En el discurso de su domingo de gloria, Javier Milei señaló que la justicia social es una aberración. Evidentemente, una provocación ¿Cómo puede alguien con ese bestial discurso provocar adhesiones entre los sectores pobres de la población? Parecería inentendible si no fuera que las coaliciones políticas que manejaron las palancas del Estado en los últimos años dejaron resultados nítidos en términos de desigualdad y pobreza.

La dolarización de la economía que propone Milei implica reemplazar los muchos pesos en circulación por los pocos dólares existentes en el Banco Central. Existe todo tipo de interpretaciones sobre los beneficios de la dolarización: que permitirá percibir en dólares lo mismo que se percibe ahora como salario en pesos; que el dólar estará accesible para ahorrar y vacacionar. Se trata de puras fantasías. En realidad, hoy el Banco Central tiene las reservas netas en terreno negativo. Una dolarización requeriría una devaluación terrible del peso argentino. Su consecuencia: una catástrofe social mayor a la actual.

¿De dónde salió la gran bestia pop se preguntan muchos? Para eso no hay que buscar solamente en lo que Milei propone, sino en la realidad sobre la que opera. La justicia social es un imposible en la sociedad capitalista. No obstante, lo cual, si en algún momento el capitalismo argento llegó a ofrecer algo parecido a eso, ese pasado ya es muy lejano.

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De acuerdo a datos de la cuenta de generación del ingreso que elabora el INDEC, en 2016, la clase capitalista se apropió del 40,2 % del valor agregado del país. Esa participación aumentó al 42,2 % en 2019, el último año de Mauricio Macri en el poder. Con el gobierno del Frente de Todos, es decir, con el gobierno de la justicia social, la participación de los dueños de todo creció al 45,3 %. La contraparte fue el retroceso de la participación de los asalariados: fue del 51,8 % en 2016; del 46,2 % en 2019; y del 43,8 % en 2022. De punta a punta, se registró un retroceso de 8 puntos porcentuales en la participación de los asalariados.

La participación que falta para llegar al 100 % corresponde a impuestos netos de subsidios y al ingreso bruto mixto, que contempla a aquellos que realizan actividades que fusionan las figuras de patrón y empleado: pasó del 11,4 % en 2016; al 13,4 % en 2019; y al 13,8 % en 2022.

El Centro CIFRA, en un documento publicado el año pasado, estimó que, entre 2016 y 2021, la transferencia desde los asalariados hacia el capital alcanzó a los U$S 70 mil millones. También señaló que la mayor parte de esa transferencia de ingresos tuvo lugar durante la gestión de Alberto Fernández.

Según los datos de la mencionada cuenta de generación del ingreso del INDEC, de 22,3 millones de puestos de trabajo que existían en 2022, solo 11,2 millones (7,4 millones en el sector privado y 3,7 en el sector público) correspondían a asalariados registrados: es decir, el 50 % del total. El 50 % restante estaba constituido por 5,4 millones de puestos de trabajo de asalariados no registrados y 5,7 millones de puestos no asalariados, probablemente una mayoría de ellos sean cuentapropistas y microempresas.

Es decir, ese 50 % por fuera el empleo registrado carece de derechos laborales (claro que también entre los registrados impacta la carestía de la vida), que el “mal menor” peronista llama a defender y está sometido a los vaivenes de una economía estancada hace al menos una década, perdiendo la posibilidad de cualquier cálculo económico frente a una inflación galopante para aquellos que trabajan por cuenta propia. El futuro “extractivista” que proponen todas las coaliciones con la minería y Vaca Muerta, no solo sacrifica el cuidado del ambiente, también carece de perspectivas de creación de puestos de trabajo registrado en gran escala, de revertir el actual estado de cosas.

