En pocas horas se sucedieron una serie de hechos políticos, publicación de dos acuerdos firmados en Barbados entre el gobierno de Maduro y la llamada Plataforma Unitaria, que aglutina buena parte de los partidos de la oposición, el anuncio de Estados Unidos del levantamiento temporal de varias sanciones, y la liberación de presos políticos vinculados –en su mayoría– a la oposición por parte de Maduro. ¿Qué es lo que realmente se está tejiendo?
Sábado 21 de octubre de 2023 21:14
Sobre los acuerdos entre el gobierno de Maduro y la oposición hay dos documentos públicos de entendimientos. Sobre los pactos entre Estados Unidos y el gobierno venezolano no hay absolutamente nada, realizados bajo el mayor de los secretismos. No se registra ningún documento firmado, cuando hay un gran giro político, y los últimos movimientos lo confirman. Es allí precisamente donde se encuentra el verdadero curso de todas las negociaciones.
El acuerdo en Barbados y el levantamiento temporal de importantes sanciones
Los acuerdos en Barbados no se reducen a lo que expresan los dos documentos firmados. Existen pactos imbuidos de secretos, aunque los documentos públicos de Barbados se ponen en primer orden. En realidad, constituirían la fachada de pactos mayores que ya están en movimiento. Lo que hay que leer de estos acuerdos escritos es precisamente lo que no se dice.
Aunque aún es temprano para ver cuál puede ser alcance de toda esta etapa. Abierta la puerta de lo acordado con Estados Unidos, luego que el proceso de negociación estaba congelado desde noviembre de 2022, el gobierno y la oposición firmaron dos acuerdos que desató una reacción en cadena de hechos políticos.
Digresión aparte. Quizás no sea casualidad que la firma en Barbados se haya realizado la semana previa de las primarias de un sector importante de la oposición, este 22 de octubre. Casi es seguro que María Corina Machado saldrá electa como la principal candidata, con un porcentaje que la ubica arriba del 45% entre las preferencias de quienes consideran acudir a esta suerte de “consulta popular” entre ese sector de la derecha opositora. A pesar de estar inhabilitada por el Gobierno, se alzaría así como la principal referente de la oposición y por encima del llamado G-4 (PJ, VP, AD, UNT), del que Vente Venezuela –su partido político– no es parte. La firma de los acuerdos podría ser una manera de marcarle el terreno a ese escenario, dado que María Corina se viene ubicando bastante crítica de esas negociaciones y acuerdos que, hasta hace pocos días, no ofrecían mayor cuestión visible que mostrar. Todo el entorno de MCM insiste en que, de ser electa en las primarias, pasaría a ser la jefa política de la oposición, con esta carta es que se ha especulado que buscará un replanteo de lo negociado. Pero esto es un problema para la oposición, no para Estados Unidos.
Retomando el tema central. Uno de los papeles firmados entre la delegación de la “Plataforma Unitaria” y el gobierno de Maduro es sobre el proceso electoral y derechos políticos, lo bautizaron “Acuerdo parcial sobre la promoción y derechos políticos y garantías electorales para todos”; mientras que el otro lleva por título “Acuerdo parcial para la protección de los intereses vitales de la nación”, entre ellos se menciona Citgo, empresa a punto de ser rematada en Estados Unidos.
Si se hace una primera lectura, se puede decir que en los acuerdos, tanto los realizados con Estados Unidos como con la oposición, quien ha sido favorecido sería el gobierno de Maduro. Se levantan sanciones importantes, aunque la amenaza de la temporalidad esté presente. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro emitió una licencia de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo, gas y minería en Venezuela. Se libera al Banco Central de Venezuela (BCV) como al Banco de Venezuela para poder operar en el mercado internacional, al igual a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Una serie de bonos de PDVSA, que estaban bajo sanciones, están liberados temporalmente de las mismas, y ya comienza a mejorar su valor en el mercado bursátil de los EEUU.
Por su parte, Maduro se ha comprometido a elecciones en el segundo semestre del 2024 con observación internacional, ha liberado a cinco presos –tres dirigentes de la oposición derecha y dos personas que terminaron presas producto de las arbitrariedades gubernamentales en sus razias represivas, sin tener ninguna relación real con activismo o militancia en los partidos de la derecha opositora–, aunque vendrán más, entre ellos tres estadounidenses. Por en cuanto, mantiene un esquema de elecciones que siguen diseñadas a su esquema, las inhabilitaciones no formaron parte del acuerdo, de manera que siguen inhabilitadas figuras claves como Henrique Capriles –quien declinó su precandidatura hace un par de semanas– y la propia María Corina Machado, con quién los riesgos de perder una presidencial en condiciones normales son grandes.
Representantes del gobierno de Biden señalaron, posterior a la firma de los acuerdos que, como parte del proceso de garantías y cumplimiento de los mismos –se supone que se revisarán cada 6 meses–, esperan que en lo sucesivo se levanten las inhabilitaciones, el chavismo gobernante ya respondió duramente, en voz de Jorge Rodríguez, que eso no está contemplado.Sin embargo, la mira real de Estados Unidos también está en otro lado, sus intereses estratégicos internacionales y los políticos en la región, en un contexto mundial convulsionado.
