El Poder Judicial cuentan con privilegios cuasi monárquicos. No pagan impuesto a las ganancias y los jueces de la Corte son elegidos entre acuerdos de los partidos mayoritarios. La independencia de la Justicia, una farsa.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Martes 13 de marzo de 2018
Foto CIJ
A poco de asumir, Mauricio Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte: Horacio Rosatti, exministro de Néstor Kirchner, y Carlos Rosenkrantz.
El escándalo fue mayúsculo, incluso provocó una crisis al interior de la coalición gobernante Cambiemos. El jefe de Estado se vio obligado a retroceder y envió los pliegos al Senado. Los únicos que festejaron el decreto fueron los supremos. Ricardo Lorenzetti, en nombre de los integrantes de ese tribunal, dio “la bienvenida” a los jueces designados y no objetó el procedimiento dado que “no le correspondía” por tratarse de una “facultad del Presidente”.
El decreto de Macri había sido un intento de evitar pasar por el Parlamento estos nombramientos. Pero incluso cuando estas designaciones son votadas en el Congreso, la elección la realizan los partidos mayoritarios de la burguesía.
Estos jueces fueron elegidos por Cambiemos, pero una vez que los pliegos llegaron al Senado los nombramientos de los jueces Rosatti y Rosenkrantz fueron convalidados con el voto del PJ-FpV, el GEN y el massismo.
Siempre los jueces son elegidos a dedo por el partido gobernante, en componenda con la oposición burguesa, porque esto les garantiza obtener de ellos sentencias favorables.
Recorramos un poco cómo falló la Corte Suprema desde 1983. Raúl Alfonsín recibió 86 % de fallos favorables, mientras que Carlos Menem llegó al 100 %; Néstor Kirchner más del 62 % y Cristina de Kirchner obtuvo 44 % de fallos a favor. ¿Cómo se explica la diferencia entre Menem y Cristina?.
Cuando un gobierno en ejercicio comienza a perder poder y debilitarse, los jueces se acercan al sucesor. Carlos Menem, que contó con un Poder Judicial adicto, recién perdió el apoyo de los magistrados cuando se acercaba el triunfo de la Alianza. Lo mismo ocurrió durante el kirchnerismo, los jueces le otorgaron impunidad en cada escándalo de corrupción que llegaba a los Tribunales; ante el desgaste de este gobierno, los jueces y cortesanos comenzaron a pasarse a la oposición, abriendo causas contra funcionarios k.
Esto explica por qué todos los gobiernos constitucionales salvaguardaron los privilegios de la casta judicial. El Poder Judicial, en todas sus instancias, es el único en que ninguno de sus miembros se elige por votación popular.
Y dentro del Poder Judicial, los integrantes de la Corte Suprema tienen aun mayores atribuciones y privilegios. Sus cargos son vitalicios, sus sueldos son intangibles, no pagan impuestos a las ganancias, son elegidos a dedo por el Presidente de turno y ratificados por el Senado. Un puñado de hombres -porque de sus más de cien miembros en la historia solo tres han sido mujeres- definen el destino de millones.
Son tan obscenos los privilegios con los que cuentan estos jueces que un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) sobre exenciones fiscales dio cuenta que la AFIP no recauda $ 7.000 millones por la exención de Ganancias de los jueces.
Semejantes privilegios convierten a estos jueces en una casta, alejada de la vida y los intereses de los millones que son afectados por sus fallos.
Los privilegios de la familia judicial también se muestran en sus abultados sueldos.
Los ministros de la Corte, en promedio, perciben $ 260.000 y $ 270.000 en bruto y no pagan impuestos a las ganancias, como sí están obligados los trabajadores.
Quienes estén en relación de dependencia, que no tengan familiares a cargo y que perciban un salario desde $29.855, deben pagar este impuesto regresivo.
El patrimonio de los jueces del Tribunal, también es obsceno. Algunos ejemplos que grafican esto: Carlos Rosenkrantz declaró en 2015 bienes por $ 11,3 millones (depósitos, casas y acciones); Elena Highton de Nolasco declaró un patrimonio de $ 3 millones ante la AFIP en 2014, pero su patrimonio viene aumentado 50%. Mientras que el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, informó activos por $ 9,3 millones en 2015.
El primer paso para acabar con los privilegios de la casta judicial es que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, revocables y cobren como un trabajador medio.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
