Otra vez nos encontramos en una pulseada por el valor del dólar. Mientras los fondos de inversión, los sojeros y otros sectores del empresariado tironean por una devaluación que ejecute una transferencia de ingresos desde el pueblo trabajador hacia el gran capital, el gobierno afirma que el dólar está bien y arroja aspirinas para “seducir” al empresariado e intentar calmar la situación, sin atinar a encarar ninguna medida de fondo para frenar la corrida, lo cual requeriría avanzar seriamente contra la capacidad de hacer maniobras especulativas de los dueños de todo y afectar sus intereses.

La economía argentina, golpeada por los efectos económicos de la pandemia, que se sumaron a los casi dos años de crisis y ajuste permanente con los que se despidió Macri bajo la tutela del FMI, muestra a cielo abierto todas sus debilidades estructurales, su atraso y dependencia del capital imperialista. Los indicadores económicos y sociales que van camino a superar a los de 2001-2002, la peor crisis de la que tengamos memoria. Pobreza que podría terminar el año afectando a la mitad de la población, una pérdida de 3,7 millones de empleos, y un Producto Interno Bruto (PIB) que terminará el año con una caída del 12 %, superando la caída histórica de 2002 (-10,9 %). Con una economía mundial que todo indica que seguirá un largo tiempo imponiendo un viento de frente (según el FMI caerá 4,4 % este año y crecerá 5,2 % en 2021, es decir, que poco más que recuperará lo perdido en 2020), sin motores a la vista como lo fue China durante buena parte de los últimos veinte años para las economías dependientes, las “vacas flacas” dominarán la política económica, sometida además a la auditoría del FMI. Los padecimientos que se agravaron en estos meses en los que la economía argentina llegó a caer 20 %, seguirán profundizándose para la clase trabajadora. Mientras el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirma que “la Argentina se va a pegar un porrazo enorme producto de la pandemia, al igual que todo el mundo, donde no va a tener posibilidades de tener planes de ajuste como muchos están en los medios agitando”, la realidad indica que el recorte del 10 % del gasto en términos reales, el abandono –que adelanta el proyecto de presupuesto 2021– de algunas limitadas medidas de contención como el ATP o el IFE, y los anunciados tarifazos, son anticipos de lo que vendrá. Incluso estas medidas de contención fueron menores que en la región, tanto que la Cepal estimó que Argentina es uno de los tres países donde más aumentó la desigualdad durante la pandemia.

En este contexto, acapara los titulares lo que ocurre con el precio del dólar. O más precisamente, con los precios. Mientras el dólar en el mercado oficial se viene moviendo en lo que va del año a un ritmo que acompaña la inflación (es decir que el “poder de compra” del dólar en la economía argentina se mantiene más o menos constante), se dispararon las cotizaciones en los mercados paralelos. Los dólares financieros (el llamado “dólar bolsa” o MEP, que opera a través de operaciones locales con bonos y acciones, y el “contado con liqui” –CCL- cuya concreción se ejecuta en cuentas en el extranjero) y el dólar informal (blue) llegaron esta semana a ser más de un 130 % superiores al dólar oficial. Aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó estos días en varias entrevistas que no hay motivos para que el peso se devalúe frente al dólar porque está despejado el panorama de pagos de la deuda, existe superávit comercial y controles de capitales, la pulseada por torcerle el brazo, de la que participan el agropower, los fondos de inversión “atrapados” en pesos y otros vastos sectores del empresariado, es cada día más ríspida. Sin tomar medidas de fondo contra los saqueadores, que no están en el menú del elenco oficial, el desenlace en favor de los saqueadores parece cada día más inevitable.

Histeria cambiaria ¿sin fundamentos?

