Estado Español. La CUP negocia su apoyo al nuevo Gobierno catalán responsable de la represión

En las últimas semanas las imágenes de enfrentamientos callejeros en Barcelona han vuelto a las portadas de todo el mundo. Masivas movilizaciones, protagonizadas en su mayoría por jóvenes nacidos ya en el siglo XXI, en contra del encarcelamiento de un rapero, Pablo Hasel, por diversas letras y twits contra la Monarquía.

Las protestas comenzaron dos días después de unas elecciones autonómicas impuestas por un nuevo golpe judicial, en las que se registró una abstención de récord y cuyos resultados vuelven a dejar en manos de la formación de la izquierda independentista anticapitalista CUP (Candidatura de Unidad Popular) la posible investidura de un nuevo gobierno encabezado por Esquerra Republicana de Catalunya (ECR) y Junts per Cat (JxC).

En la calle la indignación juvenil contra la represión, la monarquía y el escenario de catástrofe social y económica tras un año de pandemia, es respondida con más represión de la policía autonómica catalana, los Mosos d’Esquadra. Mientras tanto, en palacio, los dirigentes de la formación anticapitalista negocian su apoyo a los responsables de toda esta situación.

Una entrega escandalosa que puede acelerar mucho el desprestigio de la CUP entre los sectores que hasta ahora se referenciaban en ella, y en especial los más jóvenes. Pablo Castilla, joven militante de la CRT, organización que impulsa La Izquierda Diario, y la agrupación juvenil Contracorrent, advertía recientemente en un programa de la televisión pública catalana, que “la juventud que está siendo reprimida no entendería un apoyo de la CUP a ERC y JxCat”.

El escenario que dejan las elecciones catalanas del 14F

El 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Supremo confirmaba la destitución de Quim Torra de JxCat y entonces president de la Generalitat, el gobierno catalán. Los jueces decidían quitar a un presidente electo por un delito de opinión. Torra se había negado a retirar una pancarta que decía “Libertad presos políticos”, en referencia a los 9 presos políticos –exconsejeros del gobierno catalán, la ex presidenta del Parlament de Cataluña y dos dirigentes de entidades civiles independentistas- condenados por organizar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Se daba además la paradoja de que la sentencia contra Torra la dictó una parte de los jueces que condenaron hasta 13 años de prisión a dichos presos políticos.

De esta manera se imponía un nuevo golpe judicial. La enésima injerencia del Estado central, por medio de la Judicatura, en el conflicto catalán, y un capítulo más de la degeneración autoritaria del régimen político español. La destitución obligaba a convocar elecciones anticipadas. El PSOE del presidente Pedro Sánchez quiso aprovechar la ocasión para presentar como candidato a Salvador Illa, ministro de Sanidad. Su plan era forzar un gobierno presidido por una formación no independentista, con el apoyo de los Comunes –la marca catalana de Podemos que se prestó desde el primer momento a esta operación- y si no era suficiente incorporar a ERC, la formación independentista que más viene abandonando la confrontación con el Estado.

En esta operación el PSOE y Podemos contaron con el apoyo de la Judicatura. El pico de la tercera ola de la pandemia coincidió con la fecha de los comicios. A pesar de las recomendaciones sanitarias para posponerlos, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña vetó tal posibilidad por temor a que el llamado “efecto Illa” se enfriara. Pero al final el tiro les salió por la culata.

El 14F se revalidó la mayoría independentista, subiendo en escaños –con ERC a la cabeza con 33 diputados, JxCat con 32 y la CUP con 9, un total de 74, bien por encima de los 68 de la mayoría absoluta– y en porcentaje de voto –casi el 52%-. El socialismo catalán (PSC) logró ser la fuerza más votada, empatando en escaños con ERC, destronando dentro del bloque españolista a la derecha liberal de Ciudadanos que se hundió pasando de 36 a 6 diputados. Entre la derecha, del PP mantuvo un resultado pésimo, con 3 diputados, y emergió con fuerza la extrema derecha de Vox con 11 diputados y un 7,7% de los votos.