Las negociaciones secretas del gobierno de Maduro con Estados Unidos
Los encuentros discrecionales entre Estados Unidos y Venezuela vienen de lejos. Nunca se paralizaron a pesar de la suspensión de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, luego de los últimos encuentros en México. Por eso no era ninguna novedad cuando el medio español El País informara, como primicia, que en junio de 2023 enviados de Caracas y Washington comenzaron contactos secretos en Doha. La conexión Qatar se había convertido en uno de los escenarios para la mediación entre la Casa Blanca y el gobierno venezolano. En dicha reunión, realizada en junio, Jorge Rodríguez por el gobierno de Maduro, y Juan González, por el de Biden, se habían encontrado.
Un lugar inesperado. “Qatar ha cobrado protagonismo inesperadamente en la mediación entre la Casa Blanca y la administración chavista. Además de acoger este encuentro, ha tomado medidas de mediación entre ambos países, que apenas se han acercado en los últimos meses”, informaba el diario El País en junio del presente año. Agregando que “Este tipo de encuentros al más alto nivel son habituales en procesos tan enquistados y complejos como el de Venezuela y su relación con Estados Unidos, pero se mantienen en secreto para que nadie pueda interferir en el diálogo.”
Las conexiones venían de antes. A finales de abril, como escribíamos en La Izquierda Diario, se venía de realizar una Conferencia internacional sobre Venezuela en Bogotá. El centro era destrabar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la variopinta oposición que se venían realizando en México. La iniciativa fue animada por Estados Unidos y contó con el espaldarazo del propio presidente Joe Biden, lo que le dio relevancia más allá del supuesto sabor “descafeinado” que indicaron algunos analistas porque no arrojara “resultados concretos”. En esa reunión estaba presente el Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, y Petro venía de reunirse con el presidente de Estados Unidos.
Como escribimos en un artículo a finales de abril, luego de estos hechos señalados: “Hasta el momento no ha habido acuerdo entre el Gobierno y la variopinta oposición que se haya realizado en Venezuela que no haya sido plasmado en el mayor de los secretos, incluso acuerdos con el propio Estados Unidos. Por eso es que no sería sorpresivo que, en momentos menos esperados… se hagan nuevos anuncios políticos. Esperar y ver”, dijimos, y no nos equivocamos.
Los tiempos de Biden para entenderse con Maduro
Biden hace tiempo que hizo lectura del claro fracaso de la agresiva política injerencista que adelantó el gobierno de Trump para intentar derrocar a Maduro, así como de los nuevos vientos políticos en la región y los escenarios abiertos en un mundo cada vez más convulsionado, ya no solo por la guerra de Ucrania sino por el desatado conflicto israelí-palestino. En el marco de Venezuela ser su histórico país abastecedor energético, con una ubicación tan cercana, y fracasados esos intentos más agresivos del injerencismo imperialista para desplazar por la fuerza a Maduro, y con la oposición patrocinada por Estados Unidos en una debilidad y crisis inéditas, Washington necesita entenderse con Caracas, y lo está haciendo.
Por eso son los intereses de Estados Unidos los que se mueven en esta nueva situación, como también el asegurarse las alternativas de petróleo en clave más estratégica, habida cuenta las atmósferas militaristas en las potencias, abiertas tras la guerra en Ucrania y el convulsionado Medio Oriente. Por ello Washington levanta ampliamente varias de las sanciones -sobre todo las vinculadas al petróleo-, o medidas coercitivas unilaterales, como también es justo llamarlas, más allá de la temporalidad con que amenaza si Maduro no cumple.
De allí que en la orden ejecutiva sobre la suspensión de sanciones que hace Estados Unidos excluye a Rusia, pues no autoriza “2) El suministro de bienes o servicios a, o nuevas inversiones en, una entidad ubicada en Venezuela que sea propiedad o esté controlada por, o sea una empresa conjunta con, una entidad ubicada en la Federación Rusa; 3) Cualquier transacción relacionada con nuevas inversiones en operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela por una persona ubicada en la Federación de Rusia o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada por una persona ubicada en la Federación de Rusia…”. Sobre esto obviamente Maduro no ha hecho ni el más mínimo comentario, siendo parte de los acuerdos con Estados Unidos.
Antes había dado carta blanca a Chevron y otras empresas otorgando algunas licencias, como las entregadas también a las europeas Eni y Repsol, para vender crudo venezolano con el fin de saldar deudas que tiene la petrolera estatal con las compañías extranjeras. Ahora estamos viendo el desdoblamiento y ampliación de todos estos acuerdos que estarían en curso.
Luego de los acuerdos firmados en Barbados, Maduro afirmó que espera recibir "pronto" una visita del diplomático estadounidense Francisco Palmieri, designado como jefe de Misión de la Oficina Externa de EU para Venezuela, con base en Bogotá. Desde Estados Unidos dijeron que esto aún está en veremos, y sujeto a que Maduro siga ofreciendo más gestos, entre ellos la liberación de tres estadounidenses detenidos.
