CRISIS ECONÓMICA, SOCIAL Y SANITARIA. Impuesto a las grandes fortunas: debates, miserables y salidas de fondo

El viernes 28 de agosto se conoció el proyecto oficial de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Se trata del famoso impuesto a las grandes fortunas que el Gobierno de Alberto Fernández anunció al inicio de la cuarentena.

El proyecto del Frente de Todos busca gravar con una alícuota que empieza en el 2 % a las personas con bienes en el país por un valor igual o superior a $ 200 millones. La alícuota asciende progresivamente. Quienes posean bienes por un valor superior a los $ 3.000 millones pagarán $ 88,5 millones más el 3,5 % sobre el excedente. Para los bienes situados en el exterior las alícuotas van del 3 % al 5,25 %, pero quienes realicen la repatriación de un 30 % de su patrimonio en un plazo de 60 días luego de publicada la ley podrán gozar de alícuotas como si todos los bienes estuvieran en el país.

De acuerdo a las estimaciones de los voceros oficialistas, este “aporte solidario” permitiría lograr una recaudación de U$S 3.000 millones. El destino será: 20 % para asistencia sanitaria; 20 % a subsidios para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES); 20 % para el programa integral de becas Progresar; 15% para los habitantes de los barrios populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP); y el 25% restante a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural a través de Integración Energética Argentina e YPF.

Los miserables

La propuesta oficial se conoce luego de cinco meses de cuarentena donde la catástrofe social avanzó sin piedad. La pobreza podría estar llegando al 50 % de la población. Por su parte, Unicef estima que en diciembre el 63 % de la infancia estará en situación de pobreza: habrá 8,3 millones de niñas y niños pobres. El desempleo, según cálculos de consultoras como Ecolatina, ya está por encima del 15 %.

El poder de compra del salario se deterioró durante la pandemia, sumando más carestía después del golpe recibido en la era macrista. El Gobierno actual decidió suspender la mala fórmula de movilidad jubilatoria de Cambiemos, que confiscó a los jubilados desde 2018, por una peor que les recortó los aumentos que correspondían este año.

En este contexto, no es raro que, según la Cepal, Argentina es uno de los países latinoamericanos donde más aumentó la desigualdad.

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La mayoría del tiempo el debate público se consume en discutir la gestión de la miseria: cuánto se reducen los salarios; si hay o no paritarias; cuándo el oficialismo propondrá una nueva fórmula jubilatoria; si hay o no un pago más del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Pero la pobreza y la carestía de millones tiene como contracara la opulencia de unos pocos. Según la Revista Forbes, las 50 familias más ricas del país concentraron U$S 46 mil millones en 2019 y “a través de sus participaciones en múltiples empresas, originan alrededor del 14% del PBI”.

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En simultáneo que avanzó la crisis social, muchos de los ricos del país vieron incrementar sus ganancias. Financial Times informó que el valor de Mercado Libre se incrementó en U$S 18 mil millones durante la pandemia. De este modo, ocupó el puesto 37 en el mundo entre las 100 empresas que ganaron durante la pandemia. Otro tanto podría decirse de los laboratorios, que incrementaron su actividad en la crisis sanitaria: entre ellos, Roemmers; los de la familia Sigman; o los de Lilia Neumann de Sielecki, que no figura en el cuadro aquí arriba exhibido, pero con Phoenix y Elea, está entre las primeras treinta fortunas del país.

La derecha y los fanáticos liberales empiezan a interponer sus amenazas extorsivas. Su credo liberal, que pronostica tan bien como la astrología, afirma que las inversiones van a esfumarse si se aplica un impuesto a la riqueza; que la presión fiscal insoportable hace inviable al país y otras tantas mentiras piadosas.

Para desgracia de las mayorías trabajadoras hay una experiencia de cuatro años de Mauricio Macri con la biblia liberal bajo el brazo que demuestran todo lo contrario: las rebajas de impuestos no provocaron una lluvia de inversiones, sino un tsunami de fuga de capitales que alcanzó a U$S 86 mil millones y un aumento inusitado de la pobreza.

Los dueños del país, al mismo tiempo que claman porque no se cambien las reglas de juego (de su juego), son expertos profesionales en evasión impositiva y la fuga de capitales a paraísos fiscales. Argentina ocupa el quinto lugar del mundo entre los países con mayor evasión impositiva. De acuerdo a un informe de Tax Justice Network las empresas multinacionales evadieron en 2016 más de U$S 21.000 millones: el equivalente al 4,4 % del PIB.

