El efecto más venenoso de la “marcha de los fiscales” es que pretende re-legitimar a una casta reaccionaria y privilegiada como líderes de una causa por la verdad y la justicia en el caso de encubrimiento de la causa AMIA, de la que ellos fueron parte.
Ruth Werner @RWlaruta99
Sábado 21 de febrero de 2015
La izquierda, particularmente el PTS, es la única que propone cómo terminar con la casta privilegiada de jueces y fiscales, una de cuyas fracciones fue la cabeza dirigente de la reciente manifestación opositora bajo el paraguas de un “homenaje” al fiscal Nisman. ¿Por qué el Poder Judicial es ajeno al voto directo de la población? ¿Qué privilegios defienden los partidos del sistema, oficialistas y opositores, para que esta “gente” esté por fuera del mandato popular, al que se tienen que exponer hasta los diputados, senadores, legisladores, gobernadores y los mismos presidentes? Es irrisorio que los partidarios del gobierno hablen contra la corporación judicial y no planteen una mínima y elemental medida para terminar con su poder oligárquico: la elección de los jueces y fiscales por el voto popular, su revocabilidad y que, como funcionarios, cobren lo mismo que una maestra. Oficialistas y opositores se proponen mantener el status quo de la casta judicial y sus vínculos con los servicios de inteligencia.
El 18F tuvo como líderes convocantes, entre los más nombrados, a los fiscales Ricardo Sáenz, Germán Moldes, Raúl Plee, Guillermo Marijuán, Carlos Stornelli y José María Campagnoli. Como se detalla en El partido judicial después del 18F uno de los poderes más reaccionarios del Estado levantó cabeza y salió envalentonada después de la marcha de homenaje a Nisman. En la movilización los fiscales fueron aplaudidos por los manifestantes, en su mayoría provenientes de la clase media acomodada de la Ciudad de Buenos Aires y la zona norte del Gran Buenos Aires.
Dos de los líderes principales del 18F, Plee y Moldes, están acusados de ser encubridores en la causa Amia nada menos que por las organizaciones que nuclean a los familiares de las víctimas: APEMIA, Memoria Activa y la Asociación 18J que dirige Sergio Burnstein. La trayectoria de los otros convocantes al 18F también es un prontuario contra las causas populares y las libertades democráticas. No describiremos el “currículum” de todos los fiscales sino algunos de los más relevantes.
Si nos referimos a la Causa AMIA, desde el comienzo, la Justicia fue una pieza clave en el encubrimiento. Cuando en un principio la causa fuera llevada adelante por el entonces juez, Juan José Galeano, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, los magistrados se dedicaron a desviar la atención sobre la “conexión local” para dar crédito a la fábula del coche bomba, manejado por Ibrahim Berro, un libanés que se habría inmolado para volar la AMIA. La hipótesis fue desmentida por los hermanos de Berro. Los avatares de Galeano son conocidos. Debió ser destituido tras hacerse público un video que lo incineraba ya que “su señoría” aparecía sobornando a Carlos Telleldín con dinero proveniente de la Secretaría de Inteligencia para que brindara un testimonio falso. En una segunda etapa ya aparece el fiscal Alberto Nisman y se pone en marcha la investigación sobre la “pista iraní”. Su investigación era una causa armada por la CIA y el Mossad. En una entrevista a La Izquierda Diario Laura Ginsberg de APEMIA, denunció al consultársele su opinión sobre el 18F: “Ya conocemos a algunos de estos fiscales y las trayectorias que se auto reivindican. Son los mismos que fueron compañeros de (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia, aquellos fiscales que contribuyeron con delitos e irregularidades en la instrucción que llevó adelante el ex juez Galeano y que colaboraron fuertemente con la impunidad que padecemos hoy”.
Paula Litvachky, la Directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales ya en junio de 2013 había denunciado en Página/12 que “la audiencia realizada por la Sala II de la Cámara de Casación para analizar la responsabilidad penal del ex juez Juan José Galeano se llevó a cabo con más de seis años de demora por orden de la Corte Suprema”. “Sin explicación, el fiscal de casación Raúl Plee dejó de impulsar la causa y la Cámara se resistió a fijar audiencia hasta que quedó en evidencia”. Respecto a Moldes, se dice que en el expediente que tramita el juez Ariel Lijo, “ante el sobreseimiento de un grupo de imputados la querella apeló la decisión pero fue nuevamente abandonada por los fiscales” (Página/12, 8/2).
