Dos sentencias judiciales, en Madrid y País Vasco, igualan el despido de fijos e internos, subiéndolo de 12 a 20 días, a raíz de la reciente sentencia de la justicia europea.
Miércoles 19 de octubre de 2016
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a 20 días de salario por año de servicio la indemnización por la extinción de un contrato trabajo de investigación. La trabajadora afectada trabajaba en la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria (Bio Euskal Fundazioa).
La sentencia considera que la relación laboral, 3 contratos en tres años (2012-2015) era de carácter temporal. Sin embargo argumenta, que debido a la sentencia europea, la indemnización debe ser la misma que la que tendría un trabajador fijo despedido por causas objetivas.
Con esta ya son dos sentencias de tribunales españoles, las que aplicando el criterio de igualdad en la indemnización, ente fijos y temporales. Todo ello tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del pasado 14 de septiembre, que afirmaba que la legislación laboral española era injusta al hacer esta distinción.
La primera fue la del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del pasado 5 de octubre, que condenaba al Ministerio de Defensa, a indemnizar como fija a su trabajadora Ana de Diego. Esta empleada, fue la que había llevado su caso al tribunal europeo y había logrado la histórica sentencia.
Gobierno, Patronal y Sindicatos se prepararan para la "ola" de reclamaciones
Estas dos sentencias son las primeras, pero está claro que no serán las únicas. Tras el histórico fallo de la justicia europea, es previsible que en los próximos días o semanas sean miles las reclamaciones sobre este asunto. Solo basta recordar, que la sentencia puede afectar a los más de 2,4 millones de trabajadores eventuales y contratados por obra y servicio (llámense temporales o interinos) que existen actualmente en el Estado español.
Frente a lo que se les "viene encima", tanto a la patronal como al gobierno, ya se han puesto "manos a la obra". El pasado 17 de octubre, se reunieron en el Ministerio de Empleo la ministra en funciones, Fátima Bañez, los líderes de las patronales CEOE y Cepyme y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO. En la misma acordaron darse un mes de plazo para hacer "propuestas de futuro" a la sentencia europea en materia de despidos a interinos. Así mismo para evaluar el impacto de la misma, acordaron crear una comisión formada por seis expertos (dos a propuesta del Gobierno, dos de la patronal y dos de los sindicatos). Las conclusiones de la misma, serán la base para las futuras decisiones que tomen entre el gobierno y los agentes sociales.
No es de extrañar que la patronal y el gobierno se hayan dado tanta prisa en "tomar cartas en el asunto". Como decíamos antes, son millones los trabajadores afectados y de ellos, 668.600 trabajan el sector público, ya sea como interinos (276.800 principalmente en sanidad y educación) o temporales.
Esta claro que el gobierno y la patronal quieren evitar tener que subir la indemnización de estos compañeros de 12 a 20 días. Para ello, ya estudian vías como un "contrato único" que iguale a todos, fijos y no fijos, "por abajo". Esta medida, de hecho, está recogida en el pacto de investidura firmada por el Partido Popular y Ciudadanos.
Para ello, como tantas otras veces, quieren contar con la colaboración activa de la burocracia sindical de los dos sindicatos mayoritarios. Esto, por desgracia, a pesar de las declaraciones dichas tras la sentencia por los líderes de UGT y CC.OO, es más que probable. Ya llevan años y años aceptando, casi sin luchar, todas las contrarreformas laborales, aplicados por los distintos gobiernos del PP y PSOE.
Por todo ello no debemos ni podemos esperar más. A través de la lucha sindical y política en la calle y en los centros de trabajo, debemos empezar a "dar la pelea", por que de forma general se aplique la sentencia europea, y se igualen todos los derechos laborales y salariales de los trabajadores temporales o interinos con los de los fijos.
Si esperamos a que individualmente cada trabajador haga su pelea judicial particular (con costes judiciales y de abogados que pueden sumar los 300 euros), o que la burocracia sindical, traidora y pactista lo consiga, estaremos perdidos. Solo nuestra organización consciente como clase trabajadora, conseguiría este objetivo.
