Los golpes de Estado contra los gobiernos constitucionales de América latina suelen contar con el padrinazgo imperialista.
Domingo 13 de marzo de 2016
Los golpes de Estado contra los gobiernos constitucionales de América latina suelen contar, por lo general –y casi diría sin excepción–, con el padrinazgo imperialista, para restaurar la égida de sus intereses (cuando algún presidente más o menos democrático, decidido a llevar su republicanismo más allá de lo aconsejable, intenta calar en los resortes de la dependencia, como ocurriera en la Guatemala de Jacobo Arbenz de 1954) o para “devolver el orden” e “impedir el desborde subversivo” (cuando se trata, como en el caso de Isabel Perón en la Argentina, de gobiernos debilitados, que estaban perdiendo gradualmente la concepción tradicional del vocablo “poder” y ya no lograban controlar el ascenso reivindicativo de las masas).
En tales ejemplificaciones, sin embargo, quienes promueven el derrocamiento de gobiernos electos necesitan abonar su ilegitimidad a partir de condiciones objetivas aptas que hagan parecer inevitable la salida de los cuarteles y reduzcan al mínimo el impulso a la resistencia.
En otras palabras, necesitan generar un clima psicológico previo para justificar la quiebra de la juricidad vigente.
En las vísperas del feroz pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976 en nuestro país –que institucionalizó el terrorismo de Estado, aunque, de hecho, ya había entrado en vigencia bastante antes, a partir del lopezreguismo, la Triple A y la guerra desatada desde la derecha peronista contra los que pugnaban darle contenido transformador a la etapa populista–, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas no tuvieron que esforzarse demasiado para crear ese “clima”, porque en una sociedad como la nuestra, que en su piel lleva internalizadas varias décadas de poder autoritario, no resultó difícil, particularmente en la maraña de los estratos medios, incrustar la convicción de que solo la marcha de las bayonetas hacia la Casa Rosada podía frenar el “caos” y la “acefalía gubernamental”.
Los medios masivos de comunicación –esos instrumentos que, en buena parte del mundo, siguen funcionando más para colonizar que para informar, esclarecer o recrear–, fueron vitales en esos días para inducir a la opinión pública.
Un ejemplo: el aviso gigante, de espacio extenso y generoso, suscripto por una ignota Liga del Comportamiento Humano, denominación que, obviamente, escondía uno de los tantos disfraces a los que suelen acudir los “servicios” para acrecentar la operatividad de sus objetivos.
El anuncio, publicado en casi todos los medios gráficos del 21 de marzo de 1976 en tamaño desusado (los gerentes administrativos, ávidos de cosechar avisos rentables, no suelen evaluar sus efectos políticos), incluía la figura de un soldado joven observando tiernamente al lector; y, a continuación, surgía una breve invocación –redactada con la habilidosa capacidad de síntesis que caracteriza a ciertos creativos publicitarios acostumbrados a promover cualquier producto, desde un jabón, un automóvil o un corpiño hasta un golpe de Estado–, cuyo texto decía sencillamente así:
“No estás solo. Tu pueblo te respalda. Sí, no es sencilla la lucha. Pero saber de qué lado está la verdad lo hace más fácil. Tu guerra es limpia. Porque no traicionaste, porque no juraste en vano. Ni vendiste tu patria. Ni pensaste en huir. Porque empuñás la verdad en tu mano, no estás solo”.
La decisión de los militares de barrer incluso con los formalismos constitucionales había sido adoptada, evidentemente, mucho antes.
Y no tuvieron necesidad de ocultarlo demasiado, sobre todo cuando los sectores intermedios –esa capa poblacional argentina que, según la oportunidad, puede oscilar desde una fantasía de liberación a un proyecto corporativo–, pedía a gritos que los tanques salieran a la calle a “poner orden”.
Esa atmósfera la completaban muy bien los distintos rotativos con titulares y comentarios motorizando una imagen de hundimiento nacional.
