«Otra» vez la bancarrota del capitalismo argentino pone en duda la solidez del sistema financiero nacional, sometido al goteo implacable de los depósitos en dólares, que se aceleró desde las PASO y mantiene un ritmo elevado, amenazando contagiar a todo el sistema financiero si no se contiene. La crisis de deuda y la corrida bancaria, las dos facetas inseparables del tembladeral que en 2018 afectó la economía argentina y llevó a Macri a pedir asistencia financiera del FMI, recrudecieron después de la derrota de Macri en las elecciones, poniendo en evidencia la precariedad de la estabilidad previa. La amenaza es que la situación ingrese en una nueva etapa, ya terminal, con corrida bancaria. Es lo que el ministro de Economía Hernán Lacunza viene buscando conjurar con el “reperfilamiento” (término adoptado para no hablar de un default siquiera parcial) de la deuda en dólares, las restricciones a la compra de divisas para atesoriamiento y los mensajes tranquilizadores sobre la solidez de los depósitos en moneda extranjera.

Aun si se salvara del colapso, y no se concretara otro zarpazo a los ahorristas −después de que los grandes capitales hayan terminado de ponerse a salvo en cuentas offshore, nunca antes−, los desmanejos monetarios de la administración Macri exacerbaron lo que son características estructurales del sistema financiero argentino, que solo puede ser definido como disfuncional. Mientras los bancos públicos financian al Tesoro (comprando Letras y Lecap), en caso de los bancos privados el 75 % de los ahorros que captan los vienen volcando a comprar Letras de liquidez (Leliq) del Banco Central, por las que este paga una tasa de 85 % anual [1]. Son papeles que se renuevan semanalmente, por lo que los rendimientos acumulativos que logran los bancos son superiores al 100 % anual. Para acrecentar su participación en este festín achicaron el volumen de créditos, que además con las tasas que imponen (las de las Leliq operan como referencia para todo el resto) son cada vez más inviables.

Es decir que en vez de captar depósitos para realizar préstamos a empresas y comercios para invertir, que es como los banqueros suelen presentar el rol positivo que juegan en la generación de la riqueza social, los fondos que obtienen se los prestan mayormente al Estado, ya sea al Tesoro o al BCRA, mientras estrangulan a los tomadores de créditos con costos financieros imposibles. Los jugosos intereses que facturan no hacen más que agravar los desequilibrios estatales (déficit fiscal financiero y déficit cuasifiscal) que estos fondos buscan capear. Y es todo este mecanismo el que, a la larga, puede también terminar devorando la operatoria de los propios bancos, como hemos analizado ya en otras oportunidades. En 1989 (con el Plan Bonex) y en 2001 (con el corralito), bajo regímenes cambiarios y monetarios completamente diferentes, llegamos al mismo resultado: zarpazo a los ahorristas y elevados costos para el erario público fueron en cada caso los costos de “sanear” al sistema financiero. Con esta socialización de los quebrantos privados los costos los terminaremos pagando otra vez los trabajadores y sectores populares. Mientras tanto, tomadores de crédito como los hipotecarios UVA están viendo cómo su cuota se vuelve impagable, ante lo cual el gobierno aplicó parches que no hacen más que patear la cuestión para un futuro muy cercano.

Entidades financieras, la ley de la dictadura mantenida por todos los gobiernos

El sistema financiero argentino es raquítico, no solo en relación con los de los países capitalistas más desarrollados (cuyas plazas financieras participan de la apropiación de riqueza de todo el planeta a través de los grandes bancos y fondos de inversión), sino incluso de los países dependientes con rasgos semicoloniales. El crédito al sector privado en la Argentina ronda el 14 % del PBI, cuando en Uruguay llega a 28 %, en México a 35 % y en Brasil a 62 % (en EE. UU. el nivel es de 193 %). Los motivos que lo explican son de variada índole, pero entre ellos podemos destacar: 1) las recurrentes crisis fiscales y externas, cuyas raíces están en el endeudamiento, y que una y otra vez arrasaron con el valor de los créditos y los depósitos; 2) la fuga de capitales −ganancias− de empresas de capital nacional y extranjero, que sacó del sistema los fondos que podrían haber contribuido a ampliar el volumen de créditos. Los bancos privados que operan en el país han sido partícipes de ambos procesos en conexión con jugadores internacionales, aunque los mismos derivaron en cada oportunidad en el quebranto más o menos extendido, cuyos costos recaen en primer lugar sobre los depositantes. Los bancos se especializaron sobre todo en vehiculizar la fuga de capitales de la gran burguesía, que tiene nombres y apellidos conocidos: entre los principales fugadores figuran nombres como Techint, Eurnekian y Fortabat, por solo nombrar algunos de los grandes grupos económicos (el de Fortabat en estado de liquidación).

