En un informe enviado al papa Francisco, la Organización de las Naciones Unidas le exige dar explicaciones, informes y cambios en las normativas con las que tratan los miles de casos de abusos sexuales sobre niñoas, niñas y adolescentes por parte de curas, obispos, monjas y laicos de estrecha relación con la jerarquía eclesiástica. El Vaticano tiene 60 días para responder.
Miércoles 23 de junio de 2021 17:19
A comienzos de esta semana, cuatro funcionarios de Relatorías Especiales de Naciones Unidas enviaron un comunicado al Vaticano donde instan a la "santa sede" a "tomar todas las medidas para frenar y prevenir la repetición de violencia y abusos sexuales contra niños en instituciones católicas. Y asegurar que los responsables responderán por ello y se pagarán indemnizaciones a las víctimas".
Este comunicado se produce en el contexto del debate sobre derechos humanos impulsado por la ONU que se llevará a cabo a fines de junio sobre mujeres, personas con discapacidad, menores y tráfico de personas.
Entre las denuncias de casos de abuso en varios países del mundo, el documento expone una que desde hace años tiene gran repercusión en Argentina: el caso del Instituto Antonio Próvolo (con sus sedes en Mendoza y La Plata).
En febrero de 2020, representantes del Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo y sus abogados Lucas Lecour y Sergio Salinas viajaron a Suiza a presentar la denuncia ante Naciones Unidas, indicando en detalle el accionar de la Iglesia católica en el caso, tanto en las medidas de encubrimiento, obstaculización del proceso judicial y en la no reparación de las y los sobrevivientes.
También denunciaron que no se les ha otorgado ninguna reparación integral a las y los sobrevivientes, quienes llevan esperando mas de un año por ellas.
La ONU afirma en el comunicado enviado a Roma que desde la jerarquía eclesiástica se procuró “proteger a los presuntos autores, encubrir delitos, obstaculizar la rendición de cuentas de los presuntos autores y evadir las reparaciones debidas a las víctimas”, y le da un plazo de 60 días al Vaticano para que responda.
Actualmente en el segundo megajuicio del Próvolo , donde están siendo juzgadas dos monjas y siete colaboradoras del instituto ubicado en Luján de Cuyo, la estrategia de los abogados de las denunciadas es dilatar el proceso judicial, entorpeciendo y presentando nulidades a los jueces con el objetivo de atrasar la condena. Lo que señalan desde la ONU se ejemplifica en el accionar de la Iglesia frente a cualquier caso de abuso sexual eclesiástico.
Otro ejemplo de estos casos, también en Mendoza, está siendo denunciado desde hace algunas semanas por el caso del Monasterio Cristo Orante y el encubrimiento de sus perpetradores por parte de los obispos Marcelo Colombo, Marcelo Mazzitelli y Felipe Braida.
Justamente la Conferencia Episcopal Argentina (órgano máximo de representación clerical en el país), a pocas horas de conocerse la denuncia que el sobreviviente de abusos en el Cristo Orante elevó al Vaticano contra estos obispos, publicó un comunicado dando “total respaldo” a los denunciados.
El comunicado de la ONU expresa la preocupación por el sistema de encubrimiento que garantiza la impunidad de los miembros de la Iglesia, ya sea por el ocultamiento o el traslado a otros países de los abusadores.
¿Qué le exige la ONU al Vaticano?
El papa Francisco deberá responder en 60 días a los pedidos de la ONU. Esta presión ejercida hacia la Iglesia obliga a tomar posición aún a quienes buscan salvar el pellejo de Jorge Bergoglio, mostrándolo como un papa preocupado por el tema. Más allá de los discursos a favor de tomar cartas en el asunto, son los silencios y los encubrimientos sistemáticos del Vaticano respecto a sus crímenes los que deshacen cualquier promesa de autojuzgar a sus ejecutores.
