El libro ¿Por qué siempre faltan dólares? discute las causas estructurales de la restricción externa en el país y su evolución durante las últimas décadas.

En marzo de este año, la editorial Siglo XXI publicó el libro ¿Por qué siempre faltan dólares? Las causas estructurales de la restricción externa en la economía argentina del siglo XXI [1], un trabajo conjunto de Andrés Wainer (editor), Mariano Barrera, Leandro Bona, Daniela Calvo, Ana Laura Fernández, Mariana González y Pablo Manzanelli.

El trabajo de los investigadores de Flacso es una continuación del libro Endeudar y fugar, dirigido por Eduardo Basualdo, acerca de la historia económica argentina desde la última dictadura hasta los primeros años del macrismo a luz del peso decisivo que pasó a ocupar lo que definen como un patrón de acumulación dominado por la valorización financiera a escala global y en Argentina. Desde entonces, los ciclos de Stop & go (pare siga) provocados por la alta dependencia de insumos industriales importados que caracteriza a la economía desde los primeros procesos de industrialización desde 1930, se aceleran rumbo hacia la crisis (go & crash) por la sangría permanente de divisas que tiene lugar por la vía del endeudamiento y la fuga de capitales.

En ¿Por qué siempre faltan dólares? los autores ponen la lupa en el período 2003-2019, es decir, en la trayectoria del ciclo kirchnerista, identificado como un intervalo de ”aislamiento financiero” que favoreció un “regreso a la economía real”, y el rumbo del gobierno de Cambiemos, en el que los autores registran una “reedición de la valorización financiera” que culmina en un estruendoso fracaso.

Una idea medular en el libro es que “el derrotero de la economía argentina desde 2012 ha estado marcado por la escasez de divisas”, aunque considerando el problema en una dimensión temporal más amplia, sostienen que la restricción externa “ha sido una histórica traba al desarrollo de las fuerzas productivas en países periféricos como la Argentina”.

Bajo esta premisa, el punto de partida en la dinámica de entrada y salida de dólares de la economía argentina es el de un “país con una heterogeneidad estructural” muy marcada, básicamente con un sector primario de fuertes vínculos con la agroindustria que cuenta con capacidad de competir en el mercado mundial, a diferencia de un sector de industrial y de servicios de menor productividad y cuyo ciclo de negocios depende del mercado interno. Partiendo de esta realidad estructural del capitalismo argentino, en el libro desarrollan los aspectos que constituyen los límites de la oferta de dólares: especialización primaria en las exportaciones cuyo volumen y precios dependen centralmente de la volatilidad del mercado externo; la entrada de capitales financieros especulativos –con los cimbronazos al tipo de cambio e inflación–, y la inversión extranjera directa que, dentro de la región, no ha tenido a la Argentina como un destino privilegiado.

Asumiendo estas características en la oferta de dólares, los autores pasan a estudiar los mecanismos que operan sobre todo por el “lado de la demanda” de dólares y que aceleran la llegada de la restricción externa. Entre ellos, encontramos a la industria que tiene un saldo comercial deficitario, al cual se sumó durante los últimos años el del sector energético; el atesoramiento del excedente en dólares (“fuga de capitales”) por las grandes empresas; el pago de dividendos, utilidades a las casas matrices de las multinacionales, y el creciente impacto del pago de intereses y capital de la deuda pública y privada en dólares. Veamos.

Crisis industrial y reticencia inversora en la cúpula empresarial

Con un diestro manejo de las estadísticas, los autores repasan la “larga crisis industrial” que comienza con la dictadura y la ofensiva neoliberal, que a la salida de la convertibilidad y a pesar de un ciclo de crecimiento extraordinario, no logró revertir el proceso desindustrializador que comenzó en la década de 1970. Al decir de los autores, bajo los gobiernos kirchneristas hubo una “insuficiente política industrial” para superar los límites de una matriz productiva desarticulada y altamente dependiente de las importaciones de insumos industriales y maquinarias.

Los investigadores concluyen que “el estancamiento inicial y la posterior crisis sectorial que se advierte desde 2012 hasta la actualidad, en realidad fueron la consecuencia de un extenso período de subinversión en el ámbito manufacturero que tuvo su epicentro en las grandes compañías industriales”.

El reverso de la “baja propensión inversora” en la cúpula empresarial local será la dolarización y fuga al exterior de los excedentes, es decir, la valorización financiera en vez de la reinversión productiva de las ganancias, lo que también traerá aparejado una menor recaudación impositiva y un crecimiento económico por debajo del potencial.

Salarios y equilibrio externo

El capítulo referido a la incidencia de los salarios en la restricción externa aporta elementos novedosos al debate. Las autoras apuntan a una polémica a dos bandas, en diálogo con las elaboraciones de A. Canitrot, quien intenta encontrar un “salario promedio real compatible con el equilibrio del sector externo” y de manera más frontal contra la “paradoja populista” de Pablo Gerchunoff y Martín Rapetti, quienes sostienen que la clase trabajadora tiene aspiraciones incompatibles con el “equilibrio macroeconómico”. El resultado de la investigación arroja que los salarios ejercen una presión acotada sobre las compras externas en forma directa y el consumo de servicios turísticos está concentrado en el segmento de mayores ingresos.

