Otra vez se bloquea en el Congreso la posibilidad de cuestionar la inviolabilidad de la corona.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 14 de junio de 2022
La semana pasada el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, presentó una propuesta de ley para limitar la inviolabilidad del Rey al ejercicio de sus funciones constitucionales, pero no a sus actividades personales. En clara referencia a la corrupción de Juan Carlos I que está quedando en total impunidad, pero la propuesta tampoco cuestiona hasta el final la inviolabilidad de la Jefatura del Estado.
La propuesta de ley modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un artículo "55 bis" por el cual se habilitaría al Tribunal Supremo para ser competente para investigar las "acciones civiles y penales dirigidas contra el Rey o Reina durante el ejercicio de su cargo en actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado".
En cualquier caso, los letrados del Congreso ya han señalado que la propuesta de ley es contraria al régimen jurídico que contempla la Constitución. Estos letrados son altos funcionarios que asesoran legalmente al Congreso y dictaminan resoluciones o informes no vinculantes, como en este caso.
Estos letrados señalan sobre la propuesta que "invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado". Para realizar una modificación de la inviolabilidad del Rey es precisa una reforma constitucional.
Una reforma que, al afectar en este caso a la Monarquía y a artículos blindados de la Constitución, implicaría no sólo el voto favorable de tres quintas partes de Senado y Congreso, sino también la disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, la ratificación de la reforma por las nuevas Cámaras y un referéndum. Un auténtico despropósito que deja “atada y bien atada” la impunidad del Rey.
Este informe de los letrados, aún sin ser vinculante como decíamos, refuerza la posición de PP, PSOE y Vox en contra de la propuesta del PNV en la Mesa del Congreso. Así, a pesar de los votos favorables de Unidas Podemos u otros grupos parlamentarios, todo se queda en agua de borrajas al no ser ni siquiera el procedimiento legal para cuestionar, aunque sea mínimamente, la impunidad de la Monarquía.
Dentro de los márgenes de la Constitución no se puede cuestionar la impunidad real y menos todavía sosteniendo un Gobierno del PSOE o peor aún, formando parte de él como hace Unidas Podemos. Sin un gran movimiento político en las calles, liderado por una clase trabajadora que imponga con sus métodos de lucha la apertura de procesos constituyentes para cuestionarlo todo, no es posible terminar con los pilares del Régimen del 78, entre ellos uno de los principales, la Monarquía.