Brescia, ciudad del norte de Italia ubicada en la región de Lombardía y segundo polo industrial después de Milán, ha sido protagonista de un plan de lucha por el derecho de residencia de los inmigrantes, lo que llaman la "Primavera dei diritti". Este plan ha contado con manifestaciones diarias y dos grandes movilizaciones.
Jueves 16 de abril de 2015
Con el lema "Basta precarietá, permessi di soggiorno subito!" (Basta de precariedad, permiso de residencia ya!), el 21 de marzo la Brescia migrante llamó a manifestar contra el aumento en el número de negaciones a los pedidos de residencia presentados.
Más de mil manifestantes salieron a la calle entre los cuales había trabajadores migrantes, familias, asociaciones antirascistas y movimientos sociales de la ciudad para ponerle un freno al avance de esta política xenófoba. El gobierno de la ciudad encabezado por Emilio Del Bono, del Partido Democrático (PD) del primer ministro Matteo Renzi, actuó desplegando una fuerte represión, hecho que fue respondido por los inmigrantes con acciones en la Piazza Vittoria de la ciudad, luego desalojado por la policía.
Según los datos difundidos por los abogados de la Asociación derechos para todos, que desde hace años se ocupa de la lucha inmigrante en la ciudad, las residencias negadas por el gobierno de Brescia se han duplicado en los últimos dos años (datos que provienen de la jefatura de la policía). En la provincia de Brescia los inmigrantes son alrededor de 200.000 y casi 20.000 de ellos cada año están bajo riesgo de clandestinidad, situación que es convertida en delito y cuyo castigo es la cárcel.
En este marco, el sábado 28 de marzo hubo una gran manifestación que congregó a más de 5.000 personas en defensa de los derechos de los inmigrantes, apoyada por varias comunidades migrantes, por la central sindical CGIL, sección coordinamento inmigrantes, partidos de izquierda y sectores del movimiento NO TAV (Contra el tren de alta velocidad), entre otros. Esta masiva movilización aplastó en número a los pequeños grupos de fascistas que custodiados por la policía y al grito de "Brescia es bresciani, Italia de italianis" quiso impedir la protesta en apoyo de los inmigrantes. La jornada del 28 fue a su vez particular en Italia, ya que contó en Roma con una manifestación de miles de trabajadores y trabajadoras impulsada por la FIOM (metalmecánicos de la CGIL), en la que su dirigente Landini llamó a poner en pie una "coalición social", señalando un proceso de distanciamiento con el gobierno de Renzi, y en Torino se realizó la marcha de la red antirascista contra Salvini, líder de la Liga del Norte ( partido de la extrema derecha) que terminó con enfrentamientos con la policía y varios detenidos.
La "primavera de los derechos" contó con acciones diarias en la Piazza Vittoria, dos movilizaciones masivas en Brescia y una manifestación en la decimoséptima jornada en Roma, en la que consiguieron una entrevista con el representante del Ministerio del Interior, Mario Marconel.
La larga lucha ha llevado a un primer resultado: la apertura de las prácticas de residencia, evitando la expulsión desde el país de inmigrantes y familias que vivían en Italia también desde hace más de 20 años. En estas jornadas se ha puesto de pie la Brescia de los trabajadores migrantes, luchadores que han reivindicado sus derechos contra las leyes rascistas que permiten la criminalización por ser de origen semicolonial. La causa de esta política denigratoria es la ley rascista Bossi-Fini promulgada en el año 2002 bajo el gobierno de Berlusconi. Bossi ha sido el fundador del partido de la Liga del Norte y Fini ministro del interior y líder del partido Alleanza Nazionale (gran aliado de Berlusconi hasta que se dividieron). Esta ley ha ligado el permiso de residencia al contrato de trabajo, en el que sólo quien pueda demostrar tener un trabajo tiene derecho a la residencia, mientras quien no tiene un empleo pierde la residencia y está obligado seguir en la clandestinidad, lo que conlleva a la expulsión inmediata del país.
La crisis económica y la agresión de la política neoliberal se descarga con más crueldad en los sectores más débiles del proletariado: los precarios y los inmigrantes. En la sociedad italiana los migrantes son trabajadores precarizados o sin contrato, que en su mayoría trabajan en los campos de tomate y de naranja del sur de Italia, obreros de la construcción y de las industrias del norte, también son trabajadoras domésticas y badanti (mujeres que cuidan ancianos, cuyo trabajo está en aumento por el nivel de envejecimiento poblacional). Es moneda corriente en sus vidas los abusos por parte de la policía, los chantajes de sus patrones y la criminalización por parte del gobierno.
En materia de inmigración en 1998, bajo el primer gobierno del centroizquierdista Prodi, se votó la ley Turco-Napolitano, la cual instituye los centros de permanencia temporánea (CTP) que fueron convertidos en Centros de Identificación y Expulsión (CIE) por la ley Bossi-Fini. Estos son verdaderos centros de detención donde por primera vez en la historia se encarcelan ciudadanos que no han violado leyes penales. En el 2009 el decreto Maroni, Ministro de Interior y del Trabajo bajo el gobierno de Berlusconi y líder histórico de la Liga del Norte, amplía el tiempo de detención en los CIE de 2 a 6 meses. Hay que destacar que en los CIE muchos de los detenidos son testigos en casos de violencia o abusos y existe un alto índice de suicidio. En estos centros también se dieron manifestaciones, y el personal precarizado de los centros salió a la calle en defensa de los migrantes.
Estas leyes promovidas por una mayoría de gobiernos reaccionarios encajan en el marco de una política europea sobre inmigración legislada por los tratados de Schengen en 1995, con la introducción de controles sistemáticos de sus ejércitos a lo largo del perímetro de los países europeos.
El 3 octubre 2013, en el mediterráneo a lo largo de las costas de la isla italiana de Lampedusa, naufragó una embarcación proveniente de Libia con 545 personas. En esta terrible tragedia social se encontraron muertos en el mar 366 migrantes. Los 155 sobrevivientes fueron indagados y acusados de clandestinidad mientras que la isla de Lampedusa se ha convertido en la principal base de la OTAN en el mediterráneo.
En respuesta a la política imperialista de la UE, las leyes reaccionarias de los gobiernos y la demagogia de los partidos capitalistas, hay que mantener este gran movimiento solidario demostrado en las calles de Brescia extendiéndolo a todas las ciudades para frenar cualquier avance reaccionario, luchando por tirar abajo todas la leyes antiinmigrantes como la ley Bossi-Fini y la abolición de los rascistas centros de identificación y expulsión.
El mejor homenaje que les podemos hacer a todas las víctimas de la tragedia de Lampedusa y de tantas otras embarcaciones que mueren antes del arribo, es levantar bien en alto la lucha en defensa de los derechos de los inmigrantes en Italia y en todos los países de la UE. Esta lucha es parte esencial de la pelea por unir a las filas de la clase trabajadora en todo el mundo, contra el rascismo y la xenofobia que emanan de este sistema de clase, y es una tarea que exige que las centrales sindicales lo tomen en sus manos de manera consecuente.
A la "identidad nacional" burguesa con sus leyes, sus disputas de mercado, ejércitos de dominio y la expoliación imperialista, hay que contraponer la organización, la confraternización y el internacionalismo proletario, en la lucha por gobiernos de los trabajadores y la revolución socialista mundial.