El gobierno anunció la reducción del impuestos a los automóviles de lujo y rebajó retenciones a las patronales agrarias exportadoras. Mientras, avanza con más ataques y ajuste sobre el pueblo trabajador para garantizar el superávit fiscal que pide el FMI y los bonistas de la deuda. Una agenda económica de la mano del discurso reaccionario de Milei en Davos contra las mujeres y la diversidad sexual.
Miércoles 29 de enero 20:40
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció esta semana que reducirá o eliminará totalmente la alícuota del impuesto a los autos de alta gama, que venían tributando el "impuesto al lujo". La medida regirá desde la semana que viene y no alcanzará a modelos más económicos del mercado que no tributan dicho impuesto.
En concreto, se eliminará una alícuota del 20% que pagaban los autos a precios entre $ 41 y 75 millones, y se reducirá la alícuota para los autos de más de 75 millones, del 35% al 18%. Así también, la medida incluiría una rebaja a cero a los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de menos de U$S 16.000.
"Seguimos bajando impuestos", dijo el ministro en su red social. Pero las medidas favorecen siempre al mismo grupo de ricos y sectores concentrados, mientras al grueso de la población no sólo le aumenta impuestos (impuesto al salario) o mantiene la carga de la mayoría de los impuestos regresivos como el IVA, sino que hace recaer el peso del ajuste con tarifazos, recortes del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, despidos, recortes de áreas clave para la atención de salud de millones de personas, la educación, la vivienda, entre otras.
Desde este lunes comenzó a regir la rebaja de retenciones a las exportaciones de granos y oleaginosas y la eliminación de derechos de exportación para productos de economías regionales como el tabaco, azúcar, algodón, vino, foresto industrial y arroz. La medida dura hasta el 30 de junio y busca el ingreso de divisas que le permita al gobierno "llegar" a las elecciones evitando sobresaltos cambiarios y poder afrontar el fuerte vencimiento de deuda a bonistas extranjeros en julio.
El costo fiscal de la reducción temporaria de retenciones se estima en una suma de unos U$S 800 millones, equivalente a otorgar un bono $170.000 para los casi 5 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
Como contraparte, y para seguir alimentando el relato del severo "ajuste fiscal" y de reforma del Estado para sostener el "superávit" (única ancla real del esquema Milei-Caputo), anunció nuevas olas de despidos en la administración pública y organismos descentralizados y la continuidad del recorte salarial con ofertas magras que destruyen el poder de compra de los estatales. Además de significar un nuevo ataque a miles de familias, de ninguna manera la reducción de la planta estatal representaría un "ahorro" presupuestario semejante al enorme beneficio impositivo otorgado a las patronales agrarias.
El gobierno busca presentar que la situación económica está mejorando, los salarios se recuperan mientras baja la inflación. Pero las familias trabajadoras sienten el peso de la crisis y una realidad en donde es muy difícil llegar a fin de mes. En promedio, en el último año los salarios perdieron un 15% de poder adquisitivo respecto al promedio del año 2023. Y en el caso del sector público, la pérdida real frente a la inflación fue de 22% en el último año. Estas rebajas salariales han representado otro de los mecanismos expulsivos del empleo público porque los salarios quedaron tan retrasados que no permiten en muchos casos cubrir ni un cuarto de la canasta básica, sumado a los miles de despidos y el destrato a los trabajadores que prestan servicios en las dependencias del Estado.
Los recortes del "gasto" se enuncian como medidas de "eficiencia", escondiendo el impacto sobre miles de familias que son beneficiarias de dichos servicios públicos. Como los despidos del personal de salud, el recorte en infraestructura de hospitales, escuelas y vivienda, precisamente en momentos en donde la crisis incrementa las demandas de atención sanitaria. Como por ejemplo, en el caso de los despidos en el hospital de salud mental Laura Bonaparte, imposibilitando la atención a pacientes, el ingreso de nuevos y la continuidad de los tratamientos y servicios.
O, de igual forma, los recortes en educación que siguen poniendo en jaque a la universidad pública y que han significado un brutal ajuste sobre la docencia universitaria nacional. El mismo fue resistido por toda la comunidad universitaria en las calles, por el movimiento estudiantil con tomas y medidas de lucha, y la sociedad en general, en un claro repudio al ataque a conquistas históricas de la clase trabajadora como la educación pública, laica y gratuita.
Asimismo, jubiladas y jubilados resisten como todos los miércoles el ajuste de Milei. Enfrentando la represión policial y el protocolo de Bullrich, no dejan de reclamar por los niveles de miseria de las jubilaciones. La jubilación mínima será en febrero de $ 273.087, que aún con el bono que el gobierno congeló en $ 70.000, llegará a apenas $ 343.087, muy lejos de la canasta de la tercera edad, valuada en más de un millón de pesos ($ 912.584 en octubre de 2024), según la Defensoría de la Tercera Edad.
Es necesaria la unidad y coordinación de todas las luchas y todas las demandas del pueblo trabajador, rechazando los discursos de odio, la discriminación y el ataque a los derechos democráticos, como se expresará muy fuerte este sábado 01/02 en las calles de todo el país. Construyendo desde abajo la resistencia y la exigencia a la CGT y la CTA, que han sido cómplices del brutal ajuste del gobierno nacional, de un paro nacional y un plan de lucha para tirar abajo el ajuste del gobierno y el FMI.