La existencia de mercados paralelos más caros que el oficial es inseparable de la aplicación de restricciones al comercio de divisas, que rigen en el país desde agosto del año pasado, aplicadas por Macri recién después de que se fugaron USD 86.000 millones durante su mandato. Este número fue difundido en un informe de mayo, donde el BCRA afirmaba que el endeudamiento macrista y una gran parte del préstamo del FMI financió esa fuga de capitales. El periodista Horacio Verbitsky develó que en esa fuga estuvieron involucradas las empresas Telefónica, Pampa Energía, General Motors, Shell, Quilmes, Monsanto, Aluar, Procter & Gamble y Arcor, además de muchas más empresas entre las cien mayores fugadoras. La escasez de dólares no es un fenómeno natural.

Y cuanto más se refuerza este “cepo”, como fue ocurriendo desde entonces, mayor la distancia entre las cotizaciones. Pero en abril, mientras la renegociación de la deuda con los lobos de Wall Street atravesaba episodios de tensión y el gobierno anunciaba medidas de emergencia ante el agravamiento de la crisis generado por la cuarentena que se traducían en aumento del gasto público –y por lo tanto de la emisión monetaria–, esta brecha empezó a escalar. Y con ello se reactivó la clásica apuesta al dólar que caracteriza a todas las fracciones del empresariado argentino, y es imitada en pequeña escala por los sectores medios y asalariados en su modesta capacidad de ahorro, como resultado de un aprendizaje de décadas que muestra que no es cierto eso que casi todos los gobiernos argentinos han sostenido infructuosamente en las últimas décadas: que “el que apuesta al dólar pierde”.

La única pérdida ha sido la que sufrió el Banco Central (BCRA) en sus reservas, que a pesar del cepo cayeron USD 4.000 millones en lo que va del año. El número no parece considerable en sí mismo. Pero cobra otra magnitud si tenemos en cuenta que, entre enero y septiembre, el superávit comercial fue de USD 11.500 millones de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Considerando que los exportadores están obligados a liquidar esos dólares al BCRA, sorprende que no solo no hayan aumentado las reservas, sino que estén en baja. Los dólares del comercio exterior entraron por una ventanilla y salieron por la otra. Es lo que no explica Guzmán. Con cepo y todo, se perdieron por los pagos de deuda pública unos USD 5.000 millones mientras el ministro negociaba y decía que no podía pagar; y también se esfumaron dólares por los pagos de deuda privada y el ahorro de “grandes” y “pequeños”. Esta dilapidación de dólares en medio de la crisis fue considerada un dislate hasta por Claudio Lozano, quien actualmente integra el directorio del Banco Nación. Las maniobras para la fuga de capitales y la simulación de pagos de deuda ficticia en el extranjero por el gran capital se canalizan a través del sistema bancario. Sin la expropiación y la nacionalización de la banca bajo control de los trabajadores, no hay solución definitiva a este esquema de vaciamiento. Pero en la Argentina de Alberto Fernández los bancos se siguen llenando de plata mientras hay ajuste de cinturones para las grandes mayorías trabajadoras.

A pesar de que el valor del dólar frente al peso, que subió de manera astronómica durante el gobierno de Macri como resultado de una corrida cambiaria desenfrenada, y siguió escalando durante este año, no se encuentra subvaluado según los fundamentos o variables básicas de la economía, sino más bien lo contrario, la brecha y el comportamiento de los agentes como resultado de la misma, denotan una expectativa de devaluación. La negativa de los productores agropecuarios a sacar los granos de soja de las silobolsas a pesar de los altos precios internacionales y la baja momentánea de retenciones que rige desde el 1° de octubre, la parálisis de numerosas cadenas de valor ante la decisión especulativa de los empresarios de los más variados rubros de no vender hasta que aclare o remarcar “por las dudas”, y toda otra serie de comportamientos similares que paralizan la economía, se fueron extendiendo a medida que creció la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, que hoy muestran niveles de “pánico” según numerosos analistas.

