Opinión. Itinerarios educativos: 40 años de leyes y luchas por la educación

Pero no podemos comenzar este itinerario sin enfocar lo que marcó a fuego la democracia argentina, no solo en lo propiamente educativo sino, más en general, en todos sus componentes sociales. Nos referimos a las consecuencias de la última dictadura militar.

Según el sociólogo y ensayista Alejandro Horowicz, [1] la democracia capitalista argentina es una “democracia de la derrota”. Por un lado, la derrota de toda una generación que fue liquidada físicamente por el Terrorismo de Estado y que tenía como proyecto una transformación social revolucionaria. Por el otro, la derrota de la Guerra de Malvinas que impuso la idea de la subordinación total a los países imperialistas y la construcción de la democracia bajo ese signo de condicionamiento.

Pero también el balance económico es relevante porque impuso un modelo de acumulación y una estructura económico-social que explica mucho del escenario actual. En resumen, el aumento sideral de la deuda externa, que creció 5,5 veces (pasando de casi U$S 8.000 millones en 1976 a U$S 45.000 millones en 1983, incluida la estatización de la deuda privada de 1982); la apertura indiscriminada a la entrada de capitales, la desregulación financiera, la caída brutal del salario, la baja generalizada de los aranceles aduaneros que protegían la industria nacional, la reducción del gasto público y de los impuestos al capital y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían entonces, se puede contar entre otras medidas. [2]

Así, con el apoyo de Estados Unidos, se encaró una brutal ofensiva neoliberal contra la clase trabajadora y los sectores populares en base a un genocidio y disciplinamiento social impulsado por la clase dominante de nuestro país, que hace imposible no empezar el recorrido desde esa marca de origen.

Pero tampoco podemos soslayar el balance educativo dictatorial, con más de 600 docentes desaparecidos, el alejamiento (por renuncia, cesantía o prescindibilidad) de miles de docentes en todo el país, la transferencia de escuelas primarias nacionales a las provincias sin financiación ni recursos, la reducción del presupuesto educativo que impactó fuertemente en edificios escolares y comedores, el ingreso de las empresas multinacionales en las escuelas técnicas para que diseñen y se enseñen contenidos que respondían a sus propios intereses, entre otros.

Cuatro momentos

Desde esta condicionalidad, vamos a dividir el recorrido educativo en cuatro momentos, que nos permiten tener una visión educativa tanto en cuanto a algunas de las leyes que la conformaron, como también desde las luchas de la propia comunidad educativa.

En el primer momento se vislumbra el período del gobierno de Raúl Alfonsín y la restauración democrática que generó en todos los ámbitos, enormes expectativas sociales encarnadas en la máxima “con la democracia se cura, se come, se educa”. En materia educativa Alfonsín planteaba "una nueva fase de la educación en la Argentina [...] una educación renovada acorde con las demandas de nuestro tiempo" orientada a "transformar la cultura autoritaria a partir de la transmisión de valores democráticos”. Para ello, impulsó un Congreso Pedagógico Nacional convocado "con la urgencia de emprender una profunda tarea de reconfiguración educativa, que indicara el rumbo de una nueva educación en la Argentina”. [3]Pero en la misma medida que la desilusión iba absorbiendo las promesas económicas, sociales y de los derechos humanos, también en educación los discursos rimbombantes de refundación iban deshilachándose a gran velocidad.

El Congreso Pedagógico Nacional fue copado por sectores de la Iglesia (con el colmo de personajes como Juan Llerena Amadeo quien había sido ministro de Educación en la dictadura). Además, mantuvo el sistema educativo heredado de la dictadura sin cambios sustanciales más que la derogación de reglamentaciones autoritarias y el fortalecimiento de la escuela privada confesional que se continúa hasta hoy.