Desde la reforma de entidades financieras implementada en 1977 por la dictadura, se apuntó a la desregulación del sistema como vía, supuestamente, para incentivar su desarrollo. Las tres patas de los profundos cambios fueron la desregulación de la tasa de interés, dejando en manos de los bancos la fijación de las mismas; el incentivo a la entrada de un mayor número de instituciones financieras en el mercado para volverlo “competitivo”; y la liberalización de entrada y salida de capitales. Como muestra el nivel de créditos en relación al PBI, ningún desarrollo surgió de estas iniciativas.

La desregulación no permitió el desarrollo del sistema financiero, pero en cambio sí produjo una elevada concentración y extranjerización del mismo. Hoy los diez bancos privados más grandes concentran el 45 % de los depósitos [2]. Seis bancos extranjeros se llevan el 70 % de lo que manejan los diez primeros.

La ley de entidades financieras cumplió más de 40 años, pero no ha sido modificada en lo fundamental ni en lo accesorio. En 2010 Cristina Fernández impulsó una modificación de la Carta Orgánica del BCRA para ampliar los objetivos y herramientas de la política monetaria, pero en ningún momento se planteó la eliminación o modificación de la normativa que regula a los bancos. Apenas se impulsaron algunos cambios que restringieron los márgenes para la fijación de tasas (eliminadas por Cambiemos).

Imperialismo y finanzas

La atrofia del sistema financiero nacional no es ajena a las reconfiguraciones del sistema mundial capitalista en las últimas décadas, entre las que se cuenta un incremento notable del poder de las finanzas y su entrelazamiento con el resto de la economía.

Lo que ocurre es que, como parte de este proceso, la financiarización en los países dependientes adquiere “un carácter subordinado” [3]. Quien afirma esto es Costas Lapavitsas, quien realizó relevantes aportes para analizar desde el marxismo las finanzas contemporáneas. También fue parte inicialmente del gobierno de Alexis Tsipras en Grecia, que asumió prometiendo una política “antiausteridad” pero terminó cediendo a los chantajes del gobierno europeo y el FMI que exigían la continuidad de la política de ajuste. Lapavitsas se acercó proponiendo entre otras cuestiones la nacionalización de los bancos, ligada al retiro de Grecia de la integración monetaria en la zona Euro. De conjunto, por la falta de articulación de sus planteos en un programa transicional de conjunto, el economista quedaba encerrado en una propuesta de salida de la crisis que se mantenía en los marcos capitalistas, aunque cuestionando los avances más agresivos del imperialismo bajo la Troika [4].

Continuando con el análisis de Lapavitsas, la subordinación se manifiesta en los patrones que caracterizan en mayor o menor medida los sistemas financieros de la mayor parte de las economías dependientes. “Los flujos de capitales se han convertido en fuertemente negativos para los países en desarrollo en términos netos, es decir, que el capital se ha retirado desde los países pobres hacia los ricos”, señala [5]. Esta es consecuencia de “el rol contemporáneo del dinero mundial”, básicamente el dólar, que “afectó la jerarquía entre los países capitalistas en el mercado mundial y al mismo tiempo le otorgó un rol subordinado a la financiarización en los países en desarrollo” [6]. Que los flujos netos de capital favorezcan a los países imperialistas “se asemeja a la imposición de un tributo informal pagado por los países en desarrollo a los desarrollados, ante todo a EE. UU.” [7].