El gobierno de Alberto Fernández confiaba en que el cierre del acuerdo con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera, alcanzado en agosto, sería un punto de inflexión en su gestión. Algo parecido a lo que fue para Macri el acuerdo con los buitres para poner fin al juicio en la corte de Thomas Griesa, en 2016 (que dio pie a la espiral de endeudamiento que se cerró abruptamente en 2018). Para lograr la aceptación de los lobos de Wall Street, el ministro de Economía, Martín Guzmán, aceptó ceder USD 17.000 millones adicionales respecto de la oferta inicial de abril, y el acuerdo no realiza casi quitas de capital, es decir, que el peso de la deuda en la economía no se redujo. Tampoco se adentró el gobierno en investigar ni una coma del fraudulento endeudamiento macrista (entre varios ejemplos, el bono a cien años que Luis Caputo emitió en favor de un fondo del que él era accionista y de otros fondos amigos) ni establecer ninguna consideración sobre el carácter odioso de esa deuda, que daría bases para su repudio soberano que es lo que plantea el Frente de Izquierda Unidad. El gobierno ganó tiempo, que era lo único que buscaba, pateando para adelante el problema de cómo pagar la friolera de deuda emitida por Macri. La “exitosa” reestructuración de la deuda dejó una hipoteca para los próximos 25 años. Pero el anuncio triunfal de Guzmán de que el canje alcanzaba al 99 % de la deuda, terminó devorado por la vorágine cambiaria. Incluso con el derrumbe de la cotización de los nuevos bonos emitidos.

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La brecha cambiaria no responde a un solo motivo. Pero podemos encontrar al menos tres razones que la estimularon.

En primer lugar, algunos importantes fondos de inversión que ingresaron a llenarse de plata con la “bicicleta financiera” quedaron atrapados en la economía argentina cuando Macri impuso las primeras restricciones cambiarias. Estos son parte de los que operan a través de los canales financieros para pasarse a dólares, comprando bonos y acciones que cotizan en la Argentina y en Wall Street. Generan una demanda que empuja el valor de los dólares financieros. No es forzado decir que el dólar se convirtió en los últimos meses en un juguete en manos de los mismos lobos de Wall Street con los que Guzmán negoció la reestructuración, ya que son esos fondos los que operan en el “contado con liqui”, como Templeton y Pimco.

En segundo lugar, entre todas las medidas tomadas por el gobierno para limitar el impacto de la cuarentena, se encuentra una fuerte inyección de crédito y transferencias que beneficiaron a las empresas. Esto resultó en una fuerte expansión monetaria, que en varios casos benefició a grandes firmas que tranquilamente podían afrontar sus pagos de salarios sin mayores sobresaltos. Buena parte de estos pesos “sobrantes” fueron hacia el dólar, tanto por los canales formales (comprando dólar ahorro, pagando deudas, importando y pagando al contado) como los informales. El sistema financiero, buscando todas las rendijas para lucrar y mantener las ganancias récord que muestran desde hace años, amplificó los trastornos monetarios y la presión contra el peso. Nacionalizar los bancos y establecer una banca estatal única sería una medida de elemental autodefensa contra estos buitres locales.

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Finalmente, el componente de “pánico” se fue acrecentando ante la comprobación de que el BCRA se va quedando sin “poder de fuego”. Aunque el BCRA cuenta hoy en sus reservas algo más de USD 40.000 millones, las reservas líquidas, es decir lo que la entidad puede efectivamente utilizar para operar en el mercado vendiendo, estaría en apenas algunos cientos de millones. Incluso hay quienes sostienen que se encuentran en terreno negativo, es decir, que, en sus operaciones, el BCRA está utilizando dólares que no podría tomar (como los encajes que tiene en sus manos por los depósitos de privados en dólares que se encuentran en los bancos).