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En lo que va del año hasta el mes de junio, el poder de compra muestra una caída del 1 % en el sector registrado y el 4 % en el sector informal. Pero en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, el retroceso en el poder de compra del sector informal es del 19 %. Es decir, el sector más vulnerable es el que más sufre la inflación. Peor aún, en relación a 2015, todos los sectores pierden. En el sector registrado la caída del poder de compra es del 24 %, un poco más acentuada en el sector estatal. Y en el sector informal, el retroceso es enorme, de un 42 %.

El régimen capitalista explora los límites de la perversión al arrojar a la miseria a una mayoría que experimenta la precarización de todos los ámbitos de la vida y al mismo tiempo generar un discurso que ubica a las víctimas de la decadencia del país como los causantes de todos los males. La justicia social fue vapuleada por el gobierno que dice defender ese principio. Y le dejó la mesa servida a Milei.

La devaluación de Massa

Parece mentira que un hombre confiable como Sergio Massa haya ocultado en la campaña hacia las PASO lo que tenía planeado para el día después de las elecciones: una devaluación pactada con el FMI. La cotización del dólar mayorista pasó de $287 el día viernes 11/8 a $350 el día lunes 14/8, lo cual significó un aumento del 22 %. Ese aumento impactó en las cotizaciones paralelas del dólar, que también se dispararon.

¿A quién beneficia la devaluación? Sin dudas, a un puñado de grandes empresarios exportadores, en particular a los del agronegocio que poseen una suerte de oligopolio del comercio exterior de granos. Pero también a los exportadores industriales. La élite económica que tiene su patrimonio valuado en dólares y oculto en guaridas fiscales del exterior, hoy es más rica que el viernes 11/8 si se valúa su riqueza en términos de pesos argentinos. Los dueños del Grupo Clarín a la familia Macri, pasando por Marcos Galperín, por la familia Roca dueña de Techint, los Bulgheroni y todo un largo etcétera de millonarios que tiene su patrimonio en dólares oculto en guaridas fiscales, hoy son más ricos gracias a la devaluación del súper ministro.

Las grandes empresas que elaboran alimentos y otros productos de primera necesidad aprovecharon el río revuelto para remarcar precios. Según el relevamiento de algunas consultoras, la remarcación alcanzó el día lunes porcentajes similares al aumento del dólar oficial. Esto es, a todas luces, una avivada: no existe prácticamente ninguna empresa que tenga una composición del 100 % de insumos importados en los productos finales que vende. Massa señaló que está negociando con grandes empresas aumentos del 5 % mensual en el programa de Precios Justos, pero para lograrlo está concediendo beneficios fiscales.

La difusión del dato del 6,3 % de inflación de julio pasó desapercibido. Todos los analistas esperan una tasa de inflación de dos dígitos en los guarismos de agosto o septiembre. El fantasma de la hiperinflación merodea los bolsillos de las mayorías populares.

El golpe devaluatorio es un ataque a los ingresos del pueblo trabajador por la vía inflacionaria. El resultado final de toda devaluación es una transferencia de ingresos desde quienes viven de sus salarios u otro tipo de ingresos no indexados por inflación hacia el capital más concentrado. Como aclaró el propio Massa, los anuncios de aumentos de sumas fijas y en los programas sociales, que se esperan para la semana entrante, serán apenas una compensación parcial al daño provocado.

Otro de los anuncios del día después de las elecciones fue la suba de la tasa de interés que regula el Banco Central: pasó del 97 % nominal anual al 118 %. Esto implica una tasa efectiva anual del 208 %. Beneficio para los “choribanqueros” que tienen Leliq (Letras de Liquidez, una deuda del Central) entre sus activos. Un costo creciente para la entidad monetaria que está súper endeudada por la emisión de esas Leliq. Obviamente, esa suba de la tasa de interés también produce el encarecimiento del crédito productivo y al consumo. Es un ancla más que va a tirar hacia abajo la actividad económica.

