Debates. La descomposición del régimen político y el rol de la izquierda revolucionaria

Mientras se continúa profundizando el enorme deterioro del nivel de vida de las masas en favor de un puñado de capitalistas y acreedores de la deuda pública, el oficialismo, la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) y la casta judicial vienen desarrollando una suerte de guerra por arriba, completamente ajena a los intereses del pueblo trabajador. Un mayúsculo desacople entre gobernantes y gobernados, uno de los elementos esenciales en lo que el dirigente marxista italiano Antonio Gramsci dio en llamar “crisis orgánica”.

El jueves pasado en represalia a que la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau retiró la designación de los diputados en el Consejo de la Magistratura (órgano que propone la elección y remoción de los jueces) luego del fallo una jueza impugnándolos, el interbloque de JxC y otros bloques intermedios decidieron no dar quórum en la “sesión preparatoria”, como así tampoco los cuatro diputados del FITU. Esta sesión reglamentaria se debe realizar todos los diciembres para designar a las autoridades de la Cámara para el año siguiente. Al no llegar al quórum (la mitad más uno de los integrantes de la Cámara, 129/257) esa sesión se cayó, provocando un golpe político para el Frente de Todos de Alberto, Massa, Cristina y los gobernadores.

A los minutos estaba convocada otra sesión, donde el oficialismo logró el quórum justo para empezar a sesionar, que contó con la presencia de nuestras cuatro diputadas y diputados del FITU. Allí se iban a votar la creación de siete nuevas universidades nacionales, pero todo sucumbió frente a un escándalo circense entre la oposición que impugnaba la sesión y el oficialismo que la quería sostener. Allí se vieron entre otras patéticas y varias “perlitas” los gestos machistas y misóginos del presidente del bloque del PRO Christian Ritondo y a la par expresiones sexistas y homofóbicas del peronista Rodolfo Thailhade. La batahola se llevó puesta la sesión que terminó quedando sin quórum. Cecilia Moreau cerró el espectáculo impidiéndole ilegalmente la palabra a los dos bloques del Frente de Izquierda, una medida bonapartista que fue reflejada en numerosos medios.

El telón de fondo de este patético espectáculo encuentra a un Congreso que está virtualmente paralizado y en las últimas sesiones (llamadas "de consenso" con la oposición de derecha) sólo se lograron sancionar leyes que no afectan ningún interés de las clases explotadoras, votadas por una amplia mayoría, muchas veces con la inclusión de las bancadas de Espert y los “halcones” de JxC. Si bien esa es la función social esencial del parlamento capitalista, las últimas sesiones mostraron aun más abiertamente esa labor.

Las clases dominantes aspiran que Massa logre “aguantar” ajustando hasta la asunción de un nuevo gobierno a fines del año que viene que tenga la suficiente fortaleza política para avanzar aún más en las “reformas estructurales” que exige el FMI y el conjunto de los burgueses “nacionales” y extranjeros.

Entretanto la falta de hegemonía de un sector burgués y su representación política por sobre otro, la necesidad de diferenciarse unos y otros para conseguir -o siquiera retener- votos para intentar ser elegidos el año que viene, impide que se traten leyes como reclama el propio FMI para esta transición, como la que beneficia a los exportadores de hidrocarburos o el nuevo blanqueo de evasores y la ley financiera “antiterrorista” que exige Estados Unidos, entre tantas otras.

Con la izquierda no

Inmediatamente después de caída la sesión para ratificar a Cecilia Moreau como Presidenta de la Cámara comenzaron a actuar las usinas K para incriminar a las diputados y diputados del FITU por no haber dado quórum en esa instancia. Por ejemplo, una lectora de este diario, Vivi García, publicó un comentario debajo de esta nota: “Ustedes fueron cómplices de la derecha salvaje cuando no bajaron al recinto para la sesión preparatoria (…) La cuestión (es) que por no quedar pegados al oficialismo terminan siempre pegados a la derecha...”.

Fue esa derecha la que volvió a votar afirmativamente la presidencia del para nada izquierdista Sergio Massa y a los citados vicepresidentes que se mantienen en sus puestos desde diciembre de 2019. Cuando Massa renunció a principios de agosto, dieron quórum permitiendo que asumiera Cecilia Moreau y se ratifiquen sus vicepresidentes. Con esa tan mentada normalidad institucional, ¿Mejoró en algo el nivel de vida de las mayorías del país o, por el contrario, continuó la redistribución de la riqueza en favor de la minoría de los más ricos?

