Maduro ha anunciado la realización de una “amplia reforma” de la Constitución desde hace meses. Esta semana ha creado una comisión para tal propósito. Todo apunta a que busca elevar a rango constitucional su concentración de poder para darle “legalidad” a la nueva forma de dominio que se instaura, así como el entreguismo, sus agresivos planes capitalistas y el desconociendo de derechos económicos y laborales de los trabajadores.
Miércoles 19 de febrero 20:55
Maduro anunció el pasado sábado que el primer borrador de la reforma que promueve a la Constitución del país abarca unos 80 artículos. No leyó ninguno y se limitó a presentar una mirada general de su propuesta. "Es el momento preciso" para "una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance, la transición a la nueva modernidad", indicó en un acto oficial.
Tras un discurso de más de dos horas, juramentó a una “comisión” nacional que se reduce a lo más encumbrado de los poderes del Estado que sustentan al gobierno, incluyendo a las Fuerzas Armadas, para elaborar el documento de reforma: el fiscal Tarek William Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y su esposa Cilia Flores, también estará el titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros. Pocos se le quedaron que no fuera del alto dominio del poder.
Maduro ha pasado de vanagloriarse de Venezuela tener “la mejor Constitución del mundo”, de ser un "gran símbolo del chavismo", pero que ahora parece inconveniente, y de repente necesitar de una "gran reforma constitucional" que se ajuste a sus objetivos, que deberá ser aprobada en un referendo que no tiene fecha definida. En la ceremonia pública presentó un borrador de la reforma de la que no se mencionó una coma a no ser alusiones generales, pero que igualmente dio 90 días de plazo para que la comisión presente al país las modificaciones constitucionales.
Como si de una bufonada se tratara, en su extenso discurso Maduro habló de "ampliación y perfeccionamiento de la democracia" –luego justamente de haber llegado a un nuevo mandato tras un fraude electoral– a través de la incorporación del "poder social, comunal y popular" entre los niveles de gobierno, sin detallar su significado. Afirmó que su reforma se centraría en cuatro grandes temas, de los cuales uno de los principales es la inclusión del denominado "poder comunal" –algo inexistente a no ser los mecanismos de control estatal- que se sume a los ya existentes, poder municipal, estatal y nacional.
Dentro de lo que denomina una modificación de la estructura del Estado, habló de "transformar de raíz" la estructura de gobernaciones y alcaldías. No faltó la ironía al eludir que la reforma constitucional que se avecina tiene que ver “con los valores para la construcción de una nueva sociedad”. Justamente en un país donde los niveles de miseria han llegado a grados extremos, donde se han destruido los más elementales derechos económicos, sociales y políticos, donde se benefician a los grandes empresarios y transnacionales, avanzando en ese camino con brutales ajustes y acuerdos con el sector empresarial nacional y trasnacional.
Maduro habla de actualizar la Constitución a la realidad económica, a los desafíos económicos del momento. Con esto, no es difícil prever con bastante probabilidad que buscará poner en “derecho” lo que ya por la vía de hecho viene haciendo en cuanto a políticas regresivas antinacionales, como las privatizaciones, la entrega de bienes naturales y bienes de la nación a capitales extranjeros de diferentes orígenes geográficos. Así como la destrucción llevada adelante en concordancia plena del capital privado de los derechos laborales de la clase trabajadora, como la actual destrucción del concepto del salario sustituyéndolo con el eufemismo de “ingreso mínimo” que en realidad es la bonificación casi total del salario.
Incluso, aludió también a una reforma “que identifique los peligros, las acechanzas del fascismo”, que no es más que escudarse para su concentración de poder, tras discursos “securitarios”, argumentando amenazas internas y externas.