Un ángulo que no se analizó mucho de esta suba de la tasa de interés es que, junto con el anuncio de congelamiento de la cotización del dólar oficial hasta octubre, genera condiciones para la famosa “bicicleta financiera”, similar a la que había armado el gobierno cambiemita en los inicios de su gestión ¿Por qué? Es una invitación a que ingresen capitales especulativos a aprovechar las altas tasas de interés de Argentina hasta octubre y luego se retiren con una ganancia extraordinaria debido a que el Banco Central les garantiza el tipo de cambio congelado.

Es difícil que funcione porque el Banco Central no es muy creíble. No obstante, Massa está invitando a que los fondos especulativos ingresen. Y, si esa invitación funciona, el problema es el día después de que se retiren: puede convertir en aún más caótico el mercado cambiario.

En los primeros siete meses del año, Massa realizó un ajuste del gasto primario del 8,3 %, medido en términos reales (descontada la inflación) y, aun así, estaba incumpliendo la meta de déficit fiscal pactada con el FMI, que no fue modificada a pesar de la sequía y la crisis que atraviesa el país. En este contexto, hacia fin de año no se puede esperar más que ajuste para intentar cumplir con el Fondo.

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) exhibe una caída de 1,3 % en el acumulado al mes de mayo. Esta tendencia recesiva instalada en la economía hace meses ahora tomará nuevo impulso con la devaluación, el aumento de tasas de interés y el ajuste del gasto público. Así, se reúnen las condiciones para ir hacia una recesión fuerte combinada con inflación alta que puede llevar la pobreza a niveles inéditos en las últimas dos décadas.

La economía está embarrada en el estancamiento hace prácticamente una década: este 2023, el PIB puede terminar en un nivel inferior a los registrados en 2015 y 2017, los años de mayor actividad en la última década. En términos de PIB per cápita, es decir medido por habitante, la economía muestra guarismos peores que hace una década y media. Esta es la tierra fértil en la que echan raíces las ideas de Milei.

La receta mágica

A los ojos de una buena porción de la población, las consecuencias de la devaluación de Massa explican mejor y hacen más necesaria que nunca la receta mágica y reaccionaria de la dolarización que postula Milei para aniquilar la inflación. Dice que con la dolarización se estabilizará la economía, se terminará con la inflación, se mejorarán los salarios y que el país se desarrollará. En realidad, se trata de un plan bomba, fundamentalmente, contra los asalariados.

Hay una cuestión “técnica” clave a determinar en una dolarización: consiste en establecer a qué tipo de cambio se efectúa el reemplazo de la base monetaria y de otros pasivos del Banco Central por dólares. En el mes de abril, considerando las reservas netas de la entidad monetaria, Fundar estimó en $2.080 el tipo de cambio de dolarización para el caso que se reemplace solamente la base monetaria y en $7.070 en el caso de que se reemplacen todos los pasivos remunerados del Banco Central, constituidos principalmente por las Leliq, que son una deuda que tiene la entidad monetaria con los bancos y, en última instancia, la contrapartida de los depósitos bancarios. Por su parte, en aquel entonces, el Centro CEPA estimó el tipo de cambio de dolarización entre $2.860 y $9.880, también considerando las dos alternativas.

En ese mes de abril las reservas netas del Banco Central eran escasas. Hoy son negativas. Casi que no hay cálculo económico que permita establecer a ciencia cierta a cuánto se iría el tipo de cambio de dolarización, pero no es descabellado que podría superar los $10.000.

¿Cómo impacta en el salario? Tomemos, por ejemplo, un salario de $350.000. Con el actual tipo de cambio oficial, el salario equivale a U$S1.000 al tipo de cambio mayorista oficial o a U$S486 al tipo de cambio “blue” (cerró en $720 el viernes). Pero con un nuevo tipo de cambio de $10.000 el salario bajaría a U$S35, es decir una caída mayor al 90 % del salario medido en la moneda extranjera, en cualquier caso. Esto implicaría un gigantesco beneficio para las empresas, en particular para las multinacionales, para su ecuación de ganancias en dólares.