El aumento de la brecha dispara conductas que refuerzan la presión sobre el dólar oficial. Medido con los precios paralelos, el precio oficial resulta superbarato. Por eso, los canales legales son explotados al máximo para tener dólares ya. Es lo que hicieron por ejemplo los importadores: a pesar de que las importaciones acumuladas entre enero y agosto fueron 24 % menores que en igual período de 2019, los importadores pidieron al BCRA 24 % más de dólares que el año pasado en los primeros ocho meses del año. Agreguemos que en septiembre las importaciones crecieron por primera vez en el año un sospechoso 3,1 % interanual, aumentando el saqueo de reservas del BCRA. Lo mismo hacían las empresas endeudadas, tomando dólares para saldar deudas en el exterior aprovechando el grifo del BCRA. Mientras tanto, para quienes venden en el exterior, fundamentalmente los agroexportadores, entregar el producido de sus ventas a un dólar cuya devaluación se descuenta inmediata, sale “carísimo”. La conducta obvia es retener ventas a la espera de un aumento del dólar oficial. Todo esto empuja hacia una devaluación brusca, el infierno tan temido que el gobierno busca evitar, aunque para internarlo solo atina a pisar un poco algunos canales de pérdida de divisas o presión sobre la brecha, para abrirlos semanas después, incrementando la confusión y contribuyendo a profundizar la corrida.

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Corresponde a la clase trabajadora pelear por medidas de fondo que eviten las maniobras especulativas, tales como el monopolio estatal del comercio exterior para que todos los exportadores entreguen lo que se va a exportar a una institución creada por el Estado, que es la que comercializa y toma la relación con otros países. Todo lo que entre por importaciones y salga del país como exportación debe estar en función de las necesidades sociales, de lo que se necesita para vivir. Y tendría que tener un estricto control realizado por los trabajadores sobre los grupos exportadores o importadores, de los puertos y de la aduana. Las medidas oficiales de “seducción” para que aparezcan los dólares o las restricciones resultan impotentes.

Tiro en los pies y zigzagueos

La cuestión de qué hacer frente a esta situación se convirtió hace meses en el mayor motivo de desavenencias en el equipo económico. El pasado 15 de septiembre el presidente del BCRA, Miguel Pesce, impuso su criterio para aplicar una nueva vuelta de tuerca al cepo. Si faltan dólares, hay que “defenderlos”; tal era la lógica tras los anuncios. Nuevos requisitos casi eliminaron la posibilidad de comprar dólares a gran parte de quienes venían haciéndolo todos los meses e impusieron una carga impositiva adicional para la transacción. También se restringió algunas operaciones de CCL aumentando el tiempo obligatorio para finalizar la operación (lo que se conoce como parking). Pesce además anunció que les daría a las empresas endeudadas en dólares divisas suficientes para pagar solamente el 40 % de sus deudas, obligando a que refinancien el resto (condición que se relajó para algunos casos).

La clave era taponar las salidas de reservas al precio que fuera. Ese precio fue ni más ni menos un aumento de la brecha entre la cotización oficial de la divisa y las paralelas, que ya en ese momento estaba en torno al 80 % y superó rápidamente el 100 % (y sigue subiendo). Días después, tras meses en los que se hizo evidente que los importadores estaban pidiendo dólares en niveles inusitados, vinieron nuevos requisitos de información para autorizarles la entrega de divisas. Así y todo, el BCRA no dejó de perder dólares. El 15 de septiembre declaraba reservas por USD 42.495 millones; el último viernes cerraron en 40.500 millones. La mayor parte de explica por una caída de los depósitos en dólares, que en el último mes se redujeron en USD 2.000 millones.

Después del “garrote”, el 1 de octubre tomó la iniciativa el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vino con una zanahoria para los exportadores agropecuarios: baja provisoria de retenciones hasta fin de año. Si el 15 de septiembre se limitó la demanda, en esta oportunidad se buscó alentar la oferta de dólares. Pero esto no redundó hasta ahora en un aumento de la liquidación de granos, a pesar de que coincidió con una fortuita suba en la cotización, que está cerca de USD 400 la tonelada.

