Las universidades y sus alumnos fueron un blanco predilecto del gobierno militar de 1976. Sin embargo, los estudiantes resistieron los avances sobre educación pública.
Miércoles 23 de marzo de 2016
El objetivo trazado por la dictadura de Onganía en los ’60 de poner fin a la autonomía universitaria, el co-gobierno y la libertad de cátedra, con su máxima expresión en la Noche de los Bastones Largos, fue el intento preventivo de “normalizar” las universidades, lugar de donde emergía un sector estudiantil influenciado por la Revolución Cubana del ’59. A pesar de esos objetivos, el fenómeno de unidad obrero-estudiantil desatado en procesos como el Rosariazo y el Cordobazo llevó, lejos del orden pretendido, a la caída del régimen militar.
Esta política no se revirtió con los gobiernos peronistas que le siguieron: en uno de sus primeros decretos, Cámpora interviene las unidades en nombre de la “normalización”. En 1974 se promulga la Ley Universitaria, que en sus artículos mantiene la prohibición a las actividades políticas. Sobre esa base, y luego de la muerte de Perón, asume Oscar Ivanissevich, quien da comienzo a la “Misión Ivanissevich”, como parte de un “plan para ‘eliminar el desorden’ en la Universidad y producir su depuración ideológica, tal como rezaba el ‘documento reservado’ del Consejo Superior del PJ” (1).
La dictadura militar de 1976 vino a cerrar, como parte de un plan elaborado por el Gobierno de Estados Unidos en todo Latinoamérica, ese fenómeno de grandes luchas de la clase trabajadora que comenzaba a desbordar al peronismo y organizarse en torno a las “coordinadores interfabriles”. Esto explica el hecho de que la composición social de los desaparecidos, según el informe de la CONADEP, fuera mayoritariamente trabajadora: entre obreros, empleados y docentes suman más del 54 %. A esto se le agrega la supresión de las actividades gremiales y sindicales, la disolución de la CGT y la eliminación del derecho a huelga.
Sin embargo, si bien la centralidad del ataque estaba enfocada en los trabajadores, el golpe genocida vio necesario también golpear a los estudiantes que se mostraban como sus aliados políticos -visión constatada en procesos como el Mayo Francés del ’68-, llegando a representar, entre estudiantes y profesionales, casi un 30 % del total de desaparecidos. Y si bien la “Misión Ivanissevich” del gobierno peronista ya meses antes había comenzado la intervención en las universidades para “normalizarlas”, el golpe profundizó esta política a un nuevo nivel.
La política en la universidad y la resistencia
Ya a inicios del golpe del ’76, Videla dispuso varias medidas para controlar desde el Estado las universidades, como la designación de rectores y decanos. Junto al nombramiento de Ricardo Bruera como ministro de Educación, se profundizaron los ataques a los estudiantes, con la Noche de los Lápices como máxima expresión. De esta forma, el régimen dictatorial llevó adelante: un proceso de privatización de la educación mediante el arancelamiento educativo (medidas que trajeron la retracción de la matrícula más fuerte de todo el siglo XX); un plan de censura ideológica mediante las “Comisiones Asesoras”, que cumplía la tarea de quemar o desaparecer libros, artículos y revistas (en el ’78, Catalán anuncia un plan para acabar con la gratuidad y el laicismo en nombre de la “modernización de la enseñanza”); control de los programas y biografías; y un ataque político seleccionando a docentes alineados al nuevo régimen y sancionando y expulsando estudiantes (en especial extranjeros) dependiendo de su comportamiento y sus ideas políticas, además de cerrar carreras y dar paso al control policial dentro de las universidades. Muchos de estos objetivos, que estaban enmarcados dentro de un plan económico centrado en la creación de mano de obra barata y negociados con los grandes capitalistas, no habían podido ser implementados por completo por el anterior ministro Ivanissevich, ni por Onganía o el gobierno de Cámpora.
