Documentos desclasificados son parte de la prueba que presentarán quienes combatieron en 1982 contra el imperialismo inglés y sufrieron duros castigos de sus propios superiores.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Jueves 1ro de diciembre de 2016
Ante el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, la querella de los excombatientes de Malvinas pidió que se indague a militares responsables de las torturas sufridas durante la guerra de 1982. A su vez prometió entregar nuevas pruebas surgidas de documentos desclasificados de las Fuerzas Armadas, donde consta que los conscriptos sufrieron graves torturas.
Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), sostuvo que “la nueva evidencia surge de informes militares confeccionados por la propia dictadura y desclasificados a partir del decreto presidencial 503/2015”.
El Cecim, querellante en la causa que se abrió hace nueve años, ayer por la mañana solicitó que llamen a indagatoria a dos militares más. En la causa se encuentra otro pedido de la querella, presentado el año pasado, donde requieren que se convoque a diez militares para ser indagados, pero hasta ahora la Justicia continúa desoyendo el pedido.
Dilaciones de la Justicia
Hasta Río Grande viajó una comitiva de excombatientes que ayer se presentó ante el Juzgado Federal de esta ciudad, donde se tramita el expediente. Los recibió un secretario, el juzgado se encuentra vacante porque el fiscal federal Marcelo Rapoport, que interviene en las causa, se encuentra de licencia.
Alonso, secretario de Relaciones institucionales del Cecim, señaló que “a esta altura existe una clara responsabilidad del Poder Judicial. La causa va a cumplir diez años en 2017. Las pruebas sobran y son oficiales. No puede ser que uno de los militares imputados haya fallecido antes de ser indagado. Hablamos ya de una impunidad judicial y biológica”.
Los documentos desclasificados, durante el gobierno anterior, relacionados con la guerra de Malvinas dan cuenta de los abusos que padecieron los jóvenes soldados en las islas por parte de los oficiales argentinos. Entre los informes constan golpizas a quienes se atrevían a salir de las trincheras para buscar comida, patadas en los testículos, enterramientos en fosas, entre otras vejaciones. Por eso el Cecim solicita que un grupo de oficiales y suboficiales sean juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
La causa que se sigue en Tierra del Fuego investiga unos 120 casos denunciados por conscriptos al retornar de la guerra, recogidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas que confeccionaban las actas que se hallaron al desclasificar los archivos. Estos documentos no sólo dan cuenta de las torturas sufridas por los soldados, sino que además se conocen a través de las actas, las medidas que tomó la Junta Militar para que estas denuncias nunca se conocieran.
Sobre esto Alonso no oculta su indignación y sostiene que no pueden “permitir que los mecanismos de impunidad instrumentados por la dictadura continúen en democracia a través del Poder Judicial”.
Para el abogado querellante del Cecim, Jerónimo Guerrero Iraola, esta megacausa es un ejemplo de impunidad ya que “existen 120 denunciantes, 85 hechos comprobados, 12 imputados y ningún avance en los últimos diez años”. El letrado agregó que “basado simplemente en la prueba presentada, que incluye documentos oficiales irrefutables elaborados por las propias Fuerzas Armadas, el llamado a indagatorias surge como un paso lógico dentro de la causa. Algo que debió haberse ordenado hace mucho tiempo”.
A través de la documentación desclasificada se conoce cuáles fueron las órdenes dadas por el entonces comandante en jefe del Ejército Argentino Cristino Nicolaides, para silenciar las vejaciones que los militares cometieron contra los soldados, a las que llamó “presuntas infracciones”. Y además Nicolaides ordenó que si “se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”.
Crímenes de lesa humanidad
La causa por las torturas sufridas por los excombatientes durante la guerra de Malvinas se abrió en Río Grande en abril de 2007.
En febrero de 2015, ante un recurso presentado por los excombatientes para que se consideren delitos de lesa humanidad las torturas que habían sufrido durante la guerra por parte de sus superiores, la Corte Suprema respondió que está “impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo”.
Por este motivo las denuncias de los excombatientes llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) por “negación de justicia”.
Y es que los tribunales argentinos habían declarados prescritos los abusos por los cuales los exsoldados, que presentaron las primeras denuncias en 2007, pedían que fueran juzgados sus superiores. Pero los abogados del Cecim respondieron que no podían prescribir porque eran hechos de lesa humanidad, en la misma categoría y con la misma gravedad que el resto de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
A 34 años de terminada la guerra y a casi diez de comenzado el juicio, los reclamos de los excombatientes por Justicia siguen silenciados. Como lo ordenó el genocida Nicolaides.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