El fracaso cocinó un nuevo volantazo de 180 grados, otra vez liderado por Martín Guzmán. El lunes pasado Economía anunció una serie de medidas dirigidas a estimular las operaciones cambiarias en el segmento financiero, revirtiendo las restricciones aplicadas apenas un mes antes: el parking que se había prolongado el 15 de septiembre volvió a reducirse, pasando ahora a ser de 3 días (antes del 15S era de 5). Agrandar el mercado del CCL es la nueva consigna, bajo la idea de que si se reduce la brecha entrarán dólares de los exportadores agropecuarios. Además, Guzmán anunció una subasta de títulos en dólares por USD 750 millones, a comienzos de noviembre, a la medida de los fondos de inversión atrapados hoy en pesos. Es vox populi que se trata de una emisión de deuda –autorizada por el Congreso– para ofrecer una vía de dolarización a Pimco y Templeton. A lo que se agregó el anuncio de una emisión de bonos vinculados al dólar. El problema que “solucionó” en agosto con la reestructuración reemerge con el festival de bonos para intentar contener las presiones de los fondos especulativos.

Las medidas fueron vistas como una “curita” por parte del poderoso JP Morgan, que picó en punta para vaticinar otro fracaso. El estímulo que busca el gobierno dar a las operaciones cambiarias con bonos, convive con el mantenimiento de todas las restricciones que buscaron limitar la venta de billetes por parte del BCRA. Es la estrategia “aguantar 2.0”.

La dictadura del capital

Para el establishment económico las medidas llegaron tarde y tienen gusto a poco. El “pliego de reclamos” empresarial es pretencioso: liberalizar más el dólar, subir el tipo de cambio oficial, realizar más ajuste del gasto público y reducir la emisión monetaria. No solo eso. Además, el “mercado” reclama la urgente fiscalización del FMI. Todo indica que los parches que está aplicando el ministro Guzmán en realidad son para ganar tiempo, para construir un puente hasta lograr un acuerdo con el Fondo. Como Macri, ahora es Alberto Fernández el que confía en que el imprimátur del organismo multilateral de crédito –que difícilmente llegue sin pedir a cambio medidas draconianas– aplacará la corrida cambiaria.

El Presupuesto 2021, que defiende el oficialismo en el Congreso, ya contiene un ajuste. En estos días el ministro habló de presentar un programa fiscal plurianual de reducción del gasto público: un mensaje directo al cuartel central del FMI en Washington. Al mismo tiempo que los “mercados” lo apremian y lo empujan, como a Macri, a un acuerdo, Guzmán se arroga la formulación del plan, como si fuera una construcción autónoma de los dictámenes del FMI, cuando contiene todos los condimentos de las recetas fondomonetaristas. Aun así, no es ajeno a los deseos del Fondo, que promueve que los países se hagan cargo del ajuste que él mismo dicta.

En el frente local, el gobierno busca reconstruir lazos con el empresariado. En el inicio de la cuarentena, Alberto Fernández calificó de “miserable” a Paolo Rocca por haber ejecutado el despido de más de mil trabajadores. Luego de la “vicentineada”, el presidente volvió a tender puentes con el mundo empresarial cuando invitó al G-6 a los festejos del 9 de julio. El G-6 está integrado por la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Bancos Argentinos, la Cámara Argentina de la Construcción y la Sociedad Rural Argentina. Esa invitación no fue bien recibida por el sector kirchnerista de la coalición de gobierno que en todos lados ve el fantasma de Clarín y Techint, que son parte de quienes dirigen la Asociación Empresaria Argentina (AEA), fundada en el tumultuoso 2002 para buscar una salida burguesa a la crisis.