Como respuesta a estas medidas, en todo el período los estudiantes utilizan diferentes formas de lucha, desde el sostenimiento de los Centros de Estudiantes y Federaciones, que en general luego fueron prohibidas –al igual que toda agrupación política o gremial-, en especial en Filosofía y Humanidades, hasta el activismo clandestino (dada la persecución). Se organizaban en torno a ciertas reivindicaciones, algunas limitadas al ámbito académico como la eliminación de las correlatividades que actuaban como filtros y mejores horarios para los estudiantes que trabajaban, y otras de carácter político y democrático, como lo era la defensa contra los asesinatos, los secuestros y los presos políticos. Estas luchas cobraron mayor fuerza a partir de 1981 (en especial en la UBA, La Plata, Rosario y Córdoba), con la asunción de Carlos Burundarena en el ministerio de Educación, siendo su gestión la más corta del período. Una nota de La Nación resaltaba que se habían registrado en ese año las primeras acciones públicas de los centros estudiantiles universitarios, que “hasta el día de hoy estaban prácticamente desaparecidos de los claustros y de todo tipo de acción pública”.
Un 24 de marzo también de la juventud estudiantil
Durante el menemismo, ya en democracia, se profundizó en la educación la descentralización y la privatización, con leyes como la Ley de Transferencia de Servicios Educativos y la Ley de Educación Superior (LES). Lejos de una ruptura con estas políticas, el kirschnerismo preservó la lógica noventista, manteniendo por ejemplo el conjunto de la LES, que permite la acreditación de las carreras a la CoNEAU.
Ahora, el giro a derecha que lleva adelante el Gobierno de Macri, con más de 100.000 despidos, devaluación y tarifazos, tiene su correlato con la política hacia las universidades. Mismo La Nación, en una nota titulada “Educación: ¿Vale la pena ir a la universidad?”, plantea que “el aumento de la matrícula y la creación exponencial de universidades contrastan con el reclamo de los empleadores, que no encuentran entre los graduados las habilidades necesarias” y, citando a la Reserva Federal de Nueva York, que “Los estudiantes universitarios se queman las pestañas en carreras que no necesitarán para el empleo. Y que sus empleadores no valoran. Carreras cortas más específicas se plantearon como una alternativa más efectiva durante el debate”.
¿Serán estas nuevas justificaciones para crear carreras cortas como planteaba el ministro Llenera Amadeo en 1980, y que servían para crear mano de obra barata para las grandes empresas? O quizás sirvan, como en el ’78, cuando Catalán planea llevar adelante un plan en nombre de la “modernización de la enseñanza” y la “necesidad de adecuar la educación a la producción” (del Capital), para arancelar y absorber las universidad públicas por las privadas. ¿Acaso los estudiantes vamos a dejar que estos dichos pasen impunes?
A esto se le suma las declaraciones de Pardo y Lopérfido de que “no hubo treinta mil desaparecidos”, que ya tienen su eco en la Facultad de Derecho.
Mismo Macri, ante la Asamblea Legislativa, deslizó en su discurso que durante el gobierno kirschnerista “se han abierto nuevas universidades, y eso es muy positivo; pero también muchas de ellas han sido espacios de militancia política más que de excelencia académica”, lo cual hace recordar a la Ley Orgánica de las Universidades Nacional de 1980, donde declaraba que era “ajeno a los ámbitos universitarios toda actitud que signifique propaganda, adoctrinamiento, proselitismo agitación de carácter político, partidario o sindical como asimismo la difusión o adhesiones a concepciones políticas totalitarias o subversivas”, argumento que servía como justificación de la persecución ideológica.
El pasado y la actualidad tienen sus hilos de continuidad, por eso este 24 de marzo salgamos a la calle con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia por los 30.000 desaparecidos, por todos esos trabajadores y estudiantes que fueron asesinados, torturados por la dictadura, reivindicando esas luchas que llevaron adelante la juventud que en el ’68 hizo el Mayo Francés y en el ’69 el Cordobazo junto a la clase trabajadora dieron grandes golpes al capitalismo.
Notas
1. Izaguirre, I. (Junio de 2011). La Universidad y el Estado terrorista. La Misión Ivanissevich. Conflicto Social (4), 291.