Atmósfera que culminaría cuando algunos de ellos, como La Tarde (aquella experiencia de vespertino populista que tentó a Jacobo Timerman cuando aún no sospechaba que muy pronto sería torturado y vejado al mejor estilo nazi), anunció el golpe casi con milimétrica precisión. La Tarde, dicho sea de paso, fue dirigida por su hijo Héctor, que entonces apenas tenía 22 años y en tiempos recientes llegó a desempeñarse durante un lapso bastante prolongado como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Cristina Kirchner.
La Razón (desde mucho antes bajo control político total de las Fuerzas Armadas), el 23 de marzo, en sus ediciones 5ª y 6ª, en vísperas del derrocamiento de Isabel, insertó un título (y La Razón era uno de los tantos diarios que en aquellos días editorializaba a través de sus titulares) que resumía toda la furia de sus instigadores: “Es inminente el final. Todo está dicho. A última hora se acentuaba la impresión del desenlace”.
En esos momentos, sin embargo, los laureles se los llevó La Opinión, el mismo diario que en los cinco años anteriores (había sido fundado en 1971) produjera cambios en la concepción periodística y, a la vez fuese también testigo contradictorio de los vaivenes y zigzagueos del campo democrático y popular (apoyó a Cámpora, por ejemplo, con discursos de izquierda y enfrentó a López Rega). Ese mismo diario, que se ufanaba de antifascista, se convirtió en los umbrales del golpe en uno de los sostenedores intelectuales de la quiebra del sistema constitucional. Y más tarde llegó incluso a presionar a la Internacional Socialista para que no evaluara a Pinochet y a Videla con la misma vara, porque sostenía que “en la Argentina no había otra alternativa”.
Intentar una explicación ahora llevaría un libro completo –por la complejidad de factores que se sumaron a los fantasmas y miedos que, por entonces, tipificaban a la clase media–, pero basten para la ocasión algunas ejemplificaciones.
El 21 de marzo, por ejemplo, tres días antes, La Opinión (en un comentario de primera página) exaltaba la belicosidad militar con una parábola que no se guardaba nada:
“(San Martín) llegó al país para la guerra sin prejuicios ni timideces” y “solo ganando esa guerra se aseguraba a los argentinos lo que la política no había podido ni estaba en condiciones de darles: libertad y seguridad”.
Pero eso no era todo. El 23 de marzo La Opinión resaltaba el virtual ultimátum que en las vísperas de la Navidad anterior había lanzado Videla desde Tucumán (“El orden y la seguridad de los argentinos deben vencer a la inseguridad”), recordando en tono admonitorio que ese explícito llamado al alzamiento “mañana cumple noventa días”.
Paralelamente el diario de Timerman priorizaba todas las declaraciones de políticos y organismos que realizaban la apología del “no va más”.
Un par de ejemplos:
“Todavía pasarán cosas graves; la solución argentina es la combinación de Fuerzas Armadas-pueblo y la unión tiene que ser esa antes que la de pueblo-CGT” (Jorge Antonio, 21 de marzo, página 14).
“Con una serenidad parecida a la resignación, los escasos legisladores presentes ayer en la Cámara de Diputados dejaron que la tarde transcurriera mientras la inminencia de una toma del poder político nacional por parte de las Fuerzas Armadas ocupaba hasta el último resquicio de sus expectativas (comentario propio publicado el 23 de marzo, página central, con un título a seis columnas que rezaba: “Todo parecía inminente, según los datos que manejaba Deheza”).
Más adelante –desalojada Isabel por la Junta Militar , y Martínez de Hoz promoviendo su política de desmantelamiento de la economía nacional–, La Opinión (con lenguaje más solemne y quizás más culto que La Prensa, La Nación, Clarín, La Razón o Crónica, cuyos textos eran furiosamente represivos) se lanzó igualmente a una apología del nuevo curso de los acontecimientos que habían irrumpido para “cubrir la irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe” y, lógicamente, para “asegurar la total recuperación del ser nacional”.
Pero, más allá de su trascendente influencia en la creación de una psicosis colectiva, no sólo los medios fueron cómplices de lo que ocurrió.
Otras fuerzas y otros factores pusieron lo suyo (por acción u omisión), como el burócrata del sindicato de trabajadores navales, Ricardo de Luca, quien el jueves 18 dijo que “los únicos responsables de la inevitable salida militar son los dirigentes políticos y obreros”.