Cuando el peso de este “tributo” acorrala la balanza de pagos y las cuentas públicas ante un cierre de los mercados internacionales como el que estamos viendo en la Argentina desde 2018, los bancos profundizan su rol como vehículo para la salida de fondos, y por efecto de este mismo vaciamiento, pueden ser la última pieza arrastrada en la caída como en un efecto dominó.

Nacionalizar el sistema financiero

No repetir esta historia exige romper con la lógica del sistema financiero como coto de ganancias para un sector de la clase capitalista, que hoy está cada vez más entrelazado con todos los demás sectores del empresariado. Es decir, nacionalizar el sistema financiero creando una banca estatal única que es parte de los planteos realizados por el dirigente del FIT-U Nicolás del Caño ante la aceleración de la crisis nacional. Esto significa integrar todos los activos y pasivos de las entidades privadas en un sistema estatal único (sin ningún tipo de compensación a los banqueros privados, ni falta que hace aclararlo considerando cómo vienen lucrando los accionistas a costa de la economía desde hace décadas) con participación directa de la clase trabajadora de las entidades en su administración. ¿Con qué fines? Dos, directamente entrelazados: 1) resguardar los depósitos para los pequeños y medianos ahorristas, que por todo lo que ya hemos señalado, hoy en ningún modo están seguros; 2) canalizar el ahorro nacional hacia el crédito que permita desarrollar las actividades más urgentes para responder a las más acuciantes necesidades sociales, es decir para inversión en infraestructura, pero también para las actividades de comerciantes, talleristas, etc. Es decir, para hacer todo lo contrario de aquello en lo que hoy se concentran los bancos, que es lucrar con la bancarrota de las cuentas públicas (quebranto producido por el desfalco del Estado en beneficio de los empresarios y el ahogo de la deuda).

Por supuesto, estamos hablando de atacar una vaca sagrada de los neoliberales hoy en el gobierno, que tampoco fue puesta en cuestión durante los 12 años de gobiernos kirchneristas. Nos dirán que es algo que “no se puede hacer”. Como si no fuera lo que siempre hace el propio Estado burgués cuando la supuesta eficiencia de los bancos privados queda en entredicho por sus apuestas irresponsables en pos del lucro desenfrado, momentos en los que corren a salvar a los bancos que son considerados como “demasiado grandes para caer”.

La burguesía ha nacionalizado los bancos siempre que fue preciso para salvarlos, y sobre todo para contener la expansión de las crisis que el sistema financiero puede transformar en un hundimiento acelerado. Como observa Costas Lapavitsas, la “propiedad pública de los bancos y otras instituciones no es un hecho inusual en el capitalismo financierizado. Después del colapso de Lehman Brothers, la extensión de la propiedad pública fue discutida incluso en EE. UU.”. Y, de hecho, las inyecciones de capital realizadas en EE. UU., en Gran Bretaña y en otros países, “establecieron una fuerte participación pública en la propiedad de los bancos” [8]. En el caso británico se llegó a la nacionalización directa de algunas entidades, lo que fue evitado en EE. UU. También Suecia nacionalizó temporariamente su sistema bancario a comienzos de la década de 1990; fue la respuesta a una crisis que se había producido como resultado de la especulación que siguió a la liberalización financiera. Los 114 bancos del país estaban al borde del colapso. Fueron garantizados la totalidad de los depósitos y la deuda de los bancos, pero no el capital de los accionistas, que fueron penalizados. El Estado sueco llegó a ser dueño de buena parte del sistema financiero nacional. Una vez que se estabilizaron los mercados, el Estado vendió las entidades, aunque aún hoy mantiene altas participaciones en algunas grandes entidades privadas. En todos estos casos se trató de respuestas ante la crisis, ante las cuales el Estado capitalista intervino sobre la propiedad, pero solo de manera temporaria, con el objetivo de preservar un engranaje central en el funcionamiento del capitalismo.

Algunos gobiernos de países dependientes y semicoloniales han encarado una nacionalización del sistema financiero ante la evidencia de que era la única forma de evitar que la bancarrota del Estado se tradujera en un colapso total, y que los bancos fueran, como suele ocurrir, un vehículo para saquear la economía nacional. Es por ejemplo el caso de México en 1982: el presidente José López Portillo anunció entre otras medidas la nacionalización de los bancos y el control generalizado de cambios, para responder a la situación planteada por la suspensión de los pagos de deuda –luego, México fue objeto de una amplía privatización en beneficio de casi los mismos que había sido afectados pero que, con la recompra, recibían los bancos saneados–.

