El documento de uno de los dos actos en Plaza de Mayo afirmó que son 30 mil y fue genocidio, consignas motoras contra el negacionismo oficial. Fuertes críticas a la ultraderecha. Curiosa “victimización” de los gobernadores que ajustan y cero exigencia a las burocracias sindicales, que sin embargo fueron interpeladas desde la plaza con “¡paro general!”.
Domingo 24 de marzo 18:38
Como se había anticipado en los días previos, este domingo la Plaza de Mayo tuvo dos actos conmemorativos del 48° aniversario del golpe genocida del 24 de Marzo de 1976. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) había propuesto este año “reventar” masivamente la plaza en un acto común y, a la vez, en el que los dos espacios que históricamente convocan por separado pudieran leer sus propios documentos en un mismo escenario.
Ante la resistencia de algunos de los organismos de derechos humanos más “históricos”, finalmente la propuesta de “una plaza, dos documentos” no prosperó y, como todos los años, hubo dos actos diferenciados.
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Antes de la marcha y acto del EMVJ, miles de personas ingresaron a la Plaza para escuchar el documento común de organismos de derechos humanos históricos, como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S Capital, APDH, CELS y Liga Argentina de los Derechos Humanos. Gran parte de esas organizaciones fueron y siguen siendo afines al kirchnerismo.
Desde el escenario montado de espaldas a la Casa Rosada, el documento fue leído por Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida. El tono general del texto fue de duro rechazo al negacionismo y la apología del terrorismo de Estado que hoy se personifica en el staff de gobierno de La Libertad Avanza, empezando por el presidente Javier Milei y su vice Victoria VIllarruel.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, hizo alusión a la impunidad de la que gozan los sectores civiles que protagonizaron el golpe, especialmente las corporaciones económicas. Y cuestionó la situación en la que se encuentran los juicios por crímenes de lesa humanidad, con más del 75 % de los alrededor de 700 genocidas condenados cumpliendo sus penas en sus domicilios.
Los organismos reclamaron por la recuperación de la identidad de unas 300 personas arrebatadas de sus madres y familiares en los centros clandestinos de detención. “¿Dónde están los nietos y nietas que buscamos las Abuelas, que buscan sus hermanos y hermanas? Frente a este gobierno que pretende reestablecer la teoría de los dos demonios y reivindica el terrorismo de Estado, seguimos reclamando una ley contra el negacionismo, que sancione a funcionarios y funcionarias que desestimen los crímenes y a sus víctimas”, sentenció Carlotto.
También reclamó que la Secretaría de Derechos Humanos no deje de ser querellante en los juicios de lesa humanidad y repudió los despidos que se producen en esa área estatal, exigiendo la reincorporación de todas y todos los despedidos por el actual Gobierno, tanto allí como en el resto del Estado.
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Luego tomó la palabra Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Sumó la exigencia de la preservación de los sitios y espacios de memoria, “lugares fundamentales para la educación, archivo, protección primordial y promoción de los derechos humanos en todo el país”, amenazados hoy por la gestión mileísta.
“Son 30 mil, son la afirmación de identidad de un pueblo que lucha. Y casi medio siglo después seguimos preguntando ¿dónde están? Rompan el pacto de silencio. Desde la instalación de La Libertad Avanza (yo creo que avanza hacia el precipicio) como una fuerza de representación política institucional, se han reiterado y ampliado los discursos de odio y el cuestionamiento a las políticas de igualdad, inclusión social y de memoria, verdad y justicia. El gobierno de Milei y Villarruel está ejecutando de manera brutal y acelerada, el plan de ajuste más despiadado de estos 40 años de historia democrática. Es la reedición de la miseria planificada por Martínez de Hoz”, se sentenció desde el escenario y surgió un aplauso generalizado.
En el documento se destacó como parte de ese plan de ajuste la devaluación de la moneda en un 118 % con respeto al dólar, que significó una pérdida enorme para los salarios y las jubilaciones. También la pretención de desmontar el sistema laboral, el previsional y el de la seguridad social “con las peores recetas del neoliberalismo”. Y, por supuesto, los duros recortes presupuestarios en áreas sociales y el desabastecimiento de comedores populares.
“Lo único que genera este plan son ganancias extraordinarias para unos pocos y el hambre para las mayorías. En los barrios populares se vive una emergencia humanitaria, sin precedentes en nuestra patria”, denunció el fundador del Serpaj y uno de los oradores del acto.
En esa línea, se le recordó al Gobierno que “debe tener presente que con el odio, la represión y el revanchismo no se puede construir una sociedad más justa y fraterna”. Y a quienes legislan en el Congreso, se les recordó que tienen “la responsabilidad de rechazar por inconstitucional el DNU y la Ley Ómnibus, que son de nulidad absoluta”.
En tren de definiciones políticas, el grupo de organismos que convocaron a una de las marchas acusaron a Milei de “extorsionar” a los gobernadores con el Pacto de Mayo, obligándolos a acompañar su pedido de “poderes absolutos para destruir el país” a través de la aprobación del decreto de necesidad y urgencia y la ley. “Quieren arrastrar al país a una dictadura del mercado”, leyó Pérez Esquivel.
Este último es uno de los ejes que llevaron a estos organismos a negarse a participar de un acto común con dos documentos. Porque el Encuentro, Memoria Verdad y Justicia sí elaboró un documento (que leyó en la plaza) en el que no sólo no victimiza a los gobernadores sino que denuncia certeramente los planes de ajuste (y represión) de esos mismos mandatarios en sus provincias, incluyendo aquellos que posan de progresistas y hasta marcharon a la plaza este domingo, como Axel Kicillof.