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Ahora el presidente anunció subsidios para la extracción de hidrocarburos. En los últimos días, Alberto Fernández mantuvo un agradable almuerzo con el dueño de Techint, que con Tecpetrol se transformó en uno de los principales actores en Vaca Muerta. Las crónicas periodísticas indican que habría un principio de acuerdo de paz. Entre otras cosas, Rocca hará el esfuerzo de volver a recibir jugosos subsidios con el plan gas, para lo cual solo tendrá que archivar parte de los reclamos judiciales que tiene por los pagos del mismo subsidio que le suspendió la administración anterior. A su vez, Fernández sostuvo otra reunión con Marcos Bulgheroni, el dueño de Pan American Energy (PAE), que junto con British Petroleum y una empresa estatal china, explota uno de los principales yacimientos de petróleo convencional del país. Los “miserables”, aprovechando los apremios del gobierno, se vuelven a sentar en la mesa del presidente para arrancar beneficios.

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Algo similar ocurrió en el último tiempo con el flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El CAA agrupa a una gran cantidad de cámaras empresariales del agro que buscan establecer un diálogo diferente a la tradicional oposición de la Mesa de Enlace a los gobiernos peronistas. Ese Consejo reclama una ley que garantice estabilidad fiscal y financiera por diez años a la actividad agraria para asegurarse niveles de rentabilidad y la dolarización de las ganancias. En lo inmediato, fue el interlocutor con el oficialismo para las medidas anunciadas el 1° de octubre de baja momentánea de las retenciones. Le arrancaron esa concesión, pero las ventas de granos se siguen ejecutando a cuentagotas. Los dólares no aparecen. Los aceiteros culpan a los dueños de la soja. Una curiosidad es que, para producir aceite, como los productores locales no les venden, los aceiteros realizaron importaciones récord (aumentaron ¡400 %! en septiembre) para seguir produciendo. Los números de la cámara aceitera (CIARA) muestran que lo liquidado este año es “solo” 15 % menor que en 2019, pero esto no tiene en cuenta esa inédita demanda de dólares para comprar granos del exterior, que habría que deducir del monto de las ventas.

El gobierno necesita al sector agroexportador y al de hidrocarburos en la perspectiva de tener una fuente de divisas para pagar la deuda cuando en 2024 vuelvan los pagos duros. Pero los subsidios, que aumentan el gasto público, y las bajas de retenciones, que reducen la recaudación, entran en contradicción con un programa de consolidación fiscal con el FMI. Es una de las disyuntivas que deberá resolver el oficialismo al mismo tiempo que intenta contener una situación social que puede tornarse explosiva.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE) que elabora el Indec, en 2018, de las 500 grandes empresas del país, 313 tienen participación extranjera. Entre las grandes, el capital foráneo explica el 78 % de la facturación, el 80 % de las ganancias, 82 % de las exportaciones y el 85 % de las importaciones. En realidad, Techint y Clarín, el eje del mal según el kirchnerismo, son socios menores en un conglomerado burgués dominado por el capital extranjero. El negociado de la deuda que financió la fuga de capitales es uno de los nexos de esa asociación ilícita entre burguesía nacional y multinacional. La presencia extranjera es evidente en el comercio exterior de granos (Cofco, Cargill, Bunge, ADM-Dreyfus), en el sistema bancario (BBVA Francés, Santander, HSBC, ICBC), en la industria automotriz (Ford, Toyota, General Motors, Volkswagen, Renault, Peugeot). Muchas de estas empresas ejercen un verdadero monopolio privado del comercio exterior, que es utilizado para realizar ganancias al precio de atentar contra la necesidad básica de contar con reservas para llevar adelante medidas fundamentales de inversión para mejorar la infraestructura y el bienestar de la población. De este aglomerado de empresas extranjeras surgen muchas de las maniobras devaluatorias, como las que desarrollan las empresas de agronegocios que limitan la liquidación y la realización de ventas de granos. O las maniobras fraudulentas de los que acceden a dólares baratos simulando importaciones. O los pagos de deuda privada al exterior. Todo un desfalco al BCRA.