O el inefable doctor Antonio Tróccoli (entonces diputado y luego ministro del Interior de Alfonsín), quien al ser interrogado por un periodista en los pasillos del Congreso un día antes del golpe, aceptó la inmediatez del pronunciamiento y musitó: “Ya no hay tiempo político”.
O las propias 62 Organizaciones Peronistas que, apenas algunas horas previas a la caída de Isabel, se animaron, es cierto, a denunciar la campaña golpista, pero sin poder soslayar –ni siquiera en ese momento– una de las fijaciones que las han caracterizado siempre: “El movimiento obrero siente un profundo respeto por sus Fuerzas Armadas porque no ignora que sus filas se nutren de nuestros hijos”.
O el Movimiento de Orientación Reformista (MOR), agrupación estudiantil que, en vísperas del golpe, envió una carta pública a Videla para repudiar el atentado contra el Edificio Libertador. Ese documento que fuera elogiado por La Opinión (23 de marzo, página 7) criticaba la política peronista en materia universitaria y terminaba solicitando al ejército “un programa de emergencia para la universidad”, que debería integrar otro de carácter nacional, con la participación de “todos los sectores políticos, gremiales, sociales, civiles y militares en forma unida y previa discusión democrática”. Después del alzamiento, al desencadenarse la locura genocida que secuestró, mató, torturó y echó por la borda los escasos pruritos jurídicos que aún se mantenían indemnes en la “etapa anterior”, la Junta Militar –abiertamente– recibía la bendición de la Iglesia. Y el arzobispo de Paraná, vicario castrense y presidente entonces de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Adolfo Cervantes Tortolo, instaba a “cooperar positivamente” con el nuevo gobierno a fin de “reinstaurar definitivamente el auténtico espíritu nacional”.
Y en esas mismas circunstancias, Tortolo aclaró: “La Iglesia tiene su misión específica y la jerarquía será siempre fiel a ella. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar aun cuando se trate de problemas que hacen al orden específico del Estado”.
Estas declaraciones de Tortolo fueron pronunciadas apenas concluyó, el jueves 24, su entrevista con los comandantes de las tres armas.
También en el campo internacional cundió el oportunismo y la complicidad.
No hace falta explicar demasiado que el gobierno norteamericano, presidido entonces por Gerald Ford, se apresuró a reconocer a las nuevas autoridades apenas asumieron el poder.
Pero lo que resultó más llamativo fue la coincidencia que tuvieron los diarios de distinto origen para cantarle loas a los militares argentinos.
Por ejemplo, el Frankfurter Allgemeine Zeitung de Alemania señaló que “la anarquía en la Argentina y la esperanza de cambios positivos hacen más llevadera la pérdida de los derechos constitucionales”, en tanto que Magyar Nemzelt (de Budapest, Hungría) producía nada menos que el siguiente comentario:
“La intervención militar es la consecuencia inevitable de una política desafortunada. La incapacidad política y la corrupción hicieron posible e incluso necesario la intervención de los militares”.
Por su parte Abu Zeid Omar (subsecretario de Negocios Extranjeros del gobierno de Muammar Khadafi y figura clave en las tratativas comerciales desarrolladas en 1974 por López Rega en Libia) enfatizó sin inhibiciones desde Trípoli:
“El cambio de gobierno que acaba de producirse en la Argentina pondrá término al caos político, económico y social que ha afectado al país en el último tiempo. Ese caos ha tenido repercusiones negativas en las relaciones entre los dos países, porque ha retrasado la aplicación de los convenios concluidos hace ya largo tiempo”.
En el campo de la izquierda local, mientras tanto, J. Posadas, a través de un análisis hecho público por su partido el 28 de marzo, caracterizaba el golpe con este delirio:
“El ejército ya no tiene la propiedad ni la fuerza para mantenerse en una posición reaccionaria. La influencia mundial de la revolución, como en Portugal y recientemente en Mozambique y el movimiento de Rhodesia, ha influido al movimiento revolucionario de Etiopía. Los militares de Portugal y la lucha de masas de Mozambique, del Frente Polisario, de Camboya, de Vietnam, influyen al movimiento militar y ya hay en el movimiento militar argentino, los que buscan el desarrollo nacionalista revolucionario anticapitalista”.