La evasión impositiva y la fuga de capitales van de la mano. Los ricos tienen el equivalente a un PIB fugado en el exterior. El periodista Horacio Verbitsky develó que en la fuga de capitales en la era Macri están involucradas las empresas Telefónica (que al ser española no va a tributar el “aporte solidario”); Pampa Energía dueña de Edenor, que ganó millones con los tarifazos al pueblo trabajador; General Motors; Shell; Quilmes; Monsanto; Aluar; Procter & Gamble; Arcor; y muchas más entre los 100 mayores fugadores. El mismo periodista había develado que en el blanqueo de capitales que Cambiemos aprobó en el Congreso (con el voto de Sergio “ventajita” Massa) se habían acogido la familia Rocca, dueña de Techint, la familia Macri, la familia Coto y otros ilustres argentinos.

Tienen cómplices. Los bancos son una organización ilícita que facilita la evasión impositiva y la fuga de capitales: organizan la salida de dólares del circuito productivo local a paraísos fiscales. Entre otras varias pruebas, están las que aportaron el exempleado de J.P. Morgan, el argentino arrepentido Hernán Arbizu, y el exempleado del HSBC, el ítalo francés Herve Falciani.

Existen muchos recursos para atender la emergencia social y sanitaria, pero también muchos más miserables.

La izquierda va a pelear por su proyecto

En abril, el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), en una presentación común de Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, ingresó en el Congreso Nacional un “Proyecto de ley de impuesto extraordinario a los grandes patrimonios y a las altas rentas por la emergencia sanitaria ante la pandemia del covid-19”. El criterio era claro: atender en tiempo y forma la emergencia del coronavirus.

Desde entonces, se perdió un tiempo precioso donde se sometió a la población a una situación en extremo difícil. El IFE, que finalmente resultó de $ 5.000 mensuales (se realizaron 3 pagos de $ 10.000 en casi 6 meses de cuarentena), alcanza para vivir apenas cuatro días si se considera que el costo de la canasta de pobreza para un hogar de cuatro integrantes fue $44.521 en julio. Además, no llega a todos los que lo necesitan.

El biólogo molecular y biotecnológico, Ernesto Resnik, en referencia a los aumentos de casos de Covid-19, explicó este sábado 29 en Página 12 que “Lo que ocurre en Argentina, esta subida sin destino preciso, se parece a la curva que en algún momento caracterizó a Chile o a Brasil. Hay algunos especialistas que dicen que las cuarentenas en los países en los que hay mucha pobreza no pueden funcionar. La gente vive hacinada y sale igual porque tiene que ganarse el pan”.

Si bien Argentina presenta un manejo relativo mejor que otros países durante la pandemia, no centralizar todo el sistema de salud, como propuso la izquierda, ni reforzarlo en todo el territorio con los recursos necesarios, hoy tiene consecuencias que se ven con situaciones de colapso en Jujuy, Río Negro o Mendoza.

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El primer punto de contrate del proyecto del FIT-U con el proyecto del Frente de Todos es que no sólo grava a las personas, sino también las ganancias empresarias. Es un proyecto superior al del oficialismo, que se estima que recaudará U$S 3.000 millones, en tanto que el de la izquierda permitiría recaudar entre U$S 15 mil y U$S 20 mil millones con destino a: otorgar un IFE de $ 30.000 para todos los que se quedaron sin ingresos cuando todavía quedan largos meses de “nueva normalidad” hasta que llegue una vacuna; fortalecer el presupuesto de salud; y la construcción de 100.000 viviendas para atender el hacinamiento de manera urgente.

El proyecto del FIT-U no comprende, como el proyecto oficial, asistencia a las empresas a través de subsidios a MiPyMES. Hablar de MiPyMES es un concepto engañoso: la AFIP admite bajo esa categoría comercios que facturen nada menos que hasta $ 2.600 millones anuales o empresas industriales y mineras con ventas hasta $ 2.540 millones anuales. Incluso algunas multinacionales pueden integrarse en esas categorías. A la vez, a los pequeños comercios de barrio muchas veces les resulta imposible cumplir con todos los requisitos burocráticos para acceder a esos beneficios.

La propuesta de la izquierda afectaría a las 15 mil personas más ricas (0,04% de la población del país) con alícuotas progresivas que van del 5 % al 15 %. También propone gravar con un 20 % las ganancias del sistema bancario de los últimos doce meses. Los bancos tuvieron ganancias récord en 2019. En 2020, la siguen levantando con pala: entre enero y junio, el sistema bancario ganó $ 117 mil millones; el equivalente a $ 647 millones por día o $ 27 millones por hora. Alberto Fernández olvidó tanto su promesa de elegir a los jubilados en lugar de a los bancos, que el proyecto oficial prescinde de cualquier “aporte solidario” del sistema bancario.

El proyecto del Frente de Todos solo propone gravar a las personas. Por el contrario, el proyecto del FIT-U plantea que las 5.000 empresas más grandes (0,8% del total), que superaron los $ 65 millones de ganancias en su último balance, paguen alícuotas progresivas que van desde el 10 % al 20 %, adicionales al pago habitual del impuesto a las ganancias. El proyecto del FIT-U además plantea una multa sobre los evasores con cuentas en el exterior detectados por la AFIP, gravar la gran propiedad de la tierra y las viviendas ociosas más caras.

