Política. La corrupción no se puede enfrentar con la persecución política de la casta judicial

“No entiendo porque carajo el pts sale a bancar a cristina. Ni la mano a esa forra. Topadora del salario y vendedora serial de la patria. Que carajo me importa si el juicio está mal o bien. Que se pudra en la cárcel esa burguesa millonaria. Son el enemigo”, respondía alguien en Twitter a un posteo de quien esto escribe denunciando la arbitrariedad del fiscal y del tribunal que enjuicia a Cristina Fernández.

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Error de este tuitero suelto, pero que nos sirve para entrar en la polémica. El PTS no salió a bancar a Cristina. Enfrentamos a este gobierno ajustador, el gobierno de Cristina, Alberto y Massa, en todos los terrenos. Esta ubicación más que evidente –basta leer diariamente las numerosas notas que se publican en este diario, la lucha en las calles, las intervenciones de nuestrxs parlamentarixs, etc.- no implica que debamos dejar de denunciar las arbitrariedades del más antidemocrático poder del Estado burgués: el Judicial que actúa al servicio de las distintas camarillas capitalistas, lo que lo convierte en un enemigo del pueblo. Por lo tanto no nos puede ser indiferente que la derrota de alguna fracción del gobierno sea por parte de la lucha y la autoorganización del pueblo trabajador o sea propinada por una institución híper-reaccionaria y corrupta como la Justicia haciendo demagogia “anti-corrupción”, como lo hicieran en Brasil con el Lava Jato. Hacer esta valoración no implica, desde ningún punto de vista, el apoyo político a tal o cual sector.

Somos anticapitalistas, por lo tanto los únicos que enfrentamos en serio la corrupción

Si algún kirchnerista tenía alguna duda de que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se desarrollaba una obscena corrupción en la obra pública, basta escuchar el descargo que el pasado martes hizo la propia vicepresidenta dando a luz las relaciones que el empresario macrista Nicolás Caputo tenía con José López, el de los bolsos, el que fuera Secretario de Obras Públicas de todos los gobiernos kirchneristas desde 2003 hasta 2015. La ex Presidenta no explicó nunca, claro, cómo un trabajador bancario como Lázaro Baez pasó a ser un terrateniente multimillonario, un derrotero similar al del grupo Macri durante la dictadura.

La cartelización de la obra pública (acuerdo entre las empresas del rubro para repartirse las licitaciones con la complicidad de las autoridades) es un lugar común en todos los gobiernos. Es algo innato al capitalismo, un sistema cuyo motor es el lucro individual del burgués, atentando contra el bien común de la sociedad. Sólo una planificación racional en base a las necesidades populares y no de los negociados de las empresas, y el control de la clase trabajadora contando con la colaboración de técnicos, ingenieros, arquitectos, contadores podría terminar con una corrupción que, reiteramos, es endémica en el capitalismo. Y esa planificación, control y gestión por parte de la única clase que tiene las manos limpias, cuyos intereses representan a los de la inmensa mayoría de la sociedad, sólo podrá verse concretada en toda su magnitud con un gobierno de las y los trabajadores que inicie el camino al socialismo. Ese es el norte de nuestra lucha.

En este marco el Partido Obrero hizo una campaña de prensa en la que en su comunicado ponen que "El Partido Obrero no comparte las aseveraciones de otras fuerzas políticas que integran el Frente de Izquierda, que declaran que no está probada la corruptela del kirchnerismo", lo que, como no podía ser de otra manera por las posiciones que tienen el MST e IS, fue interpretado por varias notas como una delimitación y ataque al PTS. Sería bueno que publicaran dónde se encuentra semejante declaración… si la encuentran en algún lado. Por el contrario, en esta nota publicada ayer se dice que “La falta de imparcialidad en este juicio no niega la corrupción sistemática en la obra pública, ni confirma que Cristina Kirchner no tenga responsabilidad; simplemente significa que en este juicio la verdad va a estar ausente”.

Parece que los compañeros del PO necesitan hacerse notar “a como sea”.

¿Por qué la persecución judicial?