Capítulo aparte merece ocupar el papel jugado en esos días por el Partido Comunista y su apoyatura explícita a la dictadura. Si bien, algunos años después, en 1986, su XVI Congreso, en el llamado “viraje”, repudió los “errores” cometidos, a la memoria colectiva todavía le resulta muy difícil olvidar y perdonar semejante inequidad.
El historiador comunista Daniel Campione, autor de varios libros sobre Antonio Gramsci, publicó no hace mucho en la revista Herramienta un incisivo trabajo titulado “El Partido Comunista Argentino y el golpe de 1976” .
Allí no escatimó datos para desmenuzar la declaración de apoyo a los militares que el PC hizo público apenas algunos horas después de producido el quiebre del formalismo constitucional.
Campione, que parece más cerca del análisis independiente que del inveterado sectarismo de algunas izquierdas, afirma categóricamente que el PC consideró el golpe como válido, reduciendo la discrepancia a la formalidad de los medios aptos para obtenerlo, y subraya que “todo el documento (del PC) está impregnado de la aceptación de las condiciones impuestas por las Fuerzas Armadas y por el reconocimiento de las justificaciones iniciales del pronunciamiento militar y los objetivos que la flamante dictadura se adjudicaba”.
En esa declaración, que ninguna dialéctica contemporánea de revisión puede ya ocultar, distorsionar o rebatir, el PC acude a la una fraseología antiguerrillera similar a la de los militares: “Es conocido nuestro punto de vista sobre las actividades de la supuesta ultraizquierda, que siempre repudiamos; la guerrilla se combate suprimiendo las causas sociales que la generan”. Y para salvar las papas, a fin de no ser tildados quizás de unilateralidad, acude al método de los consejos y a la teoría de los dos demonios, haciendo la salvedad de que los militares, para ser justos, también deberían perseguir a las “bandas fascistas”, como si estas bandas hubieran sido fenómenos sueltos y particulares que nada tenían que ver con el aparato represivo del Estado.
Pero, por las dudas, como para reforzar sus guiños a los militares, el PC señaló en su periódico Tribuna Popular, Nº 10, esta frase de inequívoco sabor a obsecuencia:
“El terrorismo de ultraizquierda está inspirado en el trotskismo y el anarquismo y sus adherentes están animados por la impaciencia de los sectores pequeñoburgueses”.
Tres meses después, en junio de 1976, la Junta Militar dictó la ley 21.322 que disolvía y/o declaraba ilegales numerosas organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles marxistas (como el Partido Socialista de los Trabajadores, Política Obrera, Partido Obrero Trotskista, Partido Comunista Revolucionario, Partido Comunista Marxista Leninista y muchos otros), pero el tradicional PC no fue excluido. Eso permitió que su dirección continuara moviéndose con cierta legalidad (y sus dirigentes hasta tuvieran espacio para hacer gestiones y presentaciones, inclusive su prensa siguió apareciendo todo el tiempo) sin ser tocada, mientras sus bases obreras y estudiantiles corrían otra suerte: 154 de sus militantes fueron secuestrados y siguen permaneciendo en la larga lista de detenidos-desaparecidos.
Y pocos días después del golpe, una publicación oficial del PC comentaba de este modo las afirmaciones del nuevo presidente:
“En cuanto a sus formulaciones más precisas (…) afirmamos enfáticamente que constituyen la base de su programa liberador que compartimos (…). El presidente afirma que no se darán soluciones fáciles, milagrosas o espectaculares. Tenga la seguridad que nadie la espera (…). El general Videla no pide adhesión, sino comprensión; la tiene”.
Estos son algunos de los hitos mediáticos y políticos que jalonaron el golpe y sus prolegómenos a través de aquellos resortes destinados a moldear y manipular la opinión pública. Enseguida se desencadenaron sin solución de continuidad y desde el aparato estatal, el horror y la muerte. Comenzaba así el combate desigual y casi solitario de los pañuelos blancos y demás resistentes.