La jornada electoral dejó un escenario con pocas opciones para la investidura. Siguiendo el modelo parlamentarista español, el president catalán surge de la votación del Parlament catalán, no hay elecciones presidenciales directas. No habría gobierno del PSC, ni tampoco de ERC en alianza con este partido y los Comunes, por la negativa de los independentistas moderados a pactar con un partido que se niega a negociar un referéndum y la amnistía de los presos políticos. La alianza con más puntos volvía a ser la de los dos grandes partidos independentistas, ERC y JxCat, que llevan gobernando en distintos tipos de alianzas conjuntas desde 2010, han estado al frente del proceso independentista, claudicando en 2017 a pesar de la enorme movilización social de apoyo a la causa, y gestionando con políticas neoliberales y de recortes los efectos de la crisis de 2008 y de la actual. Pero, como en 2015 y 2017, para que este gobierno salga adelante, necesitará del apoyo de la CUP en la investidura.

El otro dato que dejó la jornada da cuenta de tendencias más profundas y anticipatorias. La altísima abstención por un lado expresó un alto grado de hartazgo y hastío con las elecciones y las opcciones que se presentaron. En las anteriores de 2017, la participación rondó el 80%. Casi 30 puntos de caída.

Por otro lado el preocupante ascenso de la extrema derecha de Vox, que sacó resultados por encima de su media en barrios y municipios obreros del área metropolitana de Barcelona, Girona y Tarragona, en las localidades costeras más golpeadas por el colapso del turismo y en sectores juveniles (un 20% de sus votantes tiene menos de 35 años). Otra expresión de ese desencanto o desafección, canalizado por la demagogia reaccionaria de la extrema derecha dirigida contra la inmigración y presentada como un cuestionamiento por derecha al estatus quo y lo políticamente correcto.

La CUP y su curso de moderación e integración en el régimen catalán

A estas elecciones, celebradas en un marco de imposición y de una aguda crisis económica y social, la izquierda independentista catalana llegó muy adaptada al cuadro político corrido hacia la derecha. Con Unidas Podemos en el gobierno central junto a los social-liberales del PSOE y aplicando las mismas políticas ante la pandemia y la crisis que Macron en Francia o Conte en Italia. Y en Cataluña, con una dirección independentista (ECR y JxCat) que, tras su claudicación en 2017, ha abandonado toda pelea por el derecho a decidir y quiere recuperar una estabilidad institucional en la autonomía restringida.

La CUP se adapta a esto rebajando en primer lugar su programa económico y social a aquellas tímidas reformas que caben dentro de la legalidad capitalista. Convertirse en una izquierda “viable” en el sentido burgués del término, es decir con propuestas “realistas” que podrán ser acordadas con el resto de los partidos con los que aspira llegar a acuerdos “de país”. Así presentaron un programa electoral con propuestas que mantenían las ayudas a las empresas para mantener los puestos de trabajo, transforma toda medida contra la propiedad de las grandes empresas o la banca en mecanismos de “control público” o encorseta la lucha por el derecho a decidir a una imposible negociación con el Estado y la intervención de la “comunidad internacional”.

Para esta nueva hoja de ruta la CUP se alió con Guanyem. Una formación neorreformista que gobernó durante 3 años Badalona, la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, con el apoyo de ERC y el PSC, gestionando una agenda de reformas cosméticas como otros de los llamados “ayuntamientos del cambio”. La cabeza de lista, Dolors Sabater, es de esta formación, y nunca ha ocultado sus intenciones de favorecer un gobierno de coalición con los partidos independentistas y los Comunes.

Este curso a la moderación no le dio un mal resultado electoral. Pasaron de 4 a 9 diputados, recibiendo una parte de los votos de ERC y JxCat al ser vista la CUP como algo más consecuente en mantener la reivindicación del derecho a decidir y por el desgaste de los partidos gestores de la pandemia en Cataluña. Ahora bien, el voto a la CUP es cada vez menos una expresión de un voto anti-establisment, como pudo serlo en 2012, cuando emergió a lomos del movimiento de indignados del 15M y el inicio del proceso independentista. De hecho, Vox le gana a la CUP -duplicando o triplicando sus votos- en los barrios y municipios más golpeados por al crisis.

