El Ministerio de Educación convocó a jornadas institucionales, por fuera del anuario escolar, para el próximo lunes para dar un tratamiento “expres” al ante proyecto de nueva grilla de calificación docente. No se otorga el tiempo necesario para una reflexión profunda y participación real de la docencia en un proyecto con marcado carácter mercantilista. Una mirada alternativa.
Sábado 26 de marzo de 2022 18:02
La jornada para la discusión de la nueva grilla de calificación docente se convocó durante la semana, publicando una serie de documentos sin la suficiente antelación para la reflexión y participación del conjunto de la docencia. Se difundió un comparativo con el anteproyecto de grilla de 2019, donde se modificarían varios de los puntos que fueron rechazados y que llevaron a la movilización en ese momento, lo que demuestra que la lucha sirve. Sin embargo, no puede discutirse la grilla por fuera del plan hacia el conjunto de la educación y el carácter mercantilista del mismo.
Las conducciones gremiales jugaron un rol legitimador del proceso de discusión de esta grilla que ahora el Ministerio quiere mostrar como “democrático y consensuado” al participar de distintas reuniones con técnicos, a espaldas de los y las docentes y sin hacer asambleas ni ningún tipo de convocatoria para desarrollar un profundo debate democrático y acciones de lucha para terminar con los ataques a la educación pública, en el marco de otra paritaria cerrada unilateralmente por el gobierno. Las conducciones no volvieron a llamar ni a asambleas ni a medidas de lucha.
Desde la agrupación 9 de abril proponemos que en cada escuela se transforme la jornada en una asamblea, o se tome un momento de la misma para que se pueda debatir y sacar un pronunciamiento de rechazo, exigiendo a las conducciones sindicales que impulsen y convoquen asambleas generales y por escuelas para seguir organizados. Plantear el rechazo de la grilla, bajo estas condiciones que no permiten un debate profundo y serio, no va en contra de estar abiertos a la discusión seria de la misma, para lo cual creemos que debe habilitarse por parte del gobierno y organizado por los sindicatos y docentes de toda la provincia, espacios de discusión de la grilla. Ya que existe un proceder antidemocrático para una normativa que dictamina aspectos relevantes de la carrera docente; del ingreso y la permanencia.
En este sentido, solicitamos también se haga una consulta a especialistas en Ciencias de la Educación de las Universidades Nacionales y exista un estudio comparativo con las leyes de otras provincias. Este proceso debería culminar en un Congreso Pedagógico con delegados escolares, de la comunidad educativa y especialistas para discutir no solo la grilla de calificación sino también el conjunto de las problemáticas que cruzan a la educación pública.
Estas propuestas las planteamos en reunión de delegados y docentes del CEDEMS y forman partes de las resoluciones y fundamentos que se esgrimieron como parte de llamar a rechazar esta nueva imposición.
Si bien hay particularidades por nivel y se debe discutir en cada caso, es necesario un rechazo unitario al sentido más profundo de este ante-proyecto.
No es solo la grilla
El ante-proyecto de grilla de calificación no puede analizarse aisladamente de la política educativa de conjunto del gobierno de Morales. Por un lado, no se puede obviar que esta grilla sería aplicada por Juntas de Calificación formadas a partir de la ley 6118 que otorga mayoría a los vocales del gobierno y los vocales docentes ni siquiera pudieron ser elegidos al suspenderse eternamente las elecciones. En el caso de la educación terciaria, con la creación de la sala superior y técnico superior se perdió autonomía de los IES.
Por otro lado, hay que tener un análisis integral en cuanto a lo que es el proyecto educativo de conjunto que se basa en una creciente precarización y flexibilización de la labor docente (lo que se profundizó en la pandemia), con recargo de tareas por cada vez menor remuneración. Muestra de esto es el avance de tipos de contratación precarias, monotributo o los cargos ITL que violan el derecho a la estabilidad laboral. Es decir, se avanza en una mano de obra cada vez más flexible a la orden de las necesidades del mercado.
El resultado de esto es una creciente fragmentación entre los trabajadores de la educación: de los 20000 docentes que se calcula hay en la provincia: una parte debe sobre-explotarse para llegar a fin de mes, otra parte solo accede a trabajo precario y flexibilizado y otra gran parte queda fuera del sistema. Sobre esta fragmentación el gobierno basa su estrategia de divide y reinarás.
El proyecto de grilla en sus aspectos ideológicos de fondo forma parte de una lógica de entender a la educación como un área más de mercantilización y negocios. Desde los 90 se habla en términos de gestión eficiente de los recursos para alcanzar “calidad educativa” como si la educación fuese una empresa. Se habilita la intromisión a través de convenios con el Ministerio de Educación de grandes empresas como por ejemplo Ledesma, con injerencia para incidir en los proyectos educativos de acuerdo a sus intereses particulares.
La calidad educativa, se transforma, así en algo “medible” por evaluaciones externas y estandarizadas, sin atender las particularidades de provincias y/o regiones.
¿En qué sentido el proyecto de grilla forma parte de esta lógica de cómo entender la educación? Si bien el nuevo proyecto sacaría los elementos más polémicos y rechazados del proyecto del 2019, mantiene sus aspectos de fondo. La llamada formación continua frente a los cambios tecnológicos y comunicacionales permanentes, es planteada desde la lógica del mercado. Así, la formación permanente que es algo a lo que la docencia nunca se opuso, es utilizada por un lado para fomentar el negocio de los cursos y capacitaciones pagas y por otro para atacar derechos adquiridos como la estabilidad laboral. Es decir, como la formación tiene que ser continua, se propone la flexibilización permanente como política de Estado: contratos, monotributo, ITL.
Así, el proyecto de grilla entra en estos parámetros afectando al conjunto de la docencia: a los que están dentro del sistema desvalorizando la trayectoria y experiencia laboral y a quienes no ingresan al sistema condenándolos al mercado de cursos y capacitaciones para acceder al puntaje necesario para ingresar.
En este sentido, otro aspecto a poner en discusión es como se determinan los entes capacitadores, ¿Quién controla la propuesta de capacitación? ¿Quiénes ganan con el negocio de los cursos y capacitaciones pagas? Nada de eso se establece claramente en la grilla.
No hay que olvidar que en 2019 se intentó poner fecha de vencimiento a las capacitaciones, sin ningún tipo de argumento pedagógico ni científico. El conocimiento se adquiere, no tiene vencimiento. También se intentó instaurar una serie de reducciones en base a penas y castigo. Si no pudieron avanzar es porque la lucha del 2019 estableció una relación de fuerzas para que no lo hagan. Aunque mantiene aspectos discriminatorios como otorgar más puntaje a las titulaciones adquiridas en la provincia. Cuestión que tampoco cuenta con fundamentos serios desde lo pedagógico, al ser títulos con validación nacional. Sólo es demagogia.
En este sentido, hay que continuar ese camino y profundizar la organización desde cada escuela, con asambleas democráticas que resuelvan los pasos a seguir y desde donde construir la fuerzas necesaria para el rechazo a esta nueva imposición, la exigencia de una discusión realmente democrática que culmine en un Congreso Pedagógico y la exigencia a las conducciones gremiales a que dejen de discutir dando la espalda a la docencia y convoquen a un plan de lucha.