La historia de estos fiscales no se reduce a la Causa AMIA. En el proceso armado contra los 13 sobrevivientes del ataque al cuartel de La Tablada en 1989, los fiscales desacreditaron las denuncias por torturas de los prisioneros y bloquearon la investigación por el fusilamiento y la desaparición de detenidos con vida. Entre ellos estaba Raúl Pleé y Juan Martín Romero Victorica, otro de los estuvo en la marcha del 18F. Carlos Stornelli, ex ministro de seguridad de Scioli (hoy suena como afín al macrismo) también tiene su trayectoria. Su rol en la causa del ´complot´ contra De La Rúa lo pinta de cuerpo entero. Usó como “prueba” una hoja del cuaderno de Carlos “Petete” Almirón que encontraron en su mochila cuando fuera asesinado por los uniformados el 20 de diciembre de 2001. Era un apunte para una charla de formación sobre el “cambio social”. Respecto al fiscal José María Campagnoli, el 17 de junio pasado fue denunciado por la CHA por usar en casos jurídicos un álbum de más de 1500 fotos de personas en las que están incluidas personas travestis y trans. Según apuntaron " casi todas las personas fotografiadas en el libro del restituido fiscal José María Campagnoli son identificables. No se trata de un libro de fotos con gente anónima de otra parte, de otro tiempo o de otra época. Es gente del barrio, eso significa que si alguien por confusión señala una foto del libro a esa persona le abren una causa penal. Esta práctica está prohibida por la ley de Habeas Data”.
Una casta privilegiada que el pueblo no elige
En la pelea abierta entre el gobierno y un sector de la casta judicial la “democratización de la justicia” ha sido el slogan del kirchnerismo. En realidad el oficialismo se propone mantener el statuo quo de la corporación judicial y sus vínculos con los servicios de inteligencia. En La Izquierda Diario hemos planteado que la reforma de inteligencia mantiene el artículo 4, el mismo por el que durante años la ex SIDE puede investigar a pedido de un juez y así colarse en cualquier causa como ´auxiliar de la Justicia’, alimentando la relación “non sancta” con jueces y fiscales.
Hemos denunciado también el sistema que utilizaron los Kirchner y todos los gobiernos constitucionales mediante el cual, apoyándose, en espías del prontuario de Stiusso, distribuían discrecionalmente fondos millonarios entre magistrados y funcionarios políticos para armar "causas". Las reformas que propuso el gobierno nunca apuntaron a tocar los privilegios de la corporación judicial mientras la oposición patronal siempre defendió a esta casta tal cual está. Respecto al sueldo de jueces y fiscales, según los últimos datos públicos disponibles (abril del año pasado), está arriba de los $60.000 y exento del impuesto a las ganancias. Sus subas salariales están enganchadas a las decisiones de la Corte, que maneja el presupuesto.
Tanto el gobierno como la oposición mayoritaria son enemigos jurados de medidas elementales para terminar con una casta oligárquica, cuasi medieval. La izquierda plantea el cese en sus funciones de todos los magistrados vitalicios que fueron elegidos por peronistas, radicales o por la propia dictadura genocida y propone la elección popular de todos los jueces, que ganen lo mismo que un docente y que sus cargos sean revocables; con juicios cuyo veredicto sea dictado por jurados populares.
Para lograrlo sabemos que la principal herramienta que tenemos es la movilización en las calles. Este 24 de Marzo propondremos a toda la izquierda y a las fuerzas independientes de estos bandos capitalistas que levantemos juntos estas banderas contra la casta judicial que sumamos a la lucha por el juicio y castigo a los genocidas, contra la criminalización de la protesta, la exigencia de apertura de los archivos de la SIDE y todos los servicios de inteligencia y una comisión investigadora independiente para descubrir la verdad sobre el atentado de la AMIA y la muerte de Nisman; y para que se vaya el genocida Milani hoy al frente del aparato de Inteligencia al que apuesta el gobierno.
