América Latina. La oposición de derecha, empresarios y "cívicos" inician un paro indefinido en Bolivia

La medida de paro por tiempo indeterminado, que comienza este lunes y coincide con el primer año de Luis Arce en el poder, fue inicialmente convocada por el sector de la confederación de gremiales dirigida por el corrupto burócrata de Pancho Figueroa. Figueroa es un dirigente gremial que se encuentra al frente de esta organización sindical hace más de 40 años, fue miembro de partidos de la derecha boliviana como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de ADN (Acción Democrática Nacionalista) del ex dictador fallecido, Hugo Bánzer Suárez.

A esta convocatoria se sumó la coalición golpista CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia), cooperativas auríferas y los nueve Comités Cívicos del país, que representan a sectores de la derecha conservadora y pugnan por sus propios intereses locales. Sus demandas son la abrogación de la Ley N° 1386 que determina la estrategia de “lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo” así como el rechazo a un paquete de leyes impulsadas desde el oficialismo por considerarlas que atentan contra las autonomías regionales.

Se trata de sectores radicalizados de la derecha golpista, encabezados por Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Luis Larrea del Colegio de Médicos; Manuel Morales miembro del CONADE y otros, que convocan a esta segunda medida de fuerza luego de que el Gobierno de Arce cediera, sin razón alguna, en el retiro del proyecto de Ley 218/2020-2021, alentando a una derecha dividida y fragmentada a intentar reconstruir un bloque unitario en las calles.

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Estos sectores buscan establecer, en las calles, los marcos de la agenda política, condicionando y limitando la acción del Gobierno para obligarlo a negociar y consensuar toda la gestión gubernamental, particularmente la impunidad de los pocos golpistas presos y garantías para la agroindustria en materia de tierras.

El Gobierno de Arce junto a dirigentes sindicales afines agrupados en el llamado “Pacto de Unidad”, se han declarado en estado de alerta al tiempo de afirmar que no permitirán nuevas intentonas golpistas y que defenderán al Gobierno “en las calles” como declaró el vicepresidente David Choquehuanca en conferencia de prensa días pasados. Este posicionamiento precedía el movimiento de tanques y equipos militares al oriente del país con motivo de conmemorarse la batalla de Aroma, que se realizará el 13 de noviembre, como explicaron las FF.AA en un comunicado oficial ante el recelo manifestado por la oposición ante el movimiento de tropas. En horas de la madrugada se pudo observar el acampe de tropas militares en las proximidades del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz ante la posibilidad que paramilitares ultraderechistas de la UJC (Unión Juvenil Cruceñista) intenten bloquear el acceso al aeropuerto internacional.

A horas de haberse iniciado el paro cívico la magnitud de la medida de fuerza es aun difícil de determinar, mas tomando la debilidad expresada el pasado 11 de octubre cuando llevaron adelante un paro movilizado de 24 horas y considerando la fragmentación y división de prácticamente todas las organizaciones sociales. Así, mientras la confederación de gremiales dirigida por Figueroa viene militando la medida de fuerza, la otra confederación de gremiales, dirigida por afines al MAS la han rechazado, lo que implica que este 8 de noviembre habrá una pulseada por la representación de las bases gremiales así como quedará claro cuál de las confederaciones tiene capacidad de movilización o no. Este fenómeno se da en prácticamente todas las organizaciones sindicales y sociales, divididas no solo por los esfuerzos del MAS en estatizar estas organizaciones sobre la base de la corrupción y cooptación de los dirigentes sindicales, sino también por la derecha que busca convertir toda oposición política en base social del movimiento cívico.

La incertidumbre de este llamado derechista al paro indefinido aumenta ante la declaración de los alcaldes de oposición de las principales ciudades capitales del país (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) que indicaron que no acatarán el paro pese a compartir sus objetivos.

Primer año de Gobierno de Arce: entre la exigencia golpista de impunidad y la demanda de justicia de las victimas

El primer año de Gobierno de Arce ha gozado de las ventajas que significaron un repunte en el precio de materias primas, el llamado efecto rebote, con un crecimiento hasta el mes de junio de 9,4% (junio del 2020 fue un negativo de -12,88%) y con una proyección final superior al 5% según lo manifestado por Jorge Lazarte vocero presidencial. En esta línea, otro indicador que destacan desde el oficialismo tiene que ver con la reducción del desempleo cuya tasa según informó la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, habría bajado de un 11,6% en julio de 2020 al 6,4% para julio de 2021. Esta estabilización económica, coincidente con el inicio de su gobierno, el pasado 8 de noviembre, le ha permitido al Gobierno una cierta paz social robustecida por ese 55% de los votos con los que llegó a la presidencia.

Esa relativa sensación de paz social en parte se puede explicar también a la gestión de la pandemia. Esto último no muy difícil de lograr si comparamos –y eso hicieron muchos sectores de trabajadores y populares- con la brutal criminalización de la pandemia durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez. Este dato viene siendo levantado por algunos medios de prensa a pocas horas de que Arce brinde el informe de gestión de su primer año de Gobierno este lunes hacia el mediodía en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy probablemente se destacará el hecho de haber avanzado en la llamada “reactivación de la economía” a partir de la “recuperación” o puesta en marcha de las empresas estatales que serían el pilar del “modelo social comunitario productivo” así como la aplicación del impuesto a las grandes fortunas (IGF) que según el portal de noticias ABI su recaudación llegó, hasta el 31 de mayo de 2021, a Bs 240 millones (cerca de 35 millones de dólares) con un número de contribuyentes inscritos que alcanzó a 206 con un patrimonio mayor a Bs 30 millones (algo más de 4 millones de dólares).

