La investigación, llevada adelante por la ONG Observacom, afirma que el conglomerado de medios de la familia Noble Herrera y Héctor Magnetto recibió casi el doble de dinero que el Grupo Índalo, el segundo del ránking. Cuál fue el top 10 de los principales beneficiarios de la pauta estatal
Viernes 29 de noviembre 19:13
El estudio "Publicidad oficial, medios y libertad de expresión en América Latina", publicado este miércoles, realizado por OBSERVACOM, analiza el impacto de la publicidad oficial en la libertad de expresión y la sostenibilidad de los medios en 11 países de la región.
La investigación se realizó a partir de una guía común para todos los países, basada en los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de Argentina, la investigación estuvo a cargo de Agustín Espada, docente de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del CONICET, especializado en economía de los sistemas de medios de comunicación. El análisis abarcó el período 2020-2023 bajo la gestión de Alberto Fernández.
El top 10 de los grupos que recibieron más dinero en concepto de pauta oficial en 2023
En cuanto a la distribución efectiva durante el período 2020-2023, el estudio muestra que la gestión de Fernández gastó US$ 402 millones en publicidad oficial, una reducción del 20% respecto a lo gastado por Macri entre 2016 y 2019.
El ranking de grupos y empresas que recibieron dinero de publicidad nacional en 2023 es encabezado por Grupo Clarín, que con más de US$11,1 millones casi duplica al segundo (Indalo ) y al tercero (Octubre) y lo logra con el cuarto de la lista (América). Solo si se suma lo que facturaron Indalo y Octubre se supera —por poco— al líder, Clarín. Entre los primeros diez grupos siguen Crónica, La Nación, Paramount (el de capitales extranjeros que más dinero recibió), Perfil, Google y El Destape (la empresa más pequeña dentro del top ten). Casi todas ellas percibieron en el año más de US$2,5 millones.
El estudio señala que los grupos y empresas de medios más beneficiados por este reparto son los más grandes y los más importantes, a un lado y a otro, de las definiciones de oficialismo y oposición. Sin ir más lejos, el Grupo Clarín es el más grande en materia de medios y telecomunicaciones del país. Cuenta con el diario homónimo de mayor tirada, las radios AM y FM más escuchadas, señales de cable y diversos canales de televisión abierta en el país. Además, es dueño de la principal empresa de televisión paga, de telefonía celular y de provisión de internet al hogar.
La gestión de Fernández amplió la cantidad de medios que recibieron publicidad oficial, pasando de 1.400 en el último año de Macri a 3.800 en 2023. A pesar del aumento en el número de medios, la inversión se concentró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acaparando el 67% del presupuesto. La Provincia de Buenos Aires recibió el 9,28%, mientras que provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza recibieron porciones marginales.
En tanto, los actores sin fines de lucro (medios cooperativos o comunitarios) fueron incluidos en la distribución con montos superiores a los de 2022, pero aún lejos de los gastos en medios privados con relativa cantidad de audiencia.
La televisión se mantuvo como el principal soporte, recibiendo el 26% del total. Internet, combinando portales web (24,06%) y redes sociales (5,94%), se consolidó como el segundo soporte dominante con el 30% del presupuesto. La radio ocupó el tercer lugar con el 21,80%, mientras que la prensa gráfica experimentó una caída, recibiendo solo el 10% del total.
El estudio, basado en los Principios sobre regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revela que Argentina carece de una ley específica que regule de manera integral la publicidad oficial, aunque sí existen leyes que regulan aspectos parciales, como la Ley de Ética Pública, que establece que las campañas gubernamentales deben ser educativas, informativas o de orientación social, y no pueden incluir nombres, símbolos o imágenes que promuevan a las autoridades o funcionarios públicos.
También el Código Electoral y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual contienen normas que buscan controlar la propaganda político-partidaria y la publicación de mensajes gubernamentales durante las campañas electorales. Sin embargo, la dispersión normativa y la falta de mecanismos de control efectivos limitan su impacto.
Si bien la Resolución 247/2016 estableció criterios para la distribución de la publicidad oficial, como la audiencia, la pertinencia del mensaje y la distribución federal, la falta de instancias de control independientes y la ausencia de mediciones públicas y federales de audiencia hacen que estos criterios sean fácilmente ignorados, abriendo la puerta a la discrecionalidad y al uso político de la publicidad oficial.
A pesar de que desde 2016 el gobierno tiene la obligación de publicar información sobre la distribución de los fondos, la calidad de los datos empeoró durante la gestión de Alberto Fernández, dificultando el análisis. La información publicada es de períodos irregulares, no se detallan las campañas u organismos que contratan los espacios publicitarios, ni la cantidad de anuncios incluidos en cada contratación.