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Al igual que el EMVJ, en este acto también se manifestó en defensa de la educación y la salud públicas, denunciando su vaciamiento como el de todos los organismos de la ciencia y la cultura. “Recortan políticas para la igualdad de género e intentan prohibir el lenguaje inclusivo, ignorando la potencialidad del movimiento de mujeres y del colectivo de la diversidad sexual. Pretenden privatizar las empresas del Estado. La patria no se vende, se defiende”, se gritó y se replicó desde la concurrencia.
Tal vez no estaba en los planes de los convocantes, pero en un momento en que Pérez Esquivel daba detalles del diagnóstico socioeconómico, desde la plaza empezó a elevarse un cántico que obligó al orador a detener su lectura: “¡Paro general! ¡Paro general!”, lo que puso incómodos a varios dirigentes sindicales que se encontraban en el escenario o en sus inmediaciones. La burocracia de la CGT y las CTA no pueden eludir que se las interpele aún en actos convocados por ellos mismos.
@laizquierdadiario Pasado el mediodía inició la concentración de los organismos de derechos humanos y organizaciones cercanos o alineados con el peronismo, mientras Pérez Esquivel leía el el documento la.multitud le.exigía a las centrales sindicales un paro general. #son30mil #argentina #paro ♬ sonido original - La Izquierda Diario
Antes de que tomara el micrófono Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, desde la plaza se hizo fuerte otra consigna: “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, de jode”. Otro de los cánticos del activismo obrero que pone de manifiesto una situación de atomización de las filas obreras y aislamiento de cada lucha en sí misma, algo de lo que son responsables absolutos esos mismos dirigentes sindicales.
Y allí está otro de los puntos de diferenciación profunda entre las dos convocatorias de este domingo. Mientras los organismos históricos decidieron no exigirle a las centrales sindicales un verdadero plan de lucha que haga imponer la gran fuerza que tiene la clase obrera argentina y venza los planes de Milei y sus secuaces, el EMVJ sí lo hizo en su documento, en sintonía con esos cánticos que se empiezan a escuchar en todos los actos.
Almeida completó la lectura del documento de su espacio: “El desprecio de este gobierno sobre la soberanía es sistemático. ¡Las Malvinas son argentinas! Continuaremos reclamando el derecho del pueblo a su integración nacional, defendiendo nuestra soberanía frente a la ocupación británica y la base militar de la OTAN”.
“Tenemos 30 mil razones para defender la patria”, dijo la Madre Línea Fundadora. “Nunca más miseria planificada”, agregó. Y llamó a “la unidad de las fuerzas políticas y sociales, sindicales y de los movimientos de derechos humanos, de los feminismos y diversidad”, una unidad que “debe ser mandato urgente para organizar la resistencia y generar las alternativas necesarias para poner fin a tanto sufrimiento”. No hubo menciones particulares sobre ese llamado, pese a que algunas de esas dirigencias estaban allí presentes.
En esa misma línea, se volvío a revictimizar a los gobernadores, pidiéndoles “que le respondan al pueblo, que resistan ante las extorsiones del gobierno, que defiendan el territorio nacional y los recursos naturales, que revean los contratos de las empresas mineras y el extractivismo y saqueo de recursos naturales. Se llevan todo y dejan contaminación, pobreza y hambre. Que respeten a los pueblos originarios, sus culturas y tierras comunitarias”.
Ése es otro ejemplo de la ausencia en ese espacio de un balance serio del desastre económico y social que dejó en cuatro años el Frente de Todos y de cómo el peronismo hoy es un factor clave de equilibrio para Milei. Porque el extractivismo y la depredación de nuestras tierras, montes, montañas, ríos y mares es una política de Estado desde hace décadas y, curiosamente, los gobiernos peronistas estuvieron siempre a la vanguardia en la firma de esos contratos leoninos con las multinacionales que hoy se denuncia.
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Y otro tanto se puede decir de otro aspecto, sumamente sensible para los organismos de derechos humanos, la llamada “violencia institucional”. Desde el escenario Taty Almeida dijo que “sigue siendo una deuda” de la democracia la “erradicación de la violencia institucional”, consecuencia de “la impunidad de los crímenes de la dictadura permitida durante años”. En ese marco, cuestionó razonablemente el protocolo represivo contra la protesta social y la Doctrina Chocobar de Patricia Bullrich y también la represión y persecución en Jujuy.
Sobre ese mismo punto, se denunciaron nuevamente los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, cometidos en 2017 por fuerzas federales al mando de Bullrich. Pero no hubo menciones a otros tantos crímenes, incluso más recientes. Por ejemplo, las decenas de casos de gatillo fácil y hasta de desapariciones de personas durante la cuarentena por el covid-19 y en el resto del período en el que gobernó el Frente de Todos. Apenas una mención general “a todas las víctimas de la violencia institucional y represión ilegal”. Una selectividad, cuanto menos, cuestionable.
“Vamos a seguir cuidando la democracia Argentina y en toda la Patria Grande, siempre”, arengó sobre el final Almeida, “porque cuando lo hacemos estamos homenajeando la memoria de quienes lucharon por una patria libre, justa y solidaria. Queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan, paz, trabajo y libertad”, sentenció.
El documento terminó planteando que “a 48 años del golpe genocida construiremos una patria para el pueblo, con memoria, con verdad y con justicia siempre. Nunca más el silencio. Como siempre vamos a gritar bien fuerte porque siempre estuvieron, están y seguiraán estando: ¡30 mil detenidos desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre! ¡No nos han vencido!”
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario