En lo que va de la cuarentena hubo al menos 12 casos de gatillo fácil y 50 reportes de violencia institucional en barrios populares. El dato surge de un informe que publicó Correpi. Hablamos con su referente, la abogada María del Carmen Verdú.
Miércoles 24 de junio de 2020 | Edición del día
Esta semana se conoció que a 90 días del comienzo de la cuarentena, desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo, hubo al menos 12 casos de gatillo fácil y 50 reportes de violencia institucional en barrios populares.
El dato apunta hacia todas las fuerzas de seguridad: las que dependen del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, porque estamos hablando de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal, de las policías provinciales. Es lo que muestra un informe que publicó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) esta semana. Y por eso en #SeTeníaQueDecir hablamos con María del Carmen Verdú.
“La consecuencia natural”
El informe, cuenta, “intenta resumir qué es lo que fue sucediendo a lo largo de estos primeros 90 días” de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en marzo. “La decisión del gobierno nacional, provinciales y municipal, de dejar en manos del aparato represivo estatal la implementación de la medida (...) como veníamos advirtiendo junto a muchas otras organizaciones populares, era la consecuencia natural”, dice, y destaca que el informe detalla “lo que fuimos exponiendo a lo largo de estos 50 reportes y notas sobre los casos de mayor trascendencia, como la desaparición Luis Fernando Espinoza, los casos de gatillo fácil, los episodios de imposición de tormentos y torturas, como lo ocurrido con la familia qom en Chaco”.
El objetivo es “mostrar cómo aquella primera advertencia que hacíamos el 20 de marzo se tradujo en una realidad muy tangible de incremento de todas las formas represivas, en particular las detenciones arbitrarias, la mayor circulación de personas por comisarías y por ende mayor cantidad de denuncias de tormentos y de muertes en lugares de detención, que es uno de los datos más importantes”.
“Son casi 30 las muertes en lugares de detención en estos tres meses, y un tercio son en comisarías”. “Respecto del gatillo fácil, una práctica que quizás inocentemente pensamos que iba a reducirse en alguna medida, por la menor afluencia de personas circulando, no solamente se siguió produciendo sino que en las últimas semanas tuvimos un rebrote brutal con casos en todo el país: en Córdoba, en la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires”
El uso represivo de la cuarentena
“En la situación de los barrios populares, de las villas, se ve con enorme claridad: desde el primer día que empezó a asomarse en nuestro horizonte la cuestión de la pandemia, desde las referencias más conocidas de las distintos de las distintas barriadas, de las organizaciones con base territorial, se dijo ‘señores, si acá no garantizamos medidas que permitan resolver el problema del hacinamiento por la escasez de viviendas, la falta de servicios básicos como el agua corriente, un ingreso universal que permita garantizar la subsistencia de las personas que están en ese 40% de desocupados o precarizadas, y que no tienen manera de ganarse la vida si no es saliendo a la calle a cartonear, a hacer trabajo doméstico, a laburar en la construcción (...) si no se cumple todo esto, va a entrar el virus en los barrios.”
“Una vez producido el brote, la respuesta es la saturación policial, es plantarse un milico armado en la puerta de tu casa, de vuelta sin dar respuestas en donde debe darlas el Estado, que es garantizar esas condiciones mínimas de vivienda digna, de alimentación, de asistencia sanitaria. Villa Azul o la Villa 31 son ejemplos perfectos de esto”.
Protección e impunidad
En general, ante los hechos de violencia institucional, algún funcionario termina haciendo alguna declaración, los policías son apartados, suspendidos, trasladados, pero luego no se conoce demasiado cómo siguen estas causas.
“Hemos escuchado en los casos que han tenido repercusión pública, mediática, declaraciones de funcionarios y funcionarias, del ministerio de Seguridad, del propio presidente”, dice María del Carmen, y destaca que, sin embargo “en la mayoría de los casos en los que sí se ha sabido, por esas declaraciones públicas, que ha habido apartamiento -que en ningún caso es definitivo-, eso después se revierte”. Es decir, de alguna u otra forma, los responsables de las fuerzas quedan impunes.
“Lo que no sabemos es si en todos los casos se han iniciado causas penales”, dice, y cuenta que “no lo podemos comprobar, porque además en esta situación es bastante difícil andar chequeando expedientes, porque las fiscalías no atienden. Pero por ejemplo, con aquellos gendarmes de San Alberto que impusieron tormentos a un grupo de pibes, obligándolos a hacer flexiones, sentadillas y cantar el himno, la ministra [Frederic, NdeR] dijo ‘iniciamos causa penal’. Pero lo que tenemos claro es que ninguno está preso y en cambio tenés centenares de presos, sino miles, por violar el aislamiento”.
“Salvo en el caso de la desaparición forzada de Luís Armando Espinoza, donde hay nueve policías detenidos de los diez iniciales, porque a uno ya le dieron la excarcelación, no tenemos conocimiento de detenciones”, subraya.
Berni, el show mediático y la orientación de las fuerzas de seguridad
De los últimos 15 juicios en que participó Correpi, todos los responsables están en libertad excepto dos. Uno de ellos es “Lucas Barrios, el de los 18 disparos en Isla Maciel. Un [policía] federal de 24 años”. “Hay unos cuantos de fuerzas federales, no sólo provinciales”, apunta Verdú.
Este martes, Gabriel Fuks, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad de la Nación, les mandó una carta a Sergio Berni y al Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, pidiendo informes sobre el accionar de las fuerzas que conducen.
En el caso de Massoni, el ministro de Mariano Arcioni en Chubut, le piden que dé explicaciones por la represión al barrio INTA: el caso de Gabriel Frede, que el pasado 15 de junio escuchó que pasaba algo afuera de su casa, fue a cerrar el portón y una camioneta policial le disparó en la cara.
En el caso de Provincia de Buenos Aires, se dice que desde que empezó el aislamiento el Ministerio de Seguridad de la Nación recibió más de 35 denuncias sobre hechos de violencia institucional a manos de las policías que conduce Sergio Berni.
Por un lado, María del Carmen apunta que “el problema es la forma en que dirige las fuerzas represivas de la Provincia de Buenos Aires”. A esto, agrega, se suma “como simple ejemplificación, el show mediático”. “No hace falta que recordemos imágenes semejantes de Berni disfrazados Rambo bajando en medio de la Panamericana de un helicóptero para reprimir trabajadores de Lear, o de cualquiera de las otras fábricas de la zona, durante la gestión anterior”.
Pero junto con esto, María también destaca como “imprescindible” atender a lo que ella llama “la cuestión del comando unificado de fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad”. Un comando que, como advierte, se extiende en todo el territorio nacional y afecta a todas las fuerza: las de las provincias, las municipales, y las que dependen del ministerio de Seguridad y el gobierno de la nación.