Como colofón a todo esto, la CUP se embarca en negociaciones con ERC para favorecer la investidura de su candidato Pere Aragonés, un fiel representante de las grandes empresas en Cataluña y autor de una ley de privatización de los servicios públicos tirada abajo por la movilización hace apenas un año. Las opciones sobre la mesa son darles el voto en la investidura y después o entrar en el gobierno o quedar como socio parlamentario del mismo.

¿A cambio de qué? La CUP ha presentado ya las primeras grandes “conquistas”, que han sido auténticas migajas. Una moratoria -ni siquiera prohibición- de las balas de foam (que acaban de causar la pérdida de un ojo a una manifestante) de los antidistiurbios y que éstos no participen en los desalojos de viviendas. Hablan también de pactar una serie de políticas “en favor de la gente”, que si es de la mano de ERC y JxCat -los dos partidos históricos representantes de las grandes empresas y familias catalanas- ya se puede intuir lo ambiciosas y profundas que serán. Parece como si quisieran transitar el mismo camino en Cataluña, que Podemos ha transitado en el resto del Estado hasta conformar con el PSOE el mal llamado gobierno “progresista”.

Un giro a la integración en el régimen catalán, que se hace en una coyuntura en la que casi a diario los Mossos golpean manifestantes y los detienen. Son más de 150 en las últimas dos semanas, uno de ellos en prisión provisional sin fianza que se suma a la larga lista de presos políticos que tienen a la Generalitat como acusación. Este fin de semana se ha llegado al extremo de que la propia Dolors Sabater se haya sumado al coro de “condena de la violencia” en las manifestaciones excusándose en que en la de este sábado se puso en riesgo la vida de un agente antidisturbios.

Las manifestaciones juveniles, la expresión por izquierda de una incipiente nueva crisis de representación

El 15M de 2011 comenzó el llamado movimiento de los indignados bajo el cántico de “no nos representan”. Una generación a la que la crisis de 2008 le abocó a un presente y futuro de precariedad irrumpió en las plazas y se abrió así la crisis del llamado Régimen del 78. El sistema de partidos se estremeció, pero a él le siguieron la crisis del modelo territorial, con la emergencia de la cuestión catalana, y la de la Corona, que llevó a la abdicación de Juan Carlos I y a que Felipe VI, con el apoyo de todos los partidos del régimen, trate de relegitimarla sin mucho éxito.

Con la actual crisis derivada del impacto de la pandemia podemos decir que “llueve sobre mojado”. Hay toda una generación que no ha vivido otra cosa que crisis, y además no vivió la “ilusión” inicial que despertaron proyectos políticos como el de Podemos o la misma CUP de 2012. Son los que hoy están protagonizando las manifestaciones y enfrentamientos con la policía, como en el otoño de 2019 en las manifestaciones contra la sentencia del juicio por el referéndum del 1 de octubre. Se trata de las mayores manifestaciones desde el inicio de la pandemia y que cuestionan de lleno al gobierno “progresista” y la izquierda del régimen.

Las manifestaciones por la libertad de Hasel se han producido en todo el Estado en estas dos semanas, pero ha sido de nuevo en Cataluña donde las protestas han tenido una mayor continuidad y radicalidad. No es casualidad, es aquí donde la crisis del régimen no encuentra cierre que valga. El rechazo a la Corona es casi un consenso entre la mayoría de la población, la cuestión del derecho a decidir aunque el movimiento haya retrocedido sigue siendo una aspiración de masas. Además, hay un cierto hilo de continuidad de movilizaciones y lucha de clases que no se ha llegado nunca a cortar, fruto de que el neorreformismo de Podemos nunca llegó a arraigar con la misma fuerza que en el resto del Estado porque siempre estuvo más cerca del poder central que de defender el derecho a la autodeterminación.

Lo nuevo respecto a 2011, no es solo la forma de las protestas, sino que en el ambiente de “no nos representan” que se vuelve a respirar en las manifestaciones o los micros abiertos antes de que comiencen, caen de lleno aquellas formaciones que emergieron para actuar de desvío de aquella ola de protestas. Unidas Podemos es percibida por muchos de estos jóvenes como la nueva casta al servicio de las políticas de siempre. La CUP todavía no, pero si finalmente acaba pactando con quienes ordenar reprimir las protestas todos los días al acercarse la hora del toque de queda, puede verse igualmente arrastrada.