En 1988 en reclamo de aumento salarial y más presupuesto educativo se desarrolló una inmensa huelga docente encabezada por CTERA, conocida como el Maestrazo, con un paro por tiempo indeterminado y un acatamiento del 90 al 95% en todo el país. La huelga duró 42 días con marchas multitudinarias y acciones docentes masivas. Pero, a pesar de que contaba con un amplio apoyo de la población que llegó a llenar la Plaza de Mmayo, la CGT de Ubaldini se negó al paro general dándole la espalda al paro docente. Esto permitió que CTERA comience con el desvío [4] aceptando promesas de aumento y canalizando la lucha hacia un recambio político electoral (Menem) en plena hiperinflación. [5]

Un segundo momento se da en el marco de una nueva “década infame” y bajo el menemato que prometió “salariazo y revolución productiva”, y terminó imponiendo los planes del Banco Mundial y el FMI. En materia educativa, el peronismo dirigido por Carlos Menem impulsó una profunda reforma antieducativa. La ley de Transferencia de Servicios Educativos (LTSE) y la Ley Federal de Educación (junto a la Ley de Educación Superior), constituyeron el paquete de leyes menemistas orientadas a atacar la educación pública, avanzar en el proceso privatista y adaptar las políticas educativas a los dictados del FMI y los organismos internacionales.

La primera ley, votada en 1992, descentralizó hacia las provincias la totalidad de las escuelas secundarias, los institutos de nivel terciario nacionales y las escuelas de gestión privada. Si Onganía concretó la primera descentralización educativa y Videla/Martínez de Hoz terminan esta primera transferencia, el menemismo completó la tarea que impusieron esas dictaduras. La segunda ley, votada en el año 1995, promovió otro golpe profundo a la educación pública comenzando con el fuerte desfinanciamiento universitario y descentralizando financieramente al sistema educativo para que cada provincia “se las arregle” como pueda. Desde allí que se habla de un Ministerio Nacional sin docentes ni escuelas, que llega hasta hoy.

En 1997, justo el 2 de abril, se instaló la llamada Carpa Blanca frente al Congreso Nacional por parte de CTERA. Era la forma que proponían para luchar contra las políticas neoliberales de Menem en su segunda presidencia. El reclamo principal era lograr una nueva ley de financiamiento educativo que mejore el estado de la educación pública. Si bien la carpa instalada durante 1003 días logró el apoyo de artistas, intelectuales, organizaciones sindicales, de derechos humanos, etc. junto a docentes que ayunaban y que eran emblema de los reclamos educativos, CTERA no utilizó tal apoyo para impulsar un plan de lucha nacional encabezado por las y los docentes, sino que redujo la lucha a la propia carpa, separándola de las escuelas y sin cuestionar tampoco el esquema de la provincialización educativa establecido por las leyes menemistas. Y a pesar de que en más de 15 provincias las y los docentes se encontraban en lucha y empezaban a proliferar las marchas y movilizaciones de otros trabajadores y desocupados, la CTERA mantuvo su línea de aislamiento.

Tras el recambio presidencial de la Alianza personificado por Fernando De La Rua (apoyado por Marta Maffei de CTERA que recomienda en su momento “saber votar”), se levanta la carpa con la promesa de una ley de financiamiento. La misma no daba ninguna solución al salario y al presupuesto docente ya que incorporaba sumas en negro al salario y se basaba en un impuesto automotor que pagaban incluso los propios docentes. [6]

Pero lo más vergonzoso fue que el 17 de diciembre de 1999, a días de asumir el nuevo gobierno, debutaba matando dos compañeros (Mauro Ojeda y Francisco Escobar) en una represión a una protesta de estatales en Corrientes, lo que no impidió que CTERA levantara la carpa el 30 de diciembre, confiando en el gobierno represor de De La Rúa. [7]

Un tercer momento lo podemos ubicar con el kirchnerismo en el gobierno que, tras las jornadas revolucionarias del 2001, buscó pasivizar las luchas, llevarlas “de la calle al palacio”, recomponer la autoridad estatal y ganar estabilidad económica y política.