Hay muchas empresas que aun en la crisis de los últimos años ganaron (y siguen ganando) mucho, tal el caso de las energéticas, Edesur y Edenor, cuyos dueños son los millonarios Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, amigos de Macri. O las empresas de telecomunicaciones, como Telecom-Personal, Claro, Movistar-Telefónica, entre tantas otras. ¿Por qué el Frente de Todos las exime, junto a los bancos, de un “aporte solidario”?

De estos detalles, emerge claramente un contraste: el proyecto de la izquierda está guiado por atender íntegramente la emergencia social y sanitaria afectando al gran capital y a los ricos del país. Por el contrario, el proyecto oficial se caracteriza por lo opuesto: no ofrece una salida integral a la emergencia e intenta no enojar a los dueños del país. Las declaraciones de Carlos Heller, uno de los diputados oficialistas que elaboraron la propuesta, grafica bien el punto: “A los que van a hacer este aporte no les va a cambiar la vida, pero a los que reciban sus beneficios la vida les va a ser un poco mejor”. A estos últimos, tampoco les cambiará la vida, agregamos nosotros.

Una salida en favor de las mayorías trabajadoras

Uno de las causas de la demora de la presentación del proyecto del Frente de Todos en el Congreso fue el pedido del ministro de Economía, Martín Guzmán, para que no haya ruido durante la negociación con los lobos de Wall Street. Es que muchos de los tenedores de bonos, aquellos que residen en el país o tienen bienes aquí (se sabe que el Grupo Clarín y muchas grandes empresas locales son tenedoras de bonos), tendrán que hacer su “aporte solidario”. Finalmente, el lunes 24 de agosto operó el vencimiento de la invitación de Argentina a los acreedores para aceptar el canje de bonos.

En el trascurso de esa negociación, entre abril y agosto, el oficialismo amplió su oferta en unos U$S 17 mil millones en favor de los especuladores de la deuda. Es cierto, que no se pagarán todos juntos, sino en el transcurso de los próximos 25 años. Pero exhiben un contraste claro con lo que plantea recaudar el oficialismo con el “aporte solidario”: unos U$S 3.000 millones. Este importe, incluso, es menor que lo que ya desembolsó el gobierno entre principios de año y mediados de julio en pagos de la deuda: más de U$S 4.500 millones, según informó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ante una pregunta del FIT-U, cuando asistió semanas atrás al Congreso Nacional.

No sólo eso. El “timing” de la presentación del proyecto del Frente de Todos en el Congreso está adecuando, además de a la finalización de la restructuración de deuda, al inicio de las negociaciones con el FMI, que comenzó formalmente el miércoles 26. El Fondo, entre varias imposiciones antiobreras (ajuste fiscal, reforma laboral y previsional), también exige aumento de la recaudación porque, aunque esto implique tocar intereses del capital local, se procesa en favor de un interés superior: el del capital financiero internacional.

Cuando se unen todos los cabos, pareciera percibirse que entre los lobos de Wall Street y el FMI actuaron como los dueños del reloj del proyecto oficial.

En el Frente de Todos también argumentan que el “aporte solidario” es para compensar la caída de la recaudación por la pandemia, pero los U$S 3.000 millones que recaudará el proyecto oficial alcanzan a cubrir apenas menos de dos meses de déficit fiscal, según los números rojos que informó la Secretaría de Hacienda para el mes de julio.

Las diferencias en lo que se puede recaudar con uno y otro proyecto son significativas. Lo mismo que los criterios que los trascienden: en el del FIT-U las vidas de millones de trabajadoras y trabajadores son más importantes que las ganancias de unos pocos. Pero el punto central es que el proyecto de la izquierda se ubica en un planteo opuesto al del Frente de Todos que priorizó la negociación con los lobos de Wall Street y el FMI.

El mundo vive una triple crisis: económica, social y sanitaria. En este contexto, la izquierda une el proyecto de impuesto extraordinario, a conciencia que es un paliativo para atender los costos sociales de la emergencia, a una pelea de fondo: al planteo de desconocimiento soberano (no pago) de la deuda y de ruptura con el FMI; a la mejora de los ingresos del pueblo trabajador y los jubilados; a la defensa de los puestos de trabajo; a la nacionalización de la banca para terminar con la asociación ilícita de los bancos privados que organizan la fuga de capitales, para preservar los ahorros, canalizar recursos para la vivienda popular, para los pequeños comerciantes y productores; nacionalizar los servicios públicos para mejorar su prestación y sacarlo de las garras privadas de los amigos de Macri y de todos los gobiernos. Es decir, el FIT-U plantea una salida para que la crisis la paguen los capitalistas en la perspectiva de una reorganización integral de la economía en función de las necesidades sociales.

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