En este período, la televisión se mantuvo como el principal soporte publicitario, recibiendo el 26% del total, seguida de internet (30%, combinando portales web y redes sociales), radio (21,80%) y prensa gráfica (10%). A pesar de la mayor inclusión de medios, el estudio concluye que el criterio principal de distribución fue la audiencia, beneficiando a los grupos mediáticos con mayor alcance, mientras que los medios sin fines de lucro, si bien recibieron mayores montos que en 2022, aún se encontraban en una situación de desventaja en comparación con los medios privados.
¿Qué pasó con la pauta oficial en el gobierno de Javier Milei?
Uno de los primeros anuncios de Milei al iniciar su mandato fue la suspensión de la publicidad oficial, formalizada a través del Decreto N° 89/2023 el 26 de diciembre de 2023. Durante su primer año de gestión, el gasto en publicidad oficial se redujo, alcanzando solo el 1,2% de lo que se destinó en 2023 bajo el gobierno de Alberto Fernández. Esta política implicó una reducción del 90% en el gasto de empresas públicas en publicidad, con excepción de YPF, que mantuvo sus niveles de inversión en términos reales.
El gobierno de Milei destinó un 50% de su gasto en publicidad a portales digitales y radios, y más del 30% a redes sociales, mientras que el gasto en televisión fue mínimo, representando apenas el 6,6% del total.
Pero, a pesar de haber justificado esta medida como una política que atacaba a la casta, continuó beneficiando principalmente a medios pertenecientes al Grupo Clarín, que lleva 9 años siendo el principal conglomerado de medios beneficiado por políticas gubernamentales. El listado de los 10 más beneficiados por este reinicio de la pauta oficial encontró a medios digitales en los primeros 3 puestos, según publicó Chequeado.com, mientras que de los 8 siguientes beneficiarios, 4 pertenecen al Grupo Clarín (Radio Mitre, la red de portales de Artear, Clarín.com y FM La 100). Infobae, la web de La Nación, la TV Pública y radio Aspen completan el listado. Entre ellos concentraron más de $ 1.000 millones, el 73,5% del total.
Por otro lado, en una entrevista reciente en el Círculo Rojo de Radio Con Vos y La Izquierda Diario, Agustín Espada señaló: "En términos reales el gobierno ha dejado de contratar espacios publicitarios pero no ha dejado de pautar, ha empezado a gastar con AFIP para publicitar el blanqueo, gasta en contratar espacios publicitarios, como con YPF con la Selección. El gobierno cortó la publicidad oficial pero siguió utilizando las cajas más opacas, es decir aquellas en las que no tiene que informar en qué se gasta, como la de YPF o la de Aerolíneas Argentinas o la del Banco Nación.
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Como si fuera poco, en abril de este año, el gobierno de Milei publicó el DNU 302/2024 que se desregula las tarifas de servicios como internet, telefonía celular y televisión por “cable”. Así, el Poder Ejecutivo le da vía libre a corporaciones como Personal, del Grupo Clarín, entre otras. El Gobierno justificó su decisión con el argumento de que “resulta de suma urgencia liberar el mercado y obtener el libre desarrollo” de esos servicios.
El DNU modifica aspectos centrales de la Ley Argentina Digital N° 27.078, eliminando toda la letra legal que obligaba al Ejecutivo a fijar las tarifas, dado que se trata de servicios públicos, y controlar que los prestadores de esos servicios no se excedan de esos montos regulados. Según el Gobierno, así se promoverá “la competencia en el sector”. Pero una vez más, beneficia a los mismos empresarios. Y hay que señalar que esta política coincidió con el ingreso de empresas internacionales como Starlink de Elon Musk, lo que facilita todavía más la concentración en el sector.
Por otro lado, las reducciones en la publicidad oficial representan además un ataque a los medios públicos y alternativos, que dependen en gran medida de estos fondos para su sostenibilidad y que ya venían siendo los más perjudicados por las políticas respecto a la distribución de la publicidad oficial de los anteriores gobiernos.
En ese sentido, la intención de Milei de privatizar medios estatales como Télam, Radio Nacional y la TV Pública refuerza la preocupación de un intento de desmantelar y concentrar el poder mediático en manos de grandes corporaciones.
La pauta oficial ha sido históricamente una herramienta de control sobre los medios de comunicación, utilizada para presionar y condicionar el contenido de las publicaciones. La distribución de la pauta oficial durante el gobierno de Milei sigue premiando a medios afines, limitando la expresión de voces críticas y la libertad de prensa, pregonando, contrariamente, a "la libertad de empresa".