En materia educativa, el proyecto K fue presentado bajo un discurso rupturista de la herencia pasada, con la sanción de la Ley Nacional de Educación y la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 como estandarte. Sin embargo, si contemplamos que las provincias financian sus niveles educativos obligatorios y terciarios (más del 75% de la educación pública provincial excluyendo el ámbito universitario nacional), ambas leyes no cuestionan el grueso de las leyes menemistas basadas en la descentralización y reducción presupuestaria.

Para ver la película de los presupuestos provinciales, según informes de Argentinos por la Educación, de 2004 a 2021, 12 de 24 jurisdicciones redujeron sus presupuestos educativos. Además, más del 90% de los presupuestos se destina al pago de salarios (78% en los presupuestos provinciales y 12% en el sector privado). [8]

Y en materia presupuestaria nacional, desde 2006 a 2020, sólo en tres años se cumplió con la meta de inversión del 6% del PBI: en 2009, en 2013 y en 2015. Las consecuencias de estos fríos números se tradujeron en multiplicidad de carencias educativas en el período kirchnerista. Desde la falta de inversión en infraestructura con todo tipo de problemas como falta de gas y agua en edificios públicos, hasta la falta de nombramiento de cargos en escuelas; desde la reducción de la cantidad y calidad de la comida en los comedores, hasta el salario docente desinflado y devaluado; desde la precarización y flexibilización laboral con planes como el FINES (compitiendo y sustrayéndole matricula al turno noche y a la secundaria de adultos), hasta la multiplicación de la sobrecarga laboral.

Todo esto, mientras el pago de la deuda externa superó los 216.000 millones de dólares y, a pesar de haber sido “pagadora serial” (reconocido por la misma Cristina Fernández de Kirchner), la deuda pública ascendía, al tercer trimestre de 2015, a 239.959 millones de dólares. [9] En este tercer momento se dieron multiplicidad de luchas docentes nacionales, provinciales y municipales. Las más relevantes del período fueron las de 2007 con 14 provincias en lucha y el aislamiento de CTERA que las dejó a su suerte sin unificarlas. Recién después del brutal asesinato de Carlos Fuentealba en Neuquén, la CTERA promovió un paro nacional y jornadas nacionales de lucha con paro el 9 de Abril con la vergonzosa declaración de Hugo Yasky “existe un límite y ése es la muerte”. [10] El paro fue masivo con movilizaciones en todo el país y cientos de fábricas que pararon diversos lapsos de tiempo en solidaridad y repudio al asesinato, mostrando también que la docencia puede influenciar y hegemonizar a otros sectores de la clase trabajadora cuando se unifica y corporiza esa potencialidad.

Otro hito de la lucha docente de este momento fue algunos años después en 2014, en la Provincia de Buenos Aires, la lucha contra el ajuste encabezado por el gobernador del PJ, Daniel Scioli. En 17 días de huelga que conmovieron la provincia y el país, miles de maestras corearon consignas como “A ver Cristina, a ver si nos entendemos (…) pagaste millones para la Repsol y ni un solo peso para educación”. Esto mostraba un salto importante en la conciencia, de lo sindical a lo político, identificando al gobierno nacional como el causante de la decadencia educativa, presupuestaria y salarial.

El cuarto momento lo encontramos desde el recambio presidencial que constituyó el macrismo con sus cuatro años de gobierno, pasando por los cuatro años de presidencia de Alberto Fernández en su alianza con Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa hasta hoy.
En el lapso macrista se desarrolló un profundo ataque a la escuela pública no solo desde el aspecto discursivo que incluyó denigración constante a las y los docentes y a quienes “caen en la escuela pública” (como dijo el mismo Macri), sino también en el aspecto presupuestario. El gasto destinado a Educación por parte del gobierno nacional y el conjunto de las provincias cayó al 4,8% del PBI en 2019, lo que redundó en una caída del 33,5% en términos reales, según un estudio de CIPPEC. [11] Además, los salarios docentes retrocedieron entre un 15 y un 20%.