Aunque con estos datos generales el Gobierno puede hacer campaña y procura mostrar una economía estable, lo cierto es que las perspectivas son sombrías, particularmente con otras cuestiones centrales como el posible agotamiento del ciclo del gas ante la disminución de la producción y un estancamiento prolongado en la exploración y prospección hidrocarburífera. El aumento del déficit fiscal que ha llevado al gobierno a tomar crédito del BID de aproximadamente 400 millones de dólares para cubrir gasto corriente es la expresión del intento de “patear” la crisis para adelante. Sin embargo, para el gobierno de Arce la mayor fuente de conflictos proviene de las relaciones políticas con la oposición de derecha que pese a las profundas divisiones en sus filas, intenta imponer una agenda de impunidad así como limitar los márgenes del gobierno en la gestión del Estado, buscando obligar a negociar cada una de las medidas del plan de gestión estatal.

Si bien la oposición derechista rechaza diversos proyectos de ley o exige la abrogación de algunas ya aprobadas, con el argumento de que las mismas pueden ser usadas para la persecución política, lo cierto es que en realidad el motor del paro es por la impunidad de los golpistas. Recordemos que dos docenas de partícipes del gobierno de Áñez junto a militares y policías se encuentran detenidos preventivamente por el caso golpe de Estado. Recordemos que la primera medida de fuerza por parte de la derecha, el pasado 11 de octubre, tuvo como motivo evitar la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho en la fiscalía de La Paz.

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El MAS pese a declaraciones altisonantes, viene cediendo en cada una de las demandas de la derecha. Han suspendido indefinidamente la declaración de este actor clave del golpismo de noviembre, detonando con esto movilizaciones de las diversas asociaciones de víctimas y familiares del golpe, así como la amenaza de la ex diputada Lidia Patty del MAS de ingresar en huelga de hambre si la fiscalía continua protegiendo a Camacho.

Para el gobierno de Arce, presionado por una derecha que pese a sus fragmentaciones coyunturales, ha conquistado una relación de fuerzas luego del golpe que le permite ser un actor decisivo en la coyuntura política, los intentos de llegar a algún tipo de acuerdo se dificultan por la presión que ejercen familiares de víctimas y organizaciones sociales que demandan justicia y cárcel para los golpistas.

Los intentos de mantener un equilibrio intermedio entre las presiones sociales por izquierda y las presiones de golpistas y agroindustriales por derecha, acelera el desgaste del gobierno de Arce ante el crecimiento de la polarización política y las sombrías perspectivas económicas que impiden satisfacer las exigencias de estos sectores sociales antagónicos.

Por una estrategia y un programa anticapitalista para derrotar al golpismo. ¡Comités de acción para la autodefensa!

La estrategia sostenida por el MAS de negociar y contener a la derecha y a las clases dominantes cada vez más no solo que muestra su agotamiento y su imposibilidad efectiva de realizarse, sino que la misma tiene como resultado el fortalecimiento de los sectores radicalizados del golpismo y simétricamente la radicalización creciente de sectores populares que desean derrotar definitivamente a estos sectores oligárquicos y reaccionarios.

Desde la LOR-CI (Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional), organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, hemos venido insistiendo que no hay forma de derrotar definitivamente al golpismo sino es mediante un programa que afecte los intereses de estas clases dominantes, avanzando contra el latifundio y la gran propiedad agroindustrial mediante el establecimiento del control obrero, campesino e indígena de toda la producción ganadera y más en general agroindustrial.

El MAS con el pacto constitucional del 21 de octubre del 2008 garantizó la gran propiedad latifundista y agroindustrial. Es necesario que las y los trabajadores del campo y la ciudad junto a los pueblos indígenas del oriente avancen sobre esta gran propiedad exigiendo el fin del latifundio estableciendo el monopolio estatal de la distribución de tierras y garantizando el acceso a la misma de miles de campesinos sin tierra sobre la base del respeto al territorio de los pueblos indígenas y su gestión según sus usos y costumbres.

Es urgente empezar a discutir una estrategia que lejos de contener a los golpistas busque derrotarlos. Para eso se necesita de manera urgente enarbolar un programa de acción claramente anticapitalista y al servicio de las grandes mayorías trabajadoras hoy bajo acoso de cívicos y agroindustriales. Ante los intentos de garantizar el reaccionario paro mediante el despliegue de los paramilitares de la Juventud Cruceñista o de la Resistencia Juvenil Cochala, se hace urgente que sindicatos, juntas de vecinos, centros de estudiantes, comunidades indígenas y sectores populares pongamos en pie, sobre la base de la autoorganización democrática, comités de acción para enfrentarlos y garantizar la autodefensa de los sectores populares. Hay que empezar a discutir como derrotar a estas bandas racistas y semifachas en las calles.