Los de arriba negocian sobre nuestras miserias, sobre nuestra esclavitud laboral
Sobra decir que en todos estos pactos no juegan ningún papel central los intereses del pueblo trabajador. Son los intereses de los EEUU –en primer lugar–, los de la casta gobernante, la derecha opositora y la clase capitalista venezolana que viene bastante a gusto con las políticas del gobierno, los que entran en juego.
Por supuesto que es justo que se echen abajo las sanciones contra la economía del país, es una exigencia elemental que desde la izquierda opositora al gobierno hemos hecho desde siempre y seguiremos haciendo. Sin embargo, aquí en el país, quienes tienen las riendas de la economía y de nuestras vidas, golpeadas miserablemente, ven en el levantamiento de las medidas coercitivas una oportunidad para sus negocios, no precisamente para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y los sectores populares. No se trata solo de la casta cívico-militar en el gobierno, también los grandes sectores empresariales de todos los colores, como Fedecámaras y otras cúpulas patronales, viene planteando también el levantamiento de las sanciones, así como las grandes transnacionales que operan en el país y las que esperan hacerlo con el giro entreguista que lleva a cabo el Gobierno.
Así, por ejemplo, en todos estos pactos no hay nada que ni de lejos hable del miserable salario mínimo de menos 4 dólares al mes que devengan los trabajadores, del desconocimiento de los contratos colectivos, de la bonificación casi total de los salarios, ente otras calamidades. Tampoco entran, en la liberación de presos, los presos de la clase trabajadora y los sectores populares, como Francia Mata o Johana González, como Leonardo Azócar y Daniel Romero de Sidor, o defensoras de derechos humanos y ambientales no vinculadas a los partidos de la derecha, como Marilexis Goyo y Raquel Da Silva (recién trasladadas arbitrariamente por la DGCIM a la cárcel de Tocuyito), entre otros.
Es que todos estos acuerdos se dan en el marco de la orientación política y económica de Maduro, donde la pauta es libertad de acción total al capital privado para garantizar sus ganancias a como dé lugar, con una economía bimonetaria, y toda una arquitectura política aperturista y privatizadora, con su neoliberalismo extremo. Una situación que coincide con un avance del régimen represivo de Maduro y las FF.AA., que ha logrado sobreponerse de los momentos más inestables, no tanto por su fortaleza propia sino por la debilidad de sus adversarios, que incluye no solo a la oposición proimperialista, sino también al movimiento de masas, profundamente debilitado. Lo que le ha permitido al gobierno avanzar en el control de todas las instancias del poder estatal, avanzando en pactos previos con un sector de la oposición de derecha, la que “cohabita” dentro del régimen hace unos años ya, y nuevos acuerdos con este otro sector que aún se ubica “por fuera”.
Por otra parte, es de destacar que en todas estas negociaciones se habla de las medidas coercitivas o sanciones como algo natural. Se negocia si se deja de estrangular o no la economía del país, una situación infame. No hay que perder de vista que las sanciones impuestas por Estados Unidos son un arma imperialista miserable y criminal para intentar imponer sus designios sobre otros países, las cuales hay que repudiar, que no han sido más que para causar mayores penurias en el pueblo. Aunque Maduro para cubrirse, siempre utilizó el discurso de que las sanciones eran la causa de la crisis económica y social, cuando en realidad ésta comenzó mucho antes y las penurias del pueblo se deben tanto a la crisis previa, como a la profundización por las sanciones y a la brutal política antiobrera y antipopular del Gobierno.
Los de arriba negocian sobre nuestra miseria. Todas las exoneraciones puntuales de sanciones que venía haciendo el Gobierno de EEUU eran exclusivamente para garantizarse el suministro de petróleo y para que sus empresas o las europeas se pudieran cobrar deuda. Es tan subordinado a sus intereses, que el modelo al que aspiran, el de Chevron, implica que Chevron se cobra deuda con lo produce en el país, es decir, al país no le entran mayores recursos por esa vía, pues se los queda directamente la transnacional. No debe olvidarse que sobre el país pesa una enorme deuda externa, que implica tanto la del Estado como la de PDVSA, y todas las negociones están pensadas en que los acreedores extranjeros se garanticen sus intereses, bien sea con los nuevos ingresos que pueda tener el Estado, bien sea directamente con productos de la actividad petrolera y gasífera. ¡No están pensando en las calamidades del pueblo!
Venezuela se ha convertido en uno de los países más desiguales del mundo, con políticas donde gobiernos y empresarios de todos los colores golpean sin piedad sobre las condiciones de vida de las grandes mayorías trabajadoras y populares. Tras la catástrofe económica y social, nos imponen un “crecimiento” que es solo prosperidad de un puñado de burgueses tradicionales y nuevos sobre la miseria y precariedad de la clase trabajadora en su conjunto. Por eso, no es precisamente de esos pactos por arriba de donde vendrán las soluciones progresivas a nuestra situación.