Tandil. Juicio por Caso La Huerta: doce años de lucha por Memoria, Verdad y Justicia

"La Huerta", el centro clandestino de detención que funcionó en las afueras de Tandil, es símbolo de un período oscuro en nuestra historia. Los acusados—militares, policías y civiles—son responsables de crímenes atroces en perjuicio de 109 víctimas, que sufrieron en un contexto de violencia sistemática bajo la última dictadura. Este juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y va más allá de un simple proceso judicial; representa un acto de memoria colectiva y un intento de reivindicar a quienes fueron silenciados.

Sin embargo, el camino hacia la justicia ha estado plagado de dificultades. Uno de los principales obstáculos que intentan sortear el fiscal Santiago Eyherabide junto con los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, quienes el viernes pasado jugaron un rol destacado intentado reconstruir los hechos ha sido, como en muchos otros juicios de lesa humanidad, por la falta de documentos esenciales que deberían haber sido presentados como prueba. Estos documentos, que constan de los períodos en que los acusados ejercieron funciones, han desaparecido misteriosamente, evidenciando un intento de obstrucción a la justicia que no puede ser pasado por alto.

La exigencia de apertura de archivos sobre la represión se ha convertido en una demanda fundamental de las organizaciones de derechos humanos, que sostienen que la falta de acceso a estos documentos impide el esclarecimiento total de los crímenes cometidos durante el Plan Cóndor, una coordinación represiva durante las dictaduras del Cono Sur. En algunas causas se ha logrado demostrar que esos archivos existen.

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Cada uno de los acusados en este juicio tiene un nombre y un rostro y detrás de ellos hay historias de dolor, pérdida y resistencia. Las 109 víctimas de "La Huerta" representan a miles que, durante la dictadura, sufrieron torturas, desapariciones y asesinatos. La búsqueda de justicia es un derecho fundamental y una obligación del Estado, además de un homenaje a aquellos que lucharon por un futuro más justo.

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La sociedad argentina debe permanecer alerta y activa. La conclusión de los alegatos presentados no es motivo de desánimo, sino un llamado a la acción. La historia de "La Huerta" no puede quedar en la impunidad; el camino hacia la verdad sigue firme. Las demandas de apertura de archivos y de justicia se entrelazan, y son cruciales para poder reconstruir el pasado y dar respuestas a las familias de las víctimas.

En diálogo con La Izquierda Diario, Petra Marzocca, referente del grupo “Memoria por una vida en democracia” destacó que “la importancia de este juicio también es por un lado entender que el genocidio en nuestro pais fue en un plan digitado para derrotar a una generación que peleaba colectivamente por una sociedad más justa y avanzar sobre los recursos de latinoamérica. Cuando quieren hacer avanzar el individualismo tenemos que seguir destacando que la salida es colectiva. No se trata solo de pedir justicia por el pasado o de hacer memoria solamente, sino de hacer más fuerte la misma pelea sin estar desarticulados peleando cada uno y cada una por su pequeño y propio espacio. La unidad, la salida colectiva y la pelea en el presente con las lecciones del pasado son lo más importante.”

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La lucha por justicia en este caso es una lucha por la memoria, por los derechos humanos y por un futuro en el que tales atrocidades no se repitan. Aunque han pasado doce años, la esperanza de justicia sigue viva y es necesario transformarla en organización porque no son “cosas del pasado”.

El gobierno nacional vuelve a insistir con discursos negacionistas, visitas a genocidas y con un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador a las órdenes del FMI, los mismos que junto a empresarios, clérigos y civiles llevaron adelante el genocidio en nuestro pais. Enfrentar el negacionismo en última instancia es luchar por memoria, verdad y justicia.