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Red Internacional
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Criminalización de la protesta. Jujuy: Morales ordena investigar a diputadas solidarias con familias del barrio Campo Verde

Lo anunció el Fiscal de Estado, el Dr. Mariano Miranda quien sostuvo en conferencia de prensa que solicitaron investigar a las diputadas Natalia Morales, del PTS/FIT, y Alejandra Cejas del FdeT, como también al abogado Héctor Huesped, acusados de ser autores intelectuales del delito de usurpación de tierras e instigación en el barrio de la capital jujeña. Este hecho grave se da como parte de la escalada represiva y persecutoria por parte del gobierno provincial a los sectores que luchan por sus derechos y quienes se solidarizan.

Lunes 15 de marzo de 2021 14:07

Luego de la represión policial el lunes 8/3 a vecinas y vecinos del barrio Campo Verde por defender un espacio verde de la comunidad que vienen sostenido desde hace más de 30 años, Gerardo Morales profundizó su accionar represivo y de criminalización a los que defienden sus derechos y a quienes se solidarizan.

Al encendido y violento discurso contra las familias del barrio, que realizó el gobernador Gerardo Morales a horas de la represión, y a metros de la cancha que defienden los vecinos, con un despliegue policial de cientos de efectivos, se suma una campaña de demonización a quienes apoyan el reclamo genuino de las y los vecinos, tanto por medios oficiales locales y hasta a nivel nacional.

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A la vez, el gobierno provincial a través de Fiscalía de Estado actúa como querellante ante la causa penal iniciada en el Ministerio Público de la Acusación por los delitos de usurpación de tierras e instigación. Mariano Miranda, fiscal de Estado, afirmó en conferencia de prensa ante distintos medios locales, que solicitaron la investigación de las diputadas Natalia Morales, del PTS/FIT y de Alejandra Cejas, del FdeT, como también a Héctor Huesped, abogado de las y los vecinos del barrio Campo Verde y 9 de Julio. También informaron que iniciaron causas contravencionales a distintos integrantes del barrio.

Este accionar no es un hecho aislado, ya que días previos la ministra de educación amenazó con causas penales a madres y padres que vienen denunciando las pésimas condiciones de las escuelas y falta de maestros ante el inicio de clases como en Coranzuli y Perico. También hubo contravenciones para quienes se crucificaron en La Quiaca para visibilizar el grave estado del sistema público de la salud, además de las denuncias de despidos arbitrarios y persecución a trabajadores esenciales, como también el amedrentamiento policial a manteras y vendedores ambulantes.

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Hay que sumar la represión policial a diputados del Frente de Izquierda y trabajadoras presentes que denuncian que Gerardo Morales, sus diputados y aliados del PJ proscriben a la izquierda e impiden la asunción desde el mes de mayo del 2020 de Gastón Remy como diputado.

A su vez, Remy y el Frente de Izquierda recibieron la semana pasada una denuncia contravencional por la acción realizada el 17/12 en la Legislatura para exigir que se garantice la voluntad popular de más de 60 mil personas. Por si fuera poco, el accionar contra la diputada Natalia Morales se da luego de que con Gastón Remy presentasen una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación ante la represión sufrida y por el impedimento de ejercer sus funciones como diputada.

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En el caso de Campo Verde las y los vecinos del barrio vienen dando cuenta del importante rol que cumple para toda la zona la cancha de fútbol y el espacio de recreación de las familias, donde el gobernador Gerardo Morales busca construir una escuela sin consentimiento para hacerla en el lugar, desestimando otras propuestas realizadas desde hace años por la comunidad.
Se vuelve necesario la coordinación y unidad de los sectores agraviados para enfrentar el régimen policíaco de Morales y sus aliados del PJ. Hay que frenarlos.