La Legislatura, que sesionó en el ex CCD La Perla, rechazó también el intento de otorgar prisión domiciliaria a casi 100 genocidas. Ambos proyectos fueron propuestos por la legisladora Laura Vilches, del PTS-FIT.
Jueves 22 de marzo de 2018
La Unicameral cordobesa sesionó ayer en el ex Centro Clandestino de Detención La Perla, en los días previos a cumplirse 42 años del golpe genocida.
La Perla, uno de los campos de concentración más grandes de la Argentina bajo la última dictadura militar, fue el lugar escogido por la legislatura cordobesa. En la sesión se votó la modificación a la ley provincial nº 9286, que creó el Archivo provincial de la Memoria, para incluir como sitios de la memoria a los ex CCDs que funcionaron en “Campo de La Ribera” y “La Perla”, además del D2 ya incluido en la ley original. Las modificaciones incluyen, además, la incorporación de un miembro de la CGT Córdoba en la Comisión Provincial de la Memoria.
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Se votaron además, otras dos resoluciones propuestas por la legisladora Laura Vilches y secundadas por otros bloques. Una de ellas referidas al repudio del asesinato de la concejal del PSOL en Río de Janeiro, Marielle Franco; la otra vinculada con el rechazo a la lista propuesta por el Servicio Penitenciario Federal para que más de 100 genocidas obtengan la prisión domiciliaria.
Frente a esta última propuesta que fue votada por unanimidad, hubo sólo dos legisladores que se diferenciaron, en su discurso, del rechazo expresado por la cámara: el legislador García Elorrio de Encuentro Vecinal y Martín Fresneda, jefe del bloque kirchnerista. Este último aseveró que se deben respetar los derechos de los genocidas y atender sus problemas de salud. “Hemos trabajado escuchando testimonios horrorosos, yo no quiero ver pudrirse en la cárcel a nadie, quiero justicia porque lo que nos pasó nos pasó a todos. En la medida que tengan condiciones humanas los represores deben estar en prisión. El horror siempre puede estar muy cerca sino generamos las condiciones adecuadas. La verdad la debemos construir como sociedad”, planteó.
Esta posición es muy similar a la que mantuvo Graciela Fernández Meijide acerca de la posible prisión domiciliaria de Alfredo Astiz. La ex funcionaria de De la Rúa sostuvo en una entrevista radial que “a determinada edad o con enfermedades terminales, mantener a una persona en prisión deja de ser una condena por un crimen y pasa a ser casi una venganza”.
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En la sesión también se hizo presente Jorge “Turco” Sobrado, ex detenido desaparecido en Campo de la Ribera y luego en la cárcel de San Martín. Al terminar la sesión, Sobrado manifestó: “Después de haber escuchado las palabras de los legisladores de Cambiemos, el kirchnerismo y el PJ, creo que tenemos suficientes motivos para marchar este 24 de marzo de manera independiente con los trabajadores de Guma, con los docentes, los que no perdonamos, no nos olvidamos y no nos reconciliamos”.
Para la legisladora Vilches, a 42 años del golpe genocida no sólo hay que movilizarse por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos sino también para seguir exigiendo justicia para aquellos cuyos derechos humanos fueron violados por gobiernos constitucionales como Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Facundo Rivera Alegre y todos los pibes asesinados por el gatillo fácil. “El PJ encabezará la movilización tradicional de los organismos de Derechos Humanos que se convoca en Colón y Cañada, una muestra más de la pantomima que quiere montar este gobierno que ha sido el principal responsable de los casos de gatillo fácil en la provincia, que el año pasado allanó locales sociales y políticos como las de la izquierda. Mantener viva la memoria de los desaparecidos es pelear contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el ajuste que quiere imponer el gobierno de Macri en alianza con los gobernadores como Schiaretti. Contra esos planes peleaban nuestros compañeros desaparecidos y por eso la dictadura y sus cómplices en las empresas, la justicia y la iglesia se ensañaron particularmente con la clase obrera y con las mujeres”.
