La historia del pueblo romaní es de persecución, pero también de lucha, ¿por qué no te la han contado? En 1749 el rey Fernando VI encargó a sus validos un plan para acabar con la población gitana. Repasamos una de las páginas más oscuras y menos conocidas de esta historia de racismo y resistencia.
Viernes 21 de febrero de 2020
“El deseo de volver a su libertad las hace tan resueltas y despechadas, que es raro el día que no cometen uno u otro atentado, lo que nos induce al prudente recelo de que se extienda su arrojo y temeridad de dar fuego a la Casa para frustrar nuestra providencia”
El miedo se reflejaba en el diario del sacerdote que ejercía de alguacil de carceleros en la Real Casa de Misericordia de Zaragoza. No era para menos. 800 mujeres gitanas se organizaban y peleaban con fiereza para alcanzar su libertad fuera de los muros de esta Casa en 1752, siendo una de las mayores rebeliones contra la Gran Redada de 1749, el intento de Fernando VI y su corte de acabar con la población gitana en el reino.
La llamada Gran Redada es el nombre con el que ha pasado a la historia la Real Orden para la Prisión de Gitanos dictada en 1749, el mayor intento de exterminio gitano de la historia española, aunque no el único. Hasta el momento se han investigado más de 200 disposiciones, leyes, pragmáticas y reales órdenes antigitanas firmadas por las monarquías hispánicas, llegando hasta el siglo XX.
Esta historia se ha recuperado fundamentalmente desde el activismo gitano a partir de la década de 1970 y en los últimos años desde los feminismos y la diversidad sexual romaní, con asociaciones como Gitanas Feministas o Ververipen. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes consultar los trabajos más clásicos de Juan de Dios Ramírez, Teresa San Román, Angus Fraser y Manuel Martínez, o más recientemente de J.A. de la Guía o David Martín para el ámbito vasco.
Los reyes contra el pueblo gitano
La persecución, discriminación y hostigamiento al pueblo gitano no comienza en 1749. La legislación antigitana se remonta a finales del siglo XV, cuando el Estado moderno en construcción desarrolla un nuevo poder disciplinador. La Inquisición se generaliza, la búsqueda de enemigos políticos se multiplica y la monarquía trata de implantar su ley por encima de las leyes de los señores locales.
El pueblo gitano se convierte en sospechoso a los ojos del poder, al estar parcialmente asentado y parcialmente nómada y seminómada, siendo más difícil de fiscalizar y controlar para el Estado. Una de las leyes más represivas se establece en 1539, condenando a cuatro años remando en las galeras del rey a quienes se identificara como gitanos “no asentados”. La esclavitud gitana se extendió por toda Europa, permaneciendo en países como Rumanía o Polonia hasta el siglo XIX.
En el caso de la Monarquía Hispánica nos llegan datos de detenciones masivas en 1571-72 y 1639, con más de 500 personas presas en cada una, así como varios intentos a lo largo del siglo XVIII de forzar la residencia de familias gitanas a través de deportaciones internas. En dos oleadas de deportaciones se señalan 75 ciudades y villas en los años 1730-1740 para recluir a la población gitana, lo que unido al decreto del Vaticano que priva de derechos de asilo en suelo sagrado a romaníes, da las condiciones para que las tropas reales puedan apresar a miles de personas en 1749.
La Gran Redada: la órdenes vienen de arriba
“Se dispondrá la prisión de los gitanos, siendo menester saber las villas en que están y en qué número, para proceder en un mismo día y una misma hora”.
Ésta fue la orden dada a las tropas para ser ejecutada el 30 de julio de 1749. Esa noche, más de 7.000 personas gitanas fueron apresadas, con orden de disparar a quien trate de fugarse. Las detenciones continuarían más de un mes, dando lugar a un total de detenciones que, según las fuentes, oscilan entre las 9.000 y las 12.000.
Fernando VI había encargado al Marqués de la Ensenada y al Obispo de Oviedo el diseño de un plan de exterminio gitano. Tras descartar la deportación a América, decidirán que «después de presas todas las referidas familias, se han de separar los hombres con los muchachos de siete años para arriba, y las mujeres con los de menor edad» para tratar de acabar con toda una generación.
Como recogen los documentos, buena parte de las familias detenidas destacan en oficios, como la artesanía del metal, del cuero y el comercio. Los bienes de las personas detenidas se confiscaron y se subastaron para pagar los costes de su traslado a prisión, siendo generalmente lugares donde la monarquía también trató de sacar beneficio, al ingresar como mano de obra esclavizada.
Algunos de los hombres fueron encerrados en barcos-prisión -uno de los cuales se hundió frente a la costa gallega- ey otros serían enviados a trabajar a la fuerza en los arsenales de Cádiz, Ferrol y Cartagena y las minas de mercurio de Almadén, donde la mortalidad era muy elevada. Los efectos de la Gran Redada duraron hasta después de la muerte de Fernando VI, siendo liberado el último preso en 1767, 18 años después.
A las mujeres y menores de siete años se les encerraría en el Castillo de Santa Pola de Alicante, las Alcazabas de Almería y Málaga, algunos barrios vaciados a la fuerza de esta ciudad, y la Real Casa de Misericordia de Zaragoza. Sería este último lugar el que vería la mayor resistencia a la Gran Redada, por parte de las mujeres gitanas, así como la de las clases populares de Sevilla, que se enfrentaron las tropas para tratar de evitar la detención de 130 familias gitanas en la ciudad.
La lucha de las mujeres gitanas por su libertad y contra las terribles condiciones de la Casa de Misericordia es uno de los episodios de la Gran Redada de los que disponemos de más información, a través de la información recogida por las propias autoridades. En 1752 más de 600 mujeres fueron enviadas desde Málaga a la Casa de Misericordia de Zaragoza, llegando a hacinar allí a 800 personas, ante lo cual el capellán comenta que “la Casa deberá separarlas de los pobres que tiene, para que su mala semilla no corrompa la ignorancia de costumbres en que procuramos mantenerlos”.
Estos testimonios nos permiten ilustrar la resistencia de estas mujeres y niños, que protagonizaron durante años numerosos intentos de fuga, ataques a los carceleros, destrucción de las maquinas telares para trabajo gratuito y motines en las instalaciones. Pero también nos permite entender la naturaleza de las Casas, instituciones municipales en manos de la iglesia, destinadas al control de quienes vivían en la miseria mediante el reparto de sopa con pan, trabajo forzado y prisión de “vagabundos, haraganes, mujeres perdidas y pobres de solemnidad”.
Este intento de exterminio antigitano, tiene también una faceta de explotación económica del trabajo esclavo, como el que engordaba en las colonias las arcas del Estado y de la que será la próxima burguesía española. Mientras las Casas de Misericordia actúan como talleres esclavos y cárceles de pobres, el racismo se suma a los mecanismos que hacen crecer enormes riquezas mientras la población sufre graves hambrunas cuando se especula con el precio de los productos básicos. Todos estos factores nutren un flujo de riqueza que hace posible la “acumulación originaria” de las familias que van a convertirse en los grandes capitalistas modernos.
Frente al borrado de sus crímenes en la historia, recuperemos el testimonio de persecución, pero también de lucha y dignidad que se esconde tras la historia no contada de la Gran Redada. En una época en la que el odio antigitano no es sólo cosa del pasado, sino que se mezcla con el racismo para tratar de dividir a las clases oprimidas, la memoria es una herramienta de lucha.
