12.000 hectáreas cedidas. Lautaro Jimenez: "Es una desposesión de tierras, que cada vez pertenecen menos a los puesteros y a las comunidades"

El gobernador de la provincia Rodolfo Suarez junto al Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia Victor Ibañez, a través del Decreto 2138 otorgaron gratuitamente 12.351 ha ubicadas en Malargüe, más exactamente en la zona de Campo Potrero de Cordillera, a una firma privada conocida como Azufre S.A. Los dueños de la compañía beneficiada están vinculados al negocio inmobiliario de grandes propiedades y al grupo Clarín, pretenden instalar un centro de esquí. Desde el vamos este proyecto es alarmante en términos ambientales por el nulo control del Estado que ni siquiera ha exigido un estudio de impacto ambiental salteando la instancia de audiencia pública de consulta hacia la sociedad. Tampoco han sido tenidas en cuenta las denuncias de la Comunidad Pehuenche de Ñancuñan y la comunidad mapuche Lof Butamallin.

Como resaltó Federico Soria, Guardaparque y miembro la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, en un detallado informe que podes leer acá: “Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos, que en la actualidad, bajo un contexto de cambio climático global (y su consecuencia local directa: la crisis hídrica) cobran una importancia fundamental para la vida y la economía de la población. El sector de la cordillera entregado gratuitamente está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, además posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales.”

El Senador Lautaro Jímenez en la sesión de este miércoles denunció los intereses inmobiliarios que avanzan con la privatización y que perjudican siempre a los mismos sectores "Toda la matriz del uso del suelo que se está viendo en la provincia está marcada por factores que realmente afectan a sectores que han sido históricamente castigados […] Debajo de la problemática legal, realmente es una acumulación de legislaciones en las que se basan en donde realmente se someten a presiones muy fuerte a los sectores más débiles de la cadena, hablamos de los puesteros y las comunidades de los pueblos originarios.”

Ante las posturas del oficialismo provincial que festeja la entrega y el peronismo que la denuncia parcialmente, Jiménez planteo la urgencia de una discusión seria acorde al problema ambiental y social que conllevaría una privatización de tal porte: “Más allá de las polémicas que siempre hay en ese sentido, lo que siempre avanza es la privatización, que esos terrenos se alambren y que haya apropiación. Yo lo definiría más que como una privatización, como una desposesión. Lo que claramente avanza es una acumulación por desposesión en la provincia de Mendoza que cada vez pertenece menos a las comunidades, menos a los puesteros, menos a los pequeños productores.” En simultaneo con la perdida de tierra de los sectores perjudicados y las limitaciones cada vez más habituales en el acceso a ríos y espacios naturales que deberían ser accesibles para todos, el senador del FIT-U remarcó que “la concentración de la tierra, sea con el extractivismo, sea con enormes sectores del agronegocio o sea con este tipo de emprendimientos inmobiliarios y turísticos es lo que viene avanzando en las últimas décadas”.

La oposición peronista en la provincia critica la entrega pero sin cuestionar profundamente la utilización de los recursos estratégicos y quienes son los beneficiados, tal cual lo expresó el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos Lucas Ilardo “Queremos todas las explicaciones y estudios correspondientes, sobre todo por qué el Gobierno entregó 12.000 hectáreas para un centro de esquí que podría funcionar con menos de 2000 hectáreas” limitando el problema a una cuestión de extensión.

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Desde el Frente de Izquierda Unidad denunciamos que la Ley de Humedales perdió estado parlamentario por falta de voluntad política del gobierno nacional y su aparato legislativo, la legislación de protección de los humedales por la que pelean jóvenes en todo el país sería un freno para la privatización de los mismos, una herramienta legal que hubiese evitado la entrega de Suarez al Azufre S.A. Pero eso no lo discuten. Es urgente que se trate en Mendoza el proyecto de Ley de Humedales presentado por Lautaro Jímenez con una partida presupuestaria acorde que garantice su preservación.

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No olvidemos que la última vez que empresarios y gobierno intentaron avanzar con un Proyecto similar de Centro de Esquí, mini ciudad turística y central hidroeléctrica en Tunuyan, fue el pleno rechazo social de la pobladores, ambientalistas, profesionales y las Asambleas por el Agua Pura de Mendoza el que puso un freno en defensa de la cordillera debido a las irregularidades e ilegalidades que abarcaba la inversión de “Cerro Punta Negra”.

Las privatizaciones de áreas naturales en Mendoza son un fenómeno de entrega que no cesa. De la misma manera en que el Estado le otorga tierras al negocio inmobiliario de la misma forma beneficia a los negociados extractivistas como el fracking. Sin dudas esta es su manera de conseguir los dólares que junto con el Gobierno de Alberto Fernández necesitan para pagarle al FMI. La adaptación al extractivismo es parte de este acuerdo colonial que buscará saquear todos nuestros recursos naturales. La única salida es en las calles, coordinando todas las luchas como lo demostraron las más de 200 agrupaciones que se movilizaron contra el Acuerdo del FMI ayer martes, de la misma forma hay que continuar en las calles para frenar los proyectos saqueadores y extractivistas a la vez de ponerle un punto final al pago de la deuda que nos empobrece cada día más y saquea los recursos esenciales para el pueblo como el agua.