Lo advertimos desde un principio, el Fondo sigue siendo el mismo, y lo volvemos a corroborar a partir de la divulgación –no oficial– del borrador de entendimiento. Al camino plagado de ajuste fiscal, monetario y cambiario se suman las reformas estructurales (ahora llamadas “marcas”) que entrarían en estudio a lo largo del año. No alcanza solo con la voluntad de entregarle al Fondo todo lo que el Fondo pide, los cambios bruscos de la realidad internacional pueden exigirles aún mayores concesiones a los funcionarios del Frente de Todos. La guerra en Ucrania ya implicó una duplicación del precio del gas y pone en duda, el ya de por sí, complejo esquema de ajuste de tarifas que se viene negociando contrarreloj ante el vencimiento de deuda del 22 de marzo. El acuerdo debe ingresar al Congreso para su aprobación en los próximos días. Pero así como el Fondo no cambió, tampoco lo hizo el kirchnerismo. Lejos quedaron las frases para la hinchada, vamos “a pagar creciendo”, exigir que estiren los plazos de devolución de la deuda a 20 años o la quita de las sobre tasas. El pasado de “pagadores seriales” de la deuda (y en efectivo al FMI) ahora reaparece como un presente de “apoyo crítico” al acuerdo, al que lo acompañan en silencio tras la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. La alternativa al sometimiento imperial del FMI se definirá en las calles.

Lo que el FMI se llevó (y trajo)

Crecimiento y deuda. “Para poder pagar hay que crecer primero”, decía Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019. En el borrador de entendimiento las proyecciones de crecimiento del PBI muestran una dinámica bastante moderada y descendente para los próximos años. El crecimiento sería de 3,5 %/4,5 % en 2022 (la última proyección del FMI para Argentina este año es de 3 %); 2,5 %/3,5 % en 2023 y 2 %/2,5 % en 2024. En esta “letra chica” Guzmán se acerca más a la realidad de los efectos históricos de los programas del Fondo sobre el crecimiento que por regla son recesivos. Y esto ocurre en una economía mundial que estaría regresando con crecientes dificultades a los niveles de crecimiento ya de por sí bajos que existían antes de la pandemia y encima ahora se suma la incertidumbre que trae consigo la guerra en Ucrania de la cual estamos viviendo los primeros acontecimientos.

El acuerdo que se va a firmar parte de un piso conquistado de ajuste en forma de shock a partir de las medidas que se fueron aplicando durante el primer Stand By en 2018 y 2019 (con las devaluaciones, recorte del gasto y emisión monetaria cero llevando a la economía a la recesión esos años). También durante la pandemia el gobierno de Alberto Fernández continuó “ordenando” las cuentas de cara a la futura negociación con el FMI, lo que llevó al país a tener uno de los niveles de gasto público para contrarrestar el impacto recesivo del covid más amarretes de la región. Este ajuste previo es un piso que se proponen consolidar y profundizar las pautas comprometidas entre el gobierno argentino y el FMI. No obstante, el hecho que el plan del gobierno no sea expansivo –como mínima, y de máxima pudiendo ser directamente recesivo– le saca envión a la economía que considerando el resto de la actividad del sector privado experimentaría un modesto crecimiento como estima el ministro de Economía. Así y todo, el plan económico se mueve al filo de la navaja, como muestra la discusión de los subsidios a la energía –que según algunos especialistas solo podrían reducirse con tarifazos generales de 80 %, o más considerando los últimos aumentos del gas y petróleo por la invasión de Rusia a Ucrania–. Esto preanuncia complicaciones y renegociaciones en caso de no alcanzar las metas, y que entonces se deban asumir nuevas medidas de ajuste (el borrador dice que los funcionarios argentinos están dispuestos a recalibrar las políticas para cumplir con las metas). El borrador de acuerdo adelanta con este pronóstico de crecimiento una larga trayectoria –ya inscripta en la hoja de pagos hasta el 2034– donde permanentemente el país estará al borde del default y, allí los burócratas del Fondo con las revisiones trimestrales buscarán sacar más tajadas en la subordinación del país a las órdenes del imperialismo.

