La vuelta a las clases presenciales anticipan lo que el Gobierno ya está dejando correr: que las patronales imponen la vuelta a los lugares de trabajo sin importarles los mayores de 60 y grupos de riesgo. Las vidas trabajadoras importan: que las centrales sindicales rompan la tregua.
Jueves 4 de febrero de 2021 20:18
El límite lo ponen los trabajadores, el Gobierno mira para otro lado. Los trabajadores del subte anticiparon la continuidad de medidas de fuerza con un paro para el día viernes. Metrovías, con la extorsión de descuentos salariales, quiere imponerle a los mayores de 60 años que retomen actividades en el subte, un lugar de permanente circulación de personas y, por lo tanto, de potencial circulación del virus. La empresa se apoya en una interpretación arbitraria de la resolución del Ministerio de Trabajo para el contexto de la pandemia; los trabajadores se apoyan en la fuerza de su organización y en argumentos sanitarios que el Gobierno parece ir dejando en el olvido, a pesar de que aún rige el decreto presidencial que obliga a las empresas a dar licencia paga al 100% a quienes se encuentran en los grupos de riesgo.
Metrovías y las empresas quieren que vuelvan a trabajar los mayores de 60. No les importan las vidas trabajadoras. Hay que hacer como en el subte@Claubonara @raulgodoy__ @NicolasdelCano @NathiGonzalezS pic.twitter.com/ODQ60YwVuU
— Movimiento de Agrupaciones Clasistas (@MAClasistas) February 4, 2021
Mientras tanto, las consecuencias de trabajar en establecimientos que no cumplen mínimas normas sanitarias y que no respetan protocolos, y de utilizar medios de transporte cada vez más abarrotados, son para los trabajadores.
En COTO falleció otro trabajador por coronavirus, Víctor Martínez, quien era cocinero en la sucursal de Balvanera. Desde noviembre, Alfredo Coto impuso la vuelta al trabajo del personal dentro grupos de riesgo, bajo amenaza de despido con causa. Frente a esto, Ramón Muerza quien busca mostrarse como oposición al burócrata Cavalieri dentro del Sindicato, no convocó ninguna medida de fuerza que respalde a los trabajadores para defender su vida, su salario y sus puestos de trabajo.
También en Mondelez -multinacional yanki a la que el Gobierno adjudicó como industria esencial, aunque fabrica golosinas-, trabajadores con diversas patologías dentro de grupos de riesgo, denuncian que la empresa los persigue y convoca a retomar tareas en la planta Victoria.
La prepotencia criminal de las patronales tiene vía libre hasta en los rubros donde las tareas se pueden realizar de manera remota. Hace una semana falleció por coronavirus, Gladis Livia, una trabajadora del call center ACC GROUP, de la CABA, luego de haber sido extorsionada para trabajar de manera presencial.
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Además de su inacción frente a estos atropellos, el Gobierno viene preparando el terreno para que cada vez más patronales empujen a los trabajadores a volver al trabajo presencial. El decreto con que Alberto Fernández extendió el distanciamiento social (DISPO), incluye el plan de vuelta a clases con presencialidad, sin inversión, sin protocolos y sin vacunas. De esta manera y sumado al fin de las licencias para padres con hijos en edad escolar, se busca dejar libres del cuidado de los niños y jóvenes a los adultos, para volver a los lugares de trabajo.
La impronta aperturista del oficialismo y de la oposición, le da impunidad a las patronales para hacer lo que quieran. La nueva normalidad que plantean es sin un plan serio para enfrentar la pandemia, con la esperanza puesta en lograr la inmunidad a través de las vacunas, que no están garantizadas para la mayoría de la población por la guerra entre laboratorios.
A pesar de la extensión de la prohibición de despidos y de la doble indemnización para la que el Gobierno cedió un tope; las amenazas de despidos y los recortes de salario, vienen siendo el arma con la que las empresas ponen entre la espada y la pared a aquellos trabajadores que necesitan priorizar el plato de comida de sus hijos, incluso exponiendo su propia salud.
Mientras tanto, el Gobierno, que buscando complacer a las patronales, quiere poner un techo a los aumentos salariales, ligado a una muy dudosa proyección de la inflación de un 29%. Además se escuda en supuesto control de precios, que se demuestra impotente frente a los grandes formadores de precios que siguen haciendo subir la carne y los alimentos, frente a las empresas de servicio, etc.
Es necesario defender la salud, el salario y los puestos de trabajado, frente a las patronales y al Gobierno, que demuestran que no les importa nada la salud y la vida de las mayorías. Por eso es urgente que las centrales sindicales abandonen la pasividad cómplice en la que se encuentran desde hace meses y convoquen asambleas en los lugares de trabajo para discutir cómo impulsar un verdadero plan de lucha. La clase trabajadora necesita empezar a dar una respuesta frente a la caída del poder adquisitivo del salario, frente al crecimiento de la desocupación y los ataques patronales.