Aunque la hipótesis de las autoras está bien documentada, la respuesta se desenvuelve más que nada en el plano empírico, pero la idea de un “salario compatible con el equilibrio externo” no queda del todo desmontada en términos conceptuales, para lo cual es necesario indagar en los determinantes del valor de la fuerza de trabajo, más allá de los golpes devaluatorios, la inflación y las oscilaciones del salario, donde los diferenciales de productividad y la lucha de clases tienen un rol preeminente.

Las autoras reconocen al pasar estos factores, pero la conclusión del capítulo es que la restricción externa “acota el margen de negociación entre empresarios y trabajadores en el corto y mediano plazo” y que la clave para mejorar las condiciones de vida de estos últimos es “impulsar el desarrollo económico sostenido, con aumentos en la inversión y en la productividad”. Sin embargo, ni el desarrollo económico, ni los aumentos en la inversión o la productividad bajo el capitalismo son garantías de mejora en las condiciones de vida de los trabajadores. Por el contrario, la precarización laboral es una tendencia cada vez más generalizada a escala global y también en los países desarrollados.

¿Una nueva Pampa Húmeda?

El capítulo referido a Vaca Muerta y la evolución de las políticas hidrocarburíferas de las últimas dos décadas, analiza el peso decisivo de este sector en la restricción externa que, entre 2006 y 2015, explicó el 45 % del déficit de cuenta corriente. La investigación recorre las consecuencias de la privatización y extranjerización del sector en los años 1990, los límites de una política basada en los subsidios cada vez más abultados del kirchnerismo, el intento de estimular la producción a partir de la compra del 51 % del paquete accionario de YPF –con la llamativa omisión del acuerdo de cláusulas secretas con Chevrón–, la desregulación y el rol protagónico de las petroleras en el diseño de la política energética macrista y la pregunta acerca de si Vaca Muerta puede convertirse en una nueva “pampa húmeda” en cuanto a fuente extraordinaria de ingreso de divisas.

El autor del mismo invita a deshacerse de una visión ingenua acerca del potencial de un recurso primario extractivo: “si bien el actual modelo productivo de los recursos no convencionales tiene el potencial de generar un importante saldo favorable de divisas que permitiría corregir el déficit externo, aunque dependerá del nivel de precios de la actividad en un contexto de inestabilidad externa, no parece ser un modelo que permita el desarrollo económico del país”. El foco del análisis está puesto en el peso relativo de este sector en relación a la macroeconomía argentina; quizás el punto más flaco de este capítulo es que los efectos medioambientales y sobre los territorios que habitan las poblaciones originarias, de la explotación de estos recursos están casi ausentes.

Agroindustria y valorización financiera

El libro cierra con el capítulo referido a los “Cambios en el sector agropecuario y su impacto en la cuenta corriente en el siglo XXI”. La hipótesis central de este capítulo es que durante el gobierno de Cambiemos, las patronales agropecuarias ocuparon un lugar subordinado en la alianza que sostuvieron con el sector financiero y el capital extranjero.
El autor retoma la idea de una “oligarquía diversificada”, que refiere a la articulación entre la tradicional clase terrateniente con la poderosa agroindustria pampeana, de altos estándares de productividad y como un importante actor en la fuga de divisas hacia paraísos fiscales. Con una frontera agrícola en expansión y una ganadera relativamente rezagada, bajo el kirchnerismo estas tendencias “no solo se mantuvieron, sino que se ratificaron con creces”, con precios internacionales excepcionalmente altos de los commodities que elevaron la renta agraria y la disputa por su apropiación (el punto más álgido fue en 2008, durante el lock out de las patronales agrarias contra el proyecto de ley que elevaba las retenciones a la exportación).

La eliminación de las retenciones y regulaciones cambiarias bajo el macrismo lejos de alentar las exportaciones agravaron la restricción externa, abriendo la importación de maquinaria agrícola y una mayor reprimarización de las exportaciones. La hipótesis del autor es que las fracciones de la gran burguesía local, “beneficiadas por un nuevo orden distributivo regresivo pudieron mejorar su tasa de ganancia, pero no definir las líneas directrices del manejo económico”. Esas líneas directrices, bajo el gobierno de Cambiemos, habrían estado en manos casi exclusivas del capital financiero y el capital extranjero. Esta afirmación resulta un tanto cuestionable puesto que no queda suficientemente demostrado que este sector haya quedado en un lugar subordinado, más aún considerando que el capital concentrado en el sector agroindustrial no solo fue uno de los actores principales en la fuga y obtuvo beneficios fiscales por parte de la gestión macrista, sino que además tuvo un lugar privilegiado en los puestos del Estado aportando, entre otros funcionarios, a un ministro de Agricultura.

Por último, y más allá del ritmo desenfrenado de endeudamiento y fuga de capitales bajo del gobierno de Cambiemos, cabe preguntarse si realmente puede considerarse al intervalo kirchnerista como una “disolución del modelo de valorización financiera”, una “ruptura con el capital financiero internacional” (Basualdo), una “modificación drástica en el patrón de acumulación”. No solo por la continuidad de la fuga de divisas a gran escala o la nula transformación de la matriz productiva argentina, que es donde los autores ven un elemento de continuidad. Una llamativa omisión en el libro es la referida a un análisis de la astronómica rentabilidad del sistema bancario durante el kirchnerismo, encabezando ya en aquel entonces el ranking mundial del FMI. La bola de nieve de las Lebacs, con tasas cada vez más elevadas y en manos de bancos y especuladores financieros, comienza a gestarse en los últimos años de la administración kirchnerista.

¿Regulando al capital?

La vuelta de la restricción externa con los mecanismos derivados de las transformaciones del capitalismo argentino de los últimos cuarenta años encuentra en los distintos capítulos del libro una descripción llana y detallada de los motivos que le dan origen.

El punto más débil del libro quizás está en las conclusiones de los investigadores acerca de “la reducida propensión a la inversión de las corporaciones fabriles [que] no solo exhibe sus propias estrategias económicas, sino también la incapacidad del Estado de alcanzar la autonomía relativa necesaria como para disciplinarlas en función de los requerimientos nacionales”.

A lo largo de la obra la fuga de divisas al exterior aparece como un factor determinante en la explicación de la “reticencia inversora“ de la burguesía local, y aunque la valorización financiera de gran parte del excedente económico es un fenómeno mundial, en países atrasados y dependientes como la Argentina, la misma adquiere características específicas. Los autores tienden a asociar el problema de la baja propensión inversora a la “conducta” de los empresarios sin ahondar en importantes determinantes estructurales de la acumulación de capital, como los ciclos del tipo de cambio y su impacto sobre las decisiones de inversión, algo sobre lo que han escrito autores como Esteban Mercatante [2] o Rolando Astarita [3].

Justamente por asociar la baja propensión inversora a una cuestión de conducta empresarial, los autores proponen un Estado que, mediante regulaciones, discipline a la clase empresaria en pos de canalizar la inversión hacia el desarrollo productivo. Es así que el Estado aparece como una institución capaz de sobreponerse a las disputas entre facciones de la burguesía para imponerles, aunque no sea de su interés, un sendero hacia el desarrollo nacional. Este planteo parece más bien una profesión de fe que una perspectiva viable en los marcos del Estado capitalista dependiente argentino.

Antes de convertirse en ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien fuera parte del equipo de investigadores de Flacso, en su libro Los Tres Kirchnerismos señalaba que durante el último gobierno presidido por Cristina Fernández se pusieron en evidencia “las limitaciones de las políticas destinadas a operar sobre la estructura productiva, y los excesos de voluntarismo en la gestión macroeconómica” [4].

Y es que los límites al proyecto “neodesarrollista” vinieron justamente de la propia burguesía local sobre la cual depositó expectativas el kirchnerismo; un empresariado al que “benefició con cuantiosos recursos del Estado esperando mayores inversiones, pero esos subsidios volvieron a engrosar el patrimonio de los amigos del poder, sin ningún rédito productivo para el conjunto de la economía” [5].

Fue esta misma cúpula empresaria local, socia menor del capital extranjero, aliada al campo y subordinada a las finanzas, la que impulsó la salida hacia el nuevo esquema que proponía la coalición opositora (Cambiemos) desde el momento en que el ciclo de crecimiento empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, y bajo los efectos retardatarios de la crisis internacional de 2008 (que se convirtieron en “viento de frente” para el país desde 2013/2014) empiezan a establecerse mayores regulaciones, como las restricciones a la compra de divisas a fines de 2011, cuando comienzan a sentirse los efectos de la restricción externa. Más adelante se promueve una devaluación a principio de 2014 y el ajuste en “sintonía fina” que provocó la pérdida de base social no sólo de las clases medias, sino también en importantes sectores de la clase trabajadora. En la pretensión de un Estado capitalista “disciplinador”, a los trabajadores se les reserva un lugar siempre subordinado a los intereses de la burguesía local. Y, como observamos en el final de esos años, con los efectos de la devaluación de 2014 sobre el poder adquisitivo y las disputas por el “impuesto al salario”, el conjunto de la clase trabajadora o sectores de ella (algunos bajo el mote de que son “privilegiados”, como era el caso con los alcanzador por Ganancias en un país donde los grandes empresarios casi no pagan impuestos) terminan siendo variable de ajuste.

Sin poner en cuestión la relación de subordinación al imperialismo (que tiene su expresión en las normas que regulan el comercio mundial en función de los intereses de los países más poderosos de la OMC, tratados de inversión y derechos de propiedad intelectual, regulaciones de tipo financiera o la propia subordinación a los planes del FMI, entre otros ), y avanzar en medidas elementales de defensa de la soberanía nacional como la ruptura con el FMI, el monopolio estatal del comercio exterior o la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, que necesariamente apuntan hacia una ruptura con el capitalismo, no hay forma de salir del “círculo vicioso” del atraso y la dependencia, una tarea que solo puede ser llevada hasta el final por la clase trabajadora en alianza con el pueblo oprimido.