Lo que no dice Milei es que la dolarización tendría como primer acto una desvalorización terrible de los salarios medidos en dólares. Habría salarios en dólares, sí, pero los dólares que se recibirían por salario serían ínfimos.

Las soluciones mágicas del economista despeinado deberían conducir a la formulación de algunas preguntas ¿A qué tipo de cambio se van a dolarizar los ahorros que están depositados en los bancos? Otra más: ¿A qué tipo de cambio de dolarizan las deudas por préstamos personales o por tarjeta de crédito? ¿Será con el tipo de cambio más favorable para el ahorrista y el deudor o el más favorable para los bancos? Esta dulce tierra tiene una larga historia de confiscación de pequeños ahorristas: plan Bonex, corralito, corralón y pesificación asimétrica. No habría que confiar nunca en que un banco va a beneficiar a un cliente.

Emilio Ocampo aparece como el “especialista” de Milei a cargo de llevar adelante la alquimia de la dolarización. Esta semana, en un seminario en la Fundación FIEL explicó que, en realidad la dolarización llevaría un tiempo. Ahora, parece que en el primer año y medio no se dolariza, sino que se ajusta a los de abajo. En esta perspectiva, la salida que proponen los mileistas se emparenta con la de Patricia Bullrich de levantar el cepo y unificar el tipo de cambio en lo inmediato. La política cambiaria de total liberalización que aplicó Juntos por el Cambio cuando fue gobierno abrigaba la esperanza de un shock de confianza que provoque una “lluvia de inversiones” que traería dólares al país. Resultó en lo contrario: lo que predominó fue una fiesta con la “bicicleta financiera”, un megaendeudamiento y una fuga de capitales inédita.

Ocampo propone una reedición de esa fiesta del capital financiero. En una entrevista de hace unos meses señaló la idea de que la dolarización se puede llevar a cabo mediante un canje de la base monetaria por las reservas netas (ahora negativas) del Banco Central. Por otro lado, iría “lo financiero”: los activos y pasivos financieros (como las Leliq) del Banco Central se pueden concentrar en un “fondo de estabilización monetaria”. Ese “fondo” incautaría el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, es decir de los jubilados, para dar “sustentabilidad” a los bancos. Aunque Ocampo afirma lo contrario, esta ingeniería, implicaría nuevo endeudamiento externo en un país que ya sufre el saqueo cotidiano de la deuda fraudulenta con el FMI y con los lobos de Wall Street.

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La transición hacia un nuevo régimen monetario desataría todas las fuerzas del gran capital para mejorar su tasa de ganancia en detrimento del poder de compra del salario. Todos los empresarios querrán cobrar sus bienes y servicios al precio más alto posible y pagar los salarios lo más bajo posible. Es decir, la dolarización tiene como objetivo un cambio en la relación de fuerzas entre la clase trabajadora y la clase capitalista.

La convertibilidad de los años 1990 se trató de una semi dolarización. Es un ejemplo fantástico de destrucción productiva y de empleos incluso durante su período de esplendor. En su último acto, estalló provocando una desocupación que superó el 20 % y con la pobreza arriba del 50 %. Milei es un pedante, pero no es un analfabeto de este proceso. De hecho, se declara fan de Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad menemista. Sabe que la dolarización sería una convertibilidad recargada con consecuencias sociales inéditas, no solo es los segmentos más pobres de la población, sino también en los sectores industriales y comerciantes no competitivos donde también encuentra adhesión su desfachatez.

Una eventual dolarización dejaría a la política económica sin herramientas para buscar amortiguar los shocks de la economía mundial. De hecho, la convertibilidad se quebró, entre otros factores, cuando una sucesión de crisis hacia finales de 1990 (este asiático, Rusia y la devaluación de Brasil) produjeron la salida de capitales desde los denominados países emergentes (dependientes o semicoloniales para los marxistas) hacia las potencias imperialistas. El Banco Central no pudo hacer mucho porque tenía las manos atadas.