La derecha, siguiendo los designios de Washington, toma el tema de la corrupción para empoderar al Poder Judicial y perseguir a sus adversarios políticos, algo que sucedió en Brasil con el golpe institucional contra Dilma Rousseff como prolegómeno del encarcelamiento y proscripción de Lula que permitió la asunción del derechista Jair Bolsonaro y así avanzar aún más con el ajuste iniciado por Dilma e imponer las reformas laborales y previsionales.

Sería lícito preguntarse por qué habrían de querer perseguir a Cristina cuando está claro que no sólo avaló la asunción de Massa –un fiel representante de los designios del norte-, sino que lo impulsó. Es un secreto a voces que su silencio indica un acuerdo en el ajuste y los tarifazos que está llevando a cabo el superministro.
Pero en distintas fracciones capitalistas, principalmente las vinculadas al capital financiero y agrario, tienen dudas de si, aunque fuera por autopreservación de su corriente política, Cristina va a seguir hasta el final del derrotero de Massa, o si en algún momento va a comenzar a separarse. Aunque el juicio de “Vialidad” empezó hace muchos años hoy utilizan al “partido judicial” para que siga disciplinada en el partido del ajuste por un lado, mientras que por el otro están los “mercados” y sus amenazas de corridas cambiarias y bancarias para cerrar la tenaza.

Claro que Cristina aprovecha la boleada para darle algo de mística a su fracción política, hoy desorientada y en crisis por ser su lideresa la responsable de haber puesto en marcha a un gobierno que siguió pulverizando los salarios, aumentó la desigualdad y selló un pacto colonial con el FMI que implica el ajuste que ahora lleva a cabo Massa. Es decir, que continuó en gran parte el ajuste macrista.

Nuestro rechazo a la persecución política tiene otros fundamentos muy distintos, mientras que peleamos en todos los ámbitos por la derrota del plan de Massa, CFK, Alberto y el FMI, para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Toda arbitrariedad de un poder de Estado en manos de una fracción capitalista contra otra, más temprano que tarde será destinada sin piedad contra las y los luchadores de la mayoría explotada y oprimida, y contra las corrientes políticas que defendemos esa perspectiva de lucha.

Autodefensa obrera y popular

No oponerse, por ejemplo, a la totalmente arbitraria figura penal de la “asociación ilícita” con la que seguramente se condenará a CFK, significa claudicar en la lucha contra el cercenamiento de las libertades democráticas del pueblo trabajador y sus luchas, como bien demostró Myriam Bregman acá, cuando hace unas pocas semanas los jueces de Gerardo Morales tipificaron con ese delito a la lucha de las organizaciones sociales en Jujuy.

Lo mismo sucede con la figura del “arrepentido”, que los bloques del FIT en el Congreso rechazamos cuando se votaron con el propio aval de la bancada kirchnerista. Si una persona "canta" lo que quiere escuchar el juez, se va en libertad. Es decir, la utilización de la prisión como un instrumento de tormento para que la persona delate. La figura del "arrepentido" les da plenas potestades a los jueces para determinar discrecionalmente quién sale libre y quién queda adentro. Un fabuloso instrumento que hoy utilizan contra los opositores de turno que es un peligro para las organizaciones sociales y políticas del pueblo trabajador.

Rechazamos las “inhabilitaciones políticas”, más aún “a perpetuidad”, como pidió el fiscal Luciani contra Cristina. Como socialistas revolucionarios impugnamos a todo el régimen democrático burgués, cobertura de la dictadura de los que verdaderamente mandan y votan todos los días, los grandes capitalistas. Pero nos oponemos firmemente a que una fracción política o judicial pueda arbitrariamente proscribir a un candidato o candidata ya que inevitablemente esa potestad arbitraria podrá ser utilizada contra la izquierda o cualquier representante de la clase trabajadora.

El rechazo del tribunal al pedido de Cristina de realizar este martes una ampliación de su declaración indagatoria partiendo de que sus abogados desconocían nuevas pruebas incorporadas por los fiscales en sus alegatos, es a todas luces un atentado contra el derecho de defensa. Imagínense que si a una vicepresidenta le conculcan estos derechos, qué le queda a un hijo del pueblo acusado por robar una gallina.

