Barrios populares. La Villa 31 a un año de pandemia: mismos problemas, ninguna solución estatal

Colchones apilados y algunas pocas pertenencias se acumulan en un rincón de la Villa 31, cerca de un complejo de viviendas construidas por el Gobierno de la Ciudad. Pertenecen a una de las familias que fueron desalojadas por haberla ocupado, por no tener dónde ir. Luego del desalojo de la policía, vuelven a quedar en la calle.

“Ahora estoy en la calle. Me quedé sin trabajo, sin casa, estamos viendo si nos quedamos en la casa de algún vecino. Nadie se quiere hacer cargo. Me quedé sin trabajo porque hoy empezaba, y no pude ir porque me dijeron que tenía a toda la policía enfrente de mi casa. Nos vinimos acá por necesidad y me dejaron en la calle de nuevo”, cuenta a La Izquierda Diario Liz, vecina que fue desalojada hace algunos días de un complejo habitacional ocupado.

La falta de vivienda es uno de los problemas estructurales de la Villa 31, como de todas las villas y barrios populares de la Ciudad más rica del país. Este problema viene hace años, sin embargo se agravó con la pandemia, junto a la agudización de la crisis sanitaria y económica.

Esta situación crítica ya se llevó la vida de cientos en de vecinas y vecinos de estos barrios, como Ramona Medina, de la Garganta Poderosa, o de hace unos días Teodora Olloa, por Covid-19.

Esto se suma a la creciente pobreza y pérdida de empleos durante la pandemia. Muchas familias se quedaron sin trabajo, sin poder pagar un alquiler y también sin asistencia del Estado.

Silvana y Eduardo, referentes de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, denunciaron esta situación y expresaron el reclamo que vienen haciendo al Gobierno porteño:
“Después de un año, la situación es lamentable. Tenemos casos de covid que aumentan día a día, no tenemos asistencia por parte del Gobierno de la Ciudad, se cortó la asistencia alimentaria a los comedores, se cortó la asistencia a los casos estrechos, y de los elementos de higiene que llegaban. La asistencia estatal es nula”, denuncia Silvana. En esta situación de crisis económica, las familias no llegan a comprar ni alcohol en gel, ni barbijos, ni lavandina.

Por eso reclaman que les restituyan y aumenten la asistencia estatal alimentaria, sanitaria y que los vacunen. La ayuda, solidaridad y acompañamiento vienen de los propios vecinos y organizaciones del barrio: “Muchas familias se quedaron sin trabajo, están asistiendo a comedores comunitarios, están pidiendo ayuda a organizaciones sociales. La asistencia llega de parte de las organizaciones, vecinos y referentes organizados, y el Gobierno que es el Estado no garantiza las cosas mínimas de higiene. Ahora estamos exigiendo la vacunación, que nunca llegó a los barrios populares”.

Eduardo, por su parte, reclama que les garanticen las cuestiones básicas a quienes que se tienen que aislar por coronavirus: “El vecino o vecina con covid no tenía la opción de aislarse en un hotel. Tenía que volver a su casa, que podía ser una habitación de cuatro por cuatro, donde comparte baño y cocina con otras familias que están alquilando, y eso es un foco de infección en el barrio. Entonces exigimos que se garanticen hoteles donde se aíslen los vecinos que así lo soliciten. Y también se tienen que garantizar los alimentos e higiene, sino no van a cumplir el aislamiento porque no pueden”.

Ambos denuncian, a la vez que, continúan los problemas de falta de agua que había el año pasado, cuando estuvieron un mes sin agua. Aun hay manzanas que tienen problemas.

Respecto al tema habitacional, hace largo tiempo que vienen organizados y reclamando porque se garantice el derecho a una vivienda digna de los vecinos y vecinas del barrio. Denuncian que el Estado garantiza los desalojos, con policías y órdenes de allanamientos, pero no se encarga de que las familias no queden en la calle sin nada. Les dan subsidios miserables, que no les alcanzan para pagar un alquiler.

“Hoy en día este barrio tiene predios que están puestos para subasta pública. En esos predios, nosotros pedimos que se construyan más viviendas. La realidad es que la ley de urbanización que nos hicieron solo prevé viviendas para el sector del bajoautopista, donde habían familias que fueron relocalizadas en estos complejos, que se construyeron desde 2017 en adelante. Nosotros queremos que construyan más viviendas porque falta población por relocalizar. Falta la población inquilina, los desgloses de familias; hay familias que son históricas en el barrio y hoy lamentablemente sus hijos no pueden acceder a una vivienda y tienen que estar alquilando o viviendo hacinados en las casas de sus padres. Hay 1040 viviendas construidas nada más, que se construyeron solo para el bajo autopista, no se pensó en el resto de la población”.

Hay muchas familias que con la pandemia se quedaron sin trabajo, fueron desalojados y quedaron en la calle, y no les quedó otra opción que ocupar. El subsidio habitacional que les dan es de sólo 8 mil pesos. No les alcanza ni para un alquiler: “¿A qué alquiler se puede acceder hoy en día con esa plata, en esta situación económica? Los están dejando prácticamente en la calle”, denuncia Silvana.

Eduardo agrega: “Acá estamos en un proceso de urbanización hace más de cuatro años, van para cinco. Hicieron un censo entre 2016 y 2017, que ya quedó muy atrás y no hay reclamo para hacer el desglose familias. En el barrio se hicieron solo 1000 viviendas, cuando acá en el barrio la ley 3343, que fue una ley de hace diez años de urbanización, hablaba de 2000 viviendas. El Gobierno de la Ciudad ya ofrece menos, y estamos en una crisis habitacional porque ya somos más de 50 mil vecinos y vecinas que vivimos en el barrio”.

Sin embargo, el Gobierno porteño está lejos de dar respuesta a esta situación crítica que viven las familias de los barrios populares. Por el contrario, viene impulsando la venta de terrenos públicos como en Costa Salguero y los grandes negociados con las empresas constructoras, mientras miles siguen hacinados y en la pobreza, sin una vivienda digna. Así lo muestran en sus relatos Silvana y Eduardo y la realidad cotidiana de miles en la Ciudad.

Las vecinas y vecinos de los barrios populares, junto a las organizaciones sociales, continúan de pie y alzando su voz para reclamar al gobierno que garantice sus derechos básicos.