La Fiscalía incluyó inicialmente las acciones de los grupos ecologistas Extinction Rebellion y Futuro vegetal, y de otros grupos de izquierdas y antifascistas en el apartado dedicado al terrorismo. Después desmintió que sean considerados grupos terroristas a pesar de registrar sus acciones en ese capítulo, siendo un nuevo episodio de la criminalización de la protesta por parte del gobierno “progresista”.
Jueves 14 de septiembre de 2023
El Ministerio Fiscal recoge un total de 26 acciones realizadas por Extinction Rebellion y Futuro Vegetal dentro del capítulo dedicado al terrorismo en su memoria anual. En este mismo capítulo también figura la “izquierda radical”, el movimiento antifascista y el “anarquismo insurreccionalista”, a los que califica como “amenazas”, pese a que las infracciones reseñadas en el informe solo comprenden daños materiales, como pintadas en espacios privados o públicos, y manifestaciones “ilegales”, es decir, no registradas previamente o que no se disuelven en el momento o lugar acordado.
Por supuesto, un par de pintadas y alguna manifestación no comunicada a Delegación de Gobierno distan mucho de ser una “amenaza terrorista”, pero aun así este gobierno, tan preocupado que se dice con la transición ecológica y las políticas verdes (solo si eso implica darle dinero a empresas que especulan con el precio de la energía como Iberdrola o que refuerzan el imperialismo extractivista del Estado español, claro), no duda en seguir criminalizando la protesta social y calificando de “terroristas” a grupos ecologistas en medio de la acuciante crisis ecosocial, que nos ha dejado el verano más cálido de la historia.
Aunque ahora la Fiscalía ha reculado, protagonizando una recogida de cable que deja bastante que desear (“quizá el apartado de ‘terrorismo’ no era el mejor donde situar esta posible ‘amenaza’”), probablemente por presiones externas que han denunciado, como Amnistía Internacional, el grave atentado contra las libertades democráticas que supone calificar el activismo ecologista de “terrorismo”, no deja de ser una maniobra que se enmarca en una serie de tendencias al aumento de la represión y de la criminalización de la protesta que es preciso señalar y combatir.
Volviendo al informe de la Fiscalía, también hay un espacio para la violencia de extrema derecha, la cual, sin embargo, no aparece calificada como “actividad terrorista” pese a que las acciones reseñadas incluyen delitos como la incautación de armas blancas, lesiones con agravante de odio o pertenencia a grupos criminales. No, ni el PSOE ni el neorreformismo de Podemos o de Sumar venían a parar a la ultraderecha, por si quedaba alguna duda.
Llama también la atención el hecho de que sea también a los movimientos y colectivos del primer grupo (anarquistas, grupos de izquierdas, ecologistas y movimiento antifascista) a los que se recomiende vigilar exhaustivamente. Aunque para esto no ha hecho falta esperar a que lo sugiera la Fiscalía, puesto que ya son seis los casos de policías infiltrados en movimientos sociales en el último, habiendo sido víctima de estas también los grupos ecologistas recogidos en la memoria de la Fiscalía, Extinction Rebellion y Futuro Vegetal
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De esta forma, se allana el terreno para un aumento de la represión en un contexto en el que la conflictividad social puede ir en aumento, en el que la emergencia climática se agrava, y las medidas sociales que los gobiernos de la clase dominante pueden llegar a emprender cada vez tienen menor margen de maniobra. De hecho, no tardarán en llegar los ajustes que el gobierno” progresista” ha pactado con la Unión Europea.
Y al igual que la Ley Mordaza nació como una ley antiterrorista, pero ha terminado siendo un instrumento represivo perfecto; lo mismo ocurre con calificar como “terrorismo” las acciones de diferentes grupos y movimientos de izquierdas: se está abriendo la puerta a que la represión se endurezca y, además, con la justificación a priori de mantener la “seguridad ciudadana”.
Analizando estos casos es que cobran especial sentido las posiciones antipunitivistas que, por ejemplo, mantuvimos desde Pan y Rosas frente a la Ley Solo sí es sí, ya que se ve más claro que nunca que el Estado, que no es neutral sino que sirve a los intereses de los capitalistas, va a utilizar todos los medios represivos posibles a su favor, por lo que reforzar las herramientas a su alcance nos juega siempre en contra a la clase trabajadora y los movimientos sociales.
Lo mismo ha ocurrido con mecanismos de la legislación como el delito de odio. Ya que es el propio Estado quien debe calificar qué es y qué no un discurso de odio, lo que podía ser un logro fruto de la lucha y la movilización social para “proteger” legalmente a los sectores oprimidos y que es vendido en todo momento por el “progresismo” como un arma al servicio de estos sectores, en realidad termina siendo una forma de vender una mayor confianza en esta justicia para ricos en la disciplina del Estado que usará contra los propios movimientos sociales.
Así se explica que se calificara como delito de odio el intento de activistas LGTB de impedir el paso del bus tránsfobo de Hazte Oír en 2017 o el que pueda considerarse como delito de odio los insultos a la policía o incluso a nazis. Lo mismo ocurre con la idea de que el problema de la ultraderecha se solucionaría con la ilegalización de partidos como VOX o grupos de ultraderecha como Desokupa, porque, una vez establecido en la legislación, ¿qué impediría al Estado ilegalizar también a partidos de izquierdas o que cuestionen mínimamente el Régimen del 78 o a grupos que ya hoy la Fiscalía recomienda vigilar por “amenaza terrorista”?