Reformas estructurales. “Este acuerdo no implica reformas estructurales” sostuvo Martín Guzmán en la presentación del acuerdo el 28 de enero pasado. Sin embargo, el borrador de entendimiento lleva la marca de las reformas estructurales. Se mencionan “marcas” de los aspectos estructurales a modificar en el área de subsidios energéticos, la revisión del sistema previsional o en hacer más “eficiente” el gasto en salarios estatales. Estas indicaciones generales sobre sectores a realizar cambios estructurales confirman que, como es obvio, el Fondo no cambió y que el programa de “Facilidades Extendidas” que firmará el Estado argentino sigue incluyendo en su menú este tipo de reformas (que por ejemplo, en los años noventa, implicaron el desguace y privatización de las empresas del Estado y del sistema jubilatorio).

Sobre éste último, Guzmán en su cuenta de tuit anticipó que “se va a hacer un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por Ley 27.546”, que en su mayoría comprenden a docentes, investigadores y trabajadores en áreas de riesgo, pero “no se va a modificar la Ley jubilatoria sancionada en 2020”. Es que en realidad la reforma jubilatoria ya la habían iniciado Macri en 2017 y el Frente de Todos la continuó con la nueva fórmula de movilidad aprobada a meses de su llegada al poder. Pasaron una guadaña que le permitió al Estado “ahorrar” 327.000 millones de pesos entre 2017 y 2021 (Informe del IARAF, publicado el 6/2/22) y el poder adquisitivo de las jubilaciones retrocedieron un 23%. Así hoy la mayoría de los jubilados está con el haber mínimo en la línea de indigencia, a lo que se suma el vencimiento en julio de la moratoria que da acceso a una pensión para aquellas personas que no reúnan los aportes mínimos (PUAM), entre ellas, las más perjudicadas son las mujeres que tienen la mayor parte de los trabajados precarios. Hay que ser claros, no solo no le devolvieron a los jubilados lo que les robó el macrismo, sino que están anunciando nuevas medidas que le dan continuidad a una reforma jubilatoria en cuotas. Con el acuerdo se pretende que cada trabajador “decida” la edad de retiro como si esto fuese una elección libre en un contexto de jubilaciones de miseria (en los hechos una forma de elevar la edad jubilatoria, que en forma optativa ya está en los 70 años tras la reforma de 2017) y tirar a la baja los derechos de aquellos trabajadores que hoy están en los denominados regímenes especiales, aunque sobre esto último ahora digan que solo sería aplicado al caso de diplomáticos y jueces que sólo representan el 1,7 % del total de los regímenes especiales. El problema de fondo está en que el sistema previsional tiene a 8 millones de personas (en su mayoría asalariados) sin aportes, sobre un total de 20 millones de activos, lo cual es la fuente principal de vaciamiento del sistema junto con las facilidades a la rebaja de aportes patronales que siguen intactas desde la época de Cavallo y que ante cada crisis se amplían cuando el Estado habilita a las patronales a nuevas rebajas de sus aportes.

“Entre los jubilados y los bancos”, el Frente de Todos optó por los segundos desde hace rato. La suba de las tasas de interés por encima de la inflación a pedido del Fondo es el inicio de un paquete que anticipa el borrador los seguirá beneficiando. Además se habla de “liberar gradualmente los mínimos de las tasas pasivas y los límites máximos de las tasas activas” lo cual impactará en el encarecimiento de la refinanciación de tarjetas de crédito y otros préstamos; se emitirán nuevos títulos de deuda pública con vencimientos más largos, queriendo ubicar al sector financiero local como prestamista del Tesoro en reemplazo del Banco Central sobre el cual está la meta de reducción a cero de la emisión monetaria. También con tasas de interés ganándole a la inflación habilitan a que vuelva a rodar la bicicleta financiera seduciendo a capitales especulativos del exterior a entrar y poder llevarse una rentabilidad en dólares muy superior a la que pagan las principales plazas financieras del mundo.

Energía. Los subsidios energéticos se han transformado en el principal nudo a desatar en la recta final antes de la firma del acuerdo. El Fondo exige un aumento anual del 60% en línea con la reducción de los subsidios del 2,3 al 1,7 % del PBI. Esta es una meta que según distintos analistas implicaría una suba aún mayor de las tarifas, al menos, de un 80 % o 90 % durante este año, de acuerdo a cálculos previos a la suba del petróleo provocada por la guerra. Por ahora el anuncio oficial es de un incremento promedio del 36 % en las tarifas residenciales de gas a partir de marzo. Pero todo el esquema tambalea con la guerra en Ucrania que disparó el precio del petróleo, lo cual encarece las importaciones de GNL (gas natural licuado) que ya están en USD 46 (para este año la Secretaría de Energía las calculaba en USD 23) y triplicarían el costo de las importaciones para este año generando un mayor drenaje de reservas. El tire y afloje entre el gobierno y el Fondo, entre cuanto suben las tarifas y cuanto bajan los subsidios, puede dar lugar a que busquen una compensación por la vía de mayores recortes en otras áreas del gasto público. Esto aún está por verse. Más allá de la coyuntura, el borrador de entendimiento pone evidencia que el Fondo tiene un interés de realizar “marcas” estructurales en el sector energético. Se trata de uno de los principales componentes del déficit fiscal primario. Para ello, postulan una injerencia directa en la fijación y segmentación de tarifas entre usuarios de bajos recursos, entre comerciantes y la industria, también en definir el funcionamiento del conjunto del sistema. Recordemos que el capital extranjero es un jugador de peso en el sector energético con su llegada propiciada por el propio Fondo y el Banco Mundial que dirigieron las privatizaciones en la década de 1990, y puede estar buscando otorgar nuevas oportunidades de negocios a las multinacionales extranjeras en un sector donde algunos grupos locales fueron ganando posiciones desde la salida de la convertibilidad y vienen de recomponer sustancialmente sus ganancias en dólares con la desregulación de tarifas durante el macrismo.

Gasto social. “Esta deuda que dejaron no la vamos a pagar con el hambre del pueblo” decía Máximo Kirchner en un video durante la campaña electoral el año pasado. Una clara medida contraria a las palabras del ex presidente del bloque del FdT en el Congreso la tomó el ministro Zabaleta ordenando el congelamiento de las altas en los planes sociales (Potenciar Trabajo). En un país con un 40% de pobreza y un mar de precarización laboral que en el caso de la juventud alcanza al 70 % en promedio. Para colmo en el borrador de acuerdo con el Fondo se indica que el Banco Mundial tendrá un papel destacado en la organización de la ayuda social hoy en manos de los intendentes, organizaciones y de la izquierda, estas últimas, son las que más vienen cuestionando en las calles el plan del gobierno con el FMI. Aquí el gobierno incluso puede aprovechar la injerencia del Fondo para disciplinar a las organizaciones que lo cuestionan en las calles, un desafío que le puede costar caro. Con la CGT saludando la firma del acuerdo y el kirchnerismo dando su “apoyo crítico” la bandera de no pagar la deuda con el hambre del pueblo queda en manos de la izquierda y las organizaciones combativas que vienen enfrentando el acuerdo con el Fondo en las calles.

Un cogobierno al servicio del gran capital

En los manuales del Fondo la instrumentación de las medidas de política económica están guiadas siempre por el mismo diagnóstico. El enfermo (país) que llega a tocar su puerta tiene un déficit en su balance de pagos, o sea, el Banco Central pierde dólares porque el ingreso de divisas del comercio exterior y el ingreso de capitales de inversión o financieros es inferior a la salida por la vía de las importaciones, pago de deuda y utilidades de las multinacionales, y esto se debe a que el “país consume más allá de sus posibilidades”. No hacen mención a las condiciones estructurales de un país con rasgos semicoloniales como Argentina que está atado a la dependencia y al saqueo del capital financiero.

Al no existir ningún condicionamiento estructural del país, la recomendación del Fondo por la reducción del déficit (y así de la emisión) y, a la vez la exigencia de mantener un tipo de cambio “competitivo” (un peso devaluado) cuestión de encarecer las importaciones y alentar las exportaciones. Por eso vemos como la hoja de ruta asimilada por el gobierno tiene el objetivo de llegar al déficit cero en 2025, una fuerte reducción de la emisión monetaria del 3,7 % al 1 % del PBI este año, la suba de tasas de interés y que la devaluación del peso va a tiro con la inflación mes a mes.