Milei oculta todas estas consecuencias al decir que con la dolarización tiene una solución mágica para terminar con la inflación y todos los problemas de la Argentina.

Massa abre el camino

Mientras tanto, Sergio Massa utiliza ese fantasma del futuro para desvalorizar los ingresos de las grandes mayorías en el presente con la devaluación pactada con el Fondo. El gobierno que el año pasado proclamó que el programa económico acordado con el Fondo era propio, ahora denuncia que todo es culpa de Washington. Pero la pleitesía a los amos del norte no se detiene: Massa le promete al Fondo que el año próximo alcanzará el déficit cero, otro homenaje a Domingo Cavallo, lo cual conducirá a un brutal recorte de gasto público. La lucha frontal contra el ajuste actual, prepara al pueblo trabajador para estar en mejores condiciones para enfrentar al gobierno que asuma el 10 de diciembre, que, bajo la versión de Milei, Bullrich o Massa, elabora recetas amargas para las mayorías.

El gobierno viene aplicando un “Frankenstein” de diversos tipos de cambio y el cepo, medidas que no contienen la presión devaluatoria ni, tampoco, por ende, la escalada de la inflación. Mientras que al pequeño ahorrista se le cierra la puerta para acceder al dólar, que es una de las únicas vías que tiene para preservar su patrimonio o para realizar turismo en el exterior, los grandes empresarios, los bancos, son los que realizan mayormente las operaciones de Contado con Liquidación o Dólar Bolsa para acceder a las divisas y especular.

El “cepo” es una restricción al acceso de divisas con muchas filtraciones. Más de la mitad del superávit comercial en los años del Frente de Todos se fue en pagos de deuda externa de las empresas privadas, muchas de ellas deudas ficticias pagadas a sus casas matrices: un saqueo a las arcas del Central. Recién en 2021 el Gobierno intentó controlar esos pagos de deudas. Son las mismas empresas que saquearon los dólares del país con una fuga de capitales inédita durante el macrismo. El sistema bancario es el que organiza el saqueo de las reservas del Banco Central para que un puñado de ricos y grandes empresarios fugue dólares a guaridas fiscales.

Las restricciones que se implementaron para el acceso al dólar dan la idea de que faltarían dólares en la economía. Esta es la cobertura ideológica para seguir ajustando. Parece paradójico, pero desde el 2000 al 2022, el país obtuvo un importante superávit comercial de bienes (es decir, que las exportaciones superaron a las importaciones) de U$S 190.000 millones, según cifras oficiales del INDEC. En el actual gobierno, el superávit de bienes, entre 2020 y 2022, fue de U$S 34.000 millones (según la contabilización del INDEC). No faltan dólares. Sobran saqueadores de la élite económica y con la fraudulenta deuda externa. En el exterior, principalmente en guaridas fiscales, existe un patrimonio fugado que es similar a lo que produce el país en un año.

Un informe del Congreso sobre la fuga de capitales en el 2001 expuso que el 75 % de los montos fugados en el medio de la crisis se canalizaron a través del Citibank, Banco de Galicia, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y el HSBC. En 2014, otro informe del Congreso confirmó la práctica del HSBC para facilitar la evasión de impuestos y la salida de divisas con destino a Suiza.

Según un informe del Banco Central entre enero de 2016 y octubre de 2019 la formación de activos externos conocido como “fuga de capitales” alcanzó los U$S 86.200 millones. En el listado de las 100 principales empresas que fugaron que Horacio Verbitsky publicó El Cohete a la Luna están Telefónica, Pampa Energía, Western Union, American Express, General Motors, Grupo Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, entre otras.

Una salida en favor de las mayorías

La nacionalización del sistema bancario en un banco estatal único, que concentre a todos los bancos privados y públicos, y que esté gestionado por sus trabajadoras y trabajadores, permitiría anular al sistema bancario actual como facilitadores de la fuga de capitales.