Toda medida que fortalezca al Estado y su poder represivo contra las libertades democráticas, aunque pueda causarle molestias temporales a la derecha, será más temprano que tarde utilizada contra los sectores oprimidos, la clase trabajadora, los movimientos sociales y sus organizaciones. A lo que se añade el hecho de que el marco punitivo es donde más cómoda se encuentra la derecha para desplegar sus discursos securitarios.
Y lo cierto es que el gobierno “progresista” de represión sabe bastante.
En primer lugar, porque no han derogado la Ley Mordaza, pese a sus promesas de hacerlo anteriores a la pasada legislatura, una ley que, recordemos, se ha empleado con una clara intención de perseguir y sancionar la movilización social y el cuestionamiento al Régimen del 78. Prueba de esto es el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel y la persecución al independentismo catalán o a las movilizaciones de la juventud.
En segundo lugar, ha reforzado materialmente los aparatos represivos del Estado, otorgándole a la policía porras de acero y ha contratado a un número histórico de efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En tercer lugar, la brutal represión en la frontera, como la masacre ocurrida en Melilla en la que, hasta Enrique Santiago, del PCE, elogió la labor de las fuerzas represivas.
En cuarto lugar, la introducción en el Código Penal del delito de “desórdenes públicos agravados”, que contempla sanciones para las situaciones en las que, incluso sin violencia, se interrumpa el tráfico o se perturbe de forma relevante la actividad normal de una entidad.
En quinto lugar, la introducción del equivalente universitario de la Ley Mordaza, la LCU. ¡Y cómo olvidar el hecho de que ha sido el gobierno de las políticas “sociales, verdes y feministas” el que se ha dedicado a infiltrar agentes en la izquierda independentista, los sindicatos combativos y el movimiento ecologista incluso a través de relaciones sexoafectivas con mujeres militantes!
Pero la persecución del movimiento independentista y otros movimientos sociales en territorio catalán es particularmente sangrante. Se saldó con los presos políticos del procés, más de 4.000 procesados e incluso montajes policiales como el que se intentó llevar a cabo en 2019 en la que fueron detenidos todos los CDR y se acusó a nueve personas de pertenencia a organización terrorista, estragos en grado de conspiración y fabricación y tenencia de explosivos. Por no hablar de las ya mencionadas infiltraciones policiales y de la dura represión sufrida por defender el derecho a decidir durante el 1 de octubre.
Ahora que Junts parece tener la llave de la revalidación del gobierno “progresista” se ha puesto sobre la mesa la idea de la amnistía, pero en forma de negociaciones por arriba que utilizan los derechos democráticos del pueblo catalán como método para formar un gobierno que deja la autodeterminación fuera del debate y se mantiene fiel a la monarquía.
En cuanto a la amnistía, el PSOE solo la contempla para los dirigentes independentistas; Sumar pretende que se incluya en igualdad de condiciones a los que defendieron el derecho a decidir y a los policías procesados por abrirles la cabeza; y tampoco el partido de Puigdemont está dispuesto a una amnistía que se extienda a todos los represaliados políticos como Pablo Hasel, activistas por la vivienda, sindicalistas, etc. porque en ocasiones fueron los governs procesistas los encargados de la represión.
Precisamente porque no es posible más que una amnistía firmada en despachos y porque la represión se recrudece y afianza con la Fiscalía llamando “terrorista” a todo aquel que cuestione el sistema de forma mínimamente disruptiva, pero también negándoles la amnistía a todos los represaliados por defender el derecho a decidir, es que es necesario que la izquierda anticapitalista, los movimientos sociales y la izquierda sindical impulsemos movilizaciones independientes por todo el Estado con las siguientes demandas, que solo podrán ser impuestas mediante la autoorganización y la lucha:
1) La amnistía total de todas las personas encausadas por luchar o por delitos de opinión, tanto los políticos catalanes y el resto de activistas independentistas, como sindicalistas como los obreros del metal de Cádiz, las personas procesadas del movimiento de la vivienda, los 6 antifascistas de Zaragoza, Hasel o los cientos de jóvenes procesados por manifestarse.
2) El fin de la persecución y criminalización de todos los movimientos sociales, que han incluido prácticas propias de la Dictadura como la infiltración policial. Por la derogación de la Ley Mordaza y todas las leyes liberticidas. Por una investigación independiente, a cargo de organizaciones de Derechos Humanos y represaliados, para el juicio y castigo de todos los represores y sus responsables políticos.
3) En defensa de la plena autodeterminación del pueblo catalán y su derecho a constituirse en un Estado independiente en forma de república, que desde nuestra perspectiva debería ser una república socialista que pudiera ser parte de una federación socialista de repúblicas de la península ibérica.
4) La apertura de verdaderos procesos constituyentes en todo el Estado en los que se pueda poner fin a la Corona y el resto de instituciones reaccionarias del Régimen del 78, así como poder abordar cómo resolver todas las demandas democráticas y sociales pendientes.