Nos oponemos a la inversión de la carga de la prueba que viene sosteniendo Izquierda Socialista, como ya dijimos en este artículo. Es decir que todos los políticos son culpables hasta que demuestren lo contrario, lo que empoderaría aún más a los jueces y fiscales: sólo basta una acusación (real o no) para cualquiera que quiera cargarse a un opositor, quedando en manos de estos jueces el poder de decidir su destino. Imaginémonos por un momento cómo se podría utilizar ese instituto contra un diputado o diputada de la izquierda.

Justicia de los poderosos

Como decíamos el Poder Judicial es la institución más reaccionaria y antidemocrática del régimen burgués. No casualmente más de 400 jueces designados por la dictadura genocida siguieron emitiendo fallos durante los gobiernos constitucionales posteriores a 1983. Y esto no es privativo de nuestro país. Por ejemplo el Estado burgués alemán de posguerra en manos de los aliados occidentales (la RFA) se reconstruyó con la mayoría de jueces que habían ejercido durante el régimen nazi aplicando las leyes fascistas, racistas y antiobreras durante el imperio de Hitler.

Las masas populares tienen nula incidencia en la elección de los fiscales y jueces. La reforma constitucional de 1994 inventó al Consejo de la Magistratura para que designe las ternas para que luego el Senado decida a qué jueces nombrar. CFK votó a favor de aquella reforma, hija del pacto de Olivos realizado entre Menem y Alfonsín. El Consejo de la Magistratura se convirtió en un coto de caza de las distintas fracciones burguesas y hoy se encuentra intervenido por la Corte Suprema de Justicia integrada por cuatro personas elegidas por acuerdos entre las dos coaliciones burguesas (Macri intentó poner dos de ellos por decreto) que es uno de los tres poderes del Estado. Esas cuatro personas que ganan en blanco arriba del millón de pesos por mes, no pagan ganancias y son vitalicios en sus cargos, tienen el poder no sólo de administrar los bienes y las libertades de las personas en litigio sino de hasta declarar inconstitucional una ley votada en el Congreso.

A cualquiera que conozca despachos de jueces y fiscales no podría sorprenderle las fotos de los fiscales y los jueces en un “tercer tiempo” después de un partido de fútbol del fiscal Luciani y uno de los jueces del tribunal que debe fallar en este juicio a Cristina, Báez y otros. Juez y parte es la constante de una Justicia cuya regla es estar del lado del poder de turno y defender a los poderosos. En el caso de los “cuadernos” se sobreseyó a la mayoría de los empresarios que declararon haber entregado coimas para quedarse con negocios. A los coimeros los jueces los tratan como víctimas. Macri fue absuelto de la mayoría de las acusaciones que tenía, como la del desfalco del Correo Argentino, y más recientemente –y en tiempo récord- la del espionaje a los familiares del ARA San Juan.

Néstor y Cristina Kirchner avalaron este sistema judicial, hasta que les empezó a ser esquivo, lo mismo que a los oscuros personeros de los servicios de inteligencia como Jaime Stiuso, que actúan como verdaderos auxiliares de esta “Justicia”. Las reformas que impulsó Cristina en el Consejo de la Magistratura y ahora para ampliar la Corte a 25 miembros (uno por provincia), no son más que cambios cosméticos de una institución antidemocrática que es la garante de la propiedad privada de los medios de producción, el manejo arbitrario de la libertad de las personas y la continuidad jurídica del Estado burgués.

Juicios por jurados. Elección por el voto popular de jueces y fiscales

Los juicios por corrupción de funcionarios se desarrollan en los tribunales federales de Comodoro Py. Los jueces federales son el principal coto de caza de cualquier gobierno, porque tienen un poder casi ilimitado, además de, como ya dijimos, imbricadas relaciones con los siniestros servicios de inteligencia del Estado.

Nuestro planteo parte de impugnar al conjunto de jueces y fiscales designados por componendas entre los partidos del régimen. Que todos sean elegidos por el voto popular.

En cuanto a los juicios por corrupción, no pueden quedar en manos de jueces puestos por una coalición de gobierno u otra con sus fiscales compinches. Planteamos que sean mediante juicios por jurados integrados por miembros imparciales elegidos entre el pueblo trabajador.

La elección antidemocrática de los funcionarios judiciales está impresa en la Constitución Nacional, y nuestro planteo es parte de la lucha por imponer una asamblea constituyente libre y soberana que se plantee una reorganización del país de abajo hacia arriba.

La clave es que la clase trabajadora tome el control.