Legislatura. Jujuy: Ordenamiento territorial a favor de los empresarios y las multinacionales

El oficialismo usó su mayoría en la legislatura para aprobar sin ninguna discusión y debate en comisión este año, la Segunda actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que la provincia de Jujuy debe realizar cada cinco años como establece la Ley N° 26.331 – Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. Esta aprobación se da a dos años de una Audiencia Pública donde distintos sectores expresaron el rechazo al relevamiento, sin embargo y a pesar de los cuestionamientos, el gobierno avanzó con el mismo violando la misma Ley, y dejando fuera zonas boscosas vulnerables a la explotación minera, el avance de la frontera agropecuaria y del negocio inmobiliario. Un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos al servicio de los empresarios y multinacionales.

Hecha la Ley, hecha la trampa

Pasaron diez años de la aprobación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, y si bien es una ley progresiva para la protección de los mismos, la misma no se cumple. No han cesado los cuestionamientos debido a su aplicación irregular como el avance de los desmontes en zonas prohibidas, la asignación de presupuestos para la conservación de los bosques nativos muy por debajo de lo establecido por la ley y que los mismos no llegan a las comunidades indígenas y se distribuyen mayormente entre propietarios privados y empresas, y la falta de información sobre las penalidades aplicadas a quienes incumplen con los respectivos planes de OTBN.

La no incorporación de zonas boscosas a proteger, o catalogar los mismos por fuera de las zonas rojas de máxima protección en los mapas de ordenamientos territoriales, muestran las trampas garantizadas por el mismo estado nacional y provincial a favor de los intereses y corporaciones empresariales y contra las comunidades indígenas, organizaciones campesinas y ambientales. El gobierno genera supuestos procesos participativos que no tienen en cuentan las denuncias y propuestas de los sectores afectados o de los especialistas en el tema, y peor aún utilizan los mismos para hacer de la protección un negocio mientras avanza la frontera agropecuaria y la megaminería.

El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Jujuy a espaldas de las comunidades indígenas, campesinas y contra la biodiversidad

El pasado miércoles se aprobó en la legislatura de Jujuy la Ley Nº 6.097 de Actualización del Ordenamiento Territorial Adaptativo de Bosques Nativos. La actualización tuvo varios cuestionamientos ya que pone en peligro la preservación de bosques nativos en la provincia, muchos en peligros de extinción como los bosques de queñoa, como también los derechos territoriales de campesinos y pueblos originarios.

El caso del pueblo Ocloyas, que realizó su propio OTBN, fue desconocido por el mismo gobierno y legisladores del oficialismo y el PJ, o de otras comunidades indígenas, como lo expresó la Asamblea de Comunidades Indígenas de Jujuy, no fueron parte de ningún proceso de Consulta, previa, libre e informada que sea vinculante como establece la legislación nacional y tratado internacionales de derechos indígenas.

Las comunidades de Abralaite y Quebraleña, en la puna jujeña, denunciaron que los bosques de queñoas (Polylepis sp.) de sus territorios no fueron incorporados al mapa del gobierno como también un bosque de queñoa ubicado en la sierra del Aguilar, donde precisamente hay ocho pedimentos mineros de la empresa multinacional suiza Glencore Xstrata, como denunció una especialista en el tema.

Organizaciones campesinas como la de Perilagos - MNCI, denunciaron el avance del negocio inmobiliario en zonas amarillas del OTBN, que existen en esos territorios, donde el mismo gobierno desafectó esa área de reserva para el avance del negocio inmobiliario - Ley 6.049 y la expulsión de las familias campesinas, además de los demontes llevado adelante en Palma Sola. Algo similar, y de mayor gravedad, se denunció recientemente por la Asamblea en Defensa del Parque Nacional Calilegua, donde el gobierno junto a la Administración de Parques Nacionales y la Secretaría de Ambiente, desafectaron 1000 ha del Parque Nacional, para la remediación y cierre de pozos petroleros, sin plazos ni un plan serio, violando la misma Ley Nacional de Parques, la de Hidrocarburos, pero también la Ley 26.331

La incorporación de zonas grises en el mapeo, que no contempla la Ley Nacional, donde el gobierno sin ningún tipo de consulta las identifica como zonas alteradas y urbanizadas, y que coincide precisamente con zonas de conflictividad entre empresarios y organizaciones indígenas y campesinas como denunciaron en el caso del pueblo Ocloya y donde avanza la frontera agropecuaria.

Como mencionamos en la Legislatura jujeña este accionar por parte del gobierno y la oposición del PJ muestra claramente que la conservación es un negocio para seguir beneficiando empresarios y terratenientes y que lejos está de poder proteger bosques nativos en peligro por el mismo avance de la frontera agropecuaria y del negocio de la megaminería o del turismo, y menos de respetar los derechos de las comunidades originarias, campesinas o la biodiversidad. Nada dijo el gobierno de lo que denuncian distintas organizaciones que en la provincia se perdieron 50 mil ha de bosques nativos y 22 mil ha fueron incorporadas para el uso productivista en la provincia.

Es necesario la más amplia unidad, coordinación y acción de todos los sectores involucrados como las organizaciones indígenas, campesinas, trabajadoras y trabajadores y los sindicatos para poder echar atrás el accionar del gobierno, la oposición del PJ, al servicio del negocio de multinacionales y terratenientes, que se intensificará como parte del saqueo en curso.