No es necesario ser un sesudo analista para ver los objetivos políticos del gobierno de Maduro, no solo blindar su gobierno, como plantean algunos analistas, sino de adecuar a su imagen y semejanza el texto constitucional. Es el clásico esquema de modificar leyes, donde se “legaliza” la arbitrariedad y la represión. Se trata de apuntalar su permanencia en el poder bajo una concentración tal de un bonapartismo reaccionario en extremo propio de su régimen dictatorial, dado el vacío de apoyo popular. Los altos jerarcas de gobierno saben que les falta el terreno bajo los pies, advierten que sus “prédicas” se han convertido precisamente en eso, “prédicas”. Por eso hay premura en la “amplia reforma”.
Esta reforma constitucional es parte de su paquetazo político, en la que entra con gran antelación la convocatoria a elecciones tanto de gobernadores como de diputaciones nacionales inicialmente planificadas para el 27 de abril pero repentinamente reprogramadas para el 25 de mayo. Quienes allí salgan electos recién asumirán su mandato en la primera semana de enero del 2026, es decir, casi nueve meses después, una antelación jamás vista en la historia de Venezuela. Unas elecciones donde están por fuera todo el espectro político que denuncia el fraude del 28J, ya que automáticamente estaría imposibilitado de participar, de acuerdo a las condiciones impuestas.
Venezuela vive una gran crisis estructural estatal, de economía y política generalizada en su conjunto, donde un régimen de dominio dictatorial se impone con un gobierno con una gran descomposición que se aferra al poder recurriendo y gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas, su pilar fundamental. Al mismo tiempo que se le confronta una oposición política sustentada en lo más rancio de la derecha vernácula sostenida por el imperialismo como es el sector que lidera María Corina Machado y demás, lo que completa el cuadro dramático del país desde el punto de las clases oprimidas.
La clase trabajadora debe prepararse para esta gran ofensiva gubernamental del régimen de Maduro y sus nuevas leyes consideradas inconstitucionales para elevarlas a rango constitucional. Llevar adelante una importante lucha por las libertades democráticas ante un gobierno represivo y autoritario que busca terminar de liquidarlas. Avanzar en la unidad para enfrentar la represión, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, por la libertad de los trabajadores presos por protestar, por los presos por razones políticas o por simplemente ser pobre.
Hay que luchar para que la salida ante la situación imperante sea por la vía progresiva, o sea, por el aprovechamiento por parte la clase trabajadora en la lucha, para constituirse como clase independiente y agrupar a los restantes sectores sociales explotados y oprimidos desde una perspectiva independiente. Por eso es que sostenemos de que no se trata de un campismo en un eje antigubernamental con sectores de la oposición de la derecha como la liderada por María Corina Machado y Edmundo González para enfrentar a Maduro. Se trata de luchar por recrear las fuerzas de la clase trabajadora en clave independiente, no solo antigubernamental sino también anticapitalista.
Desgraciadamente así lo sugieren algunos factores políticos que se reivindican del lado de los trabajadores, incluso de izquierda, que en nombre de la “más amplia unidad de acción” hay que hacer “unidad” con quienes han avalado la política de Trump con la represión a nuestros hermanos trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y claman por la intervención imperialista en el país. No solamente somos antigubernamentales, somos también anticapitalistas y antiimperialistas, pues hay que considerar que en la crisis nacional no solo actúan las fuerzas nacionales, sino también el imperialismo que puja por lograr la recolonización y hacer volver a su redil al país.
Es necesario levantar una política propia ante la cuestión democrática y ante los problemas económicos, sociales y nacionales, que exprese independencia de la clase trabajadora y del pueblo pobre, la necesidad de un programa desde los intereses de las y los trabajadores de la crisis imperante. Evitar que nuestra clase solo tenga como alternativas políticas aquellas que expresan los intereses de clase de quienes nos pisotean como ese callejón sin salida que se le plantea, como el gobierno de Maduro como la oposición liderada por María Corina Machado, la de los grandes capitales de cualquier origen geográfico y de los ricos de este país, sean los nuevos o los de vieja data.