Desde que asumieron los primeros tres diputados del FIT en diciembre del 2013, la izquierda siempre se abstuvo de la elección de las autoridades de la Cámara, uno de los pilares institucionales de esta democracia burguesa, al igual que lo hacen nuestros legisladores y concejales en cada uno de esos cuerpos legislativos provinciales y municipales. Al estar en esta ocasión los números muy justos, si las compañeras y compañeros diputados del FITU se hubieran sentado en esta sesión podría haber significado habilitar la elección de las autoridades de la cámara (finalmente faltaron siete bancas para lograr el quórum, algo que no se podía saber con anticipación). Ahora bien, más allá de las cuestiones de principio generales que luego retomaremos, la pregunta que se deberían hacer quienes se reclaman simpatizantes (o ex) de nuestra corriente política, ¿Por qué la izquierda debía salir en socorro de un gobierno que solo ha garantizado multiplicar las ganancias de los dueños del país y cerrar un pacto de coloniaje con el FMI? ¿Quién les dio los votos necesarios al oficialismo para votar ese acuerdo que hipoteca al país por décadas? ¿Cómo logró el FdT votar el presupuesto de ajuste acordado en Washington y numerosas leyes que eximen de impuestos a distintos grupos capitalistas? ¿Quién realizó un pacto para cajonear el tratamiento en el recinto de la ley de humedales, después de diez años de “debate”? ¿Quiénes apoyaron un obsceno aumento de las dietas de los diputados mientras la mayoría de los trabajadores tiene salarios de pobreza o indigencia?

Somos ajenos y repudiamos el lamentable espectáculo que brindaron ambas coaliciones en la sesión del jueves. La izquierda exige que se trate la agenda de la clase trabajadora: recuperación salarial, jubilaciones y planes sociales y actualización mensual según la inflación, aumento del presupuesto de salud y educación, plan de obras públicas bajo el control de los trabajadores, reducción de la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, ley de humedales que exigen las organizaciones ambientalistas, que todos los funcionarios políticos cobren como un docente o un médico residente, ni un peso para el FMI y los usureros de la deuda, basta de subsidios al capital.

¿Un golpe institucional?

Algunos políticos oficialistas, como el diputado Leopoldo Moreau, llegaron a caratular la no reelección de las autoridades de la Cámara como un "golpe institucional", pese a que reglamentariamente las autoridades de la Cámara “continuarán en sus cargos hasta que sean reemplazadas”. Y esas autoridades originalmente electas con el aval de todos los bloques de Juntos por el Cambio son completadas por el derechista del PRO mendocino Omar De Marchi como vicepresidente primero, Luis Gioja vice segundo y Julio "Cleto" Cobos vice tercero.

Es evidente que estamos ante una operación política para intentar buscar en un supuesto golpe el apoyo a un gobierno ajustador que es sostenido y bancado por lo más rancio de la gran burguesía y el propio imperialismo yanqui.

En cuanto a la arremetida de la reaccionaria y antidemocrática casta judicial el PTS y sus voceros ya se pronunciaron claramente en su repudio. Un fallo condenatorio contra Cristina Fernández que implique su inhabilitación política, por más que no sea de cumplimiento efectivo sería un claro ataque a las libertades políticas. Pero a diferencia de Brasil 2016, donde el poder judicial y un entramado de políticos con el aval de las fuerzas armadas perpetraron un golpe institucional para sacar a Dilma Rousseff de la presidencia, no es esa la situación que vivimos en la Argentina. La descomposición y atomizacíon del régimen no responde a una intentona golpista, sino a que ninguna fracción de las clases dominantes puede por sí misma lograr una hegemonía sobre el resto de la sociedad, en el marco de un gran consenso por el ajuste entre todos los factores del poder. En ese marco, cualquier ataque a las libertades democráticas encontrará, como siempre, al PTS, sus diputadas y diputados, del lado de la lucha para enfrentarlo en todos los terrenos.

Una democracia no democrática

En menos de un mes, a partir de enero, se empieza a celebrar el 40 aniversario de las primeras elecciones después de la dictadura genocida y la asunción de Alfonsín en diciembre de 1983. Esta democracia no sólo administró sino que profundizó lo que las grandes patronales conquistaron con el régimen del terror de las fuerzas armadas, más precarización y explotación del trabajador, menos salarios, más miseria, más dependencia y deuda externa, más desindustrialización, más poder para el “agropower”, la educación y la salud pública en ruinas.