Nacionalizar la banca también es una medida fundamental para que los depósitos particulares de los pequeños y medianos ahorristas sean preservados y no terminen siendo expropiados como sucedió con el plan Bonex de 1991 o el “corralito” de 2001, y que el ahorro nacional se destine a crear créditos baratos para acceder a la vivienda, a microemprendimientos o para los pequeños comerciantes golpeados por la crisis.

Para evitar la fuga, la sangría de dólares y las maniobras de las grandes empresas, esta medida tiene que ser comprendida junto a la estatización del comercio exterior bajo administración de los trabajadores. El comercio exterior en la actualidad opera casi como un “monopolio” privado del control de divisas, donde quienes venden al exterior presionan y consiguieron tipos de cambio especiales durante cierto tiempo, y donde la importación se realiza a un dólar muy barato comparado con el dólar desregulado.

El comercio exterior, actualmente, se concentra en unas pocas empresas, en su mayoría extranjeras, que manejan entre el 50 % y el 75 % de las exportaciones del país. Son las comercializadoras de cereales y derivados, petroleras y mineras, y en el sector manufacturero algunas grandes firmas de la agroindustria, las automotrices, el aluminio y otros metales. Todo el tiempo utilizan el peso que les da esta “posición estratégica” para condicionar la economía, generar golpes de mercado o escasez de divisas.

Por el contrario, si el comercio exterior estuviese en manos de un organismo del Estado bajo gestión de los trabajadores se podría definir qué se importa y qué se exporta en función de que a nadie le falte alimento, que estén garantizadas la salud y la educación. Una política de este tipo también cortaría de raíz con las trampas empresarias, como las que hacen muchos importadores para acceder a dólares baratos del Banco Central, o, del otro lado, las que practican los exportadores, como hacía Vicentin o ahora hacen las mineras del litio, que subdeclaran exportaciones para no ingresar los dólares al país. El comercio exterior debería funcionar bajo administración obrera para terminar de raíz con todas esas maniobras.

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Si se acaba con el saqueo del país habría dólares para planificar el desarrollo económico. Esto requiere un cambio de rumbo. La clase trabajadora debe estar al frente de la gestión de los principales medios de producción: grandes industrias, recursos mineros, una banca nacionalizada, el comercio exterior y puertos, empresas de servicios públicos.

Para empezar a estabilizar el valor de la moneda, terminar con la inflación y mejorar las condiciones de vida hay que poner fin al saqueo y con la propiedad privada de los recursos estratégicos del país. Solo así la clase trabajadora podrá tener satisfecha todas sus necesidades.

El pago de la deuda fraudulenta al FMI y a los fondos buitres somete al país al dominio de los centros financieros imperialistas y a una expoliación de la riqueza nacional. Entre 2024 y 2032 los vencimientos de capital e intereses de deuda soberana que tendrá el país con organismos internacionales de crédito y acreedores privados (es decir, sin contar la deuda intra sector público) rondarán los U$S 18.000 millones de dólares de promedio anual. Considerando que el superávit comercial de 2020-2022 (sin tener en cuenta el efecto de la sequía), fue de alrededor de U$S 10.000 millones de dólares en promedio y que todo lo que entró se fue por “otras ventanillas” de la fuga y pagos de deuda, la perspectiva que proponen los partidos capitalistas es la de mayor saqueo del gas, el litio y nuestros bienes comunes naturales y ajuste sobre el pueblo trabajador.

El desconocimiento soberano de la deuda y la ruptura con el Fondo es un primer paso para terminar con la decadencia nacional. Permitiría preservar los dólares para atender las necesidades urgentes. No al gobierno de los millonarios y su casta política. El país requiere una reorganización desde abajo, con un gobierno de la clase trabajadora que socialice los medios de producción para la planificación democrática y racional de la economía en función de estos objetivos.