Ultraderecha y Resistencia Juvenil Cochala. La Amenaza de los Grupos Paramilitares en Cochabamba

La “resistencia” juvenil cochala (RJC) es una agrupación ultraderechista paramilitar, que operó bajo el financiamiento y en coordinación con los aparatos represores, empresariales, cívicos y sectores políticos más conservadores del departamento de Cochabamba durante el Golpe de Estado de 2019 y a lo largo del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

Durante dicho periodo, esta organización protagonizó con impunidad, múltiples acciones violentas, criminales y racistas en los municipios de Cercado, Quillacollo, Vinto y Sacaba.

En los meses del golpe, bajo pretexto de la “defensa de la ciudad y la democracia”, esta organización criminal se consolidó como el brazo armado de sectores reaccionarios que buscaban imponer sus intereses económicos y su agenda política.

A pesar de los procesos legales y las sentencias judiciales en julio del presente año, Milena Soto, cabecilla de esta organización, convocó abiertamente a la rearticulación de este grupo paramilitar en un “cabildo de motos”, con la finalidad de masificar el “Cabildo por la Cochabambinidad”, realizado ayer e impulsado por sectores cívicos y empresariales, encabezados por la Cámara de Comercio Industria y Servicios del departamento (ICAM), en busca de reorganizar a la ultraderecha local.

La rearticulación de la RJC es una reacción a los bloqueos impulsados por el Pacto de Unidad y el autodenominado “Estado Mayor del Pueblo” pertenecientes al ala Evista del Movimiento al Socialismo (MAS), que desde hace 13 días bloquea las principales rutas terrestres de Cochabamba, exigiendo un conjunto de demandas populares ante la crisis económica (falta de combustibles, el incremento de la canasta familiar, falta de dólares), la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y el adelanto a las elecciones generales. No obstante, subyace también el reconocimiento del Congreso de Lauca Ñ, la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial y dejar de lado los procesos judiciales en curso por los delitos de estupro, trata y tráfico de personas que pesan sobre el ex mandatario del país.

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El fenómeno en curso aglutina a la RJC y otros grupos reaccionarios, evidenciando el retorno de la derecha tradicional al uso de métodos fascistas, normalizando la violencia reaccionaria y consolidándose como herramienta de la clase dominante para dirimir y disputar procesos políticos y sociohistóricos. Una muestra de esa regresión a la violencia de 2019 se dio con los recientes ataques a la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico, ocurridos la noche del viernes, que terminó en el saqueo de dicha sede, ante la presencia de la policía boliviana.

Nos encontramos en una coyuntura política donde la ultraderecha necesita exacerbar las diferencias con “el otro”, explotando la idea de que el enemigo es “indio, cholo, chapareño, bloqueador, defensores de pedofilos, salvajes, narcotraficantes, responsables de los incendios”. La división entre la ciudad y el campo, de lo urbano y lo rural, entre ciudadanos de primera y de segunda, ha sido un aspecto característico en el “Cabildo por la Cochabambinidad”.

En ese contexto y ante el peligro que representa la RJC, servil a los intereses de la burguesía y sectores reaccionarios, nos posicionamos en contra de cualquier actividad impulsada por estos grupos irregulares. Además, denunciamos que el avance de estas tendencias de ultraderecha constituye una amenaza a todos los derechos conquistados por los sectores populares, como al derecho de organización y el derecho a la protesta.

Asimismo, repudiamos la represión policial y movilización militar para intervenir los puntos de bloqueo, acciones que ya han producido varios heridos, detenidos y la muerte de una persona mayor a causa de la intensa gasificación en Parotani. Estas acciones van en concordancia con las amenazas fascistoides de estos grupos paramilitares que repiten su nefasto papel en el golpe de Estado de 2019.

Frente a la crisis que venimos afrontando, recalcamos que la salida no es por derecha, como estos grupos pretenden exaltar. Al contrario, una salida a la crisis económica que vivimos pasa por la nacionalización de la banca, el monopolio estatal sobre el comercio exterior y la nacionalización, bajo control obrero colectivo, de todos los sectores y empresas estratégicas.

La necesidad de la autoorganización de la clase trabajadora, con independencia política de las variantes burguesas y de la pugna interna del MAS, es una tarea urgente ante los últimos hechos registrados la pasada jornada.