Los dueños del país que pergeñaron el golpe de 1976 (y varios habilitaron centros clandestinos de detención muchos meses antes en los predios de sus propias empresas) siguieron dominando el conjunto de las políticas públicas ahora a través de las instituciones de la democracia. Mientras el pueblo es convocado cada dos o cuatro años para elegir a sus “representantes”, la gran burguesía ligada con múltiples lazos al capital imperialista, vota todos los días, aumentando los precios de los productos de primera necesidad, extorsionando con corridas cambiarias o bancarias si no se aprueban y aplican las medidas que los benefician, etc.

Las instituciones de esta democracia tienen poco o nada de verdaderamente democráticas. En la Cámara de Diputados sólo se trata en el recinto lo que decide su presidente o presidenta, que normalmente es integrante del partido que ejerce el Ejecutivo. Las comisiones son verdaderos filtros para que pueda colarse una ley progresiva, y la presidencia de la Cámara es quien decide en forma discrecional por cuáles comisiones debe pasar un proyecto de ley. El presidente de cada comisión es quien decide si se reúne o no. Si después de sortear todas estas trabas la movilización popular lograra que se trate determinado proyecto en el recinto, éste debe pasar luego por el filtro de una Cámara de senadores, compuesta por tres de cada provincia, independientemente de la cantidad de población de las mismas. Dos son del primer partido y uno del segundo: ningún lugar para las minorías y ahí también todo tiene que pasar por las comisiones que decide el o la vicepresidenta de la Nación, quien preside esa Cámara. Recordemos qué sucedió con la ley del aborto en 2018: se logró sancionar en diputados y los senadores la voltearon. El Ejecutivo es, según la Constitución de 1853 que se reformó en parte en 1994 después del pacto entre Menem y Alfonsín con el apoyo de todo el arco político burgués (desde el menemismo al radicalismo, pasando por la propia CFK quien fuera constituyente) quien debe promulgar las leyes que vota el Congreso, y tiene la potestad constitucional de vetarlas (eliminarlas) total o parcialmente. Y como si esto fuera poco, la Corte Suprema de Justicia compuesta por un puñado de hombres y mujeres elegidos por componendas de los partidos mayoritarios en el Senado, tiene la potestad de declarar inconstitucional a una ley sancionada y promulgada.

Por si alguien tenía alguna duda, el artículo 22 de la Constitución sostiene que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”, es decir por todo un andamiaje institucional que poco tiene que ver con una verdadera democracia. Y si hay una ley que es rechazada por la por una amplia mayoría del pueblo, como sucedió con la reforma previsional que votó el macrismo con apoyo de una parte del peronismo en diciembre de 2017, los destacamentos armados por el Estado actúan para reprimirla sin piedad. Todo en nombre de sus sacrosantas leyes basadas en la Constitución Nacional.

Los socialistas revolucionarios rechazamos esta democracia para ricos, y luchamos por un nuevo régimen social y político, un gobierno basado en las organizaciones democráticas de lucha de las y los trabajadores que planifique el conjunto de la economía, la salud y la educación, las obras públicas al servicio de las necesidades populares, expropiando los medios de producción a quienes viven y se enriquecen del trabajo ajeno. ¿Cómo se puede pretender que la izquierda revolucionaria les dé el quórum o los votos para sostener a instituciones que reproducen y son la cobertura de una dictadura de los capitalistas?

El rol de las y los diputados de izquierda

Están los “trolls” K que sólo buscan desprestigiar a la izquierda para intentar demostrar que son la única alternativa “para que no asuma la derecha”, mientras defienden una orientación social y política que es celebrada tanto en Washington como en el Alvear Hotel con toda la gran burguesía aplaudiendo de pie a Sergio Massa, su gestión y sus promesas. Pero también hay quienes de buena fe consideran que la izquierda “le hace el juego a la derecha”.

Podrán compartir o no, pero el rol de la izquierda que se reivindica revolucionaria -tanto dentro como fuera de la esfera del Congreso, las legislaturas y los concejos deliberantes- no puede ser otro que desenmascarar la cobertura institucional que en nombre de “la democracia” esconde la dictadura del gran capital, y utilizar la tribuna de las bancas para pregonar una democracia mil veces superior a esta democracia para ricos que se sintetiza en un gobierno de las y los trabajadores que sólo podrá ponerse de pie mediante la lucha y la movilización extraparlamentaria. Es desde esa perspectiva que las y los legisladores del PTS en el FITU apoyan y son parte de todas y cada una de las luchas de las y los trabajadores y el pueblo pobre por sus demandas, proponiendo un programa que lleve a cuestionar este sistema y a la necesidad de poner en pie organizaciones democráticas de lucha de los trabajadores, que sean la base de un nuevo tipo de Estado.

Porque el futuro será socialista, o no será.