En Chile se estima que el 84% de los alimentarios o representantes legales que deberían pagar pensión de alimentos no hace efectivo los pagos, lo que ha generado una enorme deuda, en su mayoría con mujeres, quienes han asumido la responsabilidad de la crianza de forma unilateral, incluso en términos económicos. Esto se traduce en un promedio de 70.000 niños, niñas y adolescentes no reciben lo que por ley les corresponde.
Viernes 11 de diciembre de 2020
Según el Poder Judicial, en Chile el 84% de las pensiones alimenticias fijadas por tribunales no son pagadas. De estas cifras se indica que de cada 10 deudores, 9 son hombres y 1 es mujer, lo que deja en evidencia la enorme inequidad a la que están expuestas las mujeres a la hora de hablar de crianza.
El panorama es más crítico si ponemos en evidencia el hecho de que actualmente la tasa de desempleo en las mujeres ya alcanza el 11.6%, entre los ocupados, alrededor de 810 mil son trabajadores "inactivos temporalmente", de los cuales 350 mil son mujeres y 460 mil son hombres.
Otra cifra alarmante tiene relación no solo con el nivel de desocupación que golpea a las mujeres, quienes además son las que ganan peores salarios, sino además el hecho que el 88% de las mujeres que ha perdido su fuente laboral como consecuencia del COVID-19 no ha vuelto a reinsertarse al mundo del trabajo, es decir, solo 2 de cada 10 mujeres que quedaron sin empleo están volviendo a buscar trabajo; esto, por un lado, porque el rubro donde las mujeres se desempeñan no está reactivando con una alta participación, pero además porque las mujeres son las primordialmente encargadas del cuidado de niños, niñas y bebés los cuales están a tiempo completo en los hogares debido al cierre de colegios y salas cunas.
Es decir, el panorama para las mujeres que crían, en muchas ocasiones, solas a sus hijos e hijas, es en extremo crítico. Hoy, cuando se inicia el proceso para retirar por segunda vez el 10% de los fondos de pensiones un salvavidas se asoma, sin embargo, es una medida insuficiente, que solo viene a solucionar de forma parcial un problema estructural de la sociedad en la que vivimos: la crianza de los niños y niñas recae en las mujeres de forma individual y sin mayor respaldo estatal. Y es que todas las medidas de cuidado para la infancia son insuficientes, la educación es precaria, no se garantizan jardines infantiles ni guarderías gratuitas, la salud pública es de mala calidad, los sueldos son bajos, es decir, nada asegura una infancia ni crianza con buenas condiciones si no tienes el dinero suficiente. Es así como muchas mujeres deben tener dos o hasta tres trabajos para subsidiar la vida de sus hijos, esto también porque no hay aporte de los padres.
La Ley N°14.908 que aborda el pago de pensiones alimenticias, aunque establece sanciones penales, estas no garantizan de ninguna forma el pago, nuevamente una insuficiente medida.
Es necesario luchar porque el Estado garantice herramientas eficaces para que los padres cumplan con sus obligaciones económicas para con sus hijos, y en caso de estos verse imposibilitados por cesantía u otra condición, debe ser el Estado mismo el que asegure la solvencia económica para la óptima crianza de niños y niñas; junto a esto el combate por educación gratuita de calidad y universal y una salud de calidad y accesible para todos y todas. Así, la crianza no será la responsabilidad individual de tal o cual madre, sino, una tarea conjunta de una sociedad que garantice una infancia digna.