Expresión de estos recortes en inversión y déficit de infraestructura fue la grave explosión de la escuela Nro 49 de Moreno, que se llevó la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodriguez, vicedirectora y auxiliar respectivamente del establecimiento, con las responsabilidades patentes de la gobernadora de aquel momento María Eugenia Vidal y su ministro de Educación Sanchez Zinny. Un verdadero crimen social.

Pero el gobierno de Alberto Fernández, Massa y Cristina no fue muy distinto en materia presupuestaria ya que asumió la deuda macrista al FMI pagando hasta el momento U$S 33.453 millones desde 2019. Es por eso que se encuentran profundos recortes educativos en los presupuestos nacionales como en 2020 respecto de 2019 en un 15,6% y en 2023 respecto de 2022 en un 15,5%. [12]

A pesar de la adaptación de los principales sindicatos docentes y de CTERA a un gobierno que consideran como propio pero que está encarando un brutal ajuste -entre otras cosas- sobre la educación, las respuestas de la comunidad educativa, los procesos de organización y luchas provinciales no dejan de desarrollarse. Córdoba, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, la Provincia de Buenos Aires, y recientemente Salta y Jujuy son algunos de los lugares donde las y los docentes se organizan desde las escuelas y, junto con la comunidad educativa, salen a la lucha en defensa de la escuela pública y contra los recortes y ajustes contantes.

A modo de cierre, la visión panorámica de estos 40 años nos permite observar una concatenación de descentralización, desfinanciamiento y ajuste educativo como una constante de todos los gobiernos capitalistas transcurridos. Aun en distintas coyunturas económicas primó el ajuste en presupuestos y en reducción de partidas que se intensifican, lógicamente, en momentos de mayor crisis económica como la actual.

Esto genera el decadente panorama educativo de hoy, con escuelas con graves problemas edilicios, servicios alimentarios escolares con importantes faltantes de cupos y baja calidad, personal educativo insuficiente y falta de nombramientos de equipos de orientación escolar, falta de material didáctico, computadoras y libros, sobrecarga laboral de docentes por un lado y salarios de pobreza y precarización por el otro. Pero también el recorrido de luchas y organización de la comunidad educativa en todos estos años, muestra que no hay otros que las y los docentes, auxiliares y no docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa, como los únicos interesados en defender la escuela pública como una verdadera conquista social de las y los trabajadores y el pueblo.

Los números de la deuda externa son elocuentes. De 1976 a hoy se pagaron U$S 600.000 millones, y a febrero de 2023 la deuda bruta asciende a U$S 394.150 millones. [13] Es decir, no hay forma de revertir esta decadencia sin el desconocimiento soberano de la deuda externa por su origen ilegal, ilegítimo y fraudulento. Y generando el consiguiente aumento de los presupuestos educativos, desterrando la fragmentación y unificando su financiamiento.

Recuperar las organizaciones sindicales y confederaciones para la lucha democrática y desde abajo es una tarea fundamental. Pelear por un sistema educativo público, único, científico, gratuito y laico, íntegramente al servicio de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares nos enfrenta no solo con aquellos que plantean la privatización educativa sino también con quienes imponen el ajuste de los presupuestos y el desfinanciamiento educativo en una virtual “muerte lenta”.

Estos 40 años transcurridos, con su itinerario educativo a cuestas, muestra que hay fuerza suficiente para llevar adelante estas peleas. Las de revolucionar la sociedad para cambiar la escuela, y transformar la escuela para aportar en la lucha por otra sociedad sin explotación y opresión.

*Ponencia presentada en las XVIII Jornadas Pedagógicas "1983-2023. 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina". ISFD Nro 54. Victoria Cossettini