La era Cambiemos mostró al país atendido por sus propios dueños. Mauricio Macri tenía el sueño de convertir a la Argentina en el “supermercado del mundo”. Y se ilusionó con una “lluvia de inversiones”, entre otras, de las empresas mineras. La vuelta a una agenda neoliberal con apertura del comercio exterior, liberalización del tipo de cambio, aumento de las tarifas hasta que duela, ataque al poder de compra del salario, rebaja de impuestos a las patronales se quedó a mitad de camino según las aspiraciones del gran capital. Las movilizaciones de diciembre de 2017 pusieron en crisis el “reformismo permanente”. Y luego el peronismo se encargó de canalizar el malestar callejero hacia una alternativa electoral que prometió reparar el daño ocasionado a las mayorías populares. Ahora, con una economía lastrada y la amenaza de ser devorados por los mismos especuladores con los que armaron una reestructuración de la deuda a su medida, el FMI aparece otra vez como la tabla de salvación. La “reparación” prometida por el final del “neoliberalismo” de Macri, en tiempos de vacas flacas, se termina pareciendo bastante al programa de los CEO. Hasta las ilusiones del despunte exportador de Vaca Muerta, que ya habían encandilado a CFK y Kicillof en 2013 cuando abrieron las puertas de Chevron, nos recuerdan a los powerpoint de Marcos Peña.

El gobierno de Alberto Fernández, en palabras del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, prometió en campaña electoral honrar la deuda con los dólares que se obtengan del desarrollo del fracking de Vaca Muerta y de la megaminería contaminante. En el “modelo” extractivista no hay grieta.

Al calor del desenvolvimiento de la crisis no pueden descartarse grietas en el frente burgués porque en última instancia la contracción económica limita las posibilidades de ganancias. No obstante, las tensiones actuales no muestran una división que confronte programas económicos antagónicos como fue en el 2001 entre devaluadores y dolarizadores. Todos coinciden en puntos fundamentales del “modelo” de país extractivista, también en la necesidad de ajuste fiscal, contracción de la emisión monetaria y de rendir pleitesía al FMI. La diferencia es más de ritmos y profundidad que de orientación –incluso dentro de la coalición oficialista encontramos presiones en distintas direcciones que pueden volverse difíciles de sostener si la situación sigue deteriorándose–. Pero en uno u otro caso, todo lleva a aumentar las penurias del pueblo trabajador, y a mantenerse en el mismo círculo vicioso que termina en crisis como resultado de la vocación vaciadora de la burguesía “nacional” y el saqueo imperialista.

La clase dominante pretende seguir adelante con el programa económico reaccionario contra la clase trabajadora que debía llevar adelante Macri. El gobierno no tiene un “modelo” de país alternativo, apenas imagina –o quiere hacer imaginar– que es posible combinar desempeño exportador, contentar a Kristalina Georgieva y tomar algunas medidas de contención hacia la clase trabajadora y los sectores populares. Una cuadratura del círculo cuando no hay “boom” de commodities ni ajuste ya realizado, como había ocurrido en 2003 cuando la devaluación previa de Eduardo Duhalde dejó la mesa servida a Néstor Kirchner.

Atrapados ¿sin salida?

A escala mundial, la crisis económica supera en dimensión a la de 2008/2009, e incluso en muchos casos se establecen comparaciones con la catastrófica crisis de la década de 1930. Aunque la historia no se repite, las comparaciones dan una idea de la gravedad de la situación. Si bien hay analistas que esperan una milagrosa recuperación rápida (que daría a la caída/recuperación una forma de V), argumentando que a diferencia de 2008 no está comprometido el sistema financiero, los rebrotes del COVID son un baldazo de agua fría para esas expectativas. Solo China marcha a un paso un poco más rápido en la recuperación, pero no lo suficiente para traccionar, como en 2009/2010, al resto del mundo. Los posibles escenarios económicos locales están sobredeterminados por esta crisis mundial, de la cual la Argentina vuelve a ser uno de los eslabones más débiles como resultado de la recesión y descalabro financiero que vienen desde 2018. Mucho más, como se dijo, con una estructura económica que está dominada por el capital extranjero que planifica sus negocios a escala internacional.