La necesidad de construir una izquierda anticapitalista, de clase y revolucionaria

Frente a este panorama, desde octubre planteamos la necesidad de conformar una alternativa electoral que levantara un programa anticapitalista y mantuviera una total independencia de los partidos capitalistas, en este caso los independentistas, para las elecciones del 14F.
Pero nuestra propuesta de un frente anticapitalista y de clase fue rechazada por otras organizaciones de la extrema izquierda.

Lucha Internacionalista -grupo catalán de la UIT-CI- optó por dar apoyo a la lista de la CUP y firmar un documento de 12 puntos algo más de izquierda para justificarlo, pasando por alto que tanto el programa como la campaña hablaban claramente de buscar un acuerdo con ERC y los Comunes. Corriente Roja –grupo de la LIT-CI- se negó con argumentos sectarios, para terminar integrando una lista con un sector de independentistas críticos con la dirección procesista pero que sostenían la misma hoja de ruta de conseguir la independencia mediante la desobediencia institucional del Parlament y la Generalitat.

También nos dirigimos a los sectores críticos de la CUP y de la izquierda independentista que han ido cuestionando algunos elementos parciales de este giro a la moderación y el gobernismo. Pero hasta el momento todos ellos han seguido optando por permanecer dentro.

Anticapitalistes, la formación ligada a la corriente mayoritaria del NPA francés, sigue anclada en una política de gestión de izquierdas de las instituciones, herencia de su paso por Podemos. En estos momentos se posiciona en contra de una entrada de la CUP a un gobierno con ERC y JxCat, pero a favor de un entendimiento entre ésta y ERC y los Comunes. Si un gobierno con estas formaciones no fuera posible, le piden a la CUP que igualmente haga valer su llave en la gobernabilidad para alcanzar acuerdos de legislatura con estos partidos. Siguen así una lógica de gestión del Estado capitalista, en este caso en el nivel autonómico, que ellos mismos llevan adelante en el gobierno municipal de Cádiz, donde dirigen un “ayuntamiento del cambio” similar al que dirigió Dolors Sabater en Badalona.

La CUP puede verse arrastrada por un nuevo “no nos representan”, si no rompe definitivamente con el seguidismo y los acuerdos con los viejos partidos de la burguesía independentista, y pone todas sus posiciones institucionales al servicio del desarrollo de un gran movimiento contra la represión, contra el régimen monárquico y por luchar por un programa que haga pagar esta crisis a los capitalistas. Pero la voluntad de sus dirigentes por llegar a un acuerdo de gobierno o de legislatura es bastante firme.

Por eso desde la CRT recientemente volvimos a plantear tanto a las organizaciones de la extrema izquierda como a la militancia de la CUP y la izquierda independentista, por medio de una carta abierta, “a unir esfuerzos y explorar las vías de acuerdo y unidad de acción, para empezar a sentar las bases de otra izquierda anticapitalista, que rompa definitivamente con el seguidismo a los partidos de la burguesía independentista, y apueste por el desarrollo de la movilización social con la clase trabajadora al frente, para la conquista de los derechos democráticos y sociales pendientes”.

El pasado sábado en Barcelona, y previsiblemente se irá repitiendo cada fin de semana, se realizó una manifestación por la amnistía de todos los presos políticos, contra la ley mordaza, la reforma laboral, los desahucios, la ley de extranjería y la monarquía. Desarrollar un movimiento así, que se extienda a todo el Estado, lograr que se transforme en organización en las facultades, institutos y barrios, que impacte en la clase trabajadora y de moral para quitarse de encima el peso muerto de la burocracia sindical, que pelee por demandas como el reparto de horas, la expropiación de las viviendas vacías o el fin de la precariedad laboral, y por acabar con un régimen monárquico cada vez más podrido.

Esta debería ser la agenda de una izquierda que se prepare para incidir en los siguientes capítulos de la lucha de clase, para que no sea ni desviada por nuevos engaños reformistas o de conciliación de clases, ni que el malestar y la desafección acabe capitalizándolo la extrema derecha.