Nacional. Iquique entra en cuarentena, pero ¿a la medida de quién?

Este viernes desde las 22 hrs. Iquique entra en un proceso de cuarentena total en un momento que registra 67 nuevos casos y 682 casos confirmados de COVID-19 en la región de Tarapacá. La ciudad se verá enfrentada a un encierro con miles de despidos o suspensiones, con las autoridades culpando a la población del aumento en las cifras de contagios, pero de fondo insisten en que las y los trabajadores deban permanecer en sus funciones.

Con el llamado a la nueva normalidad y el retorno seguro, la política del Gobierno fue mantener activos los trabajos no esenciales permitiendo la apertura de malls y grandes tiendas, militarizando las calles con un toque de queda de 22 hrs a 05 de la mañana. Se convirtió una jugada de privilegio y a la medida de las ganancias empresariales en desmedro de la salud y vida de miles en potenciales condiciones de enfermar. En Iquique, como ciudad obrera, de aquí en adelante la cifra de contagio ha subido considerablemente.

Por consecuencia, el sistema de salud vive un momento crítico. Se presenta un 95% de la ocupación hospitalaria, además de una decena de funcionaries de la salud contagiades por COVID19 (+) en el único hospital de la ciudad y así, ni desde el Gobierno o las autoridades locales como el Intendente Miguel Ángel Quezada, o el Seremi de Salud Manuel Fernández entregan respuestas a las y los trabajadores frente la crisis sanitaria. Es necesario un plan de emergencia frente al colapso, que comience por unificar el sistema público y privado con acceso a todo quien lo necesite. Hay que nacionalizar el sistema de salud en su totalidad para enfrentar la pandemia y poner en función toda infraestructura

Por otro lado, bajo la ley de protección al empleo, votada desde la UDI hasta sectores de la oposición como el diputado de la región Hugo Gutiérrez (Partido Comunista), en Tarapacá se registran más de 7.300 de cartas de despidos, con salarios impagos a los funcionarios de la salud e incluso condiciones laborales miserables para la juventud en trabajos precarios como la entrega por repartos, quienes ni siquiera tienen un sueldo base.

Es una cuarentena difícil para miles de familias pobres que incluso viven en campamentos sin poder salir a por el trabajo diario. Es necesario que las organizaciones sindicales locales como la CUT instalen al centro esta lucha, por la paralización de los trabajos no esenciales y luchar contra los miles de despidos, en conjunto a diversos sindicatos y organismos sociales.

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Con las grandes mineras en la región y las grandes ganancias e ingresos que superan los 14.000 millones de dólares y entregan un miserable 5% de royalty o menos, es por eso y es necesario que se imponga un impuesto extraordinario de 20% a las 10 familias más ricas, se obtendrían de manera inmediata 7.260 millones de dólares ($61.993.140.000.000), una cifra que resolvería un salario mínimo de 500.000 a casi 124 mil personas o para destinar a la triplicación del fondo presupuestario a la salud, entregando test masivos frente a la falta de stock del examen PCR o mayor equipamiento al servicio de salud como camas o ventiladores, cosa que hasta ahora se han negado a invertir y sólo reciben las donaciones del exterior.

Basta de beneficiar a los grandes intereses empresariales, por el fin al negocio de la salud y contra toda la asesina política antiobrera del Gobierno. Que no sean las familias trabajadoras quienes paguen esta crisis.