Frente a la aprobación de una ley de inmigración de una brutalidad histórica, la CGT sale por fin de su silencio. ¡Pero para conseguir su retirada, es necesaria una campaña a base de asambleas en los lugares de trabajo y de estudio para construir una movilización en enero!
Martes 26 de diciembre de 2023
Tradujimos la editorial originalmente publicada en el sitio Révolution Permanente el día 21 de diciembre.
La brutalidad histórica de la ley de inmigración, finalmente aprobada con grandes dificultades el martes, ha conmocionado a sectores del mundo del trabajo y de la juventud. En este marco, los dirigentes nacionales de los principales sindicatos han vuelto a pronunciarse estos últimos días, tras meses de relativo silencio sobre el texto. En declaraciones a RMC el jueves por la mañana, Sophie Binet hizo un llamamiento a la "desobediencia civil y a la multiplicación de las acciones de resistencia contra esta ley, como han hecho 32 departamentos", y mencionó la preparación de iniciativas "a gran escala".
Una denuncia del texto y una interpelación a Emmanuel Macron
Este nuevo impulso a una posible movilización llega en un momento en el que los últimos días han estado marcados por una política de interpelación a Emmanuel Macron. En una carta abierta conjunta, Marylise Léon y Sophie Binet pidieron el lunes la retirada de la ley de inmigración, denunciada como una "mancha imborrable sobre nuestros principios republicanos", junto a organizaciones como Cimade, la LDH, la Uniopss y France Terre d’Asile. "Frente a las divisiones sociales y al veneno creciente del odio y del rechazo del otro, es más que nunca responsabilidad del Presidente de la República establecer perspectivas claras para unir a la nación", subraya el texto.
Sophie Binet y Marylise Léon reiteraron este llamamiento al día siguiente en tuits dirigidos al Presidente y a los diputados, pidiendo que se retirara el texto o que no se votara. Sin embargo, este llamado rápidamente se estrelló contra la aprobación de la ley, apoyada entre bastidores por Macron, sin impedir que los líderes sindicales repitieran sus llamamientos, pidiendo el miércoles al Presidente que diera marcha atrás. "Pido solemnemente a Emmanuel Macron que no promulgue este texto, el Presidente de la República tiene la responsabilidad de unir al país, de hacer respetar nuestros principios republicanos", explicó Sophie Binet ayer por la mañana en BFM TV.
El discurso de Emmanuel Macron el miércoles, en el que el supuesto garante de los "principios republicanos" reivindicó sin sorpresa el texto que introduce medidas de preferencia nacional, ataca a los estudiantes extranjeros y endurece el derecho al estatuto jurídico, acabó por dificultar el mantenimiento de tal política. Aunque Sophie Binet denunció al día siguiente de su aprobación que se trataba de un "texto de extrema derecha", la cuestión que se plantea ahora es retirar el texto construyendo una correlación de fuerzas.
¿Un lento despertar tras meses de diálogo social?
Desde este punto de vista, los llamamientos a "iniciativas a gran escala" contra la ley van en una buena dirección. Contrastan con el discurso de los últimos meses, que había llevado a eludir la oposición a la ley, abandonando las calles y abriendo paso a los ataques del gobierno. Salvo algunos comunicados de prensa que han pasado desapercibidos, las principales organizaciones sindicales, encabezadas por la CGT y la CFDT, han estado ausentes de los debates sobre la ley en las últimas semanas.
Esta actitud no puede disociarse de la política de "diálogo social" adoptada a principios de otoño por la intersindical, que ha conducido al movimiento obrero a un largo silencio desde el 13 de octubre. A pesar de la movilización de las secciones sindicales de la CGT y de colectivos como la Coordination Sans papiers 75 y los Gilets noirs en las grandes luchas de los sin papeles a nivel local en los últimos meses, en Emaús y en la región parisina, no se ha puesto en marcha ninguna campaña nacional para denunciar la ley y hacer del 18 de diciembre, día de movilización contra la ley de inmigración convocado por la Marche des solidarités y numerosos colectivos y organizaciones, una gran jornada de huelga y movilización contra el gobierno y su texto racista.
En plena crisis social, esta ausencia de respuesta a la altura del ataque dejó vía libre a las peores maniobras racistas, a pesar de la determinación de los colectivos de trabajadores sin papeles. Sin perspectivas de movilización nacional, y ante el limitado contradiscurso de una oposición parlamentaria impotente, el gobierno, la derecha y la extrema derecha han podido dar rienda suelta a sus fantasías más xenófobas, que sólo el miedo a una respuesta desde abajo podría haber frenado, como ya hizo en el momento de la batalla de las pensiones, que se saldó con el aplazamiento de la ley hasta marzo de 2022.
Sigue la inestabilidad: es posible hacer retroceder al Gobierno, a la derecha y a la extrema derecha
Tras meses en los que el Gobierno ha aprovechado la pasividad social para avanzar, es fundamental romper con la estrategia de los últimos meses. La aprobación de la ley de inmigración supuso un shock para muchos sectores de trabajadores y de la juventud. Los militantes de vanguardia empiezan a cuestionarse la necesidad de un plan de batalla. Sobre todo, la crisis política abierta ha puesto de manifiesto las debilidades del gobierno y del régimen. Estos últimos días, incluso se ha empezado a plantear en los medios de comunicación la posibilidad de que el texto no llegue a aplicarse, debido a los signos de febrilidad del gobierno.
En este contexto, Sophie Binet pide con razón la retirada de la ley, estableciendo un paralelismo con el CPE. Pero entonces no fue la impugnación de Chirac la que triunfó, sino la movilización de millones de trabajadores y jóvenes. Construir una oposición consecuente, que debería ser el trampolín de una respuesta más amplia a las reacciones de la derecha y la extrema derecha ante la crisis, significa romper con el diálogo social para construir una correlación de fuerzas.
Para lograrlo, necesitamos una gran campaña obrera y popular en los centros de trabajo y de estudio, para explicar el escándalo de este proyecto de ley, en asambleas. La ley de inmigración no sólo atacará a los trabajadores y jóvenes más precarios, sino que pretende dividir a nuestra clase y a nuestro campo social, que se manifestó masivamente en unidad durante la movilización contra la reforma de las pensiones. Explicar y convencer a amplios sectores del mundo obrero y de la juventud es una tarea de primer orden, contra la ley de inmigración y los ataques que pronto llegarán.
Al mismo tiempo, hay que establecer el nexo entre este ataque y el conjunto de preocupaciones del mundo obrero, como la precariedad laboral y la inflación galopante, para preparar una movilización por medio de huelgas y manifestaciones de cara al inicio de año. Sólo una lucha de todos los trabajadores puede hacer que el gobierno dé marcha atrás en la ley de inmigración y en todos los ataques que está preparando. Del mismo modo que no hay que depositar ninguna esperanza en el Consejo Constitucional, que podría censurar algunas disposiciones pero que ha validado numerosas leyes racistas y autoritarias en los últimos 40 años, hay que luchar contra las ilusiones sobre la posibilidad de conciliación con un régimen que sigue radicalizándose.
En este marco, los llamamientos de Sophie Binet a la "desobediencia civil" no deben servir de coartada para volver a las manifestaciones de presión, sin huelgas, repitiendo los errores que llevaron a una movilización tan masiva como la batalla de las pensiones a un callejón sin salida. Aunque la oposición a la ley de inmigración sea actualmente minoritaria, una campaña ofensiva, desenmascarando las mentiras del gobierno y mostrando que este ataque es una preparación para otros, puede ser la palanca para una vuelta del movimiento obrero a la ofensiva, con sus propios métodos de lucha.
