Una mujer de 39 años fue hallada muerta en la celda de una comisaría en San Luis, luego de haber sido detenida en la vía pública por un supuesto incumplimiento del aislamiento obligatorio. Los altos niveles de represión ya son moneda corriente en la provincia.
Jueves 9 de abril de 2020 22:16
Se trata de Florencia Magali Morales, de 39 años de edad, madre de dos hijos y abuela de una nieta de tres años, desocupada desde hacía unos meses y víctima de violencia de género. Ella se encontraba circulando con su bicicleta el fin de semana pasado, siendo detenida por agentes policiales de la Comisaría N° 25 de la localidad de Santa Rosa del Conlara, y apareciendo muerta horas más tarde en su celda.
Según lo informado por las autoridades locales, Florencia fue detenida por circular sin documentación personal y porque ese día -domingo- no le correspondía estar en la calle por tener DNI terminado en número impar, ya que en San Luis, desde el 25 de marzo, las personas pueden salir a la calle según la terminación de susdocumentos: lunes, miércoles, viernes y domingo, las personas con DNI terminado en número par; martes, jueves y sábado, las personas con DNI terminado en número impar.
Hecha pública la muerte de Florencia, las autoridades policiales argumentaron a la prensa local que ella fue encontrada sin vida en la comisaría, teniendo en su cuello un cordón, posiblemente de la capucha del buzo que vestía, atado en el otro extremo a la bisagra superior de la puerta enteriza de madera de la celda.
Tomando conocimiento del suceso, el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Jorge Osvaldo Pinto, no ha realizado otra cosa que ahondar en detalles superfluos, dejando muchas dudas sin aclarar, al punto tal que directamente la causa ha sido caratulada como “averiguación de suicidio”.
Repudiamos el accionar y la represión policial
Conocida la noticia de la muerte de Florencia, las redes sociales estallaron de indignación y bronca por el accionar y la represión policiales. Decenas de personas, denunciando los abusos de autoridad policial, las persecuciones, los maltratos y las golpizas, en el marco del aislamiento obligatorio y la emergencia sanitaria.
Un joven de la Ciudad de San Luis publicó: “Yo estaba esperando el colectivo en la Plaza Independencia cuando fui abordado por la policía. Me trasladaron a la comisaría junto con otra persona. En el camino, recibimos burlaspor parte de los oficiales. En la comisaría recibimos distintos tipos de agresiones, a tal punto que la policía nos invitaba a pelear físicamente. La persona que fue detenida conmigo recibió golpes en la zona de las costillas. Estuvimos 12 horas sin recibir nada más que agua del baño y ningún tipo de alimento y, como si eso fuera poco, estuvimos hacinados con otras 70 personas. Después que me liberaron, estuve tres días seguidos con pesadillas”.
Por otro lado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) sacó un comunicado oficial, en el cual, además de advertir a las autoridades provinciales de casos de abuso policial, denuncia que Florencia fue “víctima del abuso y del autoritarismo de un Estado que no sabe resolver situaciones imprevistas, sin recurrir a la violencia institucional, a la vulneración de derechos y el abuso de poder”, exigiéndole al gobierno provincial “la inmediata investigación, y la determinación de responsables de esta muerte tan dolorosa como absurda, y a los culpables, todo el peso de las leyes y el repudio social que merecen”.
Asimismo, ante la muerte de Florencia, una docente universitaria exclamó: “¿Así nos cuidan cuando nos detienen? Vos seguí poniéndote la gorra no más. Yo seguiré diciendo que represión no tiene nada que ver con cuidados. Acá tenemos la primera muerta. ¿Qué hizo el personal de esa comisaría mientras ella permanecía detenida? El estado es responsable”.
Por su parte, Johana Gómez, referente provincial de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y del PTS/FIT-Unidad, manifestó que “la muerte de Florencia es tan dolorosa como indignante, mucho más si tenemos en cuenta que su detención se dio a raíz del aumento cada vez mayor de los niveles de represión, orquestado por el gobierno provincial como respuesta a las consecuencias del COVID-19. Es necesario que se investigue y se esclarezca la muerte de Florencia, de la cual, sin dudas el Estado ha sido y es el responsable”.
Por otro lado, la ex candidata a diputada nacional remarcó que “lo sucedido en Santa Rosa del Conlara no es un caso aislado. Se suma a los miles de casos de abuso y represión policiales en toda la provincia que tienen a las mujeres, a la juventud y a los sectores populares como víctimas principales. Por eso, es necesario que las organizaciones de derechos humanos, los partidos de izquierda, los medios de comunicación alternativos y las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales y de mujeres, nos pongamos al frente del reclamo por acabar con la violencia policial e institucional en San Luis, como así también, para que se saquen las fuerzas represivas de las calles y de los barrios,destinando lo que se gasta en ellas a salud, salario, trabajo y demás medidas que ayuden a combatir el coronavirus”.
¿Hasta cuándo con la cuarentena represiva?
Las denuncias por maltratos y abusos por parte de la policía local se multiplican en toda la provincia. Si vamos al caso, desde que se comenzó con el aislamiento obligatorio, en San Luis ya fueron detenidas más de 3.200 personas, número este que se suma alas más de 33.000 personas que sufrieron lo mismo a nivel nacional, a las más de 500 mil causas penales que fueron abiertas en todo el país, y ahora al ciberpatrullaje que el Ministerio de Seguridad de la Nación hace sobre la población.
Los medios de comunicación hegemónicos de la provincia (algunos, bastante reaccionarios y anti-derechos) respaldan este accionar de las fuerzas represivas, con la excusa de que la cuarentena decretada a nivel nacional se tiene que respetar a rajatabla, sin contemplar a las miles de familias con trabajo precario, no registrado e informal que no pueden "quedarse en casa", ya que si lo hacen no se pueden ganar el mango del día para llevar algo de comer a sus mesas.
Estas familias, que en su mayoría hacen changas diarias o trabajan en planes sociales, tampoco son contempladas por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, ya que hace poco anunció que iba a despedir a todo personal de la administración pública y del precarizado Plan de Inclusión Social que sea detenido, incumpliendo con el aislamiento obligatorio.
De hecho, ya es noticia que el gobierno nacional transferirá a las provincias 120 mil millones de pesos. En este sentido, uno se podría preguntar ¿En qué va a invertir el ejecutivo provincial la suma millonaria que le toque? ¿En más policías en las calles y los barrios? ¿En más represión o en políticas sanitarias, económicas y sociales que sean de utilidad para aquéllas familias, por ejemplo?
Por todo ello, es necesario resaltar que a las consecuencias provocadas por el COVID-19, a la crisis económica, sanitaria y social provocada por este, no se las va a poder enfrentar con represión y más represión, sino al contrario, con testeos masivos, con aislamiento obligatorio selectivo, con mayor presupuesto para salud, trabajo, salario y jubilaciones, prohibiendo realmente los despidos y las suspensiones en los lugares de trabajo, controlando realmente los precios de los productos básicos para la población, centralizando y nacionalizando todo el sistema sanitario y los laboratorios, dándole techo a quien no tiene, y aplicando un impuesto extraordinario del 3% a la riqueza de los grandes multimillonarios, empresarios y terratenientes, a la banca privada y a la Iglesia Católica.
