Bajo el escudo de un “homenaje” al fiscal Alberto Nisman marcha hoy la oposición comandada por fiscales y jueces federales, la mayoría implicados en los veintiún años de encubrimiento en la causa AMIA, acompañados por la oposición tradicional. El Gobierno que durante años hizo uso de la ex-SIDE y del propio Nisman para alentar “la pista iraní”, tal como lo dictaban la CIA y el Mosad, ahora recibe el embate de sus viejos aliados.
Miércoles 18 de febrero de 2015
La “marcha del silencio” convocada por un grupo de fiscales del fuero federal significará un nuevo hito en la guerra de desgaste que un sector de la corporación judicial, apoyado por desplazados de los servicios de inteligencia, la oposición y los grandes medios, entabló con el Gobierno a meses de las elecciones que determinarán la sucesión presidencial.
Entre las operaciones que se suceden diariamente, una se destacó por ir directamente contra la fiscal de la causa, Viviana Fein, y el secretario de Seguridad Sergio Berni, presente en el departamento que aún alojaba el cadáver del fiscal. Luego de la sospechosa aparición del cadáver incinerado de una mujer frente a las Torres Le Parc, sindicado como “muerte dudosa”, de golpe tuvo una difusión estelar la joven Natalia Fernández, que dijo ser reclutada como “testigo público” por la Prefectura la misma noche de la muerte de Nisman.
Ayer, por medio de una nota de Clarín y una entrevista de Radio Mitre (ambos medios de “la Corpo”), declaró todo tipo de sospechas contra el relato de lo que sucedió en el departamento de Nisman en las primeras horas luego de ser hallado muerto. La reacción de la fiscal Fein no se hizo esperar: "Estoy indignada y desbordada por lo que dijo la testigo", y pidió que esta “se haga cargo” de sus dichos. A esta altura son claras las presiones para desplazar a la fiscal a cargo, dizque por los jueces y fiscales del fuero federal, que buscan tomar el control de la causa. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de la víctima y querellante, emitió un comunicado público que fortaleció la convocatoria, anunciando su participación y la de sus hijas en la marcha que saldrá desde las 18 hs. desde Plaza Congreso para confluir en Plaza de Mayo.
El otro hecho, más significativo políticamente, fueron las cartas que ayer mismo el canciller Héctor Timerman emitió al Gobierno de los EE. UU. y a su par del Estado de Israel. “La Argentina lamenta que los Estados Unidos de Norteamérica no haya aceptado nuestro pedido de que la causa del atentado terrorista a la sede de la Mutual Judía (AMIA) sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán, tal como se lo solicitáramos por escrito el mismo día que se hicieron públicas las negociaciones que hasta entonces habían sido mantenidas en secreto. Hoy vuelvo a solicitarle que el tema de la AMIA sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán“. Se dice que ese pedido anterior del Gobierno data de junio de 2013.
El famoso Memorándum con Irán fue anunciado a fines del 2012 y se votó en el Congreso el 28 de febrero del 2013. ¿Qué pasó desde esa fecha hasta junio, cuando se hiciera el reclamo al Gobierno de EE. UU. de “que la causa del atentado terrorista a la sede de la Mutual Judía (AMIA) sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán”? El interrogante es si, para esa altura, el intento de llevar adelante la “Comisión de la verdad”, propuesta en el punto 7 del Memorándum, ya había naufragado: en parte por el rechazo interno del propio régimen de la República Islámica, en parte por la oposición en EE. UU. a Obama, que promocionaba la negociación. Ya sea que eso explique el pedido a EE. UU. después de votado el Memorándum, o ya sea que se tratase de un doble juego propio de la diplomacia burguesa, las cartas de Timerman evidencian que, más allá de la endeblez jurídica de la denuncia de Nisman a la que dio curso el fiscal Gerardo Pollicita, el Gobierno busca responder en los flancos débiles de la acusación política de haber sostenido un acuerdo de impunidad con los imputados iraníes.
El carácter reaccionario de la marcha y de la política oficialista
Hay quienes argumentan que, ante la impunidad, corresponde “la respuesta de un pueblo movilizado” y que, por ello, la marcha es progresiva. Estos sectores, partidarios de una centroizquierda que ve solo como enemigo al Gobierno, desestiman el carácter reaccionario de los miembros convocantes de la corporación judicial. Ven a los fiscales como “funcionarios públicos que reaccionan con dignidad” ante la muerte impune de uno de los suyos donde hay verdaderamente una manipulación política de hacer aparecer como “homenaje” una marcha claramente opositora detrás de la que se alinea toda la oposición que quiere dar una salida por derecha a la crisis del kirchnerismo.
Por su lado, el Gobierno argumenta que es una marcha directamente golpista. Los intelectuales de Carta Abierta publicaron un último comunicado que pide que intervenga la Suprema Corte: "Señores Jueces de la Corte Suprema de Justicia, es su deber, su responsabilidad histórica, frenar esta autonomización de uno de los poderes de la República, esta evidente partidización política de los magistrados del Poder Judicial que pone en riesgo la vida institucional de un régimen democrático".
En el reclamo está inscrita la impotente política kirchnerista ante la embestida de un sector de la corporación judicial que busca desgastar al Gobierno e imponer sus condiciones de impunidad. Ni una sola palabra de los intelectuales del Gobierno para promover la movilización contra el entramado de jueces, fiscales y servicios que quedó al descubierto con la crisis Nisman ni, mucho menos, horadar el poder corporativo judicial con medidas democráticas elementales como las que planteamos desde la izquierda: la elección directa de jueces y fiscales mediante el voto popular y el reclamo de que cobren como una maestra o un trabajador medio.
La izquierda no participa de la marcha y, al mismo tiempo, rechaza todo apoyo al Gobierno. “No marchamos el 18F, y denunciamos al Gobierno de Milani y el Proyecto X”, sostiene Myriam Bregman del PTS. “Vamos a seguir exigiendo la irrestricta apertura de los archivos de la ex-SIDE y la creación de una comisión investigadora independiente de los partidos que en estos veintiún años fueron garantes de la impunidad y del encubrimiento, encabezada por los familiares y constituida por personalidades intachables y organismos de derechos humanos, para poder investigar hasta el final las responsabilidades en el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman”, declaró el diputado Nicolás del Caño del PTS en el Frente de Izquierda que, desde esta óptica, rechazará el proyecto oficial de Ley de Inteligencia en el Congreso.