El caso de Grecia en 2015 muestra “por la negativa” la centralidad que tiene el problema de los bancos en tiempos de crisis y chantaje de las finanzas internacionales. Alexis Tsipras, que llegó al gobierno ese año prometiendo renegociar los programas de austeridad con la Troika y organizó un referéndum sobre los acuerdos, enfrentó durante sus primeros meses una formidable presión de la clase capitalista expresada en la fuga de capitales. Esta fue organizada impunemente por los bancos sin que la coalición de gobierno diera ninguna respuesta. Nacionalizar los bancos es una medida elemental si se pretende, como estamos planteando acá, poner en cuestión la deuda y los compromisos financieros con el FMI.

Hay que invertir la máxima: los bancos no deben ser sostenidos como entidades privadas y rescatados por “demasiado grandes para caer”. Al contrario, juegan un rol demasiado importante en la economía como para quedar en manos privadas y guiados por el lucro.

La nacionalización de los bancos, en el sentido que nosotros la planteamos, no es una medida temporaria como la tomada por los Estados capitalistas para devolver el control a los privados apenas lo permiten las circunstancias. Apunta, por el contrario, a la conformación de un banco estatal único como parte de un programa de conjunto para enfrentar la crisis nacional y pelear por una salida de la clase trabajadora (lo que implica el rechazo al chantaje del FMI y el repudio de la deuda, así como el monopolio estatal del comercio exterior y el aumento de salarios y jubilaciones al nivel de la canasta de pobreza y su actualización por la inflación), puede transformarse en una poderosa herramienta para poder generar crédito barato para la vivienda popular, para el pequeño comercio, talleres y pequeñas firmas que no exploten fuerza de trabajo. Algo que los bancos privados (y también los públicos bajo las condiciones que impone la reglamentación general) vienen haciendo poco, y por lo cual cobran muy caro. También permitirá asegurar el valor de los activos para los pequeños ahorristas, evitando que sean como siempre los que terminan afrontando el desfalco cuando colapsa el sistema. Esta es la única manera de que las finanzas dejen de ser una vía de la especulación y fuga de capitales, y de poner fin a los créditos a tasas usuarias que esquilman a los deudores.

La clase trabajadora en el sector financiero debe ser protagonista

Si alguien puede conocer de primera mano todas las maniobras con las que los grandes empresarios coordinan con las gerencias de las entidades financieras para poner a resguardo sus fondos en paraísos fiscales, evadiendo y eludiendo el pago de impuestos, ocultando plata ilegal, y también aprovechando los momentos turbulentos para sacar buenas tajadas, es el sector de la fuerza de trabajo que se desempeña en el sector financiero. Es también la que está obligada a poner la cara para dar excusas a los pequeños depositantes cuando sus patrones desean dilatar la entrega de depósitos, en momentos turbulentos como los de las últimas semanas. En 2001/02 debieron sufrir por ello numerosas agresiones de los depositantes, que no podían descargar su furia contra los verdaderos responsables del saqueo a los ahorros.

Si el sistema de crédito manejado por los capitalistas (o su contraparte de banca pública que sirve a las necesidades de un aparato estatal subordinado a los mismos intereses de clase) en función de la ganancia se ha convertido en un mecanismo de extracción de riqueza al conjunto de la sociedad, que contribuye a la perpetuación del atraso y la dependencia, un sistema bancario estatal gestionado por los trabajadores puede permitir la decisión democrática de la clase trabajadora y los sectores populares de cuáles son los criterios y prioridades del crédito en una economía que avanza en la propiedad socializada de los recursos fundamentales, para poder canalizarlo hacia inversiones que respondan a las necesidades de infraestructura y vivienda que vienen largamente postergadas, para elevar la capacidad de producción de riqueza material que permita satisfacer las necesidades del conjunto de la sociedad hoy pospuestas, debatidas colectivamente, y con miras a reducir la carga del trabajo para toda la sociedad.