinadas empresas (Plan Qunita) o el acuerdo con Hugo Sigman (Grupo Insud), para fabricar la vacuna contra la Gripe A con subsidios del Estado y un contrato de exclusividad a 10 años. Es en su paso por la cartera de Salud que el patrimonio declarado de Manzur crece explosivamente, multiplicándose 42 veces entre 2003 y 2014, hasta convertirse en el funcionario más rico de la administración nacional.

En el podio del desempleo, informalidad laboral y pobreza

Durante su primer mandato como gobernador de la provincia, Manzur supo ubicarse junto al ala conciliadora del peronismo que le garantizó al macrismo la mayoría en ambas cámaras para hacer pasar el ajuste a los jubilados, presupuestos nacionales con fuertes recortes en áreas como Salud y Educación, o el propio Pacto Fiscal. Recordemos que tras la victoria de Mauricio Macri en 2015, Manzur fue el primero en sentenciar como concluido el ciclo político de CFK.

Las consecuencias de su colaboración en el ajuste de Cambiemos y el gobierno de Alberto Fernández dejaron un saldo verdaderamente desastroso: en apenas 5 años se duplicó el desempleo, llegando la cifra oficial a 14,4%, la más alta en 17 años y una de las más altas del país.

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Durante los gobiernos peronistas, bussistas y macristas, Tucumán se ha convertido en un verdadero reservorio de mano de obra barata. La informalidad laboral afecta al 45,2% de los ocupados, una de las más altas del país. Las cifras hacen estragos en la juventud, 8 de cada 10 jóvenes trabajan en negro. La pobreza afecta al 43,5% de las personas, ubicándose por encima del promedio nacional. Y la distribución del ingreso es verdaderamente paupérrima: hasta diciembre de 2020 el 90% de la población percibía ingresos inferiores a los 50.000 pesos.

Pero la pobreza no afecta solamente a los desocupados y a los informales; Tucumán tiene uno de los salarios más bajos del país, con una brecha del 30% para los asalariados del sector formal. En la cosecha del citrus, los salarios están directamente por debajo del salario mínimo vital y móvil. Recordemos que la respuesta del gobierno de Manzur al reclamo de aumento salarial, fue la represión a la protesta de los cosecheros.

Impunidad garantizada para las fuerzas represivas

Otra marca registrada del gobierno de Manzur (y del régimen político tucumano en general) es el de la impunidad, que entrelaza al poder político, judicial y las fuerzas represivas en casos aberrantes que convirtieron a la provincia en foco de atención internacional, como el asesinato de Facundo Ferreyra, un niño de 11 años ejecutado por la Policía provincial, la desaparición y asesinato del joven cosechero Luis Espinoza, o el asesinato por asfixia a manos de la policía de Ceferino Nadal, durante la fase 1 de una cuarentena. Manzur no solo sostiene al día de hoy a su ministro de Seguridad, Claudio Maley, sino que incluso ha intentado promoverlo en la administración nacional.

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Esa misma impunidad es la que envuelve femicidios, travesticidios y casos de abuso sexual que envuelven al propio poder político, desde los femicidios de Paulina Lebbos o la desaparición de Marita Verón durante el gobierno de Alperovich hasta los casos más recientes de Paola Tacacho, Alejandra Benitez, Ayelén, las denuncias de abuso sexual contra Alperovich o Ricardo Bussi, encubiertas por la justicia por orden de Manzur y Jaldo, como quedó registrado en las grabaciones de la conversación entre el juez Pedicone y el juez Leiva.

Un irremediable antiderechos

Quizás el caso más resonante a escala internacional durante el gobierno de Manzur fue el de Lucía, la niña de 11 años violada y obligada a parir por la negativa de un régimen político misógino y antiderechos que le negó el acceso a la interrupción legal del embarazo. Y es que tanto el PJ tucumano como Cambiemos y el bussismo son activos militantes antiderechos, al punto de hacer votar a la Legislatura un proyecto para repudiar la ley del aborto y declarar la adhesión de la provincia a la campaña de las “dos vidas”.

No es casual que Tucumán encabece en 2020, junto con Jujuy, el ranking nacional de casos de femicidios. Manzur es un confeso miembro del Opus Dei y, junto a los partidos del régimen, son los responsables de que las leyes de emergencia en violencia de género se renueven hace años sin asignar nunca un peso de presupuesto; que no se aplique la ley de Salud sexual y procreación responsable o la implementación de la ESI en todas las escuelas.

De las acusaciones mutuas al silencio cómplice

La crisis política del peronismo a escala nacional tuvo un capítulo anticipado en Tucumán con la fractura de la coalición gobernante que enfrentó a Juan Manzur y su vice Osvaldo Jaldo, quienes llegaron a las elecciones primarias en listas separadas, con una victoria a favor del primero.

Durante la campaña electoral se ventilaron acusaron mutuas de utilizar los fondos públicos para hacer campaña y para la compra y acarreo de votos. Las mismas prácticas clientelares de las que se sirvieron los candidatos de Cambiemos en todas las elecciones.

Ocurre que durante las campañas electorales los candidatos del régimen, en su ambición desbocada por aferrarse a los privilegios del poder, suelen decirse algunas verdades que después prefieren callar. Que CFK apuntara contra la política de ajuste de Alberto Fernández y Martin Guzmán no impidió que los diputados, senadores y la propia vicepresidenta votaran todas y cada una de las medidas que ahora denuncian.

Tras el acuerdo alcanzado entre Manzur y Jaldo, que aceptó poner al frente de la legislatura a un legislador del riñón del gobernador, el peronismo festeja una dudosa unidad para apaciguar la denuncias mutuas y los “fuegos de artificios” de la campaña electoral. La incorporación de Juan Manzur al gabinete nacional anticipa un giro a la derecha en la coalición de gobierno, que tras las elecciones de noviembre intentará hacer pasar por el Congreso el acuerdo con el FMI y un sendero de ajuste contra las mayorías que solo podrá ser desafiado con la más amplia movilización.