Martes 11 de noviembre de 2014
Durante las últimas décadas, los trabajadores de la salud en Córdoba fuimos testigos del sistemático vaciamiento de los hospitales que los diferentes gobiernos fueron llevando adelante y los retrocesos en las condiciones laborales que se dieron en los ’90 y se profundizaron en estas décadas. En ese marco, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) mantuvo a José Pihen como Secretario general desde el año 1991 hasta la fecha. Si hacemos un recorrido por las décadas que lleva en el sillón del sindicato veremos que los atropellos a los trabajadores tuvieron como figurita repetida un sindicato que estuvo lejos de ponerse a la cabeza de frenarlos.
Veremos también como este personaje harto conocido del mundillo de la burocracia sindical cordobesa, estuvo en reiteradas ocasiones dividido entre sus supuestas funciones gremiales y sus “obligaciones” como funcionario del estado junto a De la Sota, siendo legislador provincial en la actualidad.
Un sistema de salud vaciado
Las condiciones de insalubridad en las que se trabaja dentro de los hospitales son cada vez mayores. Faltan insumos básicos teniendo muchas veces el propio trabajador que comprarlos para garantizar la atención. La mayoría de los trabajadores de la salud tienen que trabajar cerca de 16hs para llegar a fin de mes, corriendo de un trabajo a otro y llegando a su casa con tiempo sólo para dormir. El salario de un enfermero de piso dista mucho de alcanzar la Canasta básica y menos aún con la inflación creciente. Esto contrasta brutalmente con el salario de Pihen que la supera con creces llegando a cobrar $40000.
Esa situación es el resultado de décadas de políticas destinadas a descentralizar el sistema, privatizar todo lo posible y ajustar siempre sobre los trabajadores estatales. Las bases de estas políticas se sientan a partir de la reforma de la Constitución de la provincia en 1987, donde comienzan a bosquejarse la descentralización del sistema de salud. Esta reforma se profundizará de forma abrupta en 1995.
La reforma de Mestre
Es a partir del año 1995 -con la Ley de Emergencia provincial y en el contexto de una brutal crisis de desfinanciamiento del Estado, luego de 12 años de gobierno de Angeloz- que Ramón Mestre, también de la UCR, encara la reforma del sector de salud. Bajo un discurso que tendía a sugerir que el sector salud de la provincia estaba sobredimensionado y que era excesivo el involucramiento de la provincia en el sistema, lo primero en ser atacado fue el presupuesto del área, acompañado de una drástica reducción de la planta mediante cese de contratos, suspensión de residencias médicas -con el argumento de que con la crisis económica que afrontaba la provincia no se podían seguir destinando fondos para formación-, y un fuerte recorte presupuestario que afectará principalmente a las “cajas chicas” de los hospitales. Esto tendrá como consecuencia el cierre de servicios y hospitales que pasarán a ser considerados como “excedentes”. Así, la prestación de los servicios esenciales, donde tareas de alta complejidad dependían de trabajadores contratados y residentes, comenzará a verse afectada. Falta de camas, de infraestructura, deterioro de los hospitales y otras problemáticas se convertirán en parte del reclamo habitual. Un indicador de este recorte lo representa el número de empleados del Ministerio de Salud: al inicio del período oscilaba entre 15.300 y 18.000 trabajadora. Hacia el final de la gestión Mestre, se reducirá drásticamente a cerca de entre 8700 y 10500 empleados.
Otra medida que se tomará es la de descentralizar el sistema de salud. Esto implicará el traspaso, en menos de 6 meses, de más de 400 efectores a los municipios bajo promesa de aumento de recursos coparticipables, lo que generó la fragmentación del sistema y una agudización de las inequidades. En el discurso oficial, la provincia sólo se haría cargo de garantizar el 2do y 3er nivel de complejidad, dejando la atención primaria de la salud en manos de los municipios.
La Lucha y la traición
Con una caída del 30% en los salarios del conjunto de los empleados públicos, las reformas de Mestre encontraran una fuertísima oposición de los trabajadores, en la que los del sector salud estarán a la cabeza con tomas de hospitales, movilizaciones, cortes de ruta y protestas en toda la provincia.
Frente a este escenario, la conducción del SEP buscará contener las movilizaciones. Para ello firmará pactos secretos de no confrontación y, posteriormente, un acta-acuerdo con el gobierno de Mestre que autorizaba a dejar sin efecto todos los convenios celebrados con las reparticiones. Hace casi 20 años, Pihen consumaba una de sus primeras traiciones, permitiendo que la reforma mestrista se impusiera, atacando condiciones básicas de los trabajadores y al sistema de salud en su conjunto.
La reforma delasotista
Con diez años de menemismo encima, y con la flexibilización laboral en plena vigencia, en 1999 asume cómo gobernador De la Sota anunciando la vuelta atrás de todas las medidas implementadas por Mestre, salvo el proceso de descentralización llevado adelante.
Para restablecer la alianza con la burocracia sindical, incorpora a la conducción de las distintas instituciones de la salud a miembros de las entidades gremiales hospitalarias que se habían opuesto a las reformas mestristas y nombra ministro de salud al entonces presidente del Consejo de Médicos de la Provincia.
De la Sota incorporará a la provincia a la reforma de salud de la Nación, reforma a la que Mestre se había negado. Esto implicará acordar con los cambios promovidos, ni más ni menos, que en los programas financiados por el BID y el Banco Mundial. Córdoba se incorporará así al Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud, gestionado por el Ministerio de Salud de la Nación gracias a un crédito del BID.
Los ajustes al sistema de salud continuaran por distintas vías: un ajuste nominal del gasto presupuestario primero y, ya con la devaluación del peso, una licuación de los recursos por la creciente inflación que lleva a que cada vez se pueda adquirir menos con los recursos existentes.
Por otro lado, se hace cada vez más fuerte la tendencia a la creciente precarización de los trabajadores de la salud. La planta permanente se verá reducida y aumentará el trabajo transitorio. Al mismo tiempo se introducen formas flexibles de contratación que derivaran nuevamente en toma de hospitales, movilizaciones y denuncias por faltas de insumos. Estas reformas irán despertando una resistencia creciente entre los trabajadores, como veremos en las próximas entregas.
