El Poder Judicial santiagueño asegura que el joven de 24 años murió el 26 de agosto de 2020 al caer de la moto. Tras la exigencia de la familia, convencida de que lo mató la Policía, se hizo una reautopsia. Ahora peritos de la Corte Suprema nacional afirman que se mintió sobre las “causales de muerte”.
Daniel Satur @saturnetroc
Jueves 1ro de julio de 2021 12:17
Este miércoles en la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Viamonte al 2100 de la Ciudad de Buenos Aires, el aire era tan tenso que se cortaba con un cuchillo. Entre los cuerpos que llegaron en las últimas horas para ser analizados, tres provenían de Santiago del Estero. Uno de ellos es el de Franco Isorni.
Según altas fuentes judiciales confirmaron a este diario, el hecho es muy excepcional, no sólo porque es infrecuente que los cadáveres de las víctimas de la Policía de Santiago del Estero logren ser estudiados pericialmente fuera de la provincia, sino porque además de la familia de Isorni también viajó a Buenos la fiscal provincial del caso Erika Leguizamón, quien desde el primer momento asegura que Franco murió en un accidente.
Como explicó a La Izquierda Diario Patricia Isorni en entrevistas anteriores, la fiscal intentó por todos los medios abonar la poco sostenible hipótesis de que el joven falleció cuando se trasladaba en moto por las calles de la capital de Santiago del Estero y fue embestido brutalmente por una camioneta, de la que nunca aparecieron datos.
Según la versión sostenida por Leguizamón, por la Policía santiagueña y hasta por los peritos del Ministerio Público Fiscal de la provincia, Franco habría volado por los aires hasta caer en el guardarraíl de la rotonda de Avenida Lugones y Solís y dar con su cuello sobre esa estructura metálica. Tras el impacto y con el cuello cortado, habría virtualmente rebotado y su cuerpo quedó a metros del guardarraíl sobre un pequeño charco de sangre.
Nunca aparecieron testigos presenciales del hecho. A su vez los registros de las cámaras de “seguridad” de la zona volcados al expediente tienen literalmente borradas las partes que coinciden con la supuesta hora del accidente. Y en la parte redonda de metal del guardarraíl sólo se encontró una pequeñísima mancha de sangre, incompatible con lo que debería haber dejado un degüello como el descrito oficialmente.
Con todas las dudas y las sospechas a cuestas (y ante las incesantes provocaciones y maniobras del Poder Judicial santiagueño), Patricia Isorni junto a su familia, a su abogado César Barrojo y la perita especializada Virginia Créimer comenzaron una lucha por verdad y justicia para Franco. Entre otras cosas, exigieron una reautopsia del cuerpo, que finalmente esta semana se realizó en la sede del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema.
Tan complicado está el Estado de Santiago del Estero en este caso que la fiscal Leguizamón fue acompañada a la reunión por el perito Armando Meossi, uno de los que estamparon la firma en el informe donde se monta pericialmente la hipótesis del “accidente”.
La familia de Franco denuncia que Meossi tuvo a su cargo los procedimientos en una especie de segunda autopsia, realizada sin cumplir ningún protocolo científico, al pie de la tumba del joven y revictimizando a los familiares ya que todo se hizo a la intemperie y delante delante de los propios seres queridos del joven.
Frente a ambos, fiscal y médico santiagueños, los peritos de la corte con sus rostros rígidos por la indignación, afirmaron sin cuestionamientos que las dos autopsias anteriores (en rigor, una inspección ocular y luego una pseudoautopsia) habían resultado actos incompetentes y fuera de todo sustento médico legal.
Este miércoles, tras analizar el cuerpo de Franco, los peritos de la Corte Suprema convocaron a las partes para informar los resultados de la nueva autopsia. Según pudo reconstruir este diario, en la reunión abundaron las acusaciones de parte de los funcionarios periciales federales a sus pares santiagueños.
“No escatimaron en descalificaciones a los médicos forenses de la provincia, planteando directamente que esto encuadra en la mala praxis pericial”, dijo una fuente ligada al caso a las salida de la reunión. “Esto es mala praxis por donde se lo mire”, se escuchó entre las gélidas paredes de la morgue. “Mintieron en las causales de muerte”, se agregó.
Aún falta conocer el informe escrito del Cuerpo Médico Forense, pero en la reunión los expertos le aseguraron a la familia de Franco que en los informes previos sobre las causales de muerte se mintió tanto sobre “los procedimientos” policiales tras la muerte del joven como sobre las fracturas y las lesiones cortantes del cuello que tiene el cuerpo. Incluso se marcaron contradicciones importantes, sólo entendibles por la “tranquilidad” de los funcionarios santiagueños de que todo sería impune.
Si esas lesiones descritas por los peritos de Salta son falsas ocurren dos cosas. Por un lado, un claro encubrimiento judicial-pericial sobre el homicidio (y sus ejecutores). Por el otro, la hipótesis que llevaba a sustentar el accidente desaparece y muestra que Franco fue asesinado y que "el lugar del hecho" fue una puesta en escena de la Policías de Santiago del Estero.
La familia hoy está más convencida que nunca que sobre esas mentiras y falacias la fiscal Leguizamón construyó un accidente, más adjudicable a una película de ciencia ficción de bajo presupuesto que a la realidad.
Las fuentes consultadas por este diario agregaron otro dato nada menor. Después de la reunión, en las inmediaciones del edificio de la morgue judicial, el perito Meossi se paseó junto a otro hombre, quien se mostraba notablemente ansioso. Era nada menos que el doctor Luis Alberto de la Rúa, procurador general de Santiago del Estero, jefe de todos los fiscales provinciales. Es decir el jefe de Erika Leguizamón.
Que un forense altamente cuestionado y el jefe de los fiscales de la provincia (dos "contrapartes" en cierta medida) se paseen ante la vista de quien quiera verlos, además de otra provocación es muestra de la impunidad que reina en el caso.
“Viajó a Buenos Aires personalmente, seguro que con la esperanza de que se sostuviera el accidente que no fue, porque con el develamiento del homicidio de Franco, otros doscientos casos similares deberán ser investigados nuevamente, así como deberán ser investigados los partícipes necesarios para tan grave encubrimiento”, dijeron desde el entorno de la familia de Isorni al enterarse de la presencia de De la Rúa en las inmediaciones de la morgue de la Corte Suprema.
El caso de Franco Isorni desde hoy abre un nuevo capítulo que promete dejar más en evidencia aún a los asesinos del joven en agosto del año pasado y, también, a quienes desde el Poder Judicial y desde el Gobierno de Gerardo Zamora buscaron por todos los medios encubrirlos a base de mentiras.
El homicidio de Franco Isorni ya es irrefutable. No fue un accidente, aunque quisieron que así parezca. Ahora, deberán dar explicaciones y pagar por semejante ataque a la víctima y su familia.
Daniel Satur
Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).