El domingo por la mañana Florencia Morales fue detenida por la policía provincial por “violar la cuarentena”. Horas más tarde sería encontrada sin vida dentro de una celda.
Jueves 9 de abril de 2020 14:27
Comisaría 25 Santa Rosa de Conlara | Foto Infomerlo
Florencia Magalí Morales nació en Mendoza, pero vivía en San Luis. El domingo por la mañana fue detenida por la Policía de esa provincia ya que su DNI terminaba con número impar y no podía circular en concordancia con la disposición del gobierno puntano de Alberto Rodríguez Saá.
Este miércoles la periodista Adriana Meyer publicó a través del diario Página|12 que la mujer fue encontrada sin vida horas más tarde, ahorcada con el cordón de su buzo en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara.
La causa pasó a investigarse en el Juzgado de Multifuero de esa localidad, a cargo del juez Jorge Pinto, quien la caratuló como “averiguación de suicidio”, según informó Meyer.
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Antes de cualquier confirmación judicial, los medios más importantes de la región comenzaron a difundir la versión del “posible suicidio”, condenando a la joven de antemano, que “posiblemente estaba con tratamiento psicológico, se había separado de su esposo violento y era madre de una joven procesada por presunto homicidio", a partir de lo declarado por “fuentes policiales”.
Así, ya de entrada, entre el Poder Judicial, la Policía y las empresas periodísticas adelanta una versión y empiezan a tejer la teoría del “suicidio”.
Estos hechos ni son aislados, ni sólo ocurren en la provincia puntana. Desde que comenzó la cuarentena y se les dio vía libre a las fuerzas del orden, los abusos en los barrios más pobres y contra el pueblo trabajador no hacen más que multiplicarse.
En las redes sociales (que la ministra de Seguridad Sabina Frederic confirmó que espían desde su ministerio) se viralizan todo el tiempo escenas de abusos policiales sobre la población. A este medio le llegan decenas de denuncias, sobre el trato de los agentes del orden sobre trabajadores que tenían que salir de sus casas para poder trabajar y no morir de hambre.
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A pesar de que las denuncias no hicieron más que crecer, desde el Gobierno nacional y los gobernadores (más allá de alguna sanción particular de algún gendarme) no sólo no se restringe ese accionar represivo sino que se felicita todo el tiempo y en cadena nacional a esas instituciones armadas al servicio del capital.
Esta actitud de los ejecutivos lo único que hace es profundizar la impunidad con que se manejan las fuerzas.