La expectativa de Guzmán, que cada día que pasa se vuelve más improbable, es que el aumento de la oferta de dólares financieros achique la brecha, restando motivos a la expectativa de devaluación. Si esto ocurriera, esperan, habrá menos motivos para la retención de dólares de los dueños de la soja. El precio internacional de la soja, inesperadamente bueno, la reducción provisoria de retenciones y la menor brecha, podrían llevar a que entren unos demorados USD 5 o 6 mil millones. Sería el “puente” que espera economía para llegar hasta el acuerdo con el FMI y mirar a marzo, cuando arranca la nueva cosecha de maíz y soja y entra el grueso de los dólares. Tendrían que darse demasiadas carambolas para que esto se cumpla. Este escenario, de que el gobierno alcanza sus módicos objetivos, sería una forma de continuar en terapia intensiva, apretando las clavijas de la actividad para no perder dólares, como ocurrió durante los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Los zigzagueos del gobierno, que significaron gastarse las pocas balas con las que contaba y perder en el ínterin las limitadas reservas del BCRA utilizables, vuelven cada vez más difícil escapar a la devaluación descontrolada. Estamos hablando de un ajuste adicional del tipo de cambio de, al menos, entre 20 o 40 % en los próximos meses. Todo lo que viene haciendo el equipo económico es para escapar a eso, pero, como ocurrió en 2014, cuando el ministro era Axel Kicillof, podría volverse inevitable si la presión del mercado (es decir, los sojeros, los fondos de inversión, los importadores, etc.) le sigue torciendo el brazo. Las medidas que serían necesarias para poner en caja a los especuladores, y asegurar que las divisas estén disponibles para invertir en infraestructura fundamental –como las viviendas demandadas por las familias de Guernica y otros millones– están fuera del alcance de un gobierno que no está dispuesto a afectar ningún interés del gran capital.

En la Argentina este año va a ser el tercero de recesión. Se espera que la actividad registre un retroceso anual del 12 % cuando llegue diciembre. Un escenario de descontrol cambiario con devaluación abrupta implicaría un nivel de destrucción de actividad económica inédito. No solo eso. Más importante aún, la caída en el poder de compra de los ingresos populares sería brutal, ya que volvería acelerarse la inflación en niveles iguales o mayores a los que tuvo durante los años de Macri. Esto se sumaría a la pérdida del poder de compra de los últimos cinco años, conduciendo a niveles de pobreza, quizás, nunca vistos en la historia del país.

En el mejor de los casos, si se cumple lo que dice el Presupuesto 2021, el gobierno tiene la expectativa de un crecimiento de 5,5 % en 2021, de 4,5 % en 2022 y de 3,5 % en 2023. A primera vista parecería un milagro después de años de recesión. Pero, en realidad, esos números muestran la expectativa de un rebote que no permite recuperar un retroceso de larga data. Si esos pronósticos se cumplen, cuando Alberto Fernández concluya su gestión, la economía tendrá un PIB (es decir, la riqueza producida cada año) que será 1 % inferior al de 2012. El país está cerca de cumplir una década de estancamiento. La decadencia económica que se remite al menos a la década de 1970, y en la que el FMI, que hoy se sienta a negociar con el gobierno fue un gran protagonista y responsable, no se revierte. La burguesía y su régimen político conducen al país a la decadencia infinita y a niveles de crisis social insoportables. No se trata, sin embargo, de un destino inexorable. Otra salida es posible, a condición de pelear por un programa para que sea la clase trabajadora, en alianza con el pueblo pobre, la que luche por imponerla.