Lo particular en el caso de Argentina es que desde el ingreso al programa del FMI (Stand By) con Macri las políticas de shock llevaron a recuperar el superávit en el balance de pagos desde 2019 hasta el año pasado. Entonces el objetivo del acuerdo con el FMI es en gran medida otro, en este caso, generar las condiciones para que el país pueda garantizarle sus derechos de cobro como acreedor. Su libra de carne. Y que siga habiendo excedente de divisas para los acreedores privados, las multinacionales y las grandes empresas locales que dolarizan sus ganancias (como parte de un comportamiento propio de la cúpula empresarial que destina una porción muy baja de sus ganancias a la inversión productiva).

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Pero no se trata solo de una cuestión financiera, si no también que la aplicación de los programas del Fondo que son recesivos, apuntan a contraer la demanda por la vía del salario, y de esta manera ampliar el excedente económico (diferencia entre el valor de la producción bruta y la masa salarial, la plusvalía). Un excedente que se reparte entre los acreedores financieros y el gran capital concentrado en el agronegocio, la industria, los servicios, el comercio, los bancos y terratenientes. Y actualmente la caída del salario por la vía inflacionaria viene siendo el motor del ajuste en el sector público. Paritarias por debajo de la inflación y recaudación impositiva por arriba, le permiten a Guzmán licuar el gasto público ajustando las partidas que no están indexadas. Este año el 40 % anunciado para los estatales (que se proyecta para el sector privado) cuando el BCRA indica un piso inflacionario del 51 % ratifica esta modalidad de ajuste indirecto. Si tomamos el conjunto del salario viene perdiendo cerca de un 20 % desde 2016, aunque hay una fuerte disparidad que en el caso de los estatales los ubica con un retroceso del 30 % y de 29 % en el sector privado informal.

De este piso de una Argentina superajustada comen los grandes empresarios que según el Indec en un año pasaron a llevarse 8 puntos más del PBI en detrimento del retroceso que experimentaron los asalariados. Son estos mismos empresarios que están ansiosos por la firma del acuerdo con el Fondo. Nos referimos al poder económico con el bloque de los últimos ganadores del gobierno macrista: el agronegocio, los bancos, las empresas privatizadas y el sector petrolero, a quienes se suman los grandes grupos de las industrias alimenticias (Arcor, Molinos, Ledesma), farmaceúticas (Insud, Richmond) y las “tecnológicas” como Mercado Libre que volvieron a mejorar sus ganancias desde la pandemia. Ellos apuestan en lo inmediato a que el acuerdo patee el default de la deuda con el Fondo para más adelante y ganar tiempo hacia su proyecto de más largo plazo. Lograr un salto en la explotación de la fuerza de trabajo, una ampliación de los márgenes de ganancias a costa de los salarios y de las condiciones laborales, aprovechando el cogobierno del FMI y la colaboración de las burocracias sindicales que ya han demostrado su voluntad como en las reformas en los convenios laborales de hecho (como en Vaca Muerta, Toyota) y más en general en venir bancando el acuerdo como en forma explícita lo hizo la CGT.

La cuestión de fondo para los dueños del país está en sentar un nuevo piso de rentabilidad para el conjunto del gran capital y que éste pueda dolarizar sus ganancias sin las restricciones que hoy existen. Superar este problema para ellos exige cambios estructurales también en la capacidad de generación de divisas y sobre todo considerando que el propio FMI está parado en la primera fila de los que se van a exigir millones de dólares durante muchos años. Por eso, el plan del cogobierno por la vía de combinar ajuste con un extractivismo sin límites en la minería, el petróleo offshore o la pesca, apunta a satisfacer los deseos del gran capital extranjero y sus socios locales. Su proyecto es un nuevo ataque a las condiciones de vida de la clase trabajadora y los sectores populares. Los ritmos y la intensidad del ajuste, estarán inscriptos en las formas que vaya adquiriendo el desarrollo mismo de la crisis. Para no volver a caer hasta el fondo, se impone que demos una respuesta a la altura del ataque.

Salir del Fondo

El acuerdo con el FMI que los grandes empresarios, la oposición de Cambiemos y buena parte del Frente de Todos nos quieren vender como la única alternativa, agrava la hipoteca nacional. Perpetúa el problema de la deuda impagable a cambio de ajuste fiscal y monetario, así como numerosas “marcas estructurales” que irán tomando valores concretos a medida que avancen las revisiones trimestrales que son el signo más claro de un “cogobierno”, con la batuta en manos de los enviados virreinales del organismo multilateral.

La idea de “negociar con fuerza” con el FMI con la que coquetearon distintos sectores de la coalición oficialista se convirtió en papel mojado, y volvemos a comprobar que si no rompemos con el Fondo, no hay futuro para las mayorías trabajadoras. Rechazar las exigencias del organismo y la hipoteca que dejó Macri, así como avanzar el repudio del conjunto de la deuda odiosa, es la única salida de fondo. A eso apunta el planteo de desconocimiento soberano de toda la deuda con el capital financiero y los organismos multilaterales comandados por el imperialismo; esta salida está indisolublemente ligada a una serie de medidas de autodefensa nacional.

El monopolio estatal del comercio exterior que desactive las distintas maniobras de los grandes jugadores del mercado de divisas. Las 5 principales multinacionales del agronegocio controlan el 60 % de las exportaciones y que especulan con la devaluación de peso para ingresar los dólares de las ventas al exterior o los importadores que solicitan más dólares que los que realmente utilizan en sus compras de productos y servicios extranjeros. Y también está el caso de las grandes empresas que se endeudan en el exterior con autopréstamos que les permiten luego sacar los dólares del país con la excusa de pagar los créditos. El 40 % de la deuda en dólares que contrajo el sector privado por USD 80.000 millones está bajo esta modalidad fraudulenta. Las autoridades del BCRA dicen que ahora van a endurecer las penas a quienes efectúen estas defraudaciones, pero son las mismas que históricamente han sido parte de este negocio. Ni siquiera están dispuestas a publicar la lista de empresas y personas físicas que participan de la compra de millones de dólares como parte de los mecanismos de la denominada fuga de capitales. Esta es una tarea que solo puede recaer en manos de la clase trabajadora y partir de allí también poder utilizar parte de la renta agraria y minera en función de las necesidades sociales como el financiamiento de un plan de obras públicas (viviendas, escuelas, hospitales, rutas) que genere trabajo genuino para los millones de desocupados.

Otra medida fundamental es la nacionalización del sistema bancario, creando un banco estatal único, controlado por los trabajadores, que frene la fuga de capitales que los gobiernos en acuerdo con los banqueros en cada gran crisis la traducen en la confiscación de depósitos como hicieron con el corralito antes de la salida de la convertibilidad. Se trata de defender el ahorro nacional y, al contrario del negocio que el cogobierno le facilita hoy a los bancos subiendo las tasas de interés, teniendo control del sistema bancario se puede reorientar los recursos hacia el crédito accesible a los jubilados, a las familias trabajadoras que necesitan construir sus viviendas o a los pequeños comerciantes y productores.

Esto solo se puede conquistar con la movilización obrera y popular, exigiendo a la CGT y la CTA que rompan la tregua y convoquen a paros activos, en la perspectiva de la huelga general para derrotar el plan del FMI. En este camino los partidos que conformamos el Frente de Izquierda junto a más de 200 organizaciones venimos impulsando jornadas nacionales de movilizaciones con miles de trabajadores ocupados, desocupados y la juventud que llenaron dos veces la Plaza de Mayo y se replicaron en varias ciudades del país. Nos preparamos nuevamente para cuando se trate el acuerdo en el Congreso.

Frente al cogobierno al servicio del gran capital solo la unidad de la clase trabajadora en forma independiente de los partidos tradicionales puede forjar una alternativa. Esto exigirá no solo de la pelea en las calles por un no pago soberano y las medidas que ello trae aparejadas; si no también la pelea por el salario, con cláusula gatillo y un mínimo de salarios y jubilaciones igual a la canasta familiar, la defensa de los puestos de trabajo y los derechos laborales, contra el congelamiento de las altas de planes sociales, por la reducción de la jornada laboral –sin afectar el salario– y el reparto de las horas de trabajo, entre otras medidas que permitan ir construyendo una alianza de la clase trabajadora, ocupada y desocupada, en blanco y precarizada, que abra paso a ganar el apoyo de las clases medias arruinadas y del movimiento estudiantil, poniendo así en pie a la fuerza social que puede derrotar el plan del FMI. El impulso que puede dar la expulsión del Fondo apostamos a que abra paso a la conquista de un gobierno de trabajadores en ruptura con el capital, el cual reorganice la economía y la sociedad en función de las necesidades de las mayorías. Derrotar su plan depende de que se desarrolle esta